22 Noviembre 2011
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 18 de noviembre, 2011
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Imagínese que un organizador de la oposición en Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, fuera asesinado en plena luz del día por hombres armados y enmascarados, o secuestrado y asesinado por los guardias armados de un partidario conocido del gobierno. Esto sería noticia de primera plana en el New York Times, y en todos los noticieros de televisión. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitiría una fuerte declaración mostrando su preocupación por los graves abusos contra los derechos humanos. Si es que algún día eso llegaría a suceder en uno de estos países.
Ahora imagínese que 59 de este tipo de asesinato político hayan ocurrido este año, y 61 el año anterior. Mucho antes de que el número de víctimas alcanzara este nivel, se convertiría en un asunto importante para la política exterior de Estados Unidos, y Washington estaría pidiendo sanciones internacionales.
Pero estamos hablando de Honduras, no de Bolivia o Venezuela. Por lo tanto, cuando el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, llegó a Washington el mes pasado, el presidente Obama le dio una cálida bienvenida y le dijo:
Hace dos años, vimos un golpe de Estado en Honduras que amenazaba con alejar al país de la democracia, y en parte debido a la presión por la comunidad internacional, pero también por el fuerte compromiso a la democracia y el liderazgo del presidente Lobo, lo que hemos estado viendo es una restauración de las prácticas democráticas y el compromiso a la reconciliación que nos da una gran esperanza.
Por supuesto, el presidente Obama se negó a reunirse con el presidente democráticamente elegido que fue derrocado por ese golpe de Estado que el presidente Obama menciona, a pesar de que este presidente viajó a Washington tres veces en busca de ayuda después del golpe. Se trata del presidente Mel Zelaya, un presidente de centro-izquierda que fue derrocado por los sectores militares y conservadores de Honduras después de haber instituido una serie de reformas apoyado por los votantes, como el aumento del salario mínimo y leyes promoviendo una reforma agraria.
Pero lo que más enfureció a Washington fue que Zelaya se acercara a los gobiernos de izquierda de América del Sur, incluyendo a Venezuela. No tenía relaciones más estrechas con Venezuela que Brasil o Argentina, pero esto fue un crimen de oportunidad. Por lo tanto, cuando los militares hondureños
derrocaron a Zelaya en junio de 2009, el gobierno de Obama hizo todo lo posible durante los siguientes seis meses para asegurarse de que el golpe tuviera éxito. La “presión de la comunidad internacional” a la que Obama se refirió en la declaración anterior vino de otros países, sobre todo de gobiernos de izquierda y de centro-izquierda en Sudamérica. Estados Unidos luchó desde el otro lado – y en última instancia con éxito – para legitimar el gobierno golpista a través de una “elección” que el resto del hemisferio se negó a reconocer.
En mayo de este año, Zelaya declaró públicamente lo que la mayoría de nosotros que íbamos siguiendo de cerca a estos acontecimientos ya suponíamos era cierto: que Washington había estado detrás del golpe y ayudó a que ocurriera. Aunque es probable que nadie se moleste en investigar el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado, esto es bastante plausible dada la abrumadora evidencia circunstancial.
Porfirio Lobo asumió el cargo en enero de 2010, pero la mayor parte del hemisferio se negó a reconocer su gobierno debido a que su elección se llevó a cabo en un contexto de graves violaciones de derechos humanos. En mayo de 2011, un acuerdo fue finalmente negociado, en Cartagena, Colombia que permitió la reintegración de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Pero el gobierno de Lobo no ha cumplido con su parte de los acuerdos de Cartagena, que incluye cumplir con garantías de los derechos humanos a la oposición política.
Aquí figuran dos de las decenas de asesinatos políticos que han ocurrido durante la presidencia de Lobo, recopiladas por la Red de Líderes Religiosos de Chicago para América Latina (Chicago Religious Leadership Network on Latin América- CRLN):
Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), fue asesinado y luego decapitado aproximadamente a las 8 pm en su casa en La Concepción, una empresa cooperativa. Su esposa, Reina Irene Mejía, también fue baleada a muerte al mismo tiempo. Pedro ya había sufrido un intento de asesinato en diciembre de 2010 […] Salgado, al igual que los presidentes de todas las cooperativas que reclaman derechos a la tierra utilizadas por empresarios del aceite de palma africana en el Aguán, había sido objeto de constantes amenazas de muerte desde el comienzo de 2011.
La valentía de estos activistas y organizadores frente a esta terrible violencia y represión es increíble. Muchos de los asesinatos en el último año han ocurrido en el Valle del Aguán en el noreste, donde los pequeños agricultores están luchando por los derechos a la tierra contra uno de los más ricos terratenientes de Honduras, Miguel Facussé. Él está produciendo biocombustibles en esta región, en tierras que están en disputa. Facussé tiene relaciones muy cercanas a Estados Unidos y respaldó fuertemente el golpe de 2009 contra Zelaya. Su fuerza de seguridad privada, junto a la fuerza militar y la policía, respaldadas por Estados Unidos, son responsables por la violencia política en la región. La ayuda de Estados Unidos a los militares hondureños ha incrementado desde el golpe de Estado.
Cables diplomáticos de Estados Unidos recientemente publicados por WikiLeaks muestran que funcionarios de Estados Unidos han sabido desde 2004 que Facussé ha estado traficando grandes cantidades de cocaína. Dana Frank, una profesora de la Universidad de California en Santa Cruz, quien es una experta en Honduras, lo resumió en la revista, The Nation, el mes pasado: “los fondos y el entrenamiento de Estados Unidos para la ‘guerra contra las drogas’, en otras palabras, están siendo utilizados para apoyar la guerra de un conocido traficante de drogas en contra de los campesinos.”
La militarización de la guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos también está llevando a Honduras por un camino desastroso parecido al de México, y esto en un país que ya cuenta con una de las tasas de homicidio más altas del mundo. El New York Times informa que el 84% de la cocaína que llega a Estados Unidos ahora pasa por Centroamérica, en comparación con el 23% en 2006, cuando Calderón asumió el poder en México y lanzó su guerra contra las drogas. El Times también señala que “los funcionarios estadounidenses dicen que el golpe de 2009 abrió de una patada la puerta a los carteles [de las drogas]” en Honduras.
Cuando voté por Barack Obama en 2008, nunca pensé que su legado en Centroamérica sería el regreso del gobierno de los escuadrones de la muerte, como el que Ronald Reagan tan vigorosamente apoyaba durante la década de 1980. Pero eso parece ser el caso para Honduras.
La administración de Obama ha ignorado hasta ahora la presión ejercida por ciertos miembros demócratas del Congreso que piden el respeto a los derechos humanos en Honduras. Estos esfuerzos continuarán, pero Honduras necesita la ayuda del Sur. Fueron los países de América del Sur que encabezaron los esfuerzos de tratar de revertir el golpe de 2009. Aunque Washington finalmente los derrotó, no deben abandonar a Honduras en este momento en el que personas parecidas a sus amigos y seguidores en América del Sur son asesinadas por un gobierno respaldado por Estados Unidos.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
