12 Marzo 2015
Mark Weisbrot
Al Jazeera America, 10 de marzo, 2015
Ayer la Casa Blanca dio un nuevo paso hacia el teatro de lo absurdo al “anunciar una emergencia nacional, en vista de la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos que plantea la situación en Venezuela”, como lo señaló Barack Obama en una carta al Presidente de la Cámara, John Boehner.
Queda por ver si algún integrante de la prensa que cubre las noticias de la Casa Blanca tendrá el valor de preguntar qué es lo que el Ejecutivo de la nación habrá querido decir con eso. ¿Venezuela estará financiando un inminente ataque terrorista al territorio estadounidense? ¿Estará planificando una invasión? ¿Será que está construyendo un arma nuclear?
¿A quiénes creen que le están tomando el pelo? Algunos dirán que este lenguaje se incluye porque es necesario, según la ley estadounidense, para poder imponer la más reciente ronda de sanciones contra Venezuela. Pero resulta ser un argumento pobre decirle al mundo entero que el presidente puede, cuando no le conviene, obviar el estado de derecho estadounidense con mentiras.
Ese fue el enfoque que adoptó el ex presidente Reagan en 1985, cuando hizo una declaración similar con el objetivo de imponer sanciones, incluyendo un embargo económico, contra Nicaragua. Al igual que la Casa Blanca de hoy, Reagan se proponía derrocar a un gobierno democráticamente electo, que no fuera del gusto de Washington. Además del embargo, fue capaz de emplear la violencia paramilitar y terrorista en un exitoso esfuerzo por destruir la economía nicaragüense y derrocar a su gobierno (los sandinistas volvieron al poder en el 2007 y hoy son el partido de gobierno).
El mundo ha seguido avanzando y Washington se queda atrás. Venezuela cuenta hoy en día con el categórico respaldo de sus vecinos, en contra de lo que casi todo gobierno en la región entiende como un intento de desestabilizar al país.
El 11 de febrero, todos los países del hemisferio, exceptuando EE.UU. y Canadá, declararon que “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reitera su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional”. De esta forma respondían a las sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela que Obama suscribió en diciembre para convertirlas en ley.
¿No leyó usted nada acerca de ello en los medios de comunicación en inglés? Probablemente tampoco haya podido percatarse de la reacción inmediata del Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) al error garrafal cometido por la Casa Blanca: “UNASUR rechaza cualquier intento de injerencia externa o interna que pretenda interrumpir el proceso democrático en Venezuela, ya sea de orden interno o externo”.
De acuerdo con documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU., Washington fue involucrado en el breve golpe militar en Venezuela del año 2002; le “proporcionó entrenamiento, consolidación institucional y otras formas de apoyo a individuos y organizaciones que estaban activamente involucradas en el fugaz derrocamiento” del Presidente Hugo Chávez y de su gobierno. EE.UU. no ha cambiado su política hacia Venezuela y ha seguido financiando grupos de oposición en el país. Cualquiera que esté mínimamente enterado de la historia reciente del conflicto entre EE.UU. y la región, por ejemplo el conflicto por el golpe militar de Honduras en el 2009 o el de las actuales sanciones, asumiría que Washington está involucrado en esfuerzos continuos por derrocar lo que ha sido durante más de una década su blanco No. 1 o 2 para un cambio de régimen.
El gobierno venezolano ha presentado ciertas pruebas creíbles de un golpe en curso: una grabación de un ex viceministro del interior leyendo un comunicado que evidentemente habría de emitirse luego del derrocamiento militar del gobierno electo, las confesiones por parte de algunos de los oficiales militares acusados y una conversación telefónica grabada entre dirigentes de oposición en la que validan que hay un golpe en marcha.
Podemos estar de acuerdo o desacuerdo en que dichas pruebas son suficientes (la mayor parte de esta información no ha sido difundida por los medios estadounidenses), pero no nos debe sorprender que los gobiernos de la región estén convencidos al respecto. Se han dado intentos de derrocar el gobierno democráticamente electo de Venezuela durante buena parte de los últimos 15 años. ¿Por qué ha de ser diferente ahora, cuando la economía se encuentra en recesión y apenas el año pasado hubo un esfuerzo por tumbar al gobierno? ¿Alguien conoce algún intento de derrocar un gobierno de izquierda en Latinoamérica sin la participación de Washington? Yo no.
En los principales medios estadounidenses e internacionales, vemos que Obama ha tomado un paso histórico al comenzar el proceso de normalización de relaciones con Cuba. Pero para los gobiernos Latinoamericanos, el delgado margen de credibilidad restaurada que dicha medida pudo lograr ha sido rápidamente anulado por la agresión contra Venezuela. Costaría mucho encontrar algún ministro de relaciones exteriores o presidente en la región que crea que las sanciones de EE.UU. tengan algo que ver con los derechos humanos o con la democracia. Basta con voltear a ver a México, donde los defensores de derechos humanos y periodistas son asesinados regularmente; o a Colombia, que durante años ha encabezado la lista de asesinatos de sindicalistas. En Venezuela no se ha visto nada comparable a tales pesadillas durante los pasados 16 años con Chávez o con el actual Presidente, Nicolás Maduro. No obstante, México y Colombia se ubican entre los más grandes receptores de ayuda de EE.UU. en la región, recibiendo financiamiento al ejército y a la policía, además de armamento.
El gobierno de Obama hoy está más aislado en Latinoamérica que incluso el gobierno de George W. Bush en su momento; sin embargo, a causa del gran desfase que existe entre los principales medios internacionales y el modo de pensar de los gobiernos regionales, esto no resulta evidente para quienes no estén familiarizados con los pormenores de las relaciones hemisféricas. Basta con conocer los autores de la legislación que impusieron sanciones a Venezuela en diciembre: el senador Robert Menéndez, próximo a ser imputado, y el senador republicano Marco Rubio, ambos ardientes defensores del embargo contra Cuba. Sin embargo, el gobierno anunció con orgullo que sus nuevas sanciones “van más allá de los requisitos de dicha legislación”.
La cara de Washington para Latinoamérica es de extremismo. Pese a ciertos cambios en otros ámbitos de la política exterior, como la reciente diplomacia de Obama hacia Irán, no ha cambiado mucho desde que Reagan nos advirtió que los sandinistas de Nicaragua estaban a “apenas dos días de carretera de Harlingen, Texas”. Fue ridiculizado por Garry Trudeau en “Doonesbury” y por otros medios satíricos. El refrito de Reagan que hace la Casa Blanca de Obama debe ser objeto del mismo trato.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. (www.cepr.net). También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy (www.justforeignpolicy.org ).
