Más de 220 expertos prominentes han suscrito una carta pública dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro, en la que exhortan a ese país a liderar acciones nacionales e internacionales para revertir las cláusulas de arbitraje de inversión en los tratados comerciales y de inversión.

[BOSTON, EE. UU./BOGOTÁ, COLOMBIA] 23 de marzo de 2026 – Más de 200 economistas y académicos prominentes han emitido una contundente carta pública en la que instan a cambios decisivos en las políticas para hacer frente a un importante obstáculo para la acción climática mundial: los mecanismos de arbitraje de inversión (ISDS por sus siglas en inglés). 

Esta petición está respaldada por expertos como el premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty y Laurence Tubiana, arquitecta clave del Acuerdo de París, además de numerosos exrelatores especiales de la ONU y exministros de finanzas y comercio. Su apoyo resalta la necesidad urgente de no desaprovechar esta oportunidad para allanar el camino hacia una eliminación más amplia y estructurada del sistema de arbitraje de inversión en el ecosistema de las inversiones globales.

Incorporado en miles de tratados internacionales de comercio e inversión, el arbitraje de inversión permite a las empresas extranjeras presentar demandas contra los Estados por políticas de interés público, lo que suele derivar en condenas cuantiosas para los gobiernos. La carta argumenta que el arbitraje de inversión constituye un obstáculo crítico para la acción climática y que las empresas lo han utilizado para impugnar políticas ambientales legítimas a costa de medidas para la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

La carta está dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro mientras Colombia se prepara para albergar la Primera Conferencia Internacional para la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, durante el mes de abril en Santa Marta. El arbitraje de inversión ocupará un espacio central en la agenda de la conferencia, y la carta sostiene que el evento presenta una oportunidad para lanzar una alianza de países comprometidos con el desmantelamiento de dicho sistema.

“Los acuerdos derivados de disputas entre inversionistas y estados (ISDS por sus siglas en inglés) tienen la trayectoria de ser muy favorables a corporaciones extranjeras a costa de las comunidades locales, el medioambiente y los planes de desarrollo económico de los países involucrados”, dice Joseph Stiglitz. Colombia tiene razón al abandonar ISDS y reconocer cómo ISDS complica los esfuerzos para dejar atrás los combustibles fósiles y confrontar la crisis climática”. 

Para países como Colombia, los riesgos son especialmente elevados. Con al menos 129 proyectos petroleros y gasíferos en su territorio cubiertos por cláusulas de arbitraje de inversión, Colombia se encuentra expuesta a demandas multimillonarias. Si bien el presidente Petro ha anunciado su intención de revertir el sistema de arbitraje de inversión, su país aún no sigue la senda de naciones como Ecuador, Bolivia, Sudáfrica, India e Indonesia, que dieron por terminados los acuerdos de inversión respaldados por estos mecanismos tras determinar que no favorecían sus intereses nacionales. La Unión Europea también abandonó el Tratado sobre la Carta de la Energía por preocupaciones sobre la protección que brinda a las inversiones en combustibles fósiles. 

“Los tratados de inversión bilateral han convertido en arma la capacidad de las empresas globales para restringir el espacio destinado a políticas esenciales en demasiados países”, dice Jayati Ghosh, profesora del Departmento de Economía, University of Massachusetts at Amherst. “Pero la evidencia muestra que la eliminación de esos acuerdos no afecta negativamente a las inversiones extranjeras. Es el momento de que muchos gobiernos pongan las necesidades y los derechos de su propia población y de su país por encima del poder del capital privado al terminar esos tratados”. 

“ISDS no es malo solamente porque pone a las empresas multinacionales por encima del medioambiente y los derechos humanos, sino también porque crea un sistema legal expedito que les otorga privilegios injustos sobre empresas locales y porque da a esas corporaciones ‘licencia para matar’ regulaciones gubernamentales con amenazas de arbitrajes multimillonarios”, dice Andrés Arauz del Center for Economic and Policy Research.

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Contacto de prensa: [email protected]

Organizadores de la carta:

• Boston University Global Development Policy Center: El Boston University Global Development Policy Center es un centro de investigación orientado a las políticas públicas, que promueve la estabilidad financiera, el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental a lo largo del planeta a través de rigurosas investigaciones interdisciplinarias, participación en el debate político y comunicaciones estratégicas.

• Center for Economic and Policy Research: A través de investigaciones y análisis rigurosos e independientes, el Center for Economic and Policy Research promueve el debate democrático sobre temas que afectan la vida de las personas en Estados Unidos y otras regiones.
  
• Public Citizen: Public Citizen es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los consumidores y cuenta con más de un millón de miembros y simpatizantes. La organización aboga por el interés público mediante la defensa de la democracia, la resistencia al poder corporativo y la lucha para garantizar que el gobierno trabaje para las personas, y no para las grandes corporaciones.