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Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el Caribe Decenas de Millones en Propiedades en la Florida, EE.UU. vinculadas al Candidato Presidencial Guillermo Lasso
Artículo del (CEPR) Centro de Investigación para la Economía y la Política por sus siglas en inglés; escrito por Jake Johnston y publicado el 31 de Marzo del 2021. Traducido al español por Ana Roldán. En marzo de 2017, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, el CEPR informó de que empresas fantasma con sede en Florida y vinculadas al entonces candidato Guillermo Lasso poseían 144 propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade con un valor de más de 30 millones de dólares. En esas elecciones, los votantes aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales y les daba un año para desprenderse de ellos o transferirlos. Aunque Florida no está incluida en la lista de paraísos fiscales, se considera una "jurisdicción de baja tributación", que las autoridades tratarán caso por caso. Cuatro años después, Ecuador se dirige de nuevo a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con Lasso en la papeleta. Si bien se han introducido capas adicionales de anonimato para ocultar aún más la propiedad, una revisión de los registros corporativos e inmobiliarios en Florida muestra que las participaciones de las empresas fantasma vinculadas a Lasso han aumentado desde 2017, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la candidatura de Lasso. Irónicamente, Lasso compite en la segunda vuelta del 11 de abril contra Andrés Arauz, uno de los arquitectos originales de las reformas que se realizaron en Ecuador en el área de los paraísos fiscales.   Del artículo publicado en 2017 por CEPR: En 2009, según la División de Corporaciones de Florida, Guillermo E. Lasso -el hijo del candidato- registró una LLC [limited liability company, o empresa de responsabilidad limitada] en Florida llamada Nora Investment US. Entre junio de 2009 y diciembre de 2010, la sociedad de cartera compró 59 propiedades, que todavía posee hoy, en el condado de Broward de Florida, según los registros disponibles públicamente. Las compras, en su mayoría condominios, ascendieron a 5,7 millones de dólares. Pero esto fue sólo el comienzo. En 2011, se incorporaron dos nuevos directores a Nora Investment US: Miguel Macías y Euvenia Touriz. Ambos fueron anteriormente funcionarios del Banco Guayaquil, y ambos figuran actualmente como directores en el banco Banisi de Panamá que es propiedad de Lasso. Entre 2011 y 2013, Lasso (hijo del candidato), Macías y Touriz registraron 10 LLC en Florida en las que todos figuran como directores. Las LLC adicionales también se utilizaron para comprar propiedades en Florida. En agosto de 2014, tras la implementación de nuevas regulaciones en Ecuador sobre los activos en el extranjero, el nombre del hijo de Lasso fue sistemáticamente eliminado como director de las 10 empresas, según muestran los registros públicos. Sin embargo, Macías y Touriz continuaron abriendo más sociedades holding. Es importante tener en cuenta que, aunque las sociedades de responsabilidad limitada incluya a los administradores, el llamado beneficiario efectivo -o verdadero propietario- queda oculto. En junio de 2017, Macías y Touriz -asociados de Lasso de anteriores empresas fantasma y bancos- figuran como directivos en una empresa fantasma de nueva creación, DEBLEN USA 1, LLC. Dos meses después, la empresa compró una casa de lujo en Miami por 1,475 millones de dólares. No hay registro de una hipoteca, lo que sugiere que la compra probablemente se hizo en efectivo. A partir de 2018, sin embargo, tanto Macías como Touriz parecieron ser eliminados sistemáticamente como funcionarios de la gran mayoría de los registros corporativos de las empresas fantasma. En 2020, la mayoría de las empresas fantasma previamente identificadas sufrieron innumerables cambios: desactivaciones, reactivaciones, renuncias de directores, cambios de nombre, fusiones y disoluciones. A muchas de las empresas se les cambió el nombre una semana después de su disolución. Todas las sociedades patrimoniales asociadas a Lasso, salvo cuatro, se han fusionado en nuevas entidades. En total, hemos identificado 23 empresas activas registradas en Florida, incluida DEBLEN USA 1, mencionada anteriormente, asociada a los socios comerciales de Lasso. