20 Enero 2023
El 5 de diciembre de 2022, el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe titulado “Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis” (Efectos de derrame regional de la crisis venezolana), que evalúa las causas de la crisis económica de Venezuela, las causas de la emigración récord del país y el impacto que esta afluencia de emigrantes venezolanos ha tenido en los países vecinos. Aunque se trata de temas de investigación dignos de estudio y el informe tiene mucho valor, los autores Álvarez et al. omiten curiosamente una pieza fundamental del rompecabezas y uno de los factores más importantes que contribuyen a la actual situación económica y humanitaria de Venezuela: las sanciones económicas de Estados Unidos.
En agosto de 2017, la Administración Trump promulgó la Orden Ejecutiva 13.808, por la que se prohibía al gobierno de Venezuela, incluida la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas conjuntas, el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Aunque Estados Unidos ya había impuesto sanciones a determinadas personas y entidades venezolanas con anterioridad, incluso en virtud de la O.E. 13.692 de la administración Obama, que declaró una emergencia nacional estadounidense con respecto a Venezuela, las sanciones de agosto de 2017 marcaron el inicio de una serie de sanciones radicales que definirían el enfoque de la administración Trump con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las sanciones se intensificaron aún más junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo a partir de 2019, más notablemente con la designación de PDVSA como entidad sancionada el 28 de enero, y la imposición en 2020 de sanciones secundarias contra las compañías navieras involucradas en el transporte de petróleo venezolano. La gran mayoría de estas sanciones siguen vigentes en la actualidad.
El impacto de estas sanciones ha sido rápido y desastroso, sobre todo en la producción de petróleo de Venezuela, que es la principal fuente de ingresos extranjeros del país. Aunque no cabe duda de que hay múltiples factores que han contribuido a la precipitada caída de la producción de petróleo de Venezuela – de 2,4 millones de barriles diarios (bpd) antes de la crisis, a un mínimo de 0,4 millones de bpd a mediados de 2020 –, una preponderancia de pruebas apunta a las sanciones de EE. UU. como un motor significativo de la disminución. Un análisis de 2022 realizado por uno de los autores de este post, Francisco Rodríguez, atribuye la pérdida de 797.000 bpd a las sanciones financieras de 2017. Otros estudios que utilizan diferentes metodologías han fijado esta cifra en 698.000 bpd (por Equipo Anova 1), y de 616.000 a 1.023.000 bpd (por Luis Oliveros). Y un reciente artículo de Rodríguez en la revista Latin American Economic Review utiliza la variación de la producción en la cuenca del Orinoco para estimar el impacto de las sanciones entre 255.000 y 637.000 bpd.
A pesar de estos impactos bien documentados, las sanciones de EE. UU. a Venezuela se mencionan en el cuerpo del informe de 61 páginas del FMI sólo dos veces. Una vez, el informe sí parece insinuar algunos efectos adversos de las sanciones, aunque sugiriendo que se han mitigado: “Venezuela ha podido colocar su crudo pesado en el mercado asiático con un descuento sustancial en el precio, aliviando en parte el impacto de las sanciones.” Sin embargo, la otra mención a las sanciones resta importancia específicamente a su impacto: “El fuerte descenso [de la producción de petróleo], que precedió a la
introducción de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos en enero de 2019, reflejó factores tanto internos como externos.”2
Esta última aserción es una afirmación repetida a menudo que, en el mejor de los casos, es engañosa. Si bien es cierto que el inicio del declive de la producción de petróleo, y de hecho el inicio de la propia crisis económica, precedieron a las sanciones financieras de 2017, esto no es en absoluto una prueba de que las múltiples oleadas de sanciones no hayan tenido un efecto causal significativo. De hecho, aunque la magnitud del impacto difiere entre las series de datos disponibles, todas muestran un descenso acelerado de la producción de petróleo tras la imposición de sanciones (ver Figura 1).
Figura 1
Fuente: OPEP. Republicado de Francisco Rodríguez, “How Sanctions Contributed to Venezuela’s Economic Collapse,” Global Americans, 9 de enero de 2023.
