Globalization and Trade

Globalización y comercio

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional– en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional– en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Por qué los DEG pertenecen a los Estados, no a los Bancos Centrales
FT Alphaville, 8 de septiembre de 2021 Ver artículo en el sitio original In English En français La asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI añadió al sistema financiero mundial este 23 de agosto, tiene un potencial de liquidez de 650.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los países con las economías más afectadas del mundo tienen dificultades a la hora de utilizar esa liquidez, debido en parte a desacuerdos que existen sobre quién tiene el derecho de propiedad de estos fondos: los bancos centrales o los gobiernos. Dado que los DEG son relativamente desconocidos para muchos legisladores y políticos de América Latina; Latindadd, una organización de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los impuestos, la deuda y el desarrollo, publicó en agosto un manual sobre el uso fiscal de los DEG con el fin de orientar la política económica en este ámbito. Como se señala en este manual, los DEG son un activo de reserva internacional, que fue creado por el FMI en 1969 para facilitar los pagos internacionales. Los DEG no constituyen una deuda o un préstamo, sino un derecho potencial sobre las monedas fuertes de libre uso de otros miembros del FMI. Históricamente, estos derechos se han utilizado ocasionalmente para pagar los programas de préstamos del FMI. Esto implica que los activos están, y siempre han estado, estrechamente relacionados con los presupuestos fiscales. Sin embargo, en México, el banco central del país, conocido como Banxico, publicó recientemente una declaración en la que afirma que es esta entidad, y no el gobierno, quien debe mantener el control sobre los 12.000 millones de dólares en DEG que el Estado ha recibido por parte del FMI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo. Él cree que los DEG deben ir al presupuesto del gobierno. Es López Obrador quien tiene la razón. Y es importante que la comunidad internacional entienda por qué es así, desde el punto de vista legal. Según los artículos XV y XVII del Convenio Constitutivo del FMI, los DEG pertenecen a los "miembros". Los miembros son los gobiernos de los países, no sus bancos centrales. La guía recientemente emitida por el FMI dice: Los miembros tienen un amplio grado de libertad en cuanto a la gestión de los DEG que se les asignan, en particular en lo referente a la participación de los bancos centrales en su gestión y a la posibilidad de utilizarlos directamente para el apoyo presupuestario. La anotación 13 dice: En algunos países, las autoridades contabilizan los DEG en el balance gubernamental y su legislación nacional especifica que un organismo gubernamental es el propietario final de los DEG. Con respecto a la legislación doméstica, Banxico argumenta que el artículo 20 de la propia Ley del Banco de México, cataloga a los DEG como parte de sus reservas internacionales, está confundiendo la naturaleza de los DEG como activos, con la naturaleza de los DEG como propiedad. En términos financieros, Banxico puede seguir manteniendo los DEG como parte de sus reservas, al mismo tiempo que reconoce que la asignación le pertenece al gobierno. Un ejemplo claro de este precepto es el siguiente. Cuando Pemex, la empresa petrolera de México, vende petróleo, obtiene dólares a cambio. Pemex deposita esos dólares en Banxico. Banxico acredita la cuenta de Pemex y aumenta sus reservas internacionales, pero los dólares son de propiedad de Pemex. Lo mismo debería ocurrir con los DEG: la Hacienda mexicana recibe la asignación de DEG, los registra como parte del presupuesto y luego deposita los DEG en