Mark Weisbrot
Revolución 3.0, 13 de marzo, 2018

The New York Review of Books, 9 de marzo, 2018

Ver el artículo original

In English

En menos de cinco meses, México celebrará unas elecciones presidenciales que han sido mayoritariamente descritas por los comentaristas de los medios de comunicación estadounidenses e internacionales como una empresa peligrosa. Para algunos, es parte de una “tormenta perfecta” que podría sembrar el caos en la economía (junto con la reforma tributaria de Trump y las amenazas al TLCAN); para la prensa económica, la inversión extranjera está amenazada, especialmente en la industria petrolera, que ha conocido una apertura sin precedentes a esta inversión desde 2013; y para otros observadores, supone una amenaza a la “seguridad”, esto es, a la política exterior, de los Estados Unidos.

El problema, según los expertos y la administración de Trump, es que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (conocido por sus iniciales, AMLO) mantiene una ventaja considerable en las encuestas electorales, y podría llegar a ser el próximo presidente de México. Pero ¿es esto realmente la amenaza que se nos hace creer?

Aunque López Obrador ha movido hacia el centro en su campaña, el partido Morena de AMLO tiene una base de izquierdas que se parece a algunos movimientos y gobiernos a los que se ha opuesto Washington desde que empezó a expandirse por América Latina a principios del siglo XXI. López Obrador fue un Jefe de Gobierno popular del Distrito Federal entre 2000 y 2005; se presentó a presidente en 2006 y 2012, como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido de centro-izquierda. Cuando López Obrador formó Morena en 2014, se llevó una gran parte del apoyo del PRD. El propósito declarado de Morena era formar una alternativa a los partidos políticos existentes a fin de reformar no solo la gobernanza de México, sino también su política económica. El objetivo era mover la economía de México hacia un modelo más desarrollista — de mercados internos más robustos a través de la política industrial y la inversión y planeación pública — y proporcionar más de un estado de bienestar y llevar a México en una dirección más social-democrática.

Como Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, López Obrador se presenta como un candidato alternativo, en este caso contra lo que define como una élite corrupta representada por todos los partidos principales que no ofrece seguridad económica ni física a sus ciudadanos. Promete “limpiar el Gobierno de corrupción de arriba abajo, como se limpian las escaleras”. Propone reasignar alrededor de un 4% del PIB a infraestructuras y programas sociales, incluyendo una pensión universal ― ya que una política similar para los residentes del Distrito Federal fue uno de sus logros más populares e influyentes cuando era el jefe de Gobierno. El resto de partidos parece estar reforzando la caracterización que AMLO hace de ellos, pues se están uniendo cada vez más a pesar de sus diferentes ideologías. Los restos del PRD, anteriormente inclinado a la izquierda, se están aliando con el Partido de Acción Nacional (PAN), un partido de derechas vinculado a la Iglesia Católica. El PAN rompió con el régimen de partido único de más de 70 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000 con la elección del presidente Vicente Fox. Pero el gobierno de Fox fracasó en sus objetivos de mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, y su “Guerra contra las drogas” patrocinada por Estados Unidos no logró detener la ola creciente de violencia. En 2012, el PRI recuperó la presidencia con la elección de Enrique Peña Nieto.

Pero Peña Nieto demostró ser el presidente menos popular en décadas, gracias al continuo fracaso económico y una serie de escándalos de corrupción, así como el fracaso de su gobierno para sofocar los niveles epidémicos de violencia. En enero, datos preliminares del gobierno mostraron que en 2017 México sufrió el mayor número de asesinatos registrados. La reunión de Peña Nieto con el entonces candidato Donald Trump en 2016 se convirtió en un desastre, añadiendo un insulto más a las múltiples injurias del presidente mexicano cuando Trump dijo que no se había discutido quién pagaría su propuesta de muro, mientras Peña Nieto señalaba que había defendido en la reunión que México no lo pagaría.

El candidato del PRI para estas elecciones, José Antonio Meade, languidece así como tercero distante en las encuestas (se le ve además ampliamente como un contendiente sin brillo). Se dice que el PRI apoyará al candidato del PAN Ricardo Anaya, completando así la descripción de una masa indiferenciada de políticos, como le han llamado López Obrador y sus seguidores.

Mucha gente creía que México inició su transición a la democracia en el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia. Pero esto ha resultado ser algo de un mito. La promesa de esa transición jamás se materializó, y México se ha convertido en un narcoestado crecientemente violento y todavía profundamente corrupto. Las fallidas reformas económicas que el PRI inició a principios de los años 80 se consolidaron con el TLCAN, y México se acercó económica y políticamente a los EEUU.

Empecemos por la economía. En el periodo 1960–1980, bajo el viejo PRI, la renta del mexicano medio casi se duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los mexicanos tendrían hoy un nivel de vida comparable al de Europa. Sólo podemos especular sobre si México se hubiera vuelto más democrático conforme se desarrollaba así sucede en la mayoría de los países, aunque con ritmos variables.

En cambio, los años ochenta fueron una “década perdida”, con un crecimiento negativo de la renta per cápita, mientras México bajo la presión de acreedores extranjeros, incluido el FMI — transformaba su economía con reformas neoliberales, liberalizaba el comercio internacional y los flujos de capital, privatizaba las empresas estatales, y abandonaba las políticas industriales y de desarrollo. El TLCAN institucionalizó la mayoría de los cambios perjudiciales en forma de tratado internacional, en parte a petición de Washington, para hacerlos permanentes.