El reto de evaluar el impacto de las sanciones consiste en comparar este descenso acelerado con una hipótesis contrafactual en la que no se hubieran impuesto sanciones. Aunque una estimación de este tipo nunca puede ser exacta, esto es precisamente lo que intentan hacer los estudios citados mediante diversas metodologías econométricas, y cada uno de ellos concluye que una parte significativa del descenso de la producción de petróleo es atribuible a las sanciones, como cabría esperar por su propia naturaleza e intención.
Esta omisión del informe del FMI es especialmente flagrante, dado que cita una larga lista de supuestas causas del desplome del petróleo, entre ellas algunas de las que hay pocas evidencias:
“la caída de la producción de petróleo se explica por el colapso mundial de los precios del petróleo en 2015, la grave mala gestión del sector petrolero a nivel nacional, la disminución de la inversión sectorial (reflejada por una caída en el recuento de plataformas petrolíferas a cero en junio de 2020), y una pérdida de capital humano … Además, los cortes de energía fueron otro factor, impactando en la producción de petróleo y la actividad económica en general.”
Aunque es posible que parte de la caída inicial de la producción respondiera a la caída de los precios, estos comenzaron a recuperarse en 2017, momento en el que otros países que habían experimentado un descenso similar vieron cómo su producción repuntaba. Venezuela no lo hizo. La “disminución de la inversión sectorial,” por su parte, se debe en parte a las sanciones, y el número de plataformas petrolíferas se mantuvo dentro de los límites históricos hasta que se impusieron las sanciones. Una cosa sería sostener que las sanciones no son la causa principal del colapso; otra muy distinta es excluirlas de una larga lista de causas para las que existen diversos grados de evidencia.
En particular, el único estudio citado en el informe que se refiere directamente al impacto de las sanciones es Bahar et al. (2019). Dejando de lado la práctica irregular de citar exclusivamente un estudio no arbitrado, mientras se omiten la evidencia proveniente de estudios arbitrados, es importante poner el estudio de Bahar et al. (2019) en contexto. El artículo se publicó en mayo de 2019, apenas cuatro meses después de la imposición de las sanciones petroleras. No hace ninguna afirmación sobre el efecto de las sanciones petroleras, sino que se centra puramente en el efecto de las sanciones financieras de 2017. Aun así, sus afirmaciones son bastante limitadas, ya que los autores argumentan que no hay “contrafactuales plausibles o suficientes datos disponibles públicamente para estimar rigurosamente un efecto causal en este momento.”
Desde la publicación del artículo de Bahar et al. (2019), así como el de Hausmann y Muci (2019), un artículo publicado más o menos al mismo tiempo y que hacía afirmaciones similares, se han dado a conocer más de tres años de producción de petróleo. Los datos más recientes, que se han utilizado en los artículos citados anteriormente y se muestran en la Figura 1, son fuertemente consistentes con la tesis de que las sanciones tuvieron un impacto significativo en la producción de petróleo. Algunos de los autores de estos artículos incluso han revisado significativamente sus opiniones. Por ejemplo, Frank Muci escribió recientemente: “Las sanciones petroleras golpearon fuertemente a Venezuela en 2019, aunque el tamaño exacto del efecto no está claro.” En otras palabras, la única investigación citada por el FMI sobre el efecto de las sanciones está tan desactualizada en este momento que es en gran medida irrelevante.
Tras el análisis de la disminución de la producción de petróleo de Venezuela, el informe del FMI pasa a explorar las repercusiones económicas y humanitarias más amplias de la crisis del país, incluido el debilitamiento de los servicios sociales, el aumento de la frecuencia de los apagones, el incremento de los índices de pobreza, enfermedad y malnutrición, y la falta de acceso a las vacunas COVID-19. Pero en ningún momento se menciona en el informe el hecho de que cada una de estas variables se ve afectada por las sanciones. En un país que depende en gran medida del petróleo – antes de las sanciones de 2017, el petróleo representaba el 95% de las exportaciones de Venezuela – el colapso de la producción de petróleo se ha reflejado en una caída del 72% del PIB per cápita, que a su vez está estrechamente vinculado a una variedad de resultados de salud. En el punto álgido de la crisis, la tasa de pobreza venezolana alcanzó el 93%. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs mostraron que alrededor de 40.000 venezolanos murieron solo en 2018 como resultado de un aumento inusual de la mortalidad y argumentaron: “es prácticamente seguro que las sanciones económicas de EE. UU. contribuyeron sustancialmente a estas muertes.”
