Alexander Main
NACLA, 27 de febrero, 2015

En inglés

El 29 de enero, la Casa Blanca anunció que incluiría en su solicitud de presupuesto ante el Congreso para el año fiscal 2016 la suma de mil millones de dólares en asistencia a Centroamérica. El propósito de dicha ayuda, según lo que afirma el vicepresidente Joe Biden en un artículo de opinión publicado en el New York Times, es de ayudar a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras a “cambiar el clima de violencia y pobreza crónicas” que ha conducido a un peligroso “repunte en la migración”, como se hizo evidente el verano pasado con la irrupción de migrantes menores de edad no acompañados. Explícitamente calcado sobre el Plan Colombia, el paquete de ayuda estaría destinado a hacer que la región se torne “aplastantemente de clase media, democrática y segura”.

Los centroamericanos seguramente acogerán con escepticismo las declaraciones de Biden. Desde las guerras sucias de los años 80 respaldadas por los EEUU hasta las promesas rotas de desarrollo económico en el marco del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, los antecedentes históricos demuestran con frecuencia que las políticas y la ayuda de EEUU han minado la prosperidad, la estabilidad y la democracia en la región. De forma más reciente, los defensores de derechos humanos han manifestado una profunda preocupación [PDF] respecto al importante aumento en la asistencia militar y policial por parte de EEUU, desde mediados de los años 2000, a los países del llamado ‘Triángulo del Norte’ (El Salvador, Guatemala y Honduras), azotados por la pobreza y el crimen. Aunque los supuestos objetivos de dicha ayuda busquen luchar contra el narcotráfico y mejorar la “seguridad ciudadana”, Honduras hoy día es el país más mortal en el mundo, mientras que El Salvador y Guatemala cuentan con tasas de homicidio superiores a las de sus respectivas guerras civiles. Mientras tanto, el flujo de cocaína a través del corredor de narcotráfico centroamericano en realidad ha seguido en aumento, según las cifras del propio Departamento de Estado.

A primera vista, el nuevo plan de la Casa Blanca parece augurar un saludable retiro de la fallida política de seguridad regional del gobierno estadounidense. Un resumen del plan elaborado por la Casa Blanca hace énfasis en la asistencia en materia económica y de desarrollo por parte de EEUU y en apoyar mejoras en materia de gobernanza, mientras que detalla que menos de un tercio de los fondos solicitados estarían destinados a programas militares y policiales.

No obstante, un vistazo más detenido a las cifras en la solicitud presupuestaria del Presidente sugiere que los centroamericanos tendrán que abrocharse los cinturones para mucho más de lo mismo en cuanto a la asistencia para la seguridad. Puede que un aumento en los fondos destinados a la ayuda económica y el desarrollo tengan ciertos efectos positivos, pero el hecho de que parezcan diseñados en parte para apuntalar un plan de desarrollo neoliberal en el Triángulo del Norte, hace sonar las alarmas. Además, los planes para promover mejoras en cuanto a reformas y gobernanza parecen depender en gran parte de la voluntad política de las autoridades nacionales – lo cual resulta ser un supuesto bastante flojo en países como Honduras y Guatemala.

Comencemos por las secciones del plan de Biden que atañen a la asistencia militar y policial. Aunque la proporción de ayuda destinada a apoyar las fuerzas armadas y las operaciones contra el narcotráfico luce más pequeña que las demás formas de ayuda, vemos cómo esta aumenta en realidad de forma importante con el presupuesto que propone la Casa Blanca, en términos absolutos. La ayuda militar propuesta – por ejemplo los programas de Financiamiento militar externo y de Educación militar internacional – se mantiene en niveles cercanos a los del año 2014. Sin embargo, los fondos destinados al Control internacional de los narcóticos y la aplicación de la Ley (‘INCLE’) en Centroamérica – de los cuales gran parte se traduce en apoyo a las fuerzas policiales – saltaría de $100 millones en el año fiscal 2015 a $205 millones bajo el plan de Biden. Resulta preocupante que dichos fondos serían canalizados mediante la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (‘CARSI’), un mecanismo de cooperación multilateral notoriamente opaco, dejando así al público y a los miembros del Congreso con escasa idea de dónde y cómo se utilizarán los fondos.