Los 23 años siguientes a la firma del TLCAN han sido un fracaso económico, por cualquier comparación histórica o internacional. La tasa de pobreza nacional es hoy superior a la de 1994 y los salarios reales (ajustados a la inflación) apenas han aumentado. Durante el período México se sitúa en el puesto 15 de 20 países latinoamericanos en términos de crecimiento del PIB por persona. Casi cinco millones de campesinos han perdido sus medios de subsistencia, incapaces de competir con el maíz subvencionado por los EEUU. Aunque algunos encontraron empleo en las nuevas industrias agrarias de exportación, el desplazamiento contribuyó a un aumento de la emigración hacia EEUU entre 1994 y 2000.

¿Qué clase de democracia se ha desarrollado a partir de este experimento económico fracasado? Cabe esperar que el gobierno tenga que encontrar otras formas de mantenerse en el poder, ya que no está cumpliendo. Y así lo ha hecho. El New York Times señala que el gobierno mexicano ha gastado el asombroso importe de casi 2.000 millones de dólares en los últimos cinco años para comprar a los medios de comunicación — en parte, comprando publicidad con la condición de que esta fuente de ingresos se acompañara de una cobertura mediática favorable.

Según el New York Times, al menos 104 periodistas han sido asesinados desde 2000 y otros 25 más han desaparecido. En 2017, México fue el segundo país más peligroso del mundo, después de Siria, para ejercer el periodismo. Aunque mucha gente tenga la impresión de que los cárteles de droga son los principales responsables por la violencia y el clima de miedo, el Times informa de que “según datos gubernamentales, funcionarios públicos como alcaldes y oficiales de policía han amenazado periodistas más a menudo que los cárteles de la droga, los pequeños delincuentes o cualquier otro colectivo”.

No sólo los periodistas pueden ser asesinados por sus actividades constitucionalmente protegidas, también lo pueden ser otros ciudadanos y activistas. La desaparición y masacre en 2014 de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, puso la violenta represión de México en el centro de atención del mundo, por la escala de los crímenes y la profunda implicación, documentada, de las fuerzas de seguridad y agentes del gobierno.

La ausencia de medios independientes, el cuasimonopolio de la difusión televisiva por parte de dos cadenas partidistas, la compra generalizada de votos y el uso por parte del gobierno de recursos estatales en las campañas electorales hace que la democracia electoral en México resulte particularmente débil. Y luego está el propio proceso de votación. En la cerrada elección presidencial de 2006, López Obrador perdió por menos de un 0,6% del voto popular. Pero había un problema “de suma”: en cada mesa electoral, el número de papeletas emitidas válidas, más el número de papeletas en blanco restante, deberían sumar el número de papeletas total inicial. En cerca de la mitad de las mesas electorales, los números no “sumaban”.

A pesar de las denuncias de manipulación de votos y fraude — y cientos de miles de personas en las calles reclamando un recuento — el gobierno de Bush de inmediato dio su apoyo a una campaña internacional para declarar legítima la elección de Felipe Calderón del PAN. (Un recuento parcial, cuyos resultados no fueron revelados durante la disputa, planteó serias sospechas sobre el conteo.) El equipo de Bush puso en práctica el mismo manual de estrategia que puso en marcha en su propia y disputada elección del 2000, e hizo un buen trabajo. Como con la transformación económica de un Estado desarrollista a un Estado neoliberal, la influencia de los Estados Unidos en la política mexicana ha pasado en su mayoría desapercibido.

Muchos mexicanos están de nuevo preocupados por la posibilidad de fraude en las elecciones de julio. Pero los representantes de la administración Trump, incluido el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca John Kelly —antiguo jefe del Comando Sur de EEUU, ya han expresado otras preocupaciones. Están preocupados por que López Obrador pueda ganar. Como era previsible, los representantes de Estados Unidos han alegado que próximamente habría una interferencia rusa en las elecciones. Una avalancha de artículos estúpidos y sin base ninguna en los medios estadounidense siguió, haciendo las declaraciones virales, intencionadamente, en México. López Obrador ha respondido irónicamente, haciéndose llamar “Andrés Manuelovich”, y declarando que está esperando a que el submarino ruso salga a la superficie con su oro. (En las elecciones de 2006, las retransmisiones de los medios estuvieron inundadas de declaraciones falsas que conectaban a López Obrador con el gobierno chavista venezolano; esta campaña manchada también ha vuelto a la superficie).

Curiosamente, a pesar de toda la fanfarronada de Trump sobre la construcción de un muro y la renegociación del TLCAN, combinada con sus ofensas y amenazas características y la hostilidad resultante, la cooperación de México con Washington en su maligna política exterior en la región continúa siendo muy fuerte. Apenas nadie se cree los resultados electorales del 26 de noviembre en Honduras, en las que incluso el líder del pro-Washington Organización de Estados Americanos pedía nuevas elecciones. Pero México fue uno de las primeros en salir al paso con una firme declaración apoyando al “ganador”, al actual presidente y aliado de EEUU Juan Orlando Hernández, cuyo partido llegó al poder con la ayuda de EEUU en 2009 tras un golpe militar.

Reuters informó en diciembre que la declaración de México “fue acordada en coordinación con los Estados Unidos”. En un movimiento suave el día siguiente, un alto representante del Departamento de Estado de EEUU citaba la declaración de México como razón para rechazar las exigencias de nuevas elecciones. Esa es la clase de coordinación que le gusta a Washington — y que la administración Trump debe teme que desaparezca con un presidente mexicano menos dócil. Es difícil decir cuánto podrá o podría hacer López Obrador si sale elegido, dadas las fuerzas organizadas contra él tanto en casa en como en el Norte. Pero si hay un candidato y un partido reformista en la competición, son López Obrador y el partido Morena.

En julio, los mexicanos podrán decidir si prefieren aspirar a algo mejor como nación más independiente —si pueden defender el derecho a unas elecciones libres y justas.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).