Mark Weisbrot
The Huffington Post, 17 de febrero, 2017

The Hill, 16 de febrero, 2017

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En un último intento desesperado por derribar a Lenín Moreno, candidato favorito en las elecciones presidenciales del 19 de febrero (domingo) en Ecuador, la oposición está lanzando acusaciones de corrupción en contra de su compañero de fórmula. Moreno es el ex-vicepresidente del actual mandatario Rafael Correa y su partido Alianza País, quien ha gobernado Ecuador durante la última década.

Antes de pasar a las particularidades, vale la pena señalar que desde hace ya varios años esta se ha convertido en la principal táctica de los partidos latinoamericanos de derecha, que luchan por recuperar buena parte de Latinoamérica, y especialmente de Suramérica, que ha elegido y reelegido varios gobiernos de izquierda en lo que va corrido del siglo XXI (por ejemplo Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador, Nicaragua). La estrategia tiene potencial en tanto que la mayor parte del poder mediático forma parte de las fuerzas de oposición en contra de estos gobiernos de izquierda, pudiendo así usar su control sobre los medios de comunicación en esta dirección. Usualmente la derecha puede contar también con la ayuda de los medios internacionales — muchos de los cuales tienden a alinearse con Washington en contra de dichos gobiernos.

Los medios brasileños desplegaron el meme corrupción buscando exitosamente derrocar a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff el año pasado, a pesar de que nunca fue imputada de corrupción ni incurrió en causal de destitución alguna. En Argentina, la ex-presidenta Cristina Kirchner, junto a su ministro de finanzas y director del Banco Central han sido imputados por algo que no dista mucho de una operación típica de un banco central, sin visos de corrupción o de ilegalidad.

En Ecuador, que recibe del petróleo tanto la mayor parte del presupuesto gubernamental como de sus divisas, un ex-ministro de hidrocarburos y cabeza de la compañía estatal petrolera (Petroecuador) Carlos Pareja Yannuzzelli, ha dado un paso al frente para lanzar acusaciones contra Jorge Glas, actual candidato a vice-presidente. Pareja afirma que Glas estaba al tanto de la corrupción en Petroecuador. Partiendo de allí, la oposición en contra del gobierno, incluyendo la mayor parte de los medios, espera capitalizar suficiente cinismo a la deriva y así redireccionar las elecciones en contra del partido de gobierno.

Uno de los problemas de dicha estrategia radica en que el testigo mismo es un fugitivo de la justicia, quien escapó del país en el mes de septiembre. Los fiscales le han acusado de recibir al menos un millón de dólares en sobornos y de depositarlos en una cuenta offshore. Él mismo ha confesado haber cometido irregularidades, pidiendo clemencia al presidente Correa para él y para su hijo, quien es acusado también de haber recibido parte del dinero proveniente de los sobornos.

Otro problema para el caso en contra del gobierno es que el presiente Correa ha tomado una línea dura en contra de la corrupción, incluso en contra de Pareja, rechazando su pedido de clemencia. Además, al hacer campaña en contra del gobierno, Pareja aumenta substancialmente sus probabilidades de no ser extraditado a Ecuador desde los Estados Unidos.

El gobierno ecuatoriano está actualmente promoviendo uno de los ataques más frontales en el hemisferio en contra de la corrupción, con un referendo en las votaciones del domingo dirigido en contra los paraísos fiscales. Es precisamente allí donde va a parar el dinero robado a la ciudadanía, así como aquel que proviene de la fuga ilegal de capitales. La iniciativa electoral es particularmente creativa: reconociendo que ningún gobierno puede eliminar dichos paraísos fiscales en las Islas Caimán o en Suiza, busca entonces prohibir que cualquiera que los use pueda ser candidato a cargos de elección popular. En tanto dichos paraísos fiscales han sido un ingrediente fundamental de casi cualquier caso importante de soborno o robo en países como Ecuador, ningún gobierno que busque beneficiarse o siquiera tolerar la corrupción promovería una legislación como esta. El gobierno ecuatoriano ha incluso llevado esta iniciativa a las Naciones Unidas, en un esfuerzo por convencer otros países de seguir el ejemplo, haciendo más fácil para todos reducir la corrupción y el movimiento ilegal de capitales.

Por supuesto, las opciones electorales en cualquier país no van a incluir un gobierno completamente libre de corrupción. Tomemos a los Estados Unidos como ejemplo, un país rico, con un erosionado pero aún comparativamente bien desarrollado imperio de la ley. Tenemos un sistema de sobornos legalizados mediante el cual corporaciones y multimillonarios pueden obtener importante influencia en la política pública a través del financiamiento de campañas electorales. Además, tenemos sobornos diferidos para autoridades de gobierno que claramente influyen en sus decisiones mientras están en funciones. La lista de tales personajes es tan larga que el presidente Obama buscó la aprobación de un muy impopular acuerdo comercial, el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en inglés), en la última sesión del congreso, debido a que los votos decisivos provenían de representantes que se retirarían pocos meses más tarde para trabajar en cabildeo corporativo.

La decisión para los electores en Ecuador será acerca de qué partido o candidato va a disminuir la corrupción. En Ecuador, eso está bastante claro. El candidato de oposición más opcionado, Guillermo Lasso, es un importante banquero ecuatoriano, con intereses bancarios en Panamá, uno de los más importantes centros de flujo ilegal de capitales en el hemisferio. Le sigue la ex-asambleísta de derecha Cynthia Viteri, que busca eliminar el impuesto a la fuga de capitales. Estos candidatos claramente representan los bancos que gobernaban el país antes de la elección de Correa. Creer que ellos reducirían la corrupción es como creer que los asesores y funcionarios designados por Donald Trump y provenientes de Goldman Sachs van a “drenar el pantano” en Washington.

Por supuesto, la mayor parte de la población en Ecuador está más preocupada por sus necesidades básicas y bienestar, respecto a lo cual el gobierno actual ha logrado bastante a lo largo de la última década. El gobierno de Correa ha duplicado la inversión social como porcentaje del PIB, y más que duplicado la inversión pública. El acceso a salud, educación, electricidad, carreteras e infraestructura ha aumentado considerablemente; mientras tanto la desigualdad se ha reducido substancialmente. Los ingresos han crecido a un ritmo mucho mayor que durante el cuarto de siglo anterior, al tiempo que la pobreza ha decrecido en un 38 por ciento.

Sin duda la corrupción no es la principal preocupación para la mayoría de la gente, pero la oposición y los medios quisieran convertirla en esto. Después de todo, ¿qué otra cosa tienen ellos que ofrecer?


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

Traducción por Jorge Enrique Forero.