Washington, DC — Exfuncionarios ecuatorianos, prominentes juristas internacionales y ex relatores de la ONU han advertido que un Tratado Bilateral de Inversión previsto entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos volvería a integrar a Ecuador en el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por la pérdida de “ganancias futuras” a causa de normativas de protección del medio ambiente, de protección de los trabajadores, protección de la seguridad de los consumidores u otras normativas de interés público. La Constitución de Ecuador prohíbe el arbitraje de inversiones, y los votantes han rechazado el levantamiento de esta prohibición en dos referendos. En una carta enviada esta semana al ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, 26 exministros ecuatorianos y otros funcionarios públicos de alto rango instaron a los Emiratos Árabes Unidos a no ratificar el tratado. Su carta se suma a un llamamiento similar hecho por juristas internacionales y expertos legales a la Corte Constitucional de Ecuador. 

“Los tratados de inversiones son más fuertes cuando se basan en un fundamento jurídico claro y estable”, afirmó Guillaume Long, investigador principal del CEPR, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y signatario de la carta dirigida a los Emiratos Árabes Unidos. “Los ex funcionarios de alto nivel del Gobierno y juristas internacionales están expresando su preocupación por la durabilidad de un acuerdo que es incompatible con la Constitución ecuatoriana y con la voluntad popular expresada a través de procesos democráticos”. 

En la nueva carta, ex funcionarios de alto nivel del Gobierno ecuatoriano argumentan que el tratado entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos se sustenta en una base constitucionalmente controvertida y podría sufrir impugnaciones legales en el futuro. Entre los signatarios, además de Long, se encuentran los ex ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño y María Isabel Salvador; los expresidentes de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, Gabriela Rivadeneira y Viviana Veloz; los exministros de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre y Fausto Herrera; y el exministro de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, entre otros. Advierten de que la incertidumbre legal no ofrece una base estable para las relaciones de inversión a largo plazo y argumentan que Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos pueden seguir profundizando la cooperación económica sin recurrir al sistema de arbitraje inversor-Estado.

Esta carta llega después de otra enviada a la Corte Constitucional de Ecuador el 10 de junio por 16 prominentes juristas internacionales, exjueces, ex relatores especiales de la ONU y ex funcionarios de derechos humanos. Los signatarios argumentaron que la sentencia de la Corte en marzo de 2026, que se aprueba el tratado entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, restablece efectivamente el arbitraje de inversiones a pesar del artículo 422 de la Constitución de Ecuador, la propia sentencia de la Corte en 2023 contra provisiones similares en el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, y del referéndum de abril de 2024, en el que casi el 65 por ciento de los votantes rechazó una enmienda constitucional que habría permitido el sistema de arbitraje inversor-Estado.

Entre los signatarios se encuentran los exjueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño, el exjuez español Baltasar Garzón, el exjuez de la Corte Constitucional y ex fiscal general de Colombia Luis Eduardo Montealegre, y el ex Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter. En su carta argumentan que la Corte está obteniendo, mediante interpretación judicial, un resultado que no se habría podido lograr mediante una reforma constitucional o un voto popular. Los signatarios también expresan su preocupación por el contexto más amplio en torno a la sentencia, incluidos los cuestionamientos sobre la independencia judicial y las relaciones conocidas entre actores vinculados al poder ejecutivo y jueces titulares mientras el caso se encontraba en fase de debate. 

Las cartas llegan en un momento de creciente oposición internacional contra el arbitraje de inversiones. A principios de este año, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Colombia tramitará su retirada del sistema. El arbitraje de inversiones fue también un tema central en la conferencia de Bogotá, “Economía para la Vida”, y en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la que gobiernos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas expresaron sus preocupaciones por el impacto del sistema de arbitraje inversor-Estado en la toma de decisiones democráticas, la política climática y la capacidad del gobierno para legislar en beneficio del interés público.  

“Este debate se está dando a nivel internacional, no solo en Ecuador”, afirmó Mario Osorio, investigador del CEPR. “Los gobiernos analizan cada vez más si el sistema de arbitraje inversor-Estado sirve al interés público o limita su capacidad para adoptar políticas que reflejan las prioridades democráticas. Los ciudadanos ecuatorianos han optado una y otra vez por mantener los límites constitucionales al ISDS. Respetar esas decisiones es fundamental para la legitimidad y estabilidad a largo plazo de cualquier inversión”. 

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