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Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador
Mark WeisbrotPágina/12, 16 de septiembre, 2019 ALAI, 17 de septiembre, 2019The Guardian, 27 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo. Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros. Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ?la directora gerente del FMI en ese momento? este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”. ¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública. El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ?incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen? y también lo hará la pobreza. Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI. Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ?una estrategia que casi nunca funciona? convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca. El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ?por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales? dificultarán aún más la recuperación económica. Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ?incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica? se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio. Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos). En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno). Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron. Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años. Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 16 Septiembre 2019

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Una década sin consenso de Washington en Ecuador
Mark Weisbrot The Huffington Post México, 17 de febrero, 2017 Opera Mundi, 21 de febrero, 2017Forum, 21 de febrero, 2017Folha Diferenciada, 21 de febrero, 2017Blog de Miro, 21 de febrero, 2017Outras Palabras, 20 de febrero, 2017The Huffington Post, 15 de febrero, 2017 The Nation, 14 de febrero, 2017 Ver el artículo original In English Em portuguese En un giro apoyado y acogido con satisfacción por Washington, América Latina se ha ido desplazando hacia la derecha durante el pasado año y tanto. Tres de las economías más grandes de América del Sur — Brasil, Argentina y Perú — hoy día ostentan presidentes de derecha con estrechos vínculos con Washington y su política exterior. Mientras que la narrativa estándar del "Consenso de Washington" obvia cualquier papel atribuible a Estados Unidos en la región y considera que los gobiernos de izquierda que fueron electos en Suramérica en las últimas décadas lograron victorias populistas gracias a un auge de las materias primas, con base en dádivas para los pobres y un gasto insostenible. Una vez desinflado este auge, según el cuento, las finanzas de los gobiernos de izquierda y, por lo tanto, sus fortunas políticas, hicieron lo mismo. Sin embargo, se trata de una narrativa sumamente exagerada y egoísta. Ecuador nos brinda un buen ejemplo de cómo un gobierno de izquierda logró el éxito durante la pasada década mediante cambios positivos y creativos en su política económica, de la mano con reformas financieras, institucionales y regulatorias. Vale la pena examinar los detalles porque la experiencia de Ecuador derriba en buena parte el mito según el cual la "globalización" limita las opciones de los gobiernos a aquellas que agraden a los inversores internacionales. Resulta que hasta un pequeño país de renta media-baja puede adoptar políticas alternativas viables — con la condición de que el pueblo pueda elegir un gobierno suficientemente independiente y responsable para adoptarlas. Los resultados a lo largo de la década de gobierno de izquierda en Ecuador (2006–2016) incluyen una reducción de 38 por ciento en la pobreza y de 47 por ciento en la extrema pobreza. La inversión social como porcentaje del PIB se duplicó, lo cual supuso grandes aumentos en los presupuestos de educación y de salud. Las inscripciones en el ámbito educativo aumentaron marcadamente entre los jóvenes de hasta 17 años de edad y la inversión en la educación como porcentaje del PIB alcanzó el nivel más alto en América Latina. El crecimiento promedio anual del ingreso per cápita fue mucho mayor que durante los 26 años anteriores (1,5 frente a 0,6 por ciento), y la desigualdad se redujo significativamente. La inversión pública como porcentaje del PIB ha doblado, y los resultados — incluyendo nuevas carreteras, hospitales y escuelas y la expansión del acceso a la electricidad — han sido ampliamente apreciados. Rafael Correa fue electo presidente de Ecuador en 2006 y asumió el cargo en enero de 2007. Anteriormente ministro de economía y formado en EEUU, Correa se puso a corregir ciertos problemas estructurales e institucionales que habían detenido el avance de Ecuador. Las políticas se veían entorpecidas por la adopción del dólar como moneda nacional en el año 2000. Esta situación dio lugar a que el gobierno no tuviera influencia en el tipo de cambio y se viera limitado en su capacidad de recurrir a la política monetaria. Además, se dificultaba más la posibilidad de que el Banco Central pudiera actuar como prestamista de último recurso en el sistema bancario. Por lo tanto, el gobierno tenía que ser más eficiente y creativo y lograr un mayor control sobre el sistema financiero. En el año 2008, una nueva Constitución fue aprobada mediante un referéndum, y el Banco Central — que hasta entonces había sido "independiente", con la tarea de centrarse en una inflación baja — en adelante se volvió parte del equipo económico del Gobierno. Este cambio resultó ser muy importante para coordinar la política económica. La creencia generalizada entre la mayoría de los economistas y un pilar del neoliberalismo, es que los bancos centrales deben ser independientes con respecto a las autoridades elegidas. En la práctica, esto generalmente significa que no rinden cuentas al público, pero sin ser tan independientes frente a poderosos intereses financieros. Una nueva ley en 2009 obligó los bancos en Ecuador a repatriar el 45 por ciento de sus activos líquidos al país; un requisito que fue aumentado al 60 por ciento en 2012 y ya para el 2015 el nivel real era de más del 80 por ciento. Estas, junto a otras reformas que mantendrían los dólares en el país, resultaron ser fundamentales para superar el primer desafío del nuevo gobierno: la crisis financiera mundial del 2008 