Dean Baker
MDZ Online, 25 de enero, 2016

New York Times, 12 de enero, 2016

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Prácticamente todos los altos ejecutivos norteamericanos comparten un sueño: librarse de los impuestos a los beneficios de las grandes empresas. Para muchos, eso significa hacer lobby en el Congreso a fin de cambiar las leyes fiscales. Pero, para un número cada vez mayor, implica también el desarrollo de trucos creativos y exitosos —que les permitan evadir sus obligaciones fiscales.

La moda más reciente es la refundación de la corporación (“corporate inversion” en inglés). En estos últimos años, algunas de las empresas más grandes del país se las han arreglado para caer bajo la toma de control de empresas más pequeñas convenientemente radicadas en las Bahamas o en algún otro paraíso fiscal. Una empresa tiene entonces que pagar impuestos sólo en ese paraíso fiscal; se libra completamente del impuesto estadounidense al beneficio empresarial. Por ejemplo, Pfizer, la gran empresa farmacéutica, cayó bajo la toma de control de una empresa mucho más pequeña con sede en Irlanda con un impuesto de sociedades más bajo.

Aun cuando los EEUU tienen legalmente el impuesto de sociedades más elevado del mundo desarrollado, trucos como las deducciones impositivas o los agujeros fiscales han ido erosionando el ingreso público durante décadas. Los impuestos pagados por las grandes empresas representaban ya sólo un 1,9% del PIB en 2014. Mucho menos que el 2,6% de los años 70, aun si los beneficios andan ahora cercanos al nivel de posguerra en proporción al ingreso nacional.

La administración Obama busca acabar con el truco de la refundación de la corporación, pero está perdiendo la batalla. Aparecerán otros trucos. Lo que nos deja solamente frente a dos caminos. Si sacamos menos dinero de las grandes empresas, tenemos que acudir a otras fuentes de ingreso. O bien podemos adoptar un enfoque radicalmente nuevo en relación con la fiscalidad de las grandes empresas.

El juego de la evasión fiscal trae consigo un enorme despilfarro de recursos y energía. Nos gustaría que Pfizer se centrara en el desarrollo de mejores medicamentos, y que no se extraviara por la vía de reducir su carga fiscal. El sector empresarial en su conjunto dedica una enorme cantidad de dinero y de energía intelectual al juego de la evasión fiscal, lo que no contribuye en nada a la economía. Muchos de los magos empleados en el diseño de esos esquemas consiguen hacerse muy ricos con la práctica de este juego: el juego de la evasión fiscal es un factor nada despreciable de la desigualdad de ingresos.

Por todas esas razones, deberíamos explorar otras vías mejores para hacernos con una parte del beneficio empresarial para destinarla a propósitos públicos. Afortunadamente, una vieja idea podría venir aquí muy al punto.

Supongamos que, en vez de gravar fiscalmente los beneficios de las grandes empresas, pidiéramos a las empresas la cesión al Estado de un determinado volumen de sus acciones en forma de participaciones sin derecho a voto. Podemos discutir sobre el porcentaje luego aunque preferiríamos igualar lo que idealmente tendríamos que estar consiguiendo con el presente esquema fiscal, es decir, presumiblemente, entre el 17% y el 35%. Pero limitémonos ahora a dilucidar el principio.

Las participaciones no serían transferibles, salvo en el caso de fusiones o adquisiciones, pero, por lo demás, podrían considerarse como cualesquiera otras participaciones. Si la empresa pagara un dividendo a sus otros tenedores de acciones, tendría que pagar también al Estado el mismo dividendo proporcional a su participación. Si recomprara un 10% de sus acciones, también debería recomprar un 10% de las acciones del Estado al mismo precio. En caso de adquisición, el comprador tendría que pagar al Estado el mismo precio por acción que al resto de tenedores.

Por esta vía no hay forma de que la empresa escape a sus obligaciones fiscales. Una porción de cualquier beneficio que realice irá a pagar automáticamente al Estado. También eliminará el enorme costo y despilfarro asociado al cumplimiento y evitación de las obligaciones fiscales. (Habría, desde luego, algunos costos de inicio y de control, pero nada remotamente parecido a lo actual.) Y los ingresos federales subirían, porque las empresas tendrían un incentivo para hacer lo que resulta más beneficioso, y no lo que minimiza sus obligaciones fiscales.

Si adoptáramos ese sistema y Pfizer decidiera irse a Irlanda, su comprador tendría que comprar la participación del Estado al mismo precio que pagara por el resto de las participaciones en Pfizer. Y dado que presumiblemente exigiríamos que las empresas extranjeras que hicieran una parte substancial de sus beneficios en los Estados Unidos nos cedieran participaciones, la empresa irlandesa seguiría pagando impuestos aquí también.

Idealmente, el reemplazo del impuesto sobre la renta con la emisión de acciones sería obligatorio. Pero se lo podría hacer de manera opcional. Podríamos dar a las empresas la opción de pagar el impuesto actual o dar el porcentaje indicado de acciones al gobierno. Si elegimos la cantidad correcta, muchas empresas escogerían la opción de las acciones. Eso serviría para hacernos avanzar bastante y también para facilitar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) se centre en las empresas que no optaron por el arreglo. Ellos nos han dicho con sus acciones que piensan que pueden escapar a su obligación tributaria. 

No se trata de una idea nueva: ha sido un popular “¿qué pasaría?” entre los economistas académicos durante años. Pero nadie ha intentado introducirlo en los debates políticos porque, hasta hace poco, el sistema de impuestos de las grandes empresas funcionó razonablemente bien. Usted no tiene que ser un militante de izquierda para reconocer que, cada vez más, esto ya no es el caso.

Sustituir el régimen de impuestos para las grandes empresas con un sistema de propiedad de acciones no sería una buena noticia para la industria de la evasión fiscal, ni para las empresas que más evaden a los impuestos. Pero sería una gran ganancia para casi todos los demás.  


Dean Baker es especialista en macroeconomía y codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington D.C. Traducción por Casiopea Altisench, Becca Watts y Alex Main.