Globalization and Trade

Globalización y comercio

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

Op-Ed/Commentary

EuropaGlobalización y comercioEl Mundo Realismo sobre los tratados de inversión
Project Syndicate Ver artículo en el sitio original in English Una serie de países europeos se ha retirado del polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en el transcurso del último año. Francia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Eslovenia y Dinamarca se han retirado del TCE o anunciaron su intención de hacerlo, sumándose a Italia, que lo abandonó en 2016. Al permitir que los inversores extranjeros en energía demanden a los gobiernos nacionales por las pérdidas causadas por cambios de políticas, el TCE impide que los países cumplan con su compromiso de alcanzar las metas del acuerdo climático de París y, en verdad, neutraliza sus planes de gravar los beneficios no previstos de las compañías petroleras. Si a las economías avanzadas las amedrentan las grandes corporaciones y les cuesta implementar con celeridad las reformas necesarias, la situación de los países en desarrollo es mucho peor. Atraídos por la promesa muchas veces ilusoria de mayores ingresos de capital, muchos han firmado una serie de tratados de inversión bilaterales y multilaterales. Al igual que el TCE, estos acuerdos contienen mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores extranjeros presentar una demanda contra un estado ante un tribunal internacional privado. La insatisfacción con el TCE en Europa podría haber dado lugar a un debate importante sobre cómo el mecanismo de ISDS afecta el futuro del planeta; por el contrario, muchos estados miembro de la Unión Europea siguen presionando a los países en desarrollo para que firmen tratados de inversión. Creado a fines de la Guerra Fría, el TCE fue diseñado para alentar la inversión occidental en el sector energético de los países del ex bloque soviético, particularmente la industria de los combustibles fósiles. Para calmar los temores de expropiación, rompimiento de contrato y otro trato discriminatorio, el tratado les permite a los inversores presentar disputas para un arbitraje internacional, un foro supuestamente neutral, y no tribunales nacionales. A través de este sistema, las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por pérdidas de inversiones, incluyendo ganancias futuras, que pueden representar miles de millones de dólares. A partir de junio de 2022, se han presentado por lo menos 150 casos de arbitraje de inversión en el marco del TCE. Pero el TCE es solo la punta del iceberg. Aproximadamente 2.500 tratados de inversión -la mayoría de ellos, bilaterales- permiten a los inversores internacionales utilizar mediadores de ISDS para resolver disputas con los estados. Las corporaciones pueden demandar a los estados por cualquier decisión judicial, legislativa o regulatoria, inclusive a nivel municipal, que pueda afectar su balance final. Los tratados de inversión, por ende, hacen que a los gobiernos les resulte más difícil implementar salvaguardas ambientales, derechos laborales y estándares de seguridad más sólidos y efectivos. Hasta la amenaza de una demanda por parte de un inversor puede poner trabas a los responsables de las políticas. Ni siquiera la promesa de una reforma ha atenuado la resolución por parte de estados miembro clave de la Unión Europea de abandonar el TCE. La Comisión Europea ha dicho que un tratado de salida de la UE coordinado -un desenlace que reclama el Parlamento Europeo- parece inevitable. También se habla de que los países de la UE acuerden entre sí no aplicar la cláusula de expiración del TCE, que protege cualquier inversión existente por otros 20 años después de la salida de un estado (el Parlamento Europeo también votó a favor de anular la cláusula). Muchos creen que la eliminación gradual de los combustibles fósiles no puede esperar otros 20 años. Los países en desarrollo podrían aprovechar con creces esta reacción sin precedentes contra el TCE y exigir la revisión de los muchos tratados de inversión agobiantes de los cuales forman parte. Sin embargo, mientras los estados miembro de la UE abandonan el TCE, cada vez más países africanos, entre ellos Gambia, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ruanda, Senegal y Suazilandia, se suman a él. Desafortunadamente, la reticencia de Europa a subordinar la toma de decisiones políticas a los intereses corporativos no se ha extendido más allá de las fronteras del bloque. A pesar de anunciar su retiro del TCE, Francia todavía tiene 19 tratados de inversión bilaterales con países en América Latina y el Caribe, así como otros 20 con países africanos. España tiene 18 y 11, respectivamente, y Países Bajos tiene 15 y 22. Y los tres países siguen presionando a los países en desarrollo para firmar nuevos tratados de inversión (gran parte de la investigación estima que una mayoría de las demandas de inversores provienen de las economías avanzadas, aunque no siempre resulta fácil determinar su nacionalidad). Pero los gobiernos ecuatorianos subsiguientes, bajo la presión de las corporaciones transnacionales, han demostrado un renovado interés en volver a instalar mecanismos de ISDS, y Europa ha respondido en consecuencia. En agosto pasado, en una visita oficial a Ecuador, el primer ministro español, Pedro Sánchez, manifestando el creciente interés de las empresas españolas en el país, insistió en que “es importante que podamos firmar un tratado de inversión bilateral antes de fin de año”. En particular, Repsol, la mayor compañía petrolera de España, tiene  varios proyectos en Ecuador y, anteriormente, presentó un arbitraje contra el país por su impuesto a los beneficios no previstos. De la misma manera, Países Bajos ha presionado a Ecuador para firmar un acuerdo de inversión, ostensiblemente para proteger su sector energético. Una concesión reciente realizada bajo el tratado de inversión bilateral entre Francia y Ecuador ilustra sorprendentemente la tendencia perniciosa de estos acuerdos a priorizar las ganancias corporativas por sobre los esfuerzos de los estados soberanos para garantizar un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida. A pesar de tener registrados sus principales activos en las Bahamas, un paraíso fiscal, la corporación petrolera franco-británico Perenco utilizó la cláusula de arbitraje en el tratado entre Ecuador y Francia para buscar una compensación por un impuesto a los beneficios no previstos. El tribunal de arbitraje le concedió 412 millones de dólares a Perenco por “expropiación indirecta”, y Ecuador ha aceptado pagar. Ese “shopping de tratados” permite que las multinacionales minimicen su responsabilidad fiscal maximizando, al mismo tiempo, la protección de sus inversiones. Los tratados de inversión siguen siendo un obstáculo importante para combatir el cambio climático y proteger la dignidad de todas las vidas humanas. La ola de retiros europeos del TCE es una oportunidad valiosa para deshacer muchas de las cláusulas de ISDS de otros tratados de inversión. Pero Europa debe reconocer su hipocresía.