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 19px; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight:bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight:bold; padding: 6px; } table td { padding: 6px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Participaciones inmobiliarias actuales de las sociedades ficticias vinculadas a Lasso Nombre de la Entidad Fecha de Registro Número de Propiedades Inmobiliarias Valor de la Propiedad en Florida BROWARD TWO LLC 1/8/18 45 $8,229,770 BROWARD ONE LLC 1/8/18 50 $6,913,150 BRICKELL TWO LLC 1/8/18 6 $5,472,758 BRICKELL ONE LLC 1/8/18 5 $3,848,943 LOCAL EQUITY THREE LLC 1/8/18 4 $3,629,950 NORA INVESTMENT UNO US 3/29/11 14 $2,740,000 DORAL LLC 1/8/18 10 $1,452,370 MALENA UNO US LLC 7/29/13 1 $683,636 MALENA US LLC 7/29/13 1 $680,288 Total   136 $33,650,865 Notes: Nora Investment Uno US ya no es una empresa activa, a pesar de seguir figurando como propietaria de 14 propiedades. Otras 15 empresas están actualmente activas, pero no parecen ser propietarias directas de bienes inmuebles en los condados de Miami-Dade o Broward. Por ejemplo, en 2016, "BILL INVESTMENT CINCO US, LLC", con Macías y Touriz que figuran como directores, compró una casa en Fort Lauderdale, Florida, por 2,2 millones de dólares. El propietario de esa casa figura ahora como "LOCAL EQUITY THREE LLC". Los registros corporativos muestran que Macías firmó el papeleo que autorizaba la fusión de una serie de empresas fantasma más antiguas en LOCAL EQUITY THREE LLC y un puñado de otras corporaciones. Pero en lugar de Macías, el administrador de la empresa figura como "DIRECT MANAGEMENT LLC". En algunas de las otras empresas, el gerente figura como "FREEDOM MANAGEMENT LLC". En lugar de personas físicas, los únicos responsables de estas empresas recién creadas son otras empresas fantasma. En todas las empresas fusionadas figura ahora una de estas dos empresas como gerente. Tanto "DIRECT MANAGEMENT LLC" como "FREEDOM MANAGEMENT LLC" están registradas en Delaware, otra jurisdicción tristemente célebre por su secreto empresarial. Curiosamente, los registros corporativos de Delaware revelan que ambas empresas fueron creadas en la misma fecha: el 18 de diciembre de 2017. La remodelación corporativa de Florida comenzó poco después. Aunque los socios de Lasso ya no aparecen en los registros corporativos, no cabe duda de que el propietario real de las propiedades no ha cambiado. De las 144 propiedades que poseían las empresas en 2017, 10 fueron vendidas y en 16 sigue figurando la empresa fantasma original como propietaria. En el caso de las propiedades restantes, aunque el nombre del propietario cambió, el propietario real no lo hizo. Aquí, es importante aclarar que, como es la naturaleza de las empresas fantasma, el "beneficiario real" del activo sigue siendo totalmente secreto. Dos de las sociedades fantasma vinculadas a Lasso realizaron nuevas compras de bienes inmuebles en 2020: BRICKELL ONE LLC y BRICKELL TWO LLC. Los registros inmobiliarios de Florida muestran que la primera, BRICKELL ONE, es a su vez el resultado de una fusión de cuatro empresas ficticias diferentes: NORA INVESTMENT CINCO, NORA INVESTMENT SEIS, NORA INVESTMENT SIETE y NORA INVESTMENT NUEVE. La primera compra fue de un condominio de 665.000 dólares en abril de 2020. La segunda tuvo lugar en octubre de 2020. La empresa fantasma BRICKELL ONE LLC pagó 1,25 millones de dólares a finales