28 10:11:00 Octubre 2022
Traducción por Romina Muni
Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, obtuvo una gran victoria para la democracia a principios de este año cuando el Congreso derogó la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país. Esta legislación permitió la creación de zonas especiales de gobierno con “autonomía funcional y administrativa” del gobierno nacional. Las zonas permitieron a los inversionistas crear sus propios sistemas de gobierno, reglamentaciones y tribunales, dando lugar a la experimentación de privatización con el fin de crear un “entorno legal adecuado… para lograr competitividad a nivel internacional”.
Esta política fue muy controvertida y se ganó la oposición de los sindicatos hondureños, los campesinos, las organizaciones indígenas e incluso los grupos empresariales más grandes del país. Según lo descrito por el Departamento de Estado de EE. UU., las zonas “eran ampliamente impopulares, incluso entre gran parte del sector privado, y se las consideraba un vector de corrupción”. Cuando la presidenta Castro propuso abolir esta política, la legislatura hondureña la derogó por unanimidad.
La administración Biden ha argumentado que la corrupción es una de las mayores barreras para el desarrollo en Centroamérica. La “Estrategia de EE. UU. para abordar las raíces de la migración en Centroamérica” de la administración Biden promete “[p]riorizar una agenda anticorrupción…”. Pero cuando este objetivo entra en conflicto con otros, como la promoción de las inversiones de EE. UU., ¿cuál es más importante? Un informe reciente del Departamento de Estado que critica al presidente Castro por eliminar la ley ZEDE sugiere que los intereses privados tienen prioridad sobre la transparencia pública y la rendición de cuentas.
“Compromiso con el Estado de Derecho Comercial”
Aparentemente, la agenda de la administración Biden para Centroamérica está destinada a abordar la “raíz de las cuestiones” que conducen a la migración a los EE. UU. Pero la fuerte dependencia de la atracción de inversiones privadas de corporaciones multinacionales socava muchos de los objetivos más loables de este plan. Al ignorar la explotación corporativa de la tierra y de los trabajadores en sí misma como una de las raíces de la migración, los planes de la Casa Blanca terminan apoyando a algunas de las empresas que son las mismas que crean los problemas que busca resolver.
Cada año, el Departamento de Estado de EE. UU. publica “Informes sobre clima para inversiones” para países de todo el mundo, identificando las políticas exteriores que se consideran beneficiosas o perjudiciales para los intereses de las empresas estadounidenses. Los informes sirven como una señal para los inversionistas, pero también ayudan a dar forma a las prioridades del gobierno en su interacción con otros países y con diplomáticos estadounidenses que “trabajan con países socios para abordar estas barreras…”.
El Informe sobre clima para inversiones 2022 para Honduras es el primer informe de este tipo que el gobierno de EE. UU. emite para el gobierno de la presidenta Castro, quien obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del año pasado. Una de las claves del éxito de su coalición fue su promesa de abordar la corrupción desenfrenada en la política hondureña encarnada por el presidente anterior, Juan Orlando Hernández (“JOH”), quien ahora está acusado en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Cuando Castro ganó las elecciones presidenciales del año pasado, el Departamento de Estado la felicitó y dijo que la ayudaría a “combatir la corrupción”. Sin embargo, cuando eligió comentar sobre la derogación de la ley ZEDE, el Departamento de Estado condenó la medida con duros términos: “el gobierno [hondureño] se ha expuesto a sí mismo a una carga de responsabilidad potencialmente importante ante la cual responder y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el Estado de derecho comercial”.
El informe critica a Castro por haber eliminado la impopular política en vez de “intentar implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de la ZEDE”. La medida, afirman, “contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno con las protecciones para la inversión requeridas por los tratados internacionales”.
La condena del gobierno de EE. UU. contradice directamente sus compromisos públicos contra la corrupción. Aunque los promotores de la ZEDE afirman que la autonomía de las zonas proporciona a los hondureños y a los inversionistas extranjeros una alternativa al sistema legal “corrupto” hondureño, el modelo en realidad combina la falta de rendición de cuentas públicas y profundos conflictos de interés con el financiamiento secreto, creando así un ambiente perfecto para la corrupción.
A las zonas se les permite crear “su propia policía, así como agencias encargadas de la investigación criminal, inteligencia, enjuiciamiento y… un sistema penitenciario”. Sin embargo, estas agencias privadas no tienen la obligación de compartir información con los ciudadanos locales e incluso pueden decidir unilateralmente limitar su cooperación con las autoridades gubernamentales de Honduras. Una zona, Ciudad Morazán, ha declarado que la policía hondureña no puede ingresar “sin invitación y supervisión”.
Las zonas mismas son aprobadas y constituidas en secreto. El organismo creado en la ley de 2013 para supervisar el desarrollo de las ZEDE, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), ha sido objeto de escrutinio por su falta de transparencia y su carácter antidemocrático. Si bien los miembros originales del comité internacional tenían que ser ratificados por el Congreso, el comité puede reemplazar a sus propios miembros sin supervisión. Nadie sabe quién está actualmente en ese comité, a pesar de las múltiples solicitudes de divulgación presentadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil en virtud de las leyes de acceso a la información. Una lista de miembros de 2013 incluye a exintegrantes del Grupo de Alcance para Centroamérica de Ronald Reagan y actores problemáticos como Ebal Díaz, un exasesor de JOH que pudo haber huido del país recientemente para evitar una investigación por corrupción.