Andrés ArauzGuillaume Long / 03 Mayo 2023

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Por qué los DEG pertenecen a los Estados, no a los Bancos Centrales
FT Alphaville, 8 de septiembre de 2021 Ver artículo en el sitio original In English En français La asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI añadió al sistema financiero mundial este 23 de agosto, tiene un potencial de liquidez de 650.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los países con las economías más afectadas del mundo tienen dificultades a la hora de utilizar esa liquidez, debido en parte a desacuerdos que existen sobre quién tiene el derecho de propiedad de estos fondos: los bancos centrales o los gobiernos. Dado que los DEG son relativamente desconocidos para muchos legisladores y políticos de América Latina; Latindadd, una organización de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los impuestos, la deuda y el desarrollo, publicó en agosto un manual sobre el uso fiscal de los DEG con el fin de orientar la política económica en este ámbito. Como se señala en este manual, los DEG son un activo de reserva internacional, que fue creado por el FMI en 1969 para facilitar los pagos internacionales. Los DEG no constituyen una deuda o un préstamo, sino un derecho potencial sobre las monedas fuertes de libre uso de otros miembros del FMI. Históricamente, estos derechos se han utilizado ocasionalmente para pagar los programas de préstamos del FMI. Esto implica que los activos están, y siempre han estado, estrechamente relacionados con los presupuestos fiscales. Sin embargo, en México, el banco central del país, conocido como Banxico, publicó recientemente una declaración en la que afirma que es esta entidad, y no el gobierno, quien debe mantener el control sobre los 12.000 millones de dólares en DEG que el Estado ha recibido por parte del FMI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo. Él cree que los DEG deben ir al presupuesto del gobierno. Es López Obrador quien tiene la razón. Y es importante que la comunidad internacional entienda por qué es así, desde el punto de vista legal. Según los artículos XV y XVII del Convenio Constitutivo del FMI, los DEG pertenecen a los "miembros". Los miembros son los gobiernos de los países, no sus bancos centrales. La guía recientemente emitida por el FMI dice: Los miembros tienen un amplio grado de libertad en cuanto a la gestión de los DEG que se les asignan, en particular en lo referente a la participación de los bancos centrales en su gestión y a la posibilidad de utilizarlos directamente para el apoyo presupuestario. La anotación 13 dice: En algunos países, las autoridades contabilizan los DEG en el balance gubernamental y su legislación nacional especifica que un organismo gubernamental es el propietario final de los DEG. Con respecto a la legislación doméstica, Banxico argumenta que el artículo 20 de la propia Ley del Banco de México, cataloga a los DEG como parte de sus reservas internacionales, está confundiendo la naturaleza de los DEG como activos, con la naturaleza de los DEG como propiedad. En términos financieros, Banxico puede seguir manteniendo los DEG como parte de sus reservas, al mismo tiempo que reconoce que la asignación le pertenece al gobierno. Un ejemplo claro de este precepto es el siguiente. Cuando Pemex, la empresa petrolera de México, vende petróleo, obtiene dólares a cambio. Pemex deposita esos dólares en Banxico. Banxico acredita la cuenta de Pemex y aumenta sus reservas internacionales, pero los dólares son de propiedad de Pemex. Lo mismo debería ocurrir con los DEG: la Hacienda mexicana recibe la asignación de DEG, los registra como parte del presupuesto y luego deposita los DEG en Banxico. Haciendaaumenta sus propios saldos, Banxico aumenta sus reservas internacionales, pero los DEG son de propiedad