Lara Merling and Leo Baunach
Página/12, 9 de octubre, 2019

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El programa del FMI fracasó y la deuda es insostenible. ¿Qué sucede después? El gobierno de Mauricio Macri deja atrás un nuevo acuerdo fallido del organismo multilateral, una economía en ruinas, indicadores de pobreza que se disparan y una importante carga de deuda en dólares. La extensión de los plazos de vencimiento de la deuda en moneda local no es una solución. Solo pospone la reestructuración de toda la deuda al próximo gobierno. Cómo se realizará esa reestructuración todavía no está claro porque no existe un mecanismo ordenado para hacer frente a los problemas de sustentabilidad de las deudas soberanas.

Cuando las empresas o individuos se enfrentan a deudas insostenibles cuentan con mecanismos claros para llevar adelante un proceso de quiebra. Lo que suele acontecer es que un juez evalúa la capacidad del deudor para pagar y determina cuánto recibirá cada acreedor. No existe un mecanismo similar para los Estados soberanos. A los países se los pone a negociar con una amplia variedad de acreedores que poseen distintos intereses en jurisdicciones diferentes. Es un proceso que puede extenderse por años y afectar la recuperación económica.

Argentina encaró negociaciones con sus acreedores después del default de la crisis de 2001-2002 y en 2005 alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos. Fue un proceso que pareció exitoso y fue realizado de forma que le permitió al país ganar espacio para recuperarse. Sin embargo, un grupo de fondos buitre estadounidenses rechazó el acuerdo y arrastró a la Argentina a un extenso litigio para forzar los pagos. Las cortes norteamericanas son una jurisdicción amistosa para estos acreedores predatorios. El fallo que en 2014 favoreció a los fondos buitre llevó artificialmente al país a un nuevo default al bloquear el pago de los vencimientos para el al resto de los acreedores hasta que los buitres cobrasen sus reclamos. Esto dejó al país fuera del mercado internacional de deuda y permitió que unos pocos especuladores tomen a todo un país de rehén.

El conflicto reavivó el interés por crear un mecanismo global para desarrollar reestructuraciones de deuda soberana. En 2015 las Naciones Unidas aprobaron una resolución que contenía una serie de principios para guiar esos procesos. La medida obtuvo un respaldo enorme aunque seis países con un enorme peso en las finanzas globales votaron en contra: Canadá, Alemania, Israel, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó una detallada hoja de ruta sobre cómo implementarlo. Sin embargo, ese mecanismo todavía no existe en la práctica.

Argentina fue uno de los principales impulsores del proyecto inicial en las Naciones Unidas. Esto terminó cuando Macri llegó al poder. Su administración le pagó a los buitres que, en algunos casos, embolsaron ganancias globales de hasta 1270 por ciento. El paso siguiente de Macri fue emitir una enorme cantidad de deuda denominada en dólares. Y cuando sus políticas pro-mercado no lograron la prosperidad prometida, el gobierno argentino recurrió al FMI para un programa de financiamiento record de 57.000 millones de dólares.

Discusiones anteriores incluyeron una iniciativa del FMI de 2002 para crear un mecanismo para la reestructuración de deudas soberanas que se frenó ante la oposición estadounidense. El Fondo volvió a respaldar la reforma cuando el asunto reemergió durante las etapas finales del litigio de los fondos buitres contra Argentina. El impulso del organismo para crear un mecanismo multilateral justo es bienvenido, aunque las Naciones Unidas constituyen el espacio adecuado para esa discusión. El FMI no es un actor neutral en las reestructuraciones. Con frecuencia, es un acreedor que tiene prioridad al momento de llevar adelante esas renegociaciones o provee un préstamo que le permite al país mantenerse a flote durante las negociaciones y luego posibilita el pago a los acreedores privados.

El FMI es uno de los principales acreedores externos de la Argentina y jugará un papel determinante en la reestructuración de la deuda. Al comienzo del préstamo, el FMI realizó proyecciones poco realistas para el crecimiento del país que le permitieron sostener la cuestionable conclusión de que el país contaba con capacidad de repago. Cualquier supuesto similar debería ser mirado con escepticismo.

Durante buena parte del programa del FMI una importante porción del crédito financió la fuga de capitales mientras que los argentinos sufrieron las medidas de austeridad. Ahora, el FMI podría presionar por más recortes que garanticen la disponibilidad de recursos para hacer frente a los vencimientos. Las políticas impulsadas por el FMI constituyen austeridad para los ricos, no para los acreedores. Un informe elaborado por el Experto Independiente sobre deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, describe como la carga de la deuda y las medidas impulsadas por las instituciones financieras internacionales causan violaciones de derechos humanos, recortes en los servicios públicos, destrucción de empleo y mayor desigualdad.

La comunidad internacional debería acordar un mecanismo justo para resolver los problemas de las deudas soberanas que evite que los intereses de los acreedores y un sistema roto afecten el desarrollo humano y nacional.