Mayo 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs

Este estudio analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el Gobierno de EEUU desde agosto de 2017; y encuentra que la mayor parte del impacto de estas sanciones no se ha producido en el Gobierno, sino en la población civil.

Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables.

Incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un Gobierno paralelo, que, como se muestra a continuación, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas.

Encontramos que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 000 muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU, y parecería ser que también violan la legislación estadounidense.

Traducción por Francesca Emanuele.

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