30 Junio 2021
MarketWatch
ALAI, 1 de julio de 2021
Perú se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en Estados Unidos en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elección fue robada.
Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su régimen y promete liberarlo de la prisión si es elegida. Él fue condenado por corrupción y por su papel en brutales violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupción que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucción de la justicia.
Acusaciones sin fundamento
Las autoridades electorales del Perú, los observadores electorales nacionales e internacionales y otros expertos coinciden en que no hay fundamento para las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, y que sus impugnaciones al recuento de votos no pueden cambiar los resultados. Pero —al igual que Trump y sus partidarios de la insurrección del 6 de enero— ella no se rinde. Y cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los medios de comunicación del Perú, incluidos los noticieros de televisión. Cientos de militares retirados ya han llamado a un golpe de Estado si su oponente, Pedro Castillo, un maestro de izquierda de escuela rural, es confirmado como presidente.
Su última jugada en curso es tratar de convencer al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, de invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una “auditoría” de las elecciones. Esta es una jugada peligrosa, como saben quienes han seguido la historia reciente de la OEA, especialmente bajo el actual secretario general Luis Almagro.
En octubre de 2019, la OEA tuvo un papel fundamental en volcar los resultados de una elección presidencial democrática en Bolivia, que había sido ganada por el actual presidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país con el mayor porcentaje de indígenas en las Américas. La OEA, que había enviado observadores a las elecciones, emitió un comunicado al día siguiente expresando “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”.
Un golpe de Estado en Bolivia respaldado por Trump
Pero no existió tal cosa, y como informaría más tarde el New York Times, la declaración “errónea” de la OEA “aumentó las dudas sobre la imparcialidad del voto y alimentó una cadena de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana”. Esto se refiere al golpe militar respaldado por Trump que reemplazó al Gobierno de Morales por uno que cometió dos masacres de indígenas a la semana de tomar el poder.
Era fácil demostrar que las acusaciones de la OEA eran falsas, y esto se hizo de inmediato. No hubo un “cambio drástico o difícil de explicar en la tendencia” de este recuento de votos preliminar, como admitiría en privado un alto funcionario electoral de la OEA apenas un día después. Lo único que sucedió fue que los votos que se reportaron al final del conteo, provinieron de áreas más favorables al presidente y su partido. Este fenómeno —diferencias políticas entre áreas que informan en diferentes momentos; por ejemplo, rural versus urbano, o con mayor pobreza versus con mayores ingresos— es conocido para cualquiera que haya visto en el televisor los resultados de cualquier elección.
El hecho de que la OEA —respaldada por el Gobierno de Trump— produjera varias declaraciones e informes sobre la elección de Bolivia sin siquiera abordar esta obvia explicación indica que sus repetidas declaraciones falsas no fueron errores técnicos sino mentiras deliberadas.
Legisladores del Congreso de Estados Unidos —que proporciona la mayor parte de los fondos de la OEA— han planteado repetidamente estas mismas preguntas a los funcionarios de la OEA —incluido Almagro— durante más de un año y medio. No han recibido respuestas sustanciales y han exigido una investigación. Lo más probable es que eventualmente obtengan una.
Mientras tanto, Perú no puede permitirse una “auditoría” de la OEA como la que hicieron para Bolivia en 2019 (también completamente desacreditada).
Tácticas de dilación
Las autoridades electorales del Perú han determinado que Pedro Castillo obtuvo 44 000 votos más que Keiko Fujimori. Sin embargo, aún no lo han declarado presidente electo, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de Keiko Fujimori a los resultados electorales.
Este es un problema grave porque, a mayor espera, más tiempo tiene Fujimori —con la ayuda de la mayoría de los medios— para sembrar dudas sobre la legitimidad de la elección y seguir diversas estrategias, posiblemente incluso un golpe militar, para revertirla. Una estrategia de la derecha es retrasar la proclamación oficial del presidente electo mas allá del 28 de julio, cuando se supone que debería asumir el poder. De suceder así, el presidente del Congreso podría asumir el cargo, aumentando la probabilidad de que haya más caos y desestabilización.
Las autoridades electorales están evaluando los recursos de Fujimori. Sin embargo, es claro que esto no puede continuar indefinidamente.
En cuanto a la OEA, su Misión de Observación Electoral en el Perú para esta elección ha coincidido hasta ahora con las autoridades electorales peruanas en que la elección fue limpia. Mantengámoslo así.