del otoño pasado por un apartamento en Coral Gables. El tasador de propiedades de Miami-Dade evaluó la casa con un valor de sólo 734.894 dólares en 2020. Curiosamente, el vendedor de esa vivienda era Miguel Macías, que había comprado la casa en enero de 2016 por 900.000 dólares. Eso plantea preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿por qué una empresa fantasma que Macías había gestionado anteriormente le compraría entonces una vivienda por un precio muy superior al aparente valor de mercado? La operación inmobiliaria más significativa, sin embargo, implicó la compra en 2017 de la casa de lujo en Miami por parte de DEBLEN USA 1 LLC. En agosto de 2020, apenas tres años después de la compra, la vivienda se vendió por 5 millones de dólares. Curiosamente, la empresa fantasma proporcionó al comprador una hipoteca de 2,25 millones de dólares. DEBLEN no es la única empresa que se ha metido en el negocio hipotecario. GLOBAL EQUITY SEVEN LLC, según los registros de Florida, es actualmente el prestamista de siete hipotecas por un total de 1,2 millones de dólares. Parece que las empresas fantasma han pasado de ser simples propietarias de bienes inmuebles a actuar como prestamistas directos en el estado de Florida. En general, como puede verse en la Tabla 1, hemos identificado 136 propiedades de empresas fantasma asociadas a Lasso. Sin duda es posible que haya otras que permanezcan ocultas. En conjunto, las que hemos identificado tienen un valor de mercado actual de 33 millones de dólares, según los registros de propiedad de los condados de Miami-Dade y Broward. Además, las empresas fantasma actualmente activas poseen los 3,45 millones de dólares en hipotecas. Aunque el nombre de Guillermo Lasso no aparece directamente en ninguno de los registros corporativos o inmobiliarios del sur de Florida, la implicación de miembros de la familia y socios comerciales cercanos, así como los recientes movimientos hacia un anonimato aún mayor, ciertamente plantean preguntas sobre la implicación del candidato. Sin embargo, las conexiones que Lasso puede tener con las empresas fantasma de Florida están lejos de ser las únicas preguntas sobre sus actividades financieras en el exterior. El otoño pasado, el partido Unión por la Esperanza (UNES) de Arauz impugnó la legalidad de la candidatura de Lasso basándose en la legislación implementada tras el referéndum sobre el paraíso fiscal de 2017. La ley electoral actualizada impide que cualquier persona que tenga activos en un paraíso fiscal se presente como candidato a un cargo público. La denuncia citaba una investigación de 2017 del diario argentino Página/12 que documentaba los vínculos de Lasso con decenas de empresas pantalla y un banco panameño. En 2017, Lasso admitió que era dueño del banco panameño, Banisi S.A. Sin embargo, el CNE rechazó la denuncia. El banco sigue operando en la actualidad con Macías y Touriz que figuran como directores, así como dos de los hijos de Lasso. Banisi tiene un capital que asciende a 60,4 millones de dólares, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. Una cosa no ha cambiado desde 2017: los medios de comunicación -tanto internacionales como ecuatorianos- han decidido ignorar por completo las posesiones financieras en el extranjero de Lasso. En abril de 2017, la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador multó a siete medios de comunicación con 3.750 dólares cada uno por no informar sobre la investigación de Página/12. En los años posteriores, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también ha sido implicado en el uso de paraísos fiscales en el llamado escándalo de los Papeles del INA. Moreno ha negado cualquier delito. Aunque Moreno se había presentado contra Lasso en 2017, ha parecido favorecer al banquero frente a Arauz en 2021. Descargo de responsabilidad: Andrés Arauz ha trabajado anteriormente como investigador principal en el CEPR.

