Mark Weisbrot
US News & World Report, 18 de marzo

En inglés

Desde que la administración de Obama decidió la semana pasada la imposición de nuevas sanciones a Venezuela, muchas personas, incluyendo a periodistas, han cuestionado la motivación detrás de tal determinación. A algunos les genera curiosidad la aparente incongruencia entre esta acción y la decisión de la Casa Blanca en diciembre de iniciar un proceso de normalización de las relaciones con Cuba. Otros se preguntan por qué la administración haría algo que lesiona tan notablemente a la oposición en Venezuela, al menos en el corto plazo. El principal grupo opositor, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lanzó un comunicado que desaprobó las sanciones: “Venezuela no es una amenaza para nadie”, dijo en respuesta a la absurda declaración que hizo la Casa Blanca de que Venezuela representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y también está el problema del aislamiento de Washington en el hemisferio, que ciertamente ha aumentado con esta última medida.

La contradicción entre las sanciones a Venezuela y la apertura a Cuba es probablemente más aparente que real. Una mayoría de la clase dirigente que se ocupa de la política exterior de los EE. UU. ha querido normalizar las relaciones con Cuba desde al menos la década del 90. Allí hay posibilidad de hacer dinero, y la mayoría de los interesados en deshacerse del gobierno de Cuba parecen creer –acertadamente o no– que será más fácil hacerlo si la isla se abre a las relaciones comerciales con los EE. UU. Con ello, el inicio de la normalización de las relaciones con Cuba es en general coherente con la estrategia mayor de oponerse a Venezuela y a otros gobiernos de izquierda que han sido electos y reelectos desde 1998.

Solo es incongruente si uno analiza la apertura a Cuba como el inicio de un cambio en la estrategia global de los EE. UU. para con la región, una estrategia que busque conciliar con el gigantesco giro político del hemisferio durante el siglo XXI (lo que a veces se conoce como “la segunda independencia” de Latinoamérica). El Presidente Rafael Correa de Ecuador, en una declaración escueta, ha expresado la indignación de los gobiernos regionales con las últimas sanciones, argumentando que “nos recuerda las horas más oscuras de nuestra América, cuando recibíamos invasiones y dictaduras impuestas por el imperialismo”. Luego preguntó: “¿Entenderán que Latinoamérica ya cambió?” La respuesta corta a esta pregunta es que no. Washington aún está, en algunos aspectos, lejos del equivalente del hemisferio del viaje a China de Nixon en 1972, que no fue solo para iniciar un proceso de apertura diplomático o de relaciones comerciales, sino además para aceptar la nueva realidad de que la “China comunista” e independiente era una realidad a largo plazo.

Incluso mientras sigue adelante la normalización de relaciones con Cuba, la Casa Blanca planea continuar financiando los programas de “promoción democrática” dentro del país, al igual que muchos otros en la región.

La explicación de lo que la Casa Blanca –o quien sea que los influenció– espera conseguir de estas sanciones es menos obvia. Durante la presidencia de Obama, ha habido cierta tensión en cuanto a la política relativa a América Latina entre los encargados de la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando el Presidente Obama quiso restaurar las relaciones relativas a los embajadores con Venezuela en 2010 fue saboteado por congresistas de derecha y probablemente sus aliados en el Departamento de Estado. El verano pasado, la administración se acercó aún más a conseguir relaciones diplomáticas totales con Venezuela al recibir un encargado de negocios en la embajada venezolana, quien se ubica un escalón debajo del embajador. Esta decisión también fue recibida con cierta resistencia y con intentos por parte de la derecha de terminar con las relaciones para poder desviar el progreso natural hacia las relaciones diplomáticas totales.

Las últimas sanciones, como la que fue aprobada en diciembre, deben interpretarse en este sentido. Representan una victoria para una facción política que quiere evitar la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Aunque la voz pública más fuerte de esta facción está representada por la derecha extrema en el Congreso –legisladores como Marco Rubio en el Senado o Ed Royce en la Casa–, tienen aliados importantes dentro de la administración, incluyendo al Departamento de Estado y al Pentágono. El apoyo de Washington para el golpe militar de 2009 en Honduras fue quizás el más importante de muchos ejemplos; no fue un resultado de presión de la derecha en el Congreso, pero provino de un sector bien interno de la administración de Obama.

Estas personas están intentando conseguir un objetivo a largo plazo, y parecen estar dispuestas a sacrificar cierto capital político (en Caracas y en Washington) para intentar deslegitimizar al gobierno de Venezuela. Como mucha de la oposición en Venezuela, no están comprometidos con una ruta electoral al poder. Aunque Venezuela actualmente enfrenta problemas económicos, nadie sabe cuándo se recuperarán los precios del petróleo, o cuándo el gobierno arreglará sus problemas económicos más serios. Incluso si la oposición fuera a ganar una mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre, eso no los pondría en una posición de control del gobierno nacional, no más que el control actual que tienen los Republicanos por el Congreso en los Estados Unidos. Por ello, los intransigentes quieren dar su golpe ahora, con la esperanza de que ello haga avanzar su estrategia del “cambio de régimen”. 

Los gobiernos de América Latina entienden esta estrategia y la perciben como una amenaza desagradable a la democracia en la región; ello explica su rápida respuesta y feroz oposición a las sanciones. Como los republicanos que pensaron que estaban siendo inteligentes con su invitación al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu para hablarle al Congreso norteamericano, o su carta senatorial al gobierno de Irán, los arquitectos de esta política de nuevas sanciones pronto caerán en la cuenta de su error de cálculo.

 


Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. (www.cepr.net). También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy (www.justforeignpolicy.org ).