Washington, DC — El ataque militar ilegal de la administración Trump contra Venezuela y la violación de la soberanía nacional venezolana deben ser ampliamente condenados, afirmaron hoy directores del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Los bombardeos militares estadounidenses contra territorio venezolano ocurridos a primera hora de esta mañana, así como el secuestro reportado del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores por fuerzas de Estados Unidos, son ilegales según el derecho internacional, se llevaron a cabo sin autorización del Congreso o —según se informa— sin notificación previa, y sientan un precedente extremadamente peligroso, advirtieron.

Si bien funcionarios de la administración estadounidense describieron inicialmente el ataque de esta mañana como una operación de carácter policial, las declaraciones del presidente Trump realizadas más temprano —en las que afirmó que Estados Unidos pasaría a “administrar Venezuela” y que empresas estadounidenses se harían cargo de la infraestructura petrolera— indican que el objetivo real sería un cambio de régimen y una ocupación estadounidense de largo plazo, similar a la invasión y ocupación de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Si estas afirmaciones reflejan un plan concreto, entonces Estados Unidos se ha embarcado en una guerra abierta, no autorizada y no provocada, de duración indefinida, contra un país que no representa ninguna amenaza creíble para la seguridad nacional estadounidense.

“Se trata de una agresión ilegal contra un país que no representa ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y el propio Trump ha afirmado reiteradamente que va tras el petróleo del país, que tiene las mayores reservas probadas del mundo” señaló Mark Weisbrot, codirector de CEPR. “Solo uno de cada cinco estadounidenses, según la encuesta más reciente, manifestó su apoyo a una intervención militar de este tipo. La mayoría de la población rechaza que su gobierno formule planes y amenazas y emprenda acciones que lo hagan parecer una empresa criminal. Trump ha demostrado repetidamente que no tiene ningún respeto por el derecho internacional”.

Según reportan los medios, el ataque militar estadounidense contra Caracas se llevó a cabo sin notificar previamente al Congreso, incluyendo a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. La administración Trump no ha presentado ante el Congreso de Estados Unidos ningún fundamento para una guerra contra Venezuela y, como señala Axios, “altos funcionarios de Trump habían declarado previamente ante el Congreso que Estados Unidos no buscaba derrocar a Maduro y que solicitaría autorización del Congreso para cualquier operación terrestre en Venezuela”. Varios congresistas están llamando a que se vote de nuevo una Resolución de Poderes de Guerra (WPR, por sus siglas en inglés).

​​La administración Trump ha esgrimido pretextos cambiantes para justificar su agresión contra Venezuela, centrados en supuestas actividades de narcotráfico atribuidas a Maduro. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado prueba alguna que respalde esas acusaciones, las cuales han sido ampliamente desacreditadas y desestimadas por funcionarios estadounidenses, tanto en funciones como retirados, así como por especialistas.

No está claro cuáles podrían ser los próximos pasos del ataque de Estados Unidos contra Venezuela, y las posibles consecuencias son aún más inciertas. Funcionarios venezolanos han reportado muertes de civiles y militares, aunque la magnitud de las víctimas humanas sigue sin estar clara. El presidente Trump dijo hoy que “nosotros vamos a administrar” Venezuela y sugirió que podría ordenar nuevos ataques militares dentro del país. También amenazó con posibles acciones estadounidenses dentro de México y advirtió al presidente colombiano, Gustavo Petro, que “se cuide el trasero”. En la actualidad, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del gobierno de Maduro permanecen en sus cargos.

Jefes de Estado y otros líderes mundiales han condenado las acciones de Estados Unidos en Venezuela, entre ellos el presidente de Brasil, Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el gobierno de Sudáfrica, entre otros. Muchos otros, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han llamado a una desescalada. Figuras destacadas de todo el espectro político, como el alemán Roderich Kiesewetter desde la derecha, el británico Jeremy Corbyn desde la izquierda y la francesa Marine Le Pen desde la extrema derecha, han condenado la violación de la soberanía nacional de Venezuela por parte de Estados Unidos.

Las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que indicó que el secretario general de la ONU, António Guterres, se encuentra “profundamente preocupado porque no se han respetado las normas del derecho internacional” y “exhortó a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho”. Como ha señalado Guillaume Long, investigador sénior de CEPR, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y exembajador ante las Naciones Unidas, las acciones de Estados Unidos vulneran el Artículo 2(4) y comprometen la integridad del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

El ataque de hoy contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y de la primera dama Flores constituyen el episodio más reciente de una serie de esfuerzos de cambio de régimen impulsados por Estados Unidos en Venezuela a lo largo de más de 20 años. Documentos del Departamento de Estado y de la CIA revelaron el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado fallido de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Aquel golpe, que fue rápidamente revertido, dio paso a un cierre patronal en la industria petrolera que devastó la economía venezolana, seguido por un referéndum revocatorio en 2004, respaldado por Washington, que fue contundentemente derrotado en las urnas. Posteriormente, la primera administración Trump intentó abiertamente forzar la salida de Maduro al reconocer como “presidente” a un político de derecha, Juan Guaidó, quien llamó de manera explícita a un derrocamiento militar del gobierno venezolano.

A partir de 2017, la primera administración Trump impuso sanciones económicas cada vez más perjudiciales contra Venezuela, que en gran medida se mantuvieron durante la administración Biden. Estas sanciones han sido un factor determinante del colapso económico del país y de la posterior migración masiva, como ha demostrado Francisco Rodríguez, investigador sénior de CEPR, en múltiples estudios revisados por pares. Un informe de CEPR de 2019, elaborado por Mark Weisbrot y el economista de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs, concluyó que las sanciones económicas de Estados Unidos provocaron varias decenas de miles de muertes en Venezuela tan solo en 2017–2018. Rodríguez estima que las sanciones estadounidenses alimentaron un colapso económico equivalente a tres Grandes Depresiones.

“Las acciones del presidente Trump son alarmantes y peligrosas, y constituyen una traición absoluta a su promesa de campaña de mantener a Estados Unidos al margen de guerras innecesarias. Si, como sugieren sus declaraciones más recientes, Trump continúa interviniendo militarmente en Venezuela, las consecuencias podrían ser desastrosas para los venezolanos y potencialmente también para los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, que corren el riesgo de verse arrastrados a una guerra letal y prolongada. Otros países de la región deberían estar igualmente profundamente preocupados, ya que cada vez resulta más evidente que el llamado corolario Trump a la Doctrina Monroe implica la afirmación de la dominación estadounidense en toda América Latina, recurriendo a vagas acusaciones de ‘narco-terrorismo’ como coartada para una agresión constante”, afirmó Alexander Main, director de Política Internacional de CEPR.

CEPR ha estado monitoreando de manera continua la evolución de la agresión de la administración Trump contra Venezuela y contra otros países de la región, así como sus ejecuciones extrajudiciales ilegales en el Caribe y el Pacífico, y continuará haciéndolo aquí.

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