El diario Miami Herald y otros medios han sugerido que Carlos Trujillo, un cubanoamericano que se desempeñó como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la primera administración de Trump, pronto podría ser nominado para “Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental o un puesto similar”, junto con el senador Marco Rubio como Secretario de Estado, en la nueva administración de Trump. Esto debería preocupar a cualquieraque apoye la soberanía y la autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe, y que se oponga a las diversas intervenciones de Estados Unidos y sus medidas  de cambio de régimenen la región. Trujillo no sólo es un ferviente partidario de letales sanciones económicas contra países como Cuba, sino que también habría jugado un papel clave al proporcionar y reafirmar el pretexto para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Trujillo promovió falsas denuncias de fraude electoral a favor de Evo Morales en las elecciones de 2019, a pesar de la falta de pruebas y la desacreditación de estas afirmaciones por parte de The New York Times, profesores de las universidades de Tulane y de Pensilvania, investigadores del Laboratorio de Datos y Ciencias Electorales del MIT (y su publicación en en línea del Washington Post), 133 economistas y estadísticos, un estudio de un estadístico de la Universidad de Michigan y varios informes del CEPR. Pero, como informó el diario Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había incitado al equipo de monitoreo electoral que denunciara un fraude generalizado, y presionó para que la administración Trump apoyara la destitución de Morales”. Apenas unos días después de que enfadados opositores de Morales atacaran las casas y los familiares de Morales y de miembros de su gabinete, incendiaran las oficinas del tribunal electoral y humillaran y arrastraran por las calles a una alcaldesa del MAS —y apenas dos días después de que Morales se viera obligado a dimitir y huir— Trujillo elogió las acciones de estas turbas en un discurso en la OEA. “Saludamos el coraje y la fuerza del pueblo boliviano que protestó contra un gobierno que intentaba robar una elección”, dijo Trujillo, antes de elogiar también a la policía y al ejército por sus acciones; la policía se había amotinado y los militares habían presionado a Morales para que dimitiera. La OEA, que recibe alrededor del 60 por ciento de su presupuesto del gobierno estadounidense, perpetuó agresivamente la narrativa del fraude electoral, comenzando el día después de la votación. Como informó The New York Times, esto “alimentó una cadena de acontecimientos que cambiaron la historia de la nación sudamericana. La oposición aprovechó la afirmación para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y expulsar a Morales del poder con apoyo militar semanas después”. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, incluso defendió el violento golpe —que fue seguido en breve por una sucesión de masacres de opositores indígenas al golpe— tuiteando que el “verdadero golpe” había sido llevado a cabo por la campaña de Morales. Almagro también atacó al diario The New York Times por su informe que desacreditó la narrativa del fraude electoral. Como embajador ante la OEA, Trujillo apoyó a otros líderes antidemocráticos, entre ellos el asesinado presidente haitiano de derecha Jovenel Moïse; el no electo y brevemente autoproclamado “presidente” de Venezuela, Juan Guaidó; y el hondureño Juan Orlando Hernández, quien ahora cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas. Trujillo también es un “halcón” intransigente en materia de inmigración que, según él ha señalado, podría ser el foco de la política hacia América Latina de la próxima administración Trump. Como informó The New Yorker el mes pasado: Trujillo había patrocinado un proyecto de ley para convertir en delito grave el reingreso al estado de Florida de inmigrantes deportados, y apoyó un proyecto de ley patrocinado por otro legislador estatal republicano que habría permitido al gobernador utilizar el ejército para mantener a ciertos inmigrantes fuera del Estado. (Ninguno de los proyectos se convirtió en ley, y más tarde Trujillo se distanció de una versión revisada del proyecto que era más amplia de lo que él pretendía.) Según se informa, Trujillo terminó trabajando para la primera administración Trump debido, al menos en parte, a los impulsos de Rubio y Susan Wiles, copresidenta de la campaña de Trump para 2024 y operadora política para Florida, a quien Trump escogió ahora como jefa de gabinete en su nueva administración. La nominación de Rubio como próximo secretario de Estado es ahora oficial, a pesar del rechazo de algunos en el entorno de Trump. El periodista independiente Ken Klippenstein ha publicado un dossier sobre Rubio, supuestamente compilado por la campaña de Trump y obtenido por un hacker iraní que lo filtró a los medios. Klippenstein informa que numerosos pasajes del dossier detallan áreas en las que las posiciones neoconservadoras de Rubio difieren con las de Trump, incluido el apoyo de Rubio al ahora muerto Acuerdo Transpacífico y otros acuerdos de “libre comercio”, a la Guerra de Irak y a una OTAN robusta. Klippenstein también indica que el dossier señala varias críticas que Rubio había hecho contra Trump desde 2016, incluida la sugerencia de Rubio de que Putin había interferido en las elecciones de 2016 en apoyo de Trump. El diario Miami Herald señala que con la nominación de Rubio, los principales funcionarios de la administración Trump encargados de la política hacia América Latina probablemente serán defensores firmes de sanciones económicas y otras medidas de cambio de régimen contra los gobiernos de izquierda en la región, especialmente Venezuela y Nicaragua, así como Cuba. Cuba enfrenta actualmente una crisis humanitaria y económica, con informes que aseveran que algunos cubanos hambrientos están recurriendo a beber agua azucarada para subsistir, y la isla ha sufrido varios importantes cortes de energía en los últimos meses luego de los huracanes. Como ha demostrado el CEPR en múltiples informes, las sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos contra países como Cuba se dirigen a la población civil como una forma de castigo colectivo, lo que provoca miles de muertes en exceso, enfermedades y hambre. También son ilegales según el derecho internacional. Y numerosos académicos, creadores de políticas y funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense han señalado que las sanciones estadounidenses a Cuba y Venezuela han impulsado la emigración, contribuyendo irónicamente a una ola de inmigración que Trump ha identificado como una de sus principales prioridadesy que ha prometido enfrentar con la deportación de unos 11 millones o más de personas.