Banxico. Haciendaaumenta sus propios saldos, Banxico aumenta sus reservas internacionales, pero los DEG son de propiedad del gobierno. ¿Se imaginan que sólo porque el artículo 20 de la ley de Banxico, enumere a los billetes en moneda extranjera, el oro y los depósitos en el extranjero como tipos de activos de reserva, Banxico se apropie propiedad de todos los billetes en dólares, el oro y los depósitos en el extranjero? Incluso si Banxico quiere imponer esta interpretación errónea de su legislación interna, el Convenio Constitutivo del FMI tiene carácter de tratado internacional, y por lo tanto prevalece sobre las leyes internas. Banxico dice que todos los DEG que se reciban, tienen que ser registrados como un activo y como un pasivo del banco central. Esto es un mito. La guía reciente del FMI dice: El Convenio Constitutivo del FMI no dispone un tratamiento contable específico para las asignaciones de DEG. Por consiguiente, los miembros no están obligados, en virtud de este Convenio Constitutivo, a seguir un marco contable o una metodología específica en relación con sus asignaciones. Cabríar esperar que los miembros que se hayan adherido voluntariamente a las mejores prácticas estadísticas específicas presenten y difundan sus datos de acuerdo con las mejores prácticas que hayan suscrito. La mejor práctica que "cabría esperar" procede de la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6). Pero el MBP6 es sólo un conjunto de recomendaciones estadísticas; en su capítulo introductorio queda muy claro su carácter no vinculante: 1.7 Las definiciones y tipificaciones de este Manual no pretenden hacer efectivas, ni interpretar diversas disposiciones (que se refieren a la caracterización jurídica de la acción u omisión oficial en relación con dichas transacciones) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Conforme a la creación de los DEG en 1969 como "oro de papel", la quinta versión del mismo manual (BPM5) (aplicada de forma destacada la última vez que se emitieron DEG, en 2009) decía claramente que "los DEG son activos de reservas internacionales creados por el FMI" y que "los miembros del FMI a los que se asignan DEG no contraen pasivos reales (incondicionales) para reembolsar las asignaciones de DEG". El apéndice del manual añade: “se trata de activos que no tienen obligaciones financieras pendientes como contrapartida.” La postura económica de López Obrador es la correcta. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha hecho un valiente llamado a los países más necesitados, señalando que las asignaciones de DEG de 2009 se utilizaron a menudo simplemente para aumentar las reservas. Esta vez espera que sea diferente: "Les pedimos -a los líderes- que utilicen estos recursos de forma estratégica, para las principales prioridades. Y, por supuesto, la auto-resiliencia en materia de salud es una prioridad absoluta", dijo. López Obrador propone utilizar los DEG en beneficio del pueblo y para reducir los pagos del servicio de la deuda de su gobierno. Aunque por mi parte preferiría que los DEG se destinaran a la recuperación económica, a préstamos en favor de las pequeñas empresas y a obras de infraestructura esenciales; le corresponde al pueblo mexicano -y a su gobierno democráticamente electo- decidir cuál es la mejor manera de utilizarlos, y no a los funcionarios de los bancos centrales que quieren neutralizar y guardar esta inyección de DEG que tanto trabajo ha costado conseguir en una reserva internacional que de por sí, ya está muy elevada. Sería una lástima que, después de todos los esfuerzos que la sociedad civil y diversos líderes a nivel mundial para lograr esta asignación de DEG, los DEG se quedaran sin utilizar en medio de una pandemia por culpa de falsos obstáculos tecnocráticos. La actuación de México en este caso sentará un precedente para el resto de países en vías de desarrollo.