Es por estas razones que el congresista estadounidense Jim McGovern (D-MA), entonces presidente del poderoso Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribió al presidente Biden en mayo de 2021, pidiéndole que “levante todas las sanciones secundarias y sectoriales impuestas a Venezuela por la Administración Trump.” Señaló que “el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado, y a propósito así…. todo el punto de la campaña de ‘máxima presión’ es aumentar el costo económico para Venezuela de no cumplir con las condiciones que impone Estados Unidos. El dolor económico es el medio por el que se supone que funcionan las sanciones.”
Más allá de los efectos generales de la contracción económica y la pérdida de divisas con las que comprar alimentos y medicinas, las sanciones de EE.UU. también han contribuido a que envíos de vacunas sean retenidos por bancos reticentes a procesar transacciones venezolanas, a la degradación de la red energética impulsada en parte por la dificultad para acceder a nuevas piezas y que provoca frecuentes cortes de electricidad, al deterioro de la sanidad pública, la educación, el agua y otros servicios públicos; y mucho más. En última instancia, según la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, las sanciones a Venezuela han “impedido la obtención de ingresos y el uso de recursos para mantener y desarrollar infraestructuras y para programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente – aunque no sólo – en quienes viven en la pobreza extrema, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o potencialmente mortales, y la población indígena.”
La omisión por parte del FMI de pruebas del impacto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela no es un descuido menor. Las sanciones son una parte integral de la historia del colapso económico de Venezuela y de la crisis migratoria resultante que ha visto a millones de venezolanos abandonar su país. Sin tener en cuenta adecuadamente este hecho, el informe cierra preventivamente la puerta a considerar la respuesta política potencial más impactante: alejarse de la política de “máxima presión” de la era Trump y levantar las sanciones que han contribuido poderosamente a los desafíos económicos de Venezuela. Las recientes medidas de la administración Biden en este sentido han sido positivas, pero completamente insuficientes.
Esta lección puede extrapolarse a otros países fuertemente sancionados, como Cuba, que actualmente atraviesa graves dificultades económicas y su mayor crisis migratoria en décadas. Aunque la administración Biden ha hecho del “tratamiento de las causas profundas” un lema clave de su política hacia la migración, aparentemente ha excluido las sanciones de su definición de “causas profundas.”
Las omisiones de este informe son tan flagrantes que generan serias preocupaciones sobre hasta qué punto la integridad del trabajo técnico del FMI puede haberse visto comprometida por la influencia desmesurada de Estados Unidos en el organismo multilateral. El hecho de que un informe del FMI evite tratar seriamente con los daños causados por la política estadounidense debería añadir aún más peso a los llamamientos que se vienen haciendo desde hace tiempo para la reforma democrática de la gobernanza del FMI.
En definitiva, “Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis” es un informe relativamente menor, y gran parte de su análisis sigue siendo valioso a pesar de esta omisión. Pero es emblemático de una elusión más amplia, sistemática y perniciosa del análisis crítico con los profundos costes humanos de las políticas de sanciones estadounidenses, tanto en organizaciones intergubernamentales como el FMI, como en gran parte de los medios de comunicación (la BBC, por ejemplo, no mencionó las sanciones ni una sola vez en su cobertura del informe del FMI). Al excluir esta pieza del rompecabezas, los autores no sólo no captan la imagen completa de la crisis económica de Venezuela, sino que hacen un flaco favor a los muchos venezolanos cuyo bienestar depende de que el gobierno estadounidense afronte el profundo sufrimiento que ha causado y haga lo necesario para revertirlo: poner fin a estas medidas económicas coercitivas equivocadas y perjudiciales.
- Desde entonces, la metodología del Equipo Anova ha sido criticada por Rodríguez, pero esta crítica no se extiende a su estimación final de la disminución de la producción de petróleo
- Esta instancia va acompañada de un gráfico que compara la producción de petróleo de Venezuela con la introducción de sanciones en 2017 y 2019. Este gráfico es la única vez que se hace referencia a las sanciones financieras de 2017 en el informe y, contrariamente a la narrativa del texto, parece evidenciar el impacto adverso de las sanciones financieras sobre la producción de petróleo.
