Mark Weisbrot
Globedia, 30 de octubre, 2017

Socialist Economist, 10 de noviembre, 2017
Alternativas Económicas, 6 de noviembre, 2017
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AlterNet, 26 de octubre, 2017
HuffPost, 26 de octubre, 2017

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Ahora que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy tomó el control de la comunidad autónoma de Cataluña, se hace más evidente a los observadores ocasionales quiénes son los malos en este conflicto. Generalmente, cuando un bando es pacífico y busca diálogo, y el otro se dedica a resolver el desacuerdo por medio de la fuerza, la represión y la violencia… te haces una idea.

El argumento del gobierno español de que el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre es inconstitucional no es tan evidente como parece. Como señala Vicenç Navarro, que lleva años escribiendo sobre la incompleta transición española a la democracia, la Constitución de 1978 fue más un producto de 36 años de dictadura que de la democracia que peleaba por nacer. Y el Partido Popular (PP) de Rajoy, en particular, tiene profundas raíces en fuerzas políticas y en personas que fueron parte de la dictadura de Franco.

El carácter antidemocrático y fascista de la herencia del gobierno del PP saltó a la vista cuando Rajoy envió a cientos de efectivos a Cataluña en un intento fallido de impedir votar a la gente. No fue, como dijo, para aplicar la ley: el gobierno español podría simplemente haber permitido la votación y haberse negado a reconocer el resultado. Más bien, fue para aplastar por la fuerza el movimiento independentista y la expresión de sus ideas, y centenares de personas resultaron heridas por la Guardia Civil. La represión también incluyó una censura sin precedentes de internet, así como de los periódicos y la radio.

Como muchos han señalado, el movimiento independentista en Cataluña tiene raíces profundas: viene de, el menos, 300 años atrás, y a los catalanes se les negó incluso el derecho a su lengua durante la dictadura. Pero hay otra razón, además de la represión y las vulneraciones de la limitada autonomía de Cataluña bajo la Constitución, que ha prendido en los últimos años. Es el profundo fracaso económico desde la crisis financiera mundial y la recesión de 2008–2009, y especialmente su impacto en la gente joven y en los desempleados de larga duración, a muchos de los cuales se ha dejado sin futuro en España. Merece la pena analizar esto con más detalle, ya que la economía española se viene describiendo últimamente en términos positivos desde que volvió el crecimiento económico hace cuatro años.

Primero, el estado actual de los daños. A lo largo del año pasado (desde agosto), el desempleo ha sido de media del 18%, más de cuatro veces el nivel de Estados Unidos. Y sería mucho más alto si no fuera porque 1,7 millones de ciudadanos extranjeros dejaron el país.

En 2016, un 43% de los desempleados lo estuvieron durante más de un año. En cuanto a las posibilidades de encontrar empleo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó recientemente que “las perspectivas para este grupo son particularmente nefastas”.

El número de personas estimadas en riesgo de pobreza y exclusión social es del 27,9%.

La desigualdad ha aumentado dramáticamente desde 2008: los ingresos del 20% más rico son ahora 7,5 veces más altos que los del 20% más pobre, situando a España como el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Como ha señalado el FMI, esto se debe principalmente a que el empleo cayó un 20% entre 2008 y 2013 y, entre las víctimas de este colapso, las principales fueron los grupos con menores ingresos. 

Además, la mayoría de los nuevos empleos son contratos temporales, intensificando la inseguridad incluso para aquellos que han tenido la suerte de encontrar un nuevo empleo.

No es un bonito panorama. Pero el FMI, que representa aquí la visión de las autoridades europeas y del gobierno de Rajoy, parece no obstante aceptar el desempleo masivo como la nueva normalidad. El Fondo prevé que la economía alcanzará su máximo potencial de producción en algún momento en el próximo año. Pero el desempleo seguirá siendo del 16%. En otras palabras, el 16% de paro es lo mejor que se puede esperar, está siendo redefinido como “pleno empleo”. Y el desempleo juvenil es alrededor del doble de la tasa de paro para el conjunto de la población. Esto es una aberración: nadie a quien le importe la mayoría de la población en España, y especialmente el futuro de una generación de jóvenes, debería aceptar las políticas que han arruinado la economía española y continúan restringiendo la recuperación del mercado de trabajo. 