Jake Johnston / 02 Abril 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

Op-Ed/Commentary

EcuadorFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El FMI impone más recortes para Ecuador, aunque predica lo contrario
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador. En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens "Historia de dos ciudades". Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió. La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que los recortes y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el "crecimiento inclusivo". Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de los recortes. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública. Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: ajustes, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como "proteger a los más vulnerables" junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo. Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende "avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior". El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador. La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19. Los ajustes sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público. El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de "eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital". El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos. El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso "impulsará la competitividad". Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una "racionalización de los gastos salariales" que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la "reforma laboral" apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios. Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital. El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica. El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente. >El programa para Ecuador es sola una señal de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones. Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años. El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando los recortes perjudicial, que aumenta la desigualdad. El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Lara Merling / 15 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Juicios políticos y vetos electorales en la batalla por la democracia en Ecuador
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el expresidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a opositores y proscrito candidatos. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia. La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la "Revolución Ciudadana" de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático giro político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de políticas sociales y económicas de Correa. En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. Un año después, la popularidad de Moreno se había desplomado; cayendo en más de un 50% y continuando su descenso posteriormente. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas. En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma agresiva de judicialización de la política o "lawfare", inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el expresidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba controlar el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 para otorgarle poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General del Estado, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas. Actualmente existen 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar en 2012 el secuestro fallido, en Colombia, de Fernando Balda, un poco conocido fugitivo de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso resultó en una orden de prisión preventiva para Correa, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador y brindándoles un alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, se asiló en Argentina donde anunció que había sido amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa. Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por acusaciones de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue despojado de sus derechos políticos por 25 años. El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy vino a mi oficina el propio Alexis Mera ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “VP dispone recibir sobre y entregar DE INMEDIATO a Alexis Mera…”; con la palabra "entregado" garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses. Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como evidencia clave. Correa fue declarado culpable - en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos - de “influjo psíquico” sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción. Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de celeridad. Si bien se necesitaron cuatro años para la audiencia de casación del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa y la audiencia de casación. Los jueces de casación, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, confirmaron, como era de esperar, el veredicto de abril. Correa reside actualmente en Bélgica, el país de origen de su esposa, e Interpol, en sus intentos por mantenerse al margen de los casos evidentemente politizados, ha negado reiteradamente las solicitudes de Ecuador de que se emita una notificación roja en su contra. En definitiva, esto le importa poco a la alianza anti-correísta. Si bien algunos disfrutarían de tener a Correa en la cárcel, incluso si lo más probable es que genere una reacción política perjudicial para sus intereses, el verdadero propósito de la sentencia es dañar el legado de Correa, evitar que esté físicamente presente en el país e impedir que sea candidato en elecciones. La otra línea de ataque del régimen ha sido socavar la fuerza organizativa del correísmo. El propósito es evitar que Correa y sus seguidores tengan un partido político coherente y funcional. En 2017, Moreno