del gobierno. ¿Se imaginan que sólo porque el artículo 20 de la ley de Banxico, enumere a los billetes en moneda extranjera, el oro y los depósitos en el extranjero como tipos de activos de reserva, Banxico se apropie propiedad de todos los billetes en dólares, el oro y los depósitos en el extranjero? Incluso si Banxico quiere imponer esta interpretación errónea de su legislación interna, el Convenio Constitutivo del FMI tiene carácter de tratado internacional, y por lo tanto prevalece sobre las leyes internas. Banxico dice que todos los DEG que se reciban, tienen que ser registrados como un activo y como un pasivo del banco central. Esto es un mito. La guía reciente del FMI dice: El Convenio Constitutivo del FMI no dispone un tratamiento contable específico para las asignaciones de DEG. Por consiguiente, los miembros no están obligados, en virtud de este Convenio Constitutivo, a seguir un marco contable o una metodología específica en relación con sus asignaciones. Cabríar esperar que los miembros que se hayan adherido voluntariamente a las mejores prácticas estadísticas específicas presenten y difundan sus datos de acuerdo con las mejores prácticas que hayan suscrito. La mejor práctica que "cabría esperar" procede de la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6). Pero el MBP6 es sólo un conjunto de recomendaciones estadísticas; en su capítulo introductorio queda muy claro su carácter no vinculante: 1.7 Las definiciones y tipificaciones de este Manual no pretenden hacer efectivas, ni interpretar diversas disposiciones (que se refieren a la caracterización jurídica de la acción u omisión oficial en relación con dichas transacciones) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Conforme a la creación de los DEG en 1969 como "oro de papel", la quinta versión del mismo manual (BPM5) (aplicada de forma destacada la última vez que se emitieron DEG, en 2009) decía claramente que "los DEG son activos de reservas internacionales creados por el FMI" y que "los miembros del FMI a los que se asignan DEG no contraen pasivos reales (incondicionales) para reembolsar las asignaciones de DEG". El apéndice del manual añade: “se trata de activos que no tienen obligaciones financieras pendientes como contrapartida.” La postura económica de López Obrador es la correcta. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha hecho un valiente llamado a los países más necesitados, señalando que las asignaciones de DEG de 2009 se utilizaron a menudo simplemente para aumentar las reservas. Esta vez espera que sea diferente: "Les pedimos -a los líderes- que utilicen estos recursos de forma estratégica, para las principales prioridades. Y, por supuesto, la auto-resiliencia en materia de salud es una prioridad absoluta", dijo. López Obrador propone utilizar los DEG en beneficio del pueblo y para reducir los pagos del servicio de la deuda de su gobierno. Aunque por mi parte preferiría que los DEG se destinaran a la recuperación económica, a préstamos en favor de las pequeñas empresas y a obras de infraestructura esenciales; le corresponde al pueblo mexicano -y a su gobierno democráticamente electo- decidir cuál es la mejor manera de utilizarlos, y no a los funcionarios de los bancos centrales que quieren neutralizar y guardar esta inyección de DEG que tanto trabajo ha costado conseguir en una reserva internacional que de por sí, ya está muy elevada. Sería una lástima que, después de todos los esfuerzos que la sociedad civil y diversos líderes a nivel mundial para lograr esta asignación de DEG, los DEG se quedaran sin utilizar en medio de una pandemia por culpa de falsos obstáculos tecnocráticos. La actuación de México en este caso sentará un precedente para el resto de países en vías de desarrollo.

Andrés Arauz / 14 Septiembre 2021

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