17 Mayo 2013
Abril 2013, Alexander Main y Annie Bird
El 11 de mayo, 2012 un operativo antidroga realizado conjuntamente por agentes de Honduras y de Estados Unidos en el municipio remoto de Ahuas en el noreste de Honduras resultó en la muerte de cuatro campesinos indígenas sin vínculos aparentes con el narcotráfico. Los cuatro individuos – un adolescente de 14 años, dos mujeres y un hombre joven – viajaban en una embarcación de transporte de pasajeros cuando fueron matados a tiros por agentes antidrogas. Otros tres pasajeros de la embarcación resultaron gravemente heridos.
Según las autoridades hondureñas, la operación incluyó a 13 agentes de la policía hondureña, cuatro helicópteros con fusiles livianos y ametralladoras del Departamento de Estado, ocho pilotos contratados por el gobierno estadounidense y 10 agentes de la Agencia Antidroga (DEA) de los Estados Unidos. En febrero 2013, Dawn Dearden, portavoz de la DEA, dijo que la investigación hondureña del incidente había “concluido que los agentes de la DEA no dispararon ni una sola ronda” y que la conducta del personal de la DEA fue coherente con los protocolos, políticos y procedimientos actuales de la DEA.
Aunque 58 miembros del Congreso recientemente solicitaron una investigación estadounidense de las muertes de Ahuas, un portavoz del Departamento de Estado ha dicho que “no habrá una investigación aparte.”
En el siguiente informe, damos un vistazo a como la investigación del Ministerio Público hondureño del incidente fue conducido, y examinamos el reporte sobre la investigación que el Fiscal General de Honduras, Luis Rubí, quien encabeza el Ministerio Público, entregó al Departamento de Estado. Encontramos que tanto la investigación como el reporte tienen defectos graves incluyendo omisiones principales de testimonios claves y exámenes forenses, una descripción y análisis de un solo lado de los eventos, y “observaciones” (en lugar de conclusiones) que no están apoyadas por las evidencias citadas.