En años recientes, la mayoría de los fondos CARSI han sido dedicados al Triángulo del Norte, a pesar de un sinnúmero de informes que destacan abusos cometidos por parte de la policía y del ejército en dicha región — incluyendo frecuentes matanzas extrajudiciales. La participación de las fuerzas armadas y policiales hondureñas en asesinatos y ataques contra líderes de la sociedad civil, con casi total impunidad, motivó a  94 miembros del Congreso de EEUU a exhortar al gobierno de Obama a que rescinda toda asistencia a Honduras en materia de seguridad. El nivel de alarma es tal que ambos partidos en el Congreso han acordado terminología en la legislación de apropiaciones que requiere que el Departamento de Estado certifique el cumplimiento, por parte de las autoridades hondureñas y guatemaltecas, de condiciones básicas de derechos humanos, antes de permitir el desembolso de cantidades importantes de asistencia a ambos países en materia de seguridad.

Más preocupante aún es el hecho de que las operaciones policiales en estos países se están militarizando cada vez más. Los tres países han desplegado unidades del ejército para patrullar las calles y en Honduras, el partido de gobierno se ha propuesto sancionar una nueva “Policía Militar del Orden Público” en la Constitución del país. Los miembros de dicha policía militar están acusados de secuestrar y violar en grupo a una mujer y de atacar a un líder defensor de derechos humanos, entre otros crímenes. No obstante, al igual que la gran mayoría de actos criminales a cargo de las fuerzas de seguridad del país, nadie ha sido juzgado, ni siquiera suspendido de sus funciones, por dichos delitos.

Aun cuando los fondos INCLE y la ayuda militar y policial estadounidense fluyen en gran cantidad a los sistemas cada vez más militarizados del Triángulo Norte, el gobierno de Obama ha evitado expresar su apoyo verbalmente a la militarización de la región. Sin embargo, se encuentra ahora promoviendo vigorosamente al Plan Colombia –un plan militarizado de seguridad por excelencia–  como un modelo para su esquema de ayuda en Centroamérica. Los funcionarios del Departamento de Estado – especialmente en la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley – se han esforzado por presentar el Plan Colombia como un caso ejemplar de éxito, pero los defensores de derechos humanos lo consideran un rotundo desastre. Existen partes de Colombia que son más seguras hoy día, pero el costo humano del plan es atroz: millones de colombianos desplazados y miles de civiles inocentes [PDF] asesinados por tropas militares.

Vale la pena tratar otro aspecto del plan centroamericano de seguridad del gobierno estadounidense: la financiación de más controles en las fronteras, tanto del Sur de los EEUU como de México. En el artículo de Biden en el New York Times, el repunte agudo en la cantidad de migrantes centroamericanos que llegan a los EEUU se presenta como una “peligrosa” amenaza a la seguridad. De acuerdo a esta lógica xenofóbica, que se asemeja mucho al discurso de ciertos republicanos, los mil millones de Biden incluyen una cantidad no estipulada para ayudar a México y a los gobiernos de los países del Triángulo del Norte  a impedir que miles de migrantes se acerquen a distancia alguna de la frontera de EEUU.

De hecho, una de las principales razones por las cuales la cantidad de migrantes centroamericanos que llegan a los EEUU cayó a finales de 2014 fue que, a solicitud del gobierno de Obama, México empezó a atacar duramente la migración ilegal en su frontera sureña, mediante el llamado Plan Frontera Sur. Como resultado de esta aplicación de controles intermediados por México, quienes huyen de la violencia y de condiciones económicas nefastas se ven aún más criminalizados y deportados expeditamente, sin importar que puedan calificar para el asilo político o tengan que hacer frente a condiciones en las que sus vidas se vean amenazadas, en sus comunidades de origen. Bajo el plan de Biden, los fondos de EEUU ayudarán a México a seguir con estas deportaciones en masa, con la esperanza de que serán suficientes para evitar otra crisis humanitaria políticamente dañina a lo largo de la frontera suroccidental de EEUU.

Pasando a otras formas de asistencia en el plan de Biden: muchos han aplaudido el hecho de que el presupuesto para fondos de ayuda al desarrollo destinado a los países del Triángulo Norte aumentaría enormemente, de unos $100 millones en el FY2014 a $480 millones. Si esta importante expansión en la ayuda logra pasar por la máquina trituradora de los republicanos en el Congreso – y se trata de una posibilidad bastante dudosa – podría brindarle a la región un apoyo económico que mucho necesita. Sin embargo, la forma en que el gobierno estadounidense describe cómo serían utilizados dichos fondos hace sonar campanas de alarma para quienes se preocupan por la erosión de las protecciones a los trabajadores y los ataques contra los servicios del sector público en toda la región.

