Alexander Main
The Hill, March 19, 2015

En inglés

El vicepresidente Joe Biden es un hombre con una misión. Durante las últimas semanas, el encomendado por la Casa Blanca para América Latina ha empeñado todos sus esfuerzos en persuadir al Congreso a que apruebe una solicitud de mil millones de dólares para Centroamérica. En dos artículos de opinión, en el New York Times y en The Hill, Biden ha sostenido que dicho dinero podría ayudar a catapultar a la región en lo económico, y abrirle el camino a la “próxima historia de éxitos del hemisferio occidental”. Sin embargo, el plan de los mil millones de dólares de Biden ya se ha enfrentado a resistencia en el Congreso, no menos por parte de sus copartidarios demócratas.  “Hemos gastado miles de millones de dólares [en Centroamérica] durante las últimas dos décadas”, destacó recientemente el senador Patrick Leahy (D-VT); “…y hemos visto cómo las condiciones se han deteriorado en Honduras, Guatemala, y El Salvador”.

No cabe duda de que a esta triada de países – conocida como “Triángulo norte”– la vendría bien un poco de ayuda externa.  Los aterradores niveles de violencia y las condiciones económicas sensibles han motivado a una cantidad cada vez mayor de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, incluyendo a decenas de miles de niños, a huir a países vecinos y a los EE.UU. El aparente propósito del plan de Biden es de prevenir que estos países se sumerjan en una espiral cada vez mayor de caos económico y social.  Pero, ¿habrá algo que indique que el paquete de ayuda propuesto funcionará, cuando evidentemente ese no ha sido el caso de la asistencia anterior?  

Se prevé que el financiamiento en materia de ayuda al desarrollo para Centroamérica se incrementará en 400% en el marco del plan de Biden, con la mayor parte de los fondos destinada al Triángulo del Norte.  La solicitud de presupuesto [PDF] por parte de la Casa Blanca señala que buena parte de ese dinero se orienta a “apoyar los objetivos prioritarios” identificados en el plan de la Alianza para la Prosperidad” que el Banco Interamericano de Desarrollo le ayudó a redactar a los tres gobiernos el año pasado. Entre estos objetivos, se mencionan inversiones muy necesarias en educación, salud y vivienda. 

No obstante, el plan de la “Alianza” parece enfocarse en gran parte en atraer formas de inversión extranjera que, se puede decir, han empeorado la vida de muchos centroamericanos, con muy poco impacto positivo sobre la situación económica en general. Esto incluye inversiones en llamados “sectores estratégicos” – la industria textil, la agroindustria y el turismo – que, con demasiada frecuencia, ofrecen sueldos de miseria a los trabajadores y provocan el desplazamiento de pequeños agricultores y de comunidades enteras, cuyos derechos y reivindicaciones históricas en torno a la tierra rara vez reciben el respaldo de las autoridades.

La asistencia en materia de seguridad también aumentaría de forma significativa bajo la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para Centroamérica. Los fondos destinados a la ayuda para el Control Internacional de Narcóticos y la Ejecución de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) en Centroamérica se duplicarían, al pasar de $100 millones en el año fiscal 2014 a $205 millones para el año fiscal 2016.  Dicha asistencia, basada fundamentalmente en la “guerra contra el narcotráfico” por parte de EE.UU., incluye un extenso apoyo a las fuerzas policiales y militares de la región, pese a abundantes informes que señalan su participación en matanzas extrajudiciales y otras violaciones serias a los derechos humanos.  Todos los fondos INCLE serían canalizados mediante la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés), un mecanismo notoriamente opaco de cooperación multilateral, dejando así al público y a los miembros del Congreso con escasa idea de dónde y cómo se utilizarán dichos fondos.

Son pocas las pruebas de que la asistencia estadounidense en materia de seguridad haya funcionado en Centroamérica; cuando en realidad muchos defensores de derechos humanos [PDF] señalan la monumental impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y del ejército, al mismo tiempo que consideran que EE.UU. simplemente le ha estado añadiendo leña al fuego. Docenas de miembros del Congreso también han alzado su voz de preocupación y han solicitado, por ejemplo, que se suspenda toda ayuda al gobierno de Honduras por parte de EE.UU. en materia de seguridad, mientras que las autoridades se nieguen a investigar y encausar los abusos a los derechos humanos.  

Como lo ha reconocido Biden: sin voluntad política, el plan de la Casa Blanca para Centroamérica no tiene posibilidad alguna de éxito. Él expresa confianza en que los líderes del Triángulo del Norte estén comprometidos en llevar a cabo “las difíciles reformas e inversiones que se requieren para abordar los desafíos entrelazados de la región en materia de seguridad, gobernanza y economía”.

Existen razones para cuestionar seriamente el análisis del  Vicepresidente.  Puede que el gobierno de Honduras se haya comprometido a extender el acceso a la salud y la educación en el marco de la “Alianza para la Prosperidad”, pero en la práctica ha anunciado miles de despidos en el sector público y ha lanzado una sostenida ofensiva contra los sindicatos de educadores.  Según el Departamento del Trabajo de EE.UU., las autoridades hondureñas y guatemaltecas han fracasado a la hora de proteger los derechos laborales más básicos, como lo son el derecho a organizarse y a la negociación colectiva, al igual que el derecho a un sueldo mínimo.  ¿Querrá el gobierno de Obama de veras invertir en gobiernos que pisotean los derechos de los trabajadores?   

También son pocas las razones para creer que los gobiernos de Honduras y Guatemala estén preparados a enfrentar de forma seria la corrupción y los abusos institucionalizados, o luchar contra una impunidad desenfrenada. El partido de gobierno en Honduras disolvió una comisión de reforma policial respetada e independiente y se negó a aplicar alguna de las medidas recomendadas por dicha comisión para remendar el aparato corrupto y destrozado de seguridad pública en el país. Retrocesos similares se han vivido en Guatemala, con la anulación de la sentencia por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt y la decisión por parte de la Corte Constitucional de acortarle el mandato de forma prematura a la ampliamente reconocida procuradora general independiente, Claudia Paz y Paz.

Bienvenido sea que, como resultado de la irrupción sin precedentes de migrantes menores de edad el verano pasado, el gobierno de Obama finalmente le esté prestando atención a una crisis que ha estado ardiendo durante muchos años en el Triángulo del Norte. Pero, en vez de simplemente echarle más dinero a un sistema en pedazos, debería en primer lugar tratar de examinar por qué la asistencia estadounidense no ha estado funcionando en estos países. 

Biden, al igual que otros altos cargos de EE.UU., ha tomado partido por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los programas de ayuda de EE.UU., lo cual representaría un fructuoso primer paso. Un segundo paso sería escuchar a las organizaciones de derechos humanos y a los trabajadores en los mencionados países. Su mensaje ha sido inequívoco: “dejen de alimentar a la bestia”.  No más asistencia en seguridad a gobiernos que no exigen que sus cuerpos policiales y militares rindan cuentas por actos criminales. De igual modo: no más ayuda al desarrollo que se canalice primordialmente hacia élites nacionales enquistadas e intereses multinacionales, sin consideración por los derechos de los trabajadores o de las comunidades.  Es hora de repensar la ayuda externa a Centroamérica.


Alexander Main es Socio Principal para Política Internacional en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), con un enfoque en la política externa de EEUU  hacia Latinoamérica y el Caribe.