El CAMP, con sus miembros no electos, tiene una cantidad desproporcionada de poder en Honduras. Hay tres zonas que se conocen fueron aprobadas por el CAMP a puertas cerradas, pero el comité aún tiene que publicar información sobre otras zonas bajo consideración. En áreas de baja densidad poblacional en las costas norte y sur de Honduras, el CAMP tiene autoridad exclusiva para aprobar nuevas zonas, sin que se necesite la aprobación del Congreso. El CAMP puede incluso intervenir en la formulación de políticas internas de una zona e influir en la selección de quien la lidere, la “Secretaría Técnica”. Mientras tanto, nada impide que los miembros del CAMP ocupen posiciones de poder en los gobiernos de las ZEDE.
De hecho, la corrupción es una de las únicas razones por las cuales se implementó la política ZEDE. Después del golpe de estado de 2009 contra el esposo de Xiomara Castro, el entonces presidente Manuel Zelaya, el gobierno golpista de Honduras lanzó su primer intento de crear jurisdicciones especiales, para el placer de los ricos inversionistas libertarios de los EE. UU. Paul Romer, un economista ganador del Premio Nobel que ayudó a inspirar la política, rápidamente se distanció de ella, citando preocupaciones sobre la falta de transparencia.
La política, entonces conocida como la ley de “Regiones Especiales de Desarrollo” (RED), fue rápidamente cuestionada por grupos indígenas, afroindígenas y de derechos territoriales de todo el país. Pronto fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Honduras. En 2012, la legislatura hondureña respondió a esto reemplazando a cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema. El único juez que votó a favor de las zonas RED, Oscar Chinchilla, fue posteriormente nombrado Fiscal General de Honduras. Una vez eliminada toda oposición judicial, se reintrodujo la ley ZEDE modificada y se la agregó formalmente a la constitución nacional. Por lo tanto, la aprobación misma de la ley fue posible gracias a que las élites hondureñas inclinaron la ley en beneficio de los inversionistas.
¿Quién se beneficia?
La primera zona que se abrió en Honduras, “Próspera”, rápidamente se convirtió en un imán para la polémica. Provocó la resistencia del pueblo cercano de Crawfish Rock, donde el proyecto interfirió en los asuntos locales y el acceso al agua. Más recientemente, la zona se ha unido al país vecino de El Salvador en aceptar Bitcoin como moneda. Si bien Próspera afirma adherirse a los estándares contra el lavado de dinero, organizaciones como Fitch Ratings y el Fondo Monetario Internacional han advertido que dicha política podría aumentar las oportunidades para el lavado de dinero.
¿Quiénes son los inversores que respaldan estos proyectos zonales? Nadie lo sabe con seguridad. “Honduras Próspera, LLC” es una subsidiaria registrada de NeWay Capital, una firma de inversión con sede en Washington, DC. El CEO de NeWay Capital, Erick Brimen, se refiere a sí mismo como “Fundador y CEO de Próspera” y es miembro del Consejo de Síndicos que gobierna la zona. Él también ha sugerido al Financial Times que el proyecto Próspera contaba con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.
Muchos de los miembros de la junta de Próspera e inversionistas conocidos están asociados con el movimiento libertario de “ciudades libres” y la política conservadora en general. Uno de los inversores es Pronomos Capital, un fondo dirigido por el nieto de Milton Friedman y respaldado por el multimillonario de extrema derecha Peter Thiel. Otro es Free Private Cities Inc., cuyo CEO comentó en una entrevista que Próspera puede ser selectiva sobre a quién se permite ingresar a la zona: el gobierno privado “se reserva el derecho de no aceptar delincuentes graves, comunistas e islamistas”.
A pesar de la derogación de la ley que autorizó su existencia, las ZEDE continúan operando actualmente. El gobierno de Honduras insiste en que éstas se reorganicen de manera tal de seguir los estándares legales utilizados por otras zonas económicas especiales, pero Próspera ha sugerido que ignorará dichos estándares. La empresa aprovechó el informe del Departamento de Estado para afirmar que no tiene que cambiar nada, argumentando que “[l]a derogación de la ley ZEDE no puede interpretarse legalmente como la eliminación de las ZEDE existentes”. Incluso en la derrota, estos territorios privados se niegan a reconocer la autoridad superior del gobierno hondureño.
La rendición de cuentas y la democracia deben ser la prioridad
Al condenar la derogación de la ley ZEDE, el Departamento de Estado sigue poniendo los intereses del sector empresarial estadounidense por encima de las intenciones que ha declarado tener sobre Centroamérica. De hecho, tal postura revela una lealtad al “Estado de derecho comercial” a expensas del Estado de derecho democrático. Al dar prioridad a las empresas de inversión con sede en los EE. UU., como NeWay Capital, sobre la transparencia básica, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática participativa, el gobierno de los EE. UU. está contribuyendo a los problemas que aquejan a la región.
En una nación donde la corrupción ya está profundamente arraigada, las zonas gubernamentales privadas con turbios flujos de efectivo y poca supervisión pueden servir como caldo de cultivo para el juego sucio. Si la administración Biden se tomase en serio el abordaje de las causas que son la raíz de la migración forzada en Centroamérica y realmente quisiera apoyar a la democracia constitucional en la región, entonces debería reconocer el fin de las ZEDE como un positivo paso adelante.
