Washington, DC y Bogotá ― El Center for Economic and Policy Research (CEPR) aplaude la decisión anunciada el miércoles de que el gobierno colombiano abandonará el sistema de arbitraje de inversión (ISDS por sus siglas en inglés), el cual permite a las empresas demandar a gobiernos por la pérdida de “beneficios futuros” cuando estas alegan que las regulaciones impiden la ejecución de sus proyectos. Varios economistas y juristas de CEPR firmaron una carta pública dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro esta semana, y CEPR fue una de las organizaciones que convocaron una conferencia el martes sobre las formas en que el sistema de arbitraje de inversión obstaculiza las regulaciones para proteger el medio ambiente, a los trabajadores y la salud pública.

“Nos alegra ver que Colombia se suma a Brasil, Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador, Bolivia y varios países europeos que recientemente se han alejado del sistema de arbitraje de inversión en tratados comerciales y de inversión”, dijo el director de política internacional de CEPR, Alex Main. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que el primer gobierno de Trump negoció para reemplazar el TLCAN, también eliminó este mecanismo entre Estados Unidos y Canadá, y lo limitó respecto a México.

El gobierno de Petro formuló su anuncio a menos de un mes de que Colombia albergue la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los combustibles fósiles en Santa Marta, entre el 24 y el 29 de abril.

El arbitraje de inversión tradicionalmente ha favorecido a las empresas multinacionales a costa de los gobiernos y las comunidades locales. En la carta enviada a Petro el lunes, 220 economistas y académicos en derecho advirtieron que “el arbitraje de inversión permite a las multinacionales extranjeras eludir las cortes nacionales y presentar demandas contra los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje, que con frecuencia otorgan sumas millonarias por presuntos daños a sus inversiones. El arbitraje de inversión es asimétrico por diseño, ya que otorga amplias protecciones a los inversionistas extranjeros que no están disponibles para las empresas nacionales ni para los ciudadanos del país anfitrión”.

Los firmantes de la carta, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, subrayaron que durante el gobierno de Petro, Colombia “ha detenido la firma de nuevos contratos de exploración de combustibles fósiles y ha impulsado una ambiciosa agenda de transición energética. No obstante, Colombia cuenta con 129 proyectos de hidrocarburos que estarían cubiertos bajo el arbitraje de inversión, lo que expone al país a reclamaciones por miles de millones de dólares”.

La carta indica que Brasil, que ya no participa en este sistema, es “el mayor receptor de inversión extranjera de América del Sur”.

El martes, Irene Vélez, ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y la senadora (y candidata a la presidencia de Colombia) Clara López acompañaron a los economistas Ha-Joon Chang y Andrés Araúz; y a expertos legales y en comercio internacional, incluyendo a Melinda St. Louis, Ladan Mehranvar, Daniel Rangel y María Angélica Prada, durante una conferencia en Bogotá organizada por los profesores Enrique Prieto y Rafael Tamayo de la Universidad del Rosario, titulada “ Arbitraje de Inversión y La Transición Energética Justa: Colombia En Una Encrucijada”.

“Aplaudimos el anuncio del presidente Petro”, dijo Mario Osorio, investigador de CEPR. “Esperamos que Colombia ahora ayude a guiar a otros países a abandonar el sistema de arbitraje de inversión y a buscar alternativas que permitan la regulación de la inversión extranjera en materia de medio ambiente, sanidad pública y otros ámbitos. Tal como señalaron economistas y juristas esta semana, el arbitraje de inversión se ha interpuesto demasiadas veces ante medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Al dejar atrás este sistema, Colombia da un paso importante hacia la transición para abandonar los combustibles fósiles”. 

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