Andrés Arauz / 14 Septiembre 2021

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioEl Mundo Las reglas del comercio digital
ALAI, 7 de julio de 2021  NODAL, 26 de agosto de 2021 Ver artículo en el sitio original La digitalización está transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos, comemos, vivimos y conducimos nuestras relaciones sociales y familiares. La tecnología puede estimular la prosperidad y el desarrollo, acercarnos los unos a los otros y ayudar a construir medios de vida sostenibles. Pero también puede limitar el desarrollo, exacerbar las desigualdades y tener un impacto destructivo en el empleo y la organización social. La posibilidad de que los países, los trabajadores/as y los/as consumidores de todo el mundo se beneficien o, por el contrario, los beneficios sólo recaigan en una pequeña minoría, dependerá de las reglas que rigen la evolución de la digitalización a lo largo del tiempo. Una de las mejores “inversiones” que pueden hacer las empresas es cambiar las reglas bajo las que operan, con objeto de extraer mayores beneficios económicos y al mismo tiempo impedir que sus competidores operen en igualdad de condiciones. Las empresas poderosas se han valido durante mucho tiempo de los acuerdos comerciales para fijar normas que promueven su “derecho" a obtener beneficios, al tiempo que limitan la capacidad de los gobiernos para regular las actividades empresariales en aras del interés público, y a menudo lo han hecho al margen de los canales democráticos normales. La Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, es el órgano mundial que establece normas sobre el comercio internacional y cuenta con 164 países miembros. Cuando se fundó en 1995, los nuevos acuerdos pactados en su seno otorgaron derechos a las industrias y sectores dominantes en ese momento, como la agricultura, las finanzas, los servicios, los productos farmacéuticos y las manufacturas. Las industrias tecnológicas carecen de un acuerdo de este tipo en el marco de la OMC y desean que se fijen normas similares con objeto de regular la digitalización, que está transformando actualmente la economía mundial. En particular, se trata de regular la gobernanza del recurso más valioso hoy en día: los datos. Los datos son la sangre vital de la economía digital. Las empresas que dominen la Inteligencia Artificial (IA) en sus sectores de actividad, serán las que dominarán las correspondientes industrias. La IA depende de enormes conjuntos de datos para entrenar a las máquinas que aprenden a tomar decisiones. La valoración de las mayores sociedades de capital del mundo en términos de capitalización bursátil es tan alta porque son recolectoras de datos, y los inversores conocen el valor de los datos para generar beneficios futuros. Incluso las sociedades que no han obtenido beneficios pueden seguir obteniendo capital de riesgo si su modelo de negocio parece ponerlas en condiciones de recopilar datos de manera que están bien posicionadas para dominar su industria. En este momento, una pequeña minoría está tratando de utilizar su excesivo poder, aprovechando prácticas antidemocráticas en la formulación de las políticas comerciales, para reescribir las reglas de la economía mundial y otorgarse a sí misma nuevos “derechos" a conseguir ganancias, al tiempo que limita la tutela del interés público y los beneficios que la nueva “economía de datos” puede aportar al conjunto de la sociedad. Cinco de las seis empresas más grandes del mundo – Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft – son empresas transnacionales (ETN) de alta tecnología, con sede en los Estados Unidos; y, al igual que otras empresas de alta tecnología que operan en distintos sectores, entre ellos la logística del transporte, las telecomunicaciones, las finanzas y la agroindustria, están presionando a los gobiernos para negociar nuevas normas, bajo el disfraz del denominado “comercio electrónico", en el marco de la OMC y de otros acuerdos comerciales bilaterales o regionales recientes. Los partidarios de las normas de comercio digital destacan las oportunidades que brindarían a los empresarios y empresarias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo. Pero las normas propuestas por las grandes tecnológicas van mucho más allá del comercio electrónico y tienen repercusiones en todos los aspectos de las economías nacionales así como en la economía mundial, incluso para los países que no participan en esta última. Si se establecen, esas normas podrían dar lugar a la liberalización completa de toda la economía (digital). En realidad, las grandes empresas tecnológicas han propuesto nuevas reglas para consolidar su modelo comercial explotador, incluidas, entre dichas reglas, las que apuntan a: obtener derechos de acceso a los mercados a nivel mundial; extraer y controlar datos personales, sociales y comerciales en todo el mundo; arraigar sólidamente la desregulación y evadir la regulación futura; acceder a una oferta ilimitada de mano de obra que ha sido despojada de sus derechos; ampliar el poder de las empresas a través de monopolios; y evadir el pago de impuestos. Por lo tanto, las normas propuestas permitirían a las grandes empresas acelerar su apropiación de la productividad de los/as trabajadores/as y las pequeñas empresas en todos los países, lo cual es una característica de la economía mundial contemporánea. Las normas inhibirían la capacidad de todos los países para promover la innovación digital a fin de fomentar la prosperidad compartida de cara al futuro. En particular, asistimos a un intento de proteger el poder monopolístico de los gigantes de la tecnología. Todo ello limitaría gravemente la capacidad de los países en desarrollo de utilizar la industrialización digital para sacar a sus poblaciones de la pobreza, vulneraría la privacidad de nuestros datos personales, pondría en peligro nuestra seguridad y aumentaría los riesgos de la “discriminación digitalizada”, erosionando nuestros derechos humanos, sociales, económicos y civiles. Por otro lado, se amenazaría la prestación de servicios públicos eficaces, de los que tanto dependen nuestras sociedades, y se inhibiría el papel esencial de la supervisión normativa de interés público, cuya importancia es cada vez más evidente. Otro objetivo de las propuestas es lograr que las empresas más grandes y poderosas puedan evitar contribuir a la base impositiva de las sociedades en las que operan y obtienen beneficios. Y las nuevas normas también garantizarían que el recurso más valioso del mundo, los datos, quedaría privatizado y monopolizado por las grandes empresas permanentemente, en lugar de ser utilizado como un bien público para promover la prosperidad social compartida. Así pues, las normas propuestas representan una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el trabajo y la prosperidad compartida en todo el mundo, y son la antítesis misma del tipo de políticas necesarias para frenar el crecimiento canceroso del poder de las grandes tecnológicas. El 1 de enero de 2020, marcará el 25º aniversario de la fundación de la OMC. En el tiempo transcurrido desde su fundación, mientras que la pobreza mundial ha disminuido, la desigualdad ha crecido dramáticamente, y nuestras prácticas de consumo están amenazando la estabilidad de las condiciones climáticas en las que puede prosperar la vida humana. Los defensores de la OMC afirmarán que no son culpables de los bajos niveles de reducción de la pobreza en muchos países ni de la desigualdad o la devastación del clima, aunque con frecuencia sí atribuyen al sistema de la OMC la reducción general de la pobreza y el crecimiento económico a nivel mundial. Sin embargo, la reducción de la pobreza a nivel mundial en este período ha tenido lugar principalmente en China, que ha seguido una trayectoria económica muy diferente de la adoptada en la OMC, y la parte restante de esa disminución corresponde mayoritariamente a los países que comercian con China.[1] Los países industrializados se enfrentan ahora a crisis económicas y democráticas debido a los efectos negativos de varias décadas de políticas económicas neoliberales, impuestas internacionalmente a través de acuerdos comerciales. Sin embargo, sus negociadores comerciales siguen esforzándose por afianzar un conjunto de normas que manipularían toda la economía digital del futuro a favor de las empresas gigantes. Tras años de resistencia a este programa por parte de la gran mayoría de los países en desarrollo que son miembros de la OMC, un grupo de unos 76 países, a pesar de habérseles negado un mandato de consenso para hacerlo, acaba de iniciar conversaciones con el objetivo de lograr un acuerdo vinculante sobre el comercio digital en el marco de la OMC. Estos estados están constantemente cabildeando y presionando a los países en desarrollo no participantes para que se unan a sus filas. Por supuesto, el comercio electrónico puede ser una fuerza de creación de empleo y desarrollo, y ciertamente tiene el poder de potenciar la innovación, aumentar las opciones de los/as consumidores/as, conectar a productores y consumidores remotos y aumentar la conectividad mundial. Pero esto no es lo mismo que tener reglas globales vinculantes para toda la economía digital, elaboradas por las grandes tecnológicas en beneficio propio. Garantizar que la tecnología se despliegue para servir al bienestar de la humanidad y del conjunto del planeta y para impulsar la prosperidad compartida sólo será posible si ejercemos nuestros derechos democráticos y evitamos que las grandes tecnológicas amañen las reglas de la futura economía mundial para aumentar su propio control privado y sus ganancias.

Deborah James / 07 Julio 2021

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo América Latina necesita acceder a recursos sin generar deuda: Emisión de Derechos Especiales de Giro
Latindadd Ver artículo en sitio original   In English América Latina atraviesa por una crisis múltiple, se gesta la tormenta perfecta en la región, con grandes limitaciones sanitarias para afrontar el Covid-19 y ante la recesión más profunda desde la Gran Depresión (1872-1896), la proyección de contracción para la región, según CEPAL[1] es del 5.3% el 2020, con un mayor impacto en América del Sur. Las consecuencias de la crisis ya son fuertemente sentidas en el mundo, entre algunos impactos está la disrupción en las cadenas de producción -en especial para los países primario exportadores, la paralización del sector turismo, la mayor caída de las remesas, la caída continua de la Inversión Extranjera Directa y el aumento de la fuga de capitales en una magnitud mayor a la crisis del 2008. A la pérdida de empleos y fuentes de sustento en economías con un gran sector informal, se le sumó la exacerbación de las brechas de género, tanto en el ámbito económico como en el uso del tiempo. La crisis ha retraído a las MiPyMes, muchas de ellas forzadas a desaparecer, y ha colapsado un sector empresarial nacional que trata de salir a flote con endeudamiento. Con el traslado del epicentro de la pandemia de Europa y Estados Unidos a los países del Sur, el Banco Mundial[2] estima, en un escenario negativo, que 100 millones de personas podrían ser arrastradas a la pobreza extrema. Para América Latina, el resultado será el incremento de la desigualdad y la pobreza, con casi 29 millones de nuevos pobres en América Latina[3]. El impacto del Covid-19 en la región será devastador y de largo plazo para la región. El FMI evalúa que ésta podría ser otra década perdida para América Latina[4], con una contracción del 9.4% el 2020[5]. Los países de América Latina tienen un reducido espacio fiscal, su acceso a financiamiento concesional[6] es muy limitado, y los créditos disponibles en el marco del Covid-19 son insuficientes. Todos los países de la región, a excepción de algunos países del Caribe, ya presentaban un déficit fiscal antes de la pandemia. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador, son los que tuvieron los mayores niveles de déficit el 2019, por encima del promedio de América Latina de -2.8% según CEPAL, y se proyecta en algunos casos un elevado servicio de la deuda en los próximos años[7]. Esta situación, advierte las limitaciones para atender el Covid-19 y destinar recursos a la salud y protección social con la urgencia que requiere el avance de la pandemia. Al ser considerados la mayoría de los países de la región como de ingreso medio, las actuales fuentes de financiamiento disponibles son principalmente no concesionales y con diversas condicionalidades[8], según las políticas de cada prestamista. Ante las grandes necesidades para afrontar la pandemia, la disponibilidad de recursos resulta insuficiente. Entre las soluciones de las instituciones financieras internacionales, el G20 y el FMI han planteado la suspensión de pagos de deuda para países de ingreso bajo, y para los demás países en desarrollo se ha dispuesto la provisión de créditos. Mientras los países del G20 tienen un paquete de emergencia de $us 9 billones[9] para aliviar la crisis a sus ciudadanos y empresas durante la pandemia, el FMI ha puesto a disposición $us 1 billón de dólares frente al Covid-19 para los países en vías de desarrollo, más de 100 países han solicitado este fondo de emergencia, del cual $us 100 mil millones corresponden al Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés), con una tasa de interés concesional (de hasta 1.5%) pero de corto plazo de repago (5 años), mediante un desembolso rápido sin condiciones secuenciales, y para uso presupuestario. Son 11 los países de la región que han accedido al fondo RFI (Bolivia, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Bahamas y Ecuador), con desembolsos promedio de $us 300 millones por país, que permiten un breve respiro a los países, pero que son insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. Adicionalmente, los demás países de la región podrán acceder a los recursos previstos por el FMI para luchar contra el Covid-19, a través de programas de crédito convencionales con la suscripción de acuerdos[10]. Argentina tiene un programa en revisión con el FMI; Ecuador tiene un programa en suspensión para acceder al instrumento de financiamiento rápido; Chile, Colombia y Perú tienen un crédito flexible; Honduras y Barbados tienen un programa de crédito; y otros países de El Caribe como Dominica, St. Vincent, Granada, Sta. Lucía y Haití cuentan además con un crédito concesional. En suma, la solución planteada a los países de ingreso medio para luchar contra la pandemia es con nuevos créditos que proyectan la llegada de una nueva ola de endeudamiento, que implicará una nueva carga en el servicio de la deuda en el mediano plazo, con el riesgo de que los países deban priorizar el pago de la deuda frente a la inversión en salud y protección social. Ante una crisis sin precedentes, se debe priorizar la vida; las grandes mayorías en nuestros países enfrentan el dilema de morir de hambre o morir por Covid-19. Los recursos que se necesitan son cruciales y urgentes para afrontar la crisis sanitaria y sustentar la reactivación económica, a través de herramientas como un ingreso básico de emergencia mensual que permita el cumplimiento del confinamiento y permita avanzar posteriormente hacia un ingreso básico universal. En esta coyuntura, tanto la Directora Gerente del FMI como el Secretario General de Naciones Unidas han concluido que el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus para los países en desarrollo será de al menos $us 2,5 billones. Consecuentemente, las cantidades disponibles en los mecanismos tradicionales son insuficientes. Por esta razón, urge una emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) para todos los países del mundo. ¿Qué son los DEG? Los derechos especiales de giro son un activo de reserva creado mediante acuerdos políticos internacionales. Los países miembros de Naciones Unidas, que también son miembros del Fondo Monetario Internacional, pueden disponer – con una mayoría del 85% de los votos – la creación de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG). El valor de un DEG se define a partir de una canasta ponderada del dólar, euro, yen, libra y yuan. Los DEG son creados políticamente “de la nada”, por lo que muchos economistas lo llaman “oro de papel”. Son asignados a cada banco central miembro. Los DEG se registran en un ente financiero anexo al FMI denominado “Departamento de los DEG” que tiene una estructura contable independiente del FMI propiamente dicho. Los DEG tienen un origen histórico cercano a América Latina y a los países en desarrollo. La primera vez que el DEG fue mentalizado fue en el seno de la UNCTAD en 1964, entonces liderada por el argentino Raúl Prebisch. Luego de años de deliberaciones, el FMI aceptó y los DEG fueron emitidos por primera vez en 1969. Los DEG no son creados por el FMI, son creados por la Junta de Gobernadores del FMI – es decir, por el conjunto de los Estados. Por esta razón, en el contexto de la crisis financiera internacional originada por la crisis de los subprime en Estados Unidos y a sugerencia de la Comisión “Stiglitz”, constituida por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009, fue la Asamblea General la que dispuso la creación de DEG, posteriormente, el G20 apoyó esta solicitud y la Junta de Gobernadores del FMI votó por una emisión efectivizada en agosto de 2009. Se crearon 187 mil millones de DEG (entonces $us 250 mil millones) y fueron repartidos a cada país. Su distribución es realizada de acuerdo al poder de voto en el FMI, por esta razón, los países ricos recibieron casi 2/3 de toda la emisión de DEG. Aun así, los DEG recibidos por los países del Sur fueron aprovechados para paliar la crisis. Hasta diciembre de 2010, fueron 107 países en desarrollo los que utilizaron una parte de sus DEG para cubrir sus necesidades de financiamiento. El uso de los DEG se puede efectivizar cuando los países los reciben y los intercambian con otros países u organismos monetarios por cualquiera de las monedas que conforman la canasta de los DEG. La mayoría de los países opta por vender sus DEG a cambio de dólares. Los principales compradores de DEG son Estados Unidos, Reino Unido, Japón y el Banco Central Europeo. Otros países deciden utilizar los DEG recibidos para realizar aportes al FMI para realizar transacciones bilaterales. Si algún país se negara a comprar DEG, el FMI tiene la posibilidad legal de obligar a los países superavitarios en dólares (por ejemplo, a Estados Unidos) a comprar DEG de los países que necesitan venderlos. Sin embargo, desde hace décadas no se ha requerido esta acción, pues todas las compraventas han sido voluntarias. Actualmente, por la hegemonía del dólar, solo Estados Unidos tiene el poder de emitir dinero de forma ilimitada, sin afectar el valor de su moneda. Este privilegio ha sido compartido mediante líneas swap ilimitadas con cinco otros bancos centrales: Canadá, Reino Unido, Europa, Suiza y Japón. El acceso acotado de swaps también ha alcanzado a otros 9 países (de América latina solamente Brasil y México). Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo no tiene un acceso ilimitado a dólares, esta discriminación ha sido denominado triaje monetario[11]. Los DEG no son deuda La manera más ágil de democratizar el acceso a dinero sin deuda es mediante una emisión ambiciosa de Derechos Especiales de Giro. De acuerdo a la estructura actual del poder de voto en el FMI, la gran mayoría llegará a las economías desarrolladas, pero si la emisión es grande, una magnitud importante llegará a los países en desarrollo. A diferencia de los préstamos del FMI, la asignación de DEG no constituye un préstamo, pues no debe ser devuelto una vez utilizado. Actualmente, la asignación tiene un ínfimo costo financiero de 0,05% anual. Por lo tanto, los DEG son dinero sin deuda y no requieren condicionalidad alguna. Su asignación es universal, tanto así que potencias militares miran con recelo a los DEG pues proporcionan liquidez incondicional a todo el mundo, incluyendo a adversarios geopolíticos. Ante el simultáneo choque externo en todo el planeta, organismos internacionales, la sociedad civil y los países del planeta están a favor de una emisión ambiciosa de los DEG. Se han pronunciado a favor casi todo el G20[12], el Secretario de las Naciones Unidas[13], los Jefes de Estado de África, la Organización Mundial de la Salud, la Directora Gerente del FMI[14], la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la revista The Economist, el Consejo Editorial del Financial Times, y muchas organizaciones de la sociedad civil[15]. ¿Cuántos DEG se deben emitir? Dada la estructura de poder de voto en el FMI, se requiere el voto de EEUU para aprobar la emisión. A la fecha, aún no se ha logrado el apoyo de la administración actual del gobierno de Estados Unidos a una emisión de los Derechos Especiales de Giro. El voto de EEUU respecto a los DEG está normado por la SDR Act de 1968, que establece dos rutas para la emisión de DEG. Si la emisión es igual o menor tamaño de los DEG existentes a la fecha (475 mil millones de DEG), se puede realizar a iniciativa de la Secretaría del Tesoro previa comunicación al Congreso al menos 90 días antes de la votación. Si la emisión es mayor, se requiere aprobar una ley, ante lo cual los 90 días no son necesarios. Si se aprueba una ley, el voto de la Secretaría del Tesoro a favor de los DEG se vuelve obligatorio y no facultativo. Se podría apuntar al monto menor y evitar una ley, pero eso significaría que depende totalmente de la iniciativa de la Casa Blanca. Mientras que formular una ley, obligaría a una negociación entre el Congreso y la Casa Blanca, reduciría el tiempo de espera y aumentaría el monto posible de la emisión. Por estas razones, 31 congresistas de Estados Unidos liderados por Jesús García, Demócrata de Illinois, han propuesto un proyecto de ley (H.R. 6581) que obligaría a EEUU a apoyar la emisión de 3 billones de DEG (4,1 billones de dólares)[16]. Esta ley formaría parte de uno de los paquetes legislativos como acuerdo político entre la Cámara de Representantes (con mayoría Demócrata) y el Senado y la Casa Blanca. De aprobarse esta ley, en los próximos días los Países de América Latina y el Caribe estarían recibiendo los siguientes recursos correspondientes a los 3 billones de DEG. A continuación, se presenta la asignación que recibiría cada país de la región, según el porcentaje de su cuota en el FMI, en un ejercicio con 1 billón de DEG y con 3 billones de DEG: Plan B – Donación de los DEG En caso de que una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro no prospere, algunas organizaciones proponen que los países ricos donen sus DEG ya existentes a los países en desarrollo de forma directa o a través de fideicomisos administrados por el FMI. Si bien esta es una iniciativa justa, la mecánica de llevarla a cabo puede ser demasiado compleja. Como bien describió el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, la emisión de Derechos Especiales de Giro es política monetaria planetaria, mientras que la donación de DEG es política fiscal. La donación de DEG tiene dos implicaciones. Si la donación es obligatoria, posiblemente se requiera una modificación al Convenio Constitutivo del FMI, lo que requeriría años hasta lograr su ratificación parlamentaria. Si la donación es voluntaria, como política fiscal requeriría que sea aprobado de forma presupuestaria en los parlamentos nacionales de los países desarrollados, lo que también conllevaría un proceso alargado. En algunos países, además implicaría enmarcarse en la legislación sobre ayuda para el desarrollo o cooperación internacional. Por estas razones, algunos analistas han propuesto que los países ricos presten sus DEG directamente al FMI o a los fideicomisos administrados por el FMI. Esto replicaría el fenómeno ya mencionado anteriormente, los países en vías de desarrollo estarían sumidos en una nueva ola de endeudamiento con condicionalidad. Por lo tanto, no parece ser una opción viable para los países en vías de desarrollo. Dado el criterio de oportunidad – la urgencia que plantea la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia – una donación de DEG debería ser posterior a un proceso de emisión sustancial de los DEG. DEG para apoyo presupuestario Los DEG se pueden utilizar como apoyo presupuestario. Existe preocupación de varios actores respecto a la usabilidad de los DEG. Si bien los DEG se distribuyen – en principio – a los bancos centrales de los países miembros, esto depende enteramente de la legislación nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, los DEG son entregados al Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro, y no a la Reserva Federal. En el caso de Ecuador, los dólares equivalentes a los DEG recibidos en 2009 fueron transferidos al Ministerio de Finanzas para formar parte del presupuesto fiscal. El fundamento utilizado fue que hubo un aumento extraordinario del patrimonio del Banco Central, con lo cual había como transferir las ganancias patrimoniales al accionista único del Banco Central: el Ministerio de Finanzas. Este marco legal es parecido en la mayoría de países del mundo, con lo cual – a pesar de que los DEG tienen un uso con fines de balanza de pagos (para importar insumos y equipamiento médico así como una posible vacuna) – también pueden ser aprovechados como recursos fiscales (para contribuir a paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria). Conclusiones Una nueva ola de endeudamiento externo no debería ser la opción de salida de la crisis para los países de América Latina. Actualmente, la condonación o diferimiento del servicio de la deuda esta disponible para países de ingreso bajo. Los DEG no constituyen una deuda con repago de capital y además pueden usarse como apoyo presupuestario. Para los países de América Latina y el Caribe – en su gran mayoría países de ingresos medio – la emisión de DEG es una necesidad. El tamaño de la emisión es muy importante. No bastaría con una emisión simbólica de DEG. Está plenamente justificado que la emisión sea sustancial, no solo por las necesidades de los países de la región sino en comparación a las enormes inyecciones de liquidez de los países ricos. Ante la escalada del coronavirus en América Latina, la emisión de DEG para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica no solo debe ser sustancial sino también urgente. NOTAS [1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf [2] https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty [3] CEPAL, El desafío social en tiempos de Covid-19, 12 de mayo de 2020. [4] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241 [5] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682 [6] Se refiere al tipo de condiciones financieras de un crédito, siendo concesional cuando contempla amplios plazos de pago, bajas tasas de interés y período de gracia, de manera que la diferencia entre el valor nominal y el valor presente neto del servicio del préstamo sea superior a cero (https://ida.worldbank.org/debt/grant-element-calculations). En el caso de la Ayuda Oficial al Desarrollo es concesional cuando es superior a 25%. [7] Como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, El Salvador y Brasil https://www.latindadd.org/2019/04/09/america-latina-enfrenta-el-retorno-de-la-deuda/ [8] Se entiende por condicionalidades a las condiciones de políticas (económicas, laborales, principalmente) que forman parte de los programas de crédito, como medidas de austeridad fiscal, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, créditos vinculados a contrataciones con el país acreedor, entre los más comunes. [9] https://www.weforum.org/agenda/2020/05/9-trillion-global-fiscal-support-covid-19/ [10] Link para ver el estado de situación de los créditos de emergencia del FMI por región https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker [11] https://www.thenation.com/article/economy/economy-fed-imf/ [12] https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN%20(2).pdf [13] https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20029.doc.htm [14] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managing-director-during-an-extraordinary-g20-leaders-summit [15] https://globalcovidresponse.org/endorsers [16] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6581/cosponsors?r=65&s=1&searchResultViewType=expanded&KWICView=false

Andrés Arauz / 01 Julio 2020

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