No tiene por qué ser así. El interés de los bonos a diez años de España es solo del 1,6%, igual que su actual tasa de inflación. En otras palabras, España puede pedir préstamos a largo plazo gratis, a una tasa de interés real (ajustada a la inflación) de cero. Los expertos vociferan acerca de la deuda pública de España, pero cuando un gobierno puede mantener el endeudamiento a una tasa de interés real de cero, es un buen momento para una inversión pública que cree empleos e incremente la productividad de la economía. El aumento de la productividad ha sido muy débil durante esta recuperación.

Pero el gobierno español del Partido Popular, en colaboración con las autoridades europeas, tiene una visión muy distinta del “progreso”. Juntos, están empeñados en seguir con los recortes presupuestarios, aunque la economía ya se está ralentizando. Están también preocupados por una recaída frente a las “reformas estructurales” que, según ellos, serían mejores para generar más empleo y mayor eficiencia de la economía. 

Una parte de la teoría de la austeridad que se ha aplicado desde 2010 era que, debido a que España no podía devaluar su moneda (el euro), tenía que hacer una “devaluación interna”. Esto significa que el desempleo masivo y otras presiones (como los cambios en legislación laboral) forzarían una bajada de los salarios de forma que España fuera más competitiva e incrementarían las exportaciones, incluso con un euro que había sido previamente sobrevaluado para su economía. Sin duda, España ha incrementado sus exportaciones desde el fondo de la depresión. Pero desde que la recuperación económica empezó cuatro años atrás, las importaciones también han crecido, de modo que las exportaciones netas (la diferencia entre exportaciones e importaciones) no han contribuido en nada a la recuperación. Por tanto, es difícil argumentar que España haya ajustado su economía para producir un nuevo modelo de crecimiento. 

El otro argumento a favor de la austeridad era que la contracción del presupuesto y la aplicación de reformas estructurales reducirían los tipos de interés y los pagos de intereses de la deuda pública española, recobrando la confianza de los mercados. Pero, de hecho, los tipos de interés de España cayeron a consecuencia de los drásticos cambios en la política del Banco Central Europeo (BCE): en 2012, el BCE decidió básicamente garantizar los bonos italianos y españoles; ha bajado los tipos de interés a corto plazo y también empezó una política de expansión cuantitativa en marzo de 2015 para reducir los tipos de interés a largo plazo y aportar un estímulo monetario.

Por tanto, poco en los datos indica que la austeridad haya “funcionado” en España. Al contrario, no solo la economía es aún una ruina para millones de personas en España, sino que además la recuperación que ha tenido lugar debe mucho a la reducción de la austeridad y a la aplicación de pequeños estímulos que deben incrementarse para avanzar hacia el pleno empleo.

En estas condiciones, no hay duda de que muchos catalanes creen que podrían estar mejor económicamente en un país independiente. Su problema económico es similar al de la mayoría de las personas que viven en la eurozona, entre ellos el resto de España, Francia, Italia y Grecia. Las autoridades europeas, y los gobiernos que eligen seguirles la corriente o son forzados a hacerlo (como Grecia), están condenados al desempleo de masas y a una serie de reformas regresivas en el futuro próximo.

Es en este sentido estructural y práctico profundo que los movimientos separatistas, así como los que quieren abandonar la eurozona o la Unión Europea, tienen una base económica real en las políticas económicas fracasadas de las autoridades europeas y de buena parte de los gobiernos de la eurozona. También el crecimiento del porcentaje de votos a la extrema derecha en países como Francia, los Países Bajos y Alemania. Veremos si la élite europea abandona su fijación con políticas económicas fracasadas antes de que estas fuerzas centrífugas se hagan más fuertes.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

Traducción por Indaga, cooperativa de investigación social (www.indaga.org).