y la recesión mundial del 2009. Ecuador fue uno de los países más afectados en el hemisferio, en vista de que los precios del petróleo se derrumbaron y que el gobierno dependía de este recurso para la mayor parte de sus ingresos. Otra fuente importante de dólares, las remesas — en su mayoría dinero enviado por ecuatorianos trabajando en el exterior — también se derrumbó durante la recesión. Este doble impacto pudo haber causado una prolongada recesión o depresión, pero no fue así, gracias a importantes aumentos en la inversión pública y un estímulo importante en 2009. La recesión duró tan solo tres trimestres y su costo fue de apenas el 1,3 por ciento del PIB. El siguiente gran golpe económico fue un colapso mucho más prolongado en los precios del petróleo que comenzó en el primer trimestre del 2014. Esta vez el gobierno fue aún más creativo: por encima de una política fiscal expansiva (es decir, con mayores déficits presupuestarios), el Banco Central de hecho se comprometió con una flexibilización cuantitativa, como lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos para hacer frente a la recesión. El Banco Central de Ecuador creó miles de millones de dólares que le prestó al Gobierno para la inversión pública (y que les prestó también a bancos estatales). Fue algo inesperado en el caso de un gobierno que ni siquiera contaba con su propia moneda, pero resultó ser de gran ayuda para la recuperación económica del país. Probablemente la medida más importante para lograr la actual recuperación económica en Ecuador también fue la menos ortodoxa. El Gobierno impuso una serie de aranceles a las importaciones, con base en una disposición de la Organización Mundial del Comercio de salvaguardias de emergencia en la balanza de pagos. Calculo que dicha reducción en las importaciones entre 2015–2016 le sumó unos 7,6 puntos porcentuales al PIB durante estos años. Esta medida contrarrestó los recortes implementados por el Gobierno mientras sus ingresos se estrellaban. De este modo, el gobierno de Correa y su partido (Alianza PAIS) fueron capaces de lograr avances económicos y sociales signficativos, a pesar de dos recesiones causadas por grandes perturbaciones externas. Contrariamente a la narrativa de Washington, este logro se debió a reformas institucionales importantes, a la regulación financiera y a decisiones inteligentes en la política económica, gran parte de lo cual iba contra el grano de la sabiduría convencional neoliberal. Por supuesto que ayudó que el propio presidente tenga un doctorado en Economía y supiera lo que estaba haciendo, teniendo, desde el inicio, un compromiso serio hacia un cambio progresista. Sin embargo, su gobierno tuvo que luchar contra los poderosos intereses arraigados, incluyendo a los banqueros, quienes eran dueños de la mayoría de los canales de televisión cuando Correa asumió la presidencia. Un referéndum en 2011 prohibió que los bancos fueran dueños de medios de comunicación (y viceversa), y eso fue de cierta ayuda en limitar su enorme influencia en el debate público. Pero los medios de comunicación han seguido siendo una poderosa y politizada fuerza política derechista, como en otros países con gobiernos de izquierda; por ejemplo, Brasil, donde los principales medios de comunicación llevaron a cabo el año pasado un esfuerzo exitoso para retirar a la presidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, de su cargo, a pesar de la falta de alguna infracción impugnable. El legado del gobierno será puesto a prueba en elecciones presidenciales y legislativas este domingo. El candidato del partido de Correa es Lenin Moreno, conocido por su activismo nacional e internacional en favor de los derechos de las personas con discapacidad (él mismo está en silla de ruedas desde que sobrevivió a un robo en 1998). Moreno, quién es popular tanto en su partido como a nivel público y promete expandir las ganancias económicas y sociales de la década pasada, lidera las encuestas más recientes. Su rival más cercano es Guillermo Lasso — no es sorprendente que sea un gran banquero — quien promete recortar los impuestos, incluyendo la eliminación de los impuestos sobre las ganancias de capital, que beneficiarán principalmente a los grupos de altos ingresos. Lasso perdió de manera estrepitosa frente a Correa en 2013. La siguiente es la excongresista de derechas, Cynthia Viteri, quien quiere desmantelar algunas de las principales reformas de Correa; por ejemplo, quiere restaurar la autonomía del Banco Central, eliminar los impuestos sobre la fuga de capitales y reducir el poder del gobierno central. ¿Por qué es importante esta elección? Como señaló Noam Chomsky el mes pasado, “en este siglo, América latina, por primera vez en 500 años, se ha liberado del imperialismo occidental.” La "marea rosa" es también un hecho raro en la historia mundial: los ciudadanos de los países en desarrollo ganando el progreso económico y social a través de elecciones democráticas. (Muy pocas de las historias de éxito del desarrollo del siglo XX o incluso más recientemente; por ejemplo, China, han sido democracias electorales). De 2002 a 2014, la tasa de pobreza en América Latina cayó de 43,9% a 28,2%, después de haber aumentado en las dos décadas anteriores. Todos estos logros — la soberanía nacional, el progreso social y la democracia — están resultando difíciles de mantener a medida que las fuerzas progresistas de la región se enfrentan a una economía mundial y regional cada vez más lenta, una derecha renaciente que todavía controla la mayor parte de la riqueza, los medios de comunicación y, en algunos casos, sus propios errores económicos. Y si todo eso no fuera suficiente, existe Washington, que durante los últimos 16 años ha tenido una estrategia simple: deshacerse de todos los gobiernos de izquierda de los que se pueda deshacer, y asegurarse de que nunca regresen. Nadie espera nada mejor del nuevo régimen estadounidense. Puede ser que la mayoría de los medios de comunicación no prestan mucha atención a este nuevo fenómeno, pero los partidarios y opositores del avance de América Latina hacia la independencia y gobernanza progresista en el siglo XXI seguirán estas elecciones. Traducción por George Azariah-Moreno, Indaga (cooperativa de investigación social) y Rebecca Watts.

Mark Weisbrot / 17 Febrero 2017

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