Una breve revisión del informe muestra que contradice previas declaraciones de la Administración para el Control de Drogas, la cual afirmaba haber jugado solo un rol de “apoyo” en operación conjunta EEUU-Honduras

24 de mayo, 2017

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Washington, DC – Un nuevo informe de las Oficinas del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Estado (DE) de los EEUU afirma que agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) se encontraban bajo control operacional durante un incidente notorio en Ahuas, Honduras, en mayo de 2012, en el que cuatro campesinos miskitu fueron asesinados y otros tres gravemente heridos. La evidencia encontrada contradice anteriores declaraciones de oficiales de la DEA según las cuales sus agentes jugaron tan solo un rol de “apoyo” en el incidente, “no dispararon una sola ráfaga”, siendo “la conducta del personal de la DEA consistente con los protocolos, políticas y procedimientos vigentes de la agencia”.

Testigos presenciales y sobrevivientes afirman que durante el tiroteo, que fue parte de una estrategia antinarcóticos denominada “Operación Anvil”, un bote que llevaba al menos 15 personas recibió disparos por parte de helicópteros perteneciendo al Departamento de Estado. Según reportes, agentes de la DEA y la policía hondureña impidieron a los heridos buscar asistencia médica incluso horas después del tiroteo, manteniéndolos en la mira hasta que el operativo fue concluido.

“Este informe reivindica la versión sobre los eventos dada por testigos presenciales y destapa el engaño y encubrimiento perpetrado por la DEA”, afirmó Annie Bird, directora de Derechos y Ecología y coautora de dos informes investigativos sobre el incidente, extensivamente citados en el informe de la OIG. “El siguiente paso es obtener algún grado de justicia para las víctimas y sus familias”.

El informe del DJ y la OIG del Departamento de Estado concluye una investigación iniciada en el 2014. La DEA había negado que agentes suyos estuviesen vinculados al tiroteo, pero testigos oculares afirman que al menos uno de los helicópteros propiedad del Departamento de Estado disparó al bote y que un agente americano en otro bote también disparó un arma.

Tanto el Departamento de Estado como la DEA habían inicialmente intentado bloquear la investigación, según reportaron los medios en 2013. Memorandos del Departamento de Estado filtrados en 2013 afirmaban que “[el entonces] Secretario de Estado adjunto para [la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y la Aplicación de la Ley], William Brownfield […] no mostró apertura, según reportes, y daba la impresión de creer que el Departamento de Estado no debía proseguir con la investigación”. En noviembre del 2015, el New York Times publicó un artículo donde revelaba que la DEA se negó a entregar al Inspector General (IG) del DJ correos electrónicos provenientes de los oficiales vinculados a las operaciones. El IG del DJ se quejó de esta y otras restricciones en el acceso a información clave indicando “ya no somos independientes”.

En 2013, Clara Woods, una de los sobrevivientes y madre de un menor de 14 años asesinado en el tiroteo, fue contactada varias veces por la DEA. Ella declaró haber recibido ofertas de dinero a cambio de modificar su testimonio sobre el incidente, así como haber sido sometida a un examen de polígrafo.

“Cinco años después, las víctimas del crimen aun esperan que haya justicia” dijo hoy Karen Spring, de la Red de Solidaridad con Honduras. “No ha habido condenas contra agentes involucrados en la operación, ni estadounidenses ni hondureños. No ha habido remedio contra los daños físicos ni emocionales de las víctimas, ni contra las resultantes dificultades sociales y económicas de las víctimas y sus familias”.

En febrero del 2014, tres policías Hondureños fueron absueltos de cargos por abuso de autoridad y homicidio contra tan solo una de las cuatro víctimas. En noviembre de 2016, un policía fue arrestado de nuevo por los mismos cargos, aunque ningún juicio ha sido llevado a cabo. A las víctimas les ha sido negado el acceso a información relativa al caso. Los investigadores hondureños no han tenido acceso, para pruebas balísticas, a las armas empleadas en el operativo por parte de los agentes estadounidenses, y ni las cortes ni la oficina del fiscal general en Honduras se han referido a las otras tres muertes que resultaron del incidente.

Los investigadores del DJ/ DE condujeron las investigaciones mientras la cooperación continuó fluyendo durante cinco años, apoyando una militarizada guerra contra las drogas en Honduras, generando varias víctimas entre las comunidades hondureñas, especialmente indígenas.

“El informe del IG deja claro que los agentes de la DEA en el exterior pueden literalmente asesinar impunemente. En este caso, la DEA no solamente falló en hacer a sus agentes responsables de su rol en el asesinato de inocentes, sino que parece haber engañado conscientemente al público sobre lo que verdaderamente ocurrió durante la operación en Ahuas”, afirmó Alexander Main, Asociado Principal del Centro de Investigación en Economía y Políticas, y coautor de dos informes sobre el incidente de Ahuas, citados de manera extensiva en el informe de la OIG. “De manera alarmante, a pesar de estas revelaciones, no hay indicios de que los agentes o aquellos quienes les han protegido dentro de la DEA vayan a ser sancionados en modo alguno”.

El informe de 350 páginas del DJ y la OIG del DE publicado hoy no ha sido hecho previamente accesible a las víctimas, sus familiares, su equipo de apoyo legal en Honduras y EEUU, ni tampoco a investigadores y periodistas. Revisaremos el informe completo y publicaremos un análisis extensivo en una fecha próxima.

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