Mark Weisbrot
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En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha redoblado sus esfuerzos a favor de un “cambio de régimen” en Venezuela. En el pasado, el mismo Trump incluso ha hablado de una acción militar como una posible opción, pero las movidas más recientes parecen tener más probabilidades de ser implementadas, y algunas de éstas ya están en marcha. Según fuentes con conocimiento de la materia, funcionarios estadounidenses dijeron a Henri Falcón, el principal candidato opositor a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, que el gobierno de Trump consideraría sanciones financieras contra él si se lanzaba a la carrera presidencial. Estados Unidos ha respaldado la decisión de la principal coalición opositora de boicotear las elecciones.

Falcón — un ex gobernador y oficial militar retirado — lidera las últimas encuestas, y según Datanalysis, la encuestadora opositora más fiable, éste podría derrotar a Maduro en la elección por un margen de casi siete puntos porcentuales.

¿Por qué será que el gobierno de Trump quiere evitar que un líder de oposición que podría ganar la presidencia venezolana compita en esta elección? No hay forma de saberlo con certeza, pero fuentes de alto nivel en el seno del gobierno en Washington indican que es el senador de Florida Marco Rubio quien determina la política de EE.UU. hacia Venezuela. Rubio es alguien de línea dura que no parece apoyar una solución electoral o negociada a la crisis política en Venezuela. El 9 de febrero, pareció apoyar un golpe militar cuando tuiteó: “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo a un dictador”.

Semejante respaldo abierto por parte de Washington a un golpe militar contra un gobierno electo — antes de que ocurra el golpe — es algo atípico, por decir lo menos, en pleno siglo 21. Pero el equipo de Trump no está simplemente esperando a que un golpe ocurra. La estrategia Rubio/Trump parece estar enfocada en empeorar la situación económica y aumentar el sufrimiento hasta tal punto que sea las fuerzas armadas o los elementos insurreccionales de la oposición quienes se levanten y derroquen al gobierno.

Tal parece ser el propósito de las sanciones financieras que Trump ordenó el 24 de agosto del 2017. Dichas sanciones privaron a Venezuela de miles de millones de dólares de posibles préstamos, además de ingresos, incluso aquellos provenientes de su propia compañía petrolera en EE.UU., Citgo. Han servido para empeorar la escasez de medicinas y alimentos, en una economía que ya está sufriendo una inflación alrededor de 3.000 por ciento anual y una depresión que ha costado alrededor de 38 por ciento del PIB. Las referidas sanciones son ilegales en el marco de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los convenios internacionales firmados por EE.UU.

Ahora funcionarios estadounidenses están hablando de un castigo colectivo aún más feroz: bloquear las ventas de petróleo de Venezuela. Esta medida no se había tomado antes ya que afectaría los intereses estadounidenses en materia de refinación petrolera, que importan petróleo venezolano. Sin embargo, el gobierno ha planteado la idea de aprovechar las reservas petroleras estratégicas de EE.UU. a modo de suavizar el golpe. Todo eso para tratar de derrocar a un gobierno que difícilmente puede ser visto como una amenaza para los Estados Unidos.

Nadie puede pretender que el gobierno de Trump se preocupa por elecciones justas en América Latina. La elección en Honduras el 26 de noviembre fue robada, y hasta el cercano aliado de Washington que dirige la Organización de Estados Americanos, el Secretario General Luis Almagro, hizo un llamado para realizar nuevas elecciones. No obstante, el gobierno de Trump decidió ponerse del lado del presidente titular Juan Orlando Hernández en Honduras, un político cuyo hermano y ministro de seguridad están acusados de vínculos con el narcotráfico, y descrito por John Kelly, Jefe de Gabinete de Trump y ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, como una “gran persona” y “un buen amigo”. El gobierno de Trump no se opuso a la matanza de docenas de activistas manifestando en contra de las elecciones sucias ni a otras violaciones de derechos humanos — al contrario, solo unos días después de las elecciones el Departamento de Estado anunció que el gobierno de Honduras cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Sin duda, existen críticas válidas con respecto a la próxima elección en Venezuela. Ciertos candidatos de oposición han sido excluidos, y el gobierno adelantó la elección a abril, en lugar de su fecha inicial de diciembre, antes de pasarla al 20 de mayo.

Las negociaciones en torno a estos y otros temas entre el gobierno y la oposición no tuvieron éxito, aunque el gobierno aceptó la posibilidad de una misión de observación electoral por parte de las Naciones Unidas. En cuanto a la credibilidad de los procedimientos electorales en Venezuela, en las dos últimas décadas prácticamente nunca ha habido dudas legítimas con respecto al conteo de votos, gracias a la adopción de un sistema de votación altamente seguro. (Las únicas excepciones fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente del 30 de julio del 2017, donde la oposición no participó y había preguntas sobre la verdadera cifra de participación; y en una de las 23 elecciones de gobernadores celebradas el 15 de octubre, en la cual el recuento local de los votos no fue creíble.) En el caso de las últimas negociaciones, es imposible saber si se hubieran podido resolver otros desacuerdos si el gobierno de Trump no se hubiera esforzado en presionar con tanta fuerza para evitar que se dieran las elecciones e impulsar un “cambio de régimen” extra-legal como estrategia opositora.

La principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha decidido por los momentos boicotear las elecciones. Pero queda por ver si los electores seguirán su pauta. Las encuestas más fiables y recientes, de Torino Capital y Datanalisis, señalan que 77,6 por ciento de los votantes venezolanos tienen la intención de votar en la próxima elección, y solo 12,3 por ciento dicen que van a abstener. Los venezolanos deben tener la oportunidad de votar, y la administración de Trump no debería tratar de impedir el voto.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).