Mark Weisbrot
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La oposición venezolana ha intensificado su campaña para sacar al Presidente Maduro de Miraflores, al anunciar — dadas sus fuertes divisiones internas — que pondrá en marcha una estrategia compuesta por tres partes: una enmienda constitucional para reducir el período presidencial, un referendo revocatorio, tal como lo contempla la Constitución y “manifestaciones”. La primera táctica fue derogada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, como hubiese sucedido en cualquier otro país — no se pueden cambiar los términos legales de un Presidente que ya fue electo para un cierto período de tiempo. En cuanto al referendo, el proceso de recolección de firmas está en pleno desarrollo.  

Mientras tanto, está claro que el Gobierno necesita recomponer la economía si quiere recuperar su popularidad. La oposición, que cuenta con una gran mayoría en el Legislativo nacional, ha dejado claro que no va a cooperar en este esfuerzo. Al contrario, se ha esforzado en bloquear cualquier iniciativa por parte del Gobierno de gastar dinero.

Pero el Gobierno tiene bastantes opciones para recomponer la economía, incluso sin la cooperación del Legislativo. Ya desde hace algunos años atrás, he venido insistiendo en que el sistema cambiario es el problema más importante, y que es un asunto que podría ser arreglado rápidamente. El país tiene actualmente dos tipos de cambio oficiales, uno en 10 bolívares por dólar (llamado DIPRO) y otro actualmente en aproximadamente Bs. 370 por dólar (DICOM). Se supone que la segunda tasa es flotante, pero esto no es viable ya que la gran mayoría de los dólares entregados por el Gobierno se rigen por la tasa de 10, lo que deja una oferta muy limitada para el mercado DICOM. Luego existe la tasa del mercado paralelo, que se encuentra por encima de Bs. 1.100 por dólar.

Este sistema de cambio fijo y sobrevaluado, con una enorme prima en el mercado paralelo, tiene a la economía secuestrada en una espiral de “inflación-depreciación”. Mientras sube el precio del dólar en el mercado paralelo, los importadores que no tienen acceso a dólares a la tasa de cambio subsidiada necesitan pagar más, por lo cual empujan la inflación. Mientras sigue aumentando la inflación, más personas quieren ahorrar en dólares, lo que empuja al precio del mercado paralelo al alza aún más, y así sigue la espiral.

Para salir de esta trampa, el Gobierno necesita pasar a una tasa de cambio flotante. En efecto, eso fue lo que hizo el Presidente Chávez en febrero de 2002; permitir que la moneda flote sin control de cambio. A pesar de la enorme inestabilidad política — esto solo fue dos meses antes del golpe de Estado promovido por EEUU — las reservas internacionales del Banco Central comenzaron a subir a partir de ese momento, hasta el momento en que el paro petrolero de la oposición suspendió el ingreso petrolero a finales de ese mismo año. Las reservas habían estado cayendo considerablemente ante de esa tasa flotante, lo cual indica que la fuga de capital se debía, al menos en parte, al miedo de una devaluación.

La decisión de Chávez de aplicar un cambio flotante era en cierta manera para pasar de un subsidio indirecto de las importaciones, a través de la tasa de cambio, a un sistema de subsidios destinados a la población que más los necesitaba: utilizando los ingresos del Estado para financiar las misiones que ofrecían atención médica, educación y alimentación subsidiada. Esto es particularmente importante en un país en el cual gran parte de la clase empresarial es hostil contra el Gobierno: no tiene sentido otorgarles un gigantesco subsidio a los importadores y confiar en que estos luego lo aplicarán para lo que fue concebido. Adicionalmente, con una tasa en el mercado paralelo que ahora está más de 100 veces por encima de la tasa oficial, los incentivos de sobrefacturar, de hacer trampa, de corrupción, de contrabando y de fuga de capital son tan colosales que es imposible controlarlos.

La economía ya ha tenido que pasar por un ajuste masivo debido a la caída de los precios petroleros. En los dos primeros meses de este año, las importaciones se encuentran aproximadamente 40% por debajo de las importaciones de hace cuatro años atrás. El gasto gubernamental es casi la mitad, ajustado por inflación, de lo que era hace cuatro años.

Los precios globales del petróleo ya han comenzado a recuperarse significativamente, pasando de US$  28 por barril en enero a US$ 48 por barril hoy. Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los precios del petróleo llegarán a US$ 79 por barril en 2020. Además, aproximadamente un cuarto de las exportaciones de crudo venezolano, está destinado al pago de la deuda con China; podemos anticipar que el Gobierno chino otorgará algún tipo de alivio a este pago mientras se recuperan los precios. Adicionalmente, Bank of America Merrill Lynch estima que el Estado tiene activos internacionales valorados en aproximadamente 52 millardos de dólares, los cuales podría vender o hipotecar, dándole suficiente liquidez como para amortiguar una transición a un sistema de cambio funcional.

Quizás lo más importante sin embargo, es que un país que tiene unos recursos valorados en varios trillones de dólares, que todo el mundo quiere — aproximadamente 300 mil millones de barriles de petróleo, además de cientos de millardos de dólares en oro — no debería nunca sufrir por problemas de balanza de pagos, sin importar qué sucede con el precio del petróleo. El Gobierno podría recaudar más efectivo al vender petróleo que no será extraído sino dentro de varios años. En cualquier caso Venezuela deberá diversificar su economía para alejarse del petróleo en el largo plazo. No tiene sentido sufrir años de recesión y de problemas en la balanza de pagos cuando caen los precios, cuando el Gobierno tiene la posibilidad de vender activos. Cualquier estrategia económica de diversificación también requerirá dinero para la infraestructura, tal como lo puede ilustrar la crisis eléctrica actual — la cual por supuesto tiene múltiples causas, como por ejemplo una sequía sin precedente.

Todo esto sin mencionar la inestabilidad política que producen inevitablemente los problemas económicos. Tal como está sucediendo en Brasil, donde la oposición se está aprovechando de la recesión económica para destituir ilegítimamente a la residenta, el “cambio de régimen” siempre ha estado cerca de los corazones de un sector importante en algunos momentos de la mayoría de la oposición venezolana. Esta es la tercera parte de la estrategia actual de la oposición, eufemísticamente llamada “manifestaciones las cuales en 2002, 2013 y 2014 se transformaron en unos intentos violentos de derrocar al obierno y en todos estos casos Washington siempre estaba apoyando estos esfuerzos con firmeza. En 2013 la oposición se negó a aceptar los resultados de una elección presidencial resultados que no fueron puestos en duda y tomaron las calles en manifestaciones violentas. El obierno de Estados Unidos apoyó esta iniciativa al negarse reconocer los resultados de la elección siendo el único en el hemisferio y en el mundo. La política de la administración de Obama de apoyar el “cambio de régimen” en Venezuela se ha mantenido hasta el día de hoy con la renovación de sanciones económicas y distintos esfuerzos de relaciones públicas destinados a socavar al obierno.

El Gobierno de Venezuela se enfrenta a muchos retos, pero ninguno es tan importante y urgente como la recuperación económica.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).