La solicitud de presupuesto del Presidente anuncia que el plan de la Casa Blanca para Centroamérica está diseñado para “apoyar los objetivos prioritarios” identificados en el Plan de la Alianza para la Prosperidad que el Banco Interamericano de Desarrollo le ayudó a preparar a los gobiernos del Triángulo del Norte a finales del año pasado. Como escribía recientemente mi colega Dan Beeton, “el plan hace pensar en varios casos pasados donde las crisis son explotadas para el aprovechamiento económico, como lo relata Naomi Klein en su libro insigne, La Doctrina del Shock”. Los países del Triángulo Norte que necesitan con urgencia cualquier tipo de ayuda económica, muy probablemente vean dicha ayuda condicionada por la implementación de políticas neoliberales.

Entre los objetivos de la Alianza para la Prosperidad está la “creación de zonas económicas especiales”, las cuales evocan las “ciudades chárter” neoliberales que actualmente están siendo desarrolladas en Honduras; también “mejorar las condiciones del mercado laboral”, lo cual por lo general se refiere de forma eufemística a la desregulación de los mercados laborales y el desmantelamiento de las protecciones a los derechos de los trabajadores. Parte del lenguaje contenido en la sección de “ayuda al desarrollo” de la solicitud de presupuesto del Presidente  – ej. “la región centroamericana entera sufre de severas desventajas anti-competitivas que serán abordadas por la estrategia [centroamericana]” – también evoca una agenda ferozmente anti-reguladora y privatizadora que beneficiaría a la gran empresa extranjera, pero haría que la vida se torne mucho más difícil para el trabajador promedio.

Por último, la ficha de datos de la Casa Blanca que sintetiza el plan de Biden anuncia que “casi $250 millones” serían canalizados para “mejorar la gobernanza” con programas destinados a optimizar “la gestión fiscal del sector público” y fortalecer “la eficiencia, la rendición de cuentas y la independencia de las instituciones judiciales”. Pero la financiación de reformas judiciales es de dudoso valor como mucho en un país como Honduras, donde hace dos años, el Congreso despidió ilegalmente a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y los sustituyó con sus aliados. En su artículo de opinión del New York Times, Biden enfatiza la importancia de la “voluntad política” para que el millonario plan funcione, sin embargo el partido de gobierno en Honduras disolvió una comisión de reforma policial respetada e independiente y se negó a aplicar ninguna de las medidas recomendadas por esta para remendar el aparato de seguridad del país, corrupto y destrozado.  Retrocesos similares se han vivido en Guatemala, con la anulación de la sentencia al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y la decisión por parte de la Corte Constitucional de acortarle el mandato de forma prematura a la ampliamente reconocida procuradora general, Claudia Paz y Paz.

Si EEUU realmente desea ayudar a Centroamérica, le urge replantearse su asistencia externa a la región. Es hora de escuchar a los defensores locales de derechos humanos y dejar de canalizar asistencia militar y policial a gobiernos que militarizan la aplicación de las leyes y se niegan a frenar los abusos cometidos por las fuerzas del Estado. Para poder abordar con eficacia el problema del crimen violento en el Triángulo Norte, el gobierno de EEUU debe desarrollar alternativas a sus fracasadas políticas de prohibición de drogas y ayudar a los países a crear buenos trabajos mediante el crecimiento equitativo y sostenible. Para poder cumplir con dicho cometido, la ayuda al desarrollo de EEUU debe ser destinada ante todo a las organizaciones locales y no a contratistas dentro de la burbuja de Washington, tampoco deben basarse en el desmantelamiento de protecciones laborales y de marcos regulatorios. La reforma institucional – en particular la reforma judicial y de aplicación de leyes– es necesaria, pero es demasiado sensible política y culturalmente para ser alcanzada mediante la ayuda directa por parte de EEUU. En cambio, el gobierno de EEUU debiera apoyar la expansión de programas de cooperación multilateral como la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en Guatemala, que cuenta con una probada trayectoria en el fortalecimiento del estado de derecho.

 


 

Alexander Main es Socio Principal para Política Internacional en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), con un enfoque en la política externa de EEUU  hacia Latinoamérica y el Caribe.