despojó con éxito a Correa de Alianza País, el partido que Correa había creado en 2006 en su primera candidatura exitosa a la presidencia. Como exvicepresidente de Correa, Moreno sabía que para emprender una campaña efectiva contra Correa y su legado, necesitaba neutralizar el movimiento de Correa. La oportunidad surgió cuando varios dirigentes leales a Correa cuestionaron el liderazgo de Moreno de Alianza País. Otro fallo judicial favorable le dio a Moreno el control total sobre el partido. Por supuesto, Alianza País era en esencia correísta, y una vez que su líder histórico fue marginado, la mayoría de sus miembros abandonaron el barco. Pero plenamente consciente de su papel de transición, el objetivo de Moreno nunca fue realmente tener un partido fuerte propio. Su objetivo era hacer que la mayor fuerza política de Ecuador no tuviera organización partidaria; lo que logró. Correa y sus seguidores buscaron entonces crear un nuevo partido, pero sus intentos fueron frustrados sistemáticamente por las autoridades electorales controladas por el gobierno. En 2019, los correístas finalmente se vieron obligados a unirse a una organización política preexistente llamada Fuerza Compromiso Social. Entonces, el 19 de julio de 2020, las autoridades electorales de Ecuador simplemente suspendieron a Fuerza Compromiso Social del registro de partidos políticos, lo que le impidió presentar candidatos a las próximas elecciones. Como resultado, en agosto de 2020, los correístas se vieron obligados a buscar los auspicios de otro partido, Centro Democrático, para albergar las candidaturas del movimiento. Los enemigos de Correa saben que este interminable viaje de un partido a otro, con su correspondiente cambio de nombre, color, símbolo, número de lista y acuerdos incómodos con el liderazgo de los partidos anfitriones, genera una debilidad organizativa que impide que el movimiento dedique toda su energía a la tarea de conseguir apoyo popular. Y, sin embargo, a pesar de estos incesantes intentos de erosionar el margen de maniobra de Correa, las encuestas de agosto de 2020 confirmaron que el correísmo sigue siendo un fuerza a tener en cuenta y la más probable en ocupar el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En cualquier caso, la nominación, el18 de agosto, del joven economista Andrés Arauz como su candidato presidencial, le ha dado al correísmo un renovado impulso. Moreno, en cambio, se enfrenta a un futuro incierto. Su menguante popularidad y credibilidad del 8% es la más baja para cualquier presidente desde el regreso de Ecuador a la democracia en 1979. En octubre pasado, estalló la ira popular contra el programa de austeridad neoliberal del gobierno, respaldado por el FMI, lo que resultó en las mayores protestas del país en décadas. El gobierno apenas recuperó el control de la situación después de reprimir brutalmente las protestas: 11 personas murieron, al menos 1.500 resultaron heridas y más de 1.200 fueron detenidas. Siguió una ola de detenciones de figuras de la oposición, incluidos funcionarios electos. Varios legisladores buscaron refugio en la embajada mexicana y pudieron salir del país meses después. En 2020, la terrible gestión de Moreno de la crisis de la Covid-19 fue noticia mundial cuando las calles de Guayaquil se llenaron de cadáveres abandonados a medida que colapsaban las capacidades de atención médica y mortuoria de la ciudad. La pobreza y la desigualdad también han aumentado en los últimos dos años. Y una serie de escándalos de corrupción están causando estragos en el gobierno de Moreno. El propio presidente enfrenta acusaciones de haber utilizado una cuenta offshore en Panamá para recibir sobornos. Moreno puede contar con la protección de Estados Unidos una vez termine su mandato. Después de todo, en un claro esfuerzo por asegurar el apoyo de la administración de los Estados Unidos, ha dado un gran giro a la política exterior ecuatoriana: la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que Washington siempre vio como un rival de la Organización de Estados Americanos (OEA) y contrario a sus intereses; la terminación del asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres; el reconocimiento de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, como presidente de Venezuela; un renovado programa  de cooperación militar y del FBI, incluido el entrenamiento de personal militar ecuatoriano por parte de Estados Unidos; y la alineación inquebrantable de Ecuador con la administración Trump en prácticamente todas las votaciones en el Consejo Permanente de la OEA. Tras encarcelar y obligar a muchos miembros de la oposición al exilio, reprimir brutalmente las protestas y prohibir que Correa y su partido político se presenten en las próximas elecciones, el gobierno de Moreno ha cruzado más de un Rubicón en la violación de derechos políticos esenciales en Ecuador. Hasta ahora, los medios locales y Estados Unidos le han dado carta blanca a Moreno, una aquiescencia que puede llevar a Moreno a creer que tiene poco que ganar si restringe su desliz autoritario y mucho que perder si permite una victoria cada vez más probable de Arauz en febrero. Como resultado, el rumor en los círculos políticos en Ecuador es que el gobierno ya está conjurando una estrategia para impedir que Arauz se postule, por cualquier medio posible. La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que permita elecciones relativamente libres y limpias. La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento, quizás incluso a la mayoría, de la población ecuatoriana, que las elecciones no son democráticas. Si el gobierno prohíbe o perjudica aún más la candidatura de Arauz, la gente gritará fraude. El conflicto político podría escalar a niveles sin precedentes y poner en peligro la estabilidad democrática de Ecuador a largo plazo. Este es un territorio inexplorado; no solo antidemocrático, sino también peligroso e irresponsable.

Guillaume Long / 18 Septiembre 2020

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