Globalization and Trade

Globalización y comercio

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional– en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

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CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional– en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo América Latina necesita acceder a recursos sin generar deuda: Emisión de Derechos Especiales de Giro
Latindadd Ver artículo en sitio original América Latina atraviesa por una crisis múltiple, se gesta la tormenta perfecta en la región, con grandes limitaciones sanitarias para afrontar el Covid-19 y ante la recesión más profunda desde la Gran Depresión (1872-1896), la proyección de contracción para la región, según CEPAL[1] es del 5.3% el 2020, con un mayor impacto en América del Sur. Las consecuencias de la crisis ya son fuertemente sentidas en el mundo, entre algunos impactos está la disrupción en las cadenas de producción -en especial para los países primario exportadores, la paralización del sector turismo, la mayor caída de las remesas, la caída continua de la Inversión Extranjera Directa y el aumento de la fuga de capitales en una magnitud mayor a la crisis del 2008. A la pérdida de empleos y fuentes de sustento en economías con un gran sector informal, se le sumó la exacerbación de las brechas de género, tanto en el ámbito económico como en el uso del tiempo. La crisis ha retraído a las MiPyMes, muchas de ellas forzadas a desaparecer, y ha colapsado un sector empresarial nacional que trata de salir a flote con endeudamiento. Con el traslado del epicentro de la pandemia de Europa y Estados Unidos a los países del Sur, el Banco Mundial[2] estima, en un escenario negativo, que 100 millones de personas podrían ser arrastradas a la pobreza extrema. Para América Latina, el resultado será el incremento de la desigualdad y la pobreza, con casi 29 millones de nuevos pobres en América Latina[3]. El impacto del Covid-19 en la región será devastador y de largo plazo para la región. El FMI evalúa que ésta podría ser otra década perdida para América Latina[4], con una contracción del 9.4% el 2020[5]. Los países de América Latina tienen un reducido espacio fiscal, su acceso a financiamiento concesional[6] es muy limitado, y los créditos disponibles en el marco del Covid-19 son insuficientes. Todos los países de la región, a excepción de algunos países del Caribe, ya presentaban un déficit fiscal antes de la pandemia. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador, son los que tuvieron los mayores niveles de déficit el 2019, por encima del promedio de América Latina de -2.8% según CEPAL, y se proyecta en algunos casos un elevado servicio de la deuda en los próximos años[7]. Esta situación, advierte las limitaciones para atender el Covid-19 y destinar recursos a la salud y protección social con la urgencia que requiere el avance de la pandemia. Al ser considerados la mayoría de los países de la región como de ingreso medio, las actuales fuentes de financiamiento disponibles son principalmente no concesionales y con diversas condicionalidades[8], según las políticas de cada prestamista. Ante las grandes necesidades para afrontar la pandemia, la disponibilidad de recursos resulta insuficiente. Entre las soluciones de las instituciones financieras internacionales, el G20 y el FMI han planteado la suspensión de pagos de deuda para países de ingreso bajo, y para los demás países en desarrollo se ha dispuesto la provisión de créditos. Mientras los países del G20 tienen un paquete de emergencia de $us 9 billones[9] para aliviar la crisis a sus ciudadanos y empresas durante la pandemia, el FMI ha puesto a disposición $us 1 billón de dólares frente al Covid-19 para los países en vías de desarrollo, más de 100 países han solicitado este fondo de emergencia, del cual $us 100 mil millones corresponden al Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés), con una tasa de interés concesional (de hasta 1.5%) pero de corto plazo de repago (5 años), mediante un desembolso rápido sin condiciones secuenciales, y para uso presupuestario. Son 11 los países de la región que han accedido al fondo RFI (Bolivia, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Bahamas y Ecuador), con desembolsos promedio de $us 300 millones por país, que permiten un breve respiro a los países, pero que son insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. Adicionalmente, los demás países de la región podrán acceder a los recursos previstos por el FMI para luchar contra el Covid-19, a través de programas de crédito convencionales con la suscripción de acuerdos[10]. Argentina tiene un programa en revisión con el FMI; Ecuador tiene un programa en suspensión para acceder al instrumento de financiamiento rápido; Chile, Colombia y Perú tienen un crédito flexible; Honduras y Barbados tienen un programa de crédito; y otros países de El Caribe como Dominica, St. Vincent, Granada, Sta. Lucía y Haití cuentan además con un crédito concesional. En suma, la solución planteada a los países de ingreso medio para luchar contra la pandemia es con nuevos créditos que proyectan la llegada de una nueva ola de endeudamiento, que implicará una nueva carga en el servicio de la deuda en el mediano plazo, con el riesgo de que los países deban priorizar el pago de la deuda frente a la inversión en salud y protección social. Ante una crisis sin precedentes, se debe priorizar la vida; las grandes mayorías en nuestros países enfrentan el dilema de morir de hambre o morir por Covid-19. Los recursos que se necesitan son cruciales y urgentes para afrontar la crisis sanitaria y sustentar la reactivación económica, a través de herramientas como un ingreso básico de emergencia mensual que permita el cumplimiento del confinamiento y permita avanzar posteriormente hacia un ingreso básico universal. En esta coyuntura, tanto la Directora Gerente del FMI como el Secretario General de Naciones Unidas han concluido que el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus para los países en desarrollo será de al menos $us 2,5 billones. Consecuentemente, las cantidades disponibles en los mecanismos tradicionales son insuficientes. Por esta razón, urge una emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) para todos los países del mundo. ¿Qué son los DEG? Los derechos especiales de giro son un activo de reserva creado mediante acuerdos políticos internacionales. Los países miembros de Naciones Unidas, que también son miembros del Fondo Monetario Internacional, pueden disponer – con una mayoría del 85% de los votos – la creación de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG). El valor de un DEG se define a partir de una canasta ponderada del dólar, euro, yen, libra y yuan. Los DEG son creados políticamente “de la nada”, por lo que muchos economistas lo llaman “oro de papel”. Son asignados a cada banco central miembro. Los DEG se registran en un ente financiero anexo al FMI denominado “Departamento de los DEG” que tiene una estructura contable independiente del FMI propiamente dicho. Los DEG tienen un origen histórico cercano a América Latina y a los países en desarrollo. La primera vez que el DEG fue mentalizado fue en el seno de la UNCTAD en 1964, entonces liderada por el argentino Raúl Prebisch. Luego de años de deliberaciones, el FMI aceptó y los DEG fueron emitidos por primera vez en 1969. Los DEG no son creados por el FMI, son creados por la Junta de Gobernadores del FMI – es decir, por el conjunto de los Estados. Por esta razón, en el contexto de la crisis financiera internacional originada por la crisis de los subprime en Estados Unidos y a sugerencia de la Comisión “Stiglitz”, constituida por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009, fue la Asamblea General la que dispuso la creación de DEG, posteriormente, el G20 apoyó esta solicitud y la Junta de Gobernadores del FMI votó por una emisión efectivizada en agosto de 2009. Se crearon 187 mil millones de DEG (entonces $us 250 mil millones) y fueron repartidos a cada país. Su distribución es realizada de acuerdo al poder de voto en el FMI, por esta razón, los países ricos recibieron casi 2/3 de toda la emisión de DEG. Aun así, los DEG recibidos por los países del Sur fueron aprovechados para paliar la crisis. Hasta diciembre de 2010, fueron 107 países en desarrollo los que utilizaron una parte de sus DEG para cubrir sus necesidades de financiamiento. El uso de los DEG se puede efectivizar cuando los países los reciben y los intercambian con otros países u organismos monetarios por cualquiera de las monedas que conforman la canasta de los DEG. La mayoría de los países opta por vender sus DEG a cambio de dólares. Los principales compradores de DEG son Estados Unidos, Reino Unido, Japón y el Banco Central Europeo. Otros países deciden utilizar los DEG recibidos para realizar aportes al FMI para realizar transacciones bilaterales. Si algún país se negara a comprar DEG, el FMI tiene la posibilidad legal de obligar a los países superavitarios en dólares (por ejemplo, a Estados Unidos) a comprar DEG de los países que necesitan venderlos. Sin embargo, desde hace décadas no se ha requerido esta acción, pues todas las compraventas han sido voluntarias. Actualmente, por la hegemonía del dólar, solo Estados Unidos tiene el poder de emitir dinero de forma ilimitada, sin afectar el valor de su moneda. Este privilegio ha sido compartido mediante líneas swap ilimitadas con cinco otros bancos centrales: Canadá, Reino Unido, Europa, Suiza y Japón. El acceso acotado de swaps también ha alcanzado a otros 9 países (de América latina solamente Brasil y México). Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo no tiene un acceso ilimitado a dólares, esta discriminación ha sido denominado triaje monetario[11]. Los DEG no son deuda La manera más ágil de democratizar el acceso a dinero sin deuda es mediante una emisión ambiciosa de Derechos Especiales de Giro. De acuerdo a la estructura actual del poder de voto en el FMI, la gran mayoría llegará a las economías desarrolladas, pero si la emisión es grande, una magnitud importante llegará a los países en desarrollo. A diferencia de los préstamos del FMI, la asignación de DEG no constituye un préstamo, pues no debe ser devuelto una vez utilizado. Actualmente, la asignación tiene un ínfimo costo financiero de 0,05% anual. Por lo tanto, los DEG son dinero sin deuda y no requieren condicionalidad alguna. Su asignación es universal, tanto así que potencias militares miran con recelo a los DEG pues proporcionan liquidez incondicional a todo el mundo, incluyendo a adversarios geopolíticos. Ante el simultáneo choque externo en todo el planeta, organismos internacionales, la sociedad civil y los países del planeta están a favor de una emisión ambiciosa de los DEG. Se han pronunciado a favor casi todo el G20[12], el Secretario de las Naciones Unidas[13], los Jefes de Estado de África, la Organización Mundial de la Salud, la Directora Gerente del FMI[14], la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la revista The Economist, el Consejo Editorial del Financial Times, y muchas organizaciones de la sociedad civil[15]. ¿Cuántos DEG se deben emitir? Dada la estructura de poder de voto en el FMI, se requiere el voto de EEUU para aprobar la emisión. A la fecha, aún no se ha logrado el apoyo de la administración actual del gobierno de Estados Unidos a una emisión de los Derechos Especiales de Giro. El voto de EEUU respecto a los DEG está normado por la SDR Act de 1968, que establece dos rutas para la emisión de DEG. Si la emisión es igual o menor tamaño de los DEG existentes a la fecha (475 mil millones de DEG), se puede realizar a iniciativa de la Secretaría del Tesoro previa comunicación al Congreso al menos 90 días antes de la votación. Si la emisión es mayor, se requiere aprobar una ley, ante lo cual los 90 días no son necesarios. Si se aprueba una ley, el voto de la Secretaría del Tesoro a favor de los DEG se vuelve obligatorio y no facultativo. Se podría apuntar al monto menor y evitar una ley, pero eso significaría que depende totalmente de la iniciativa de la Casa Blanca. Mientras que formular una ley, obligaría a una negociación entre el Congreso y la Casa Blanca, reduciría el tiempo de espera y aumentaría el monto posible de la emisión. Por estas razones, 31 congresistas de Estados Unidos liderados por Jesús García, Demócrata de Illinois, han propuesto un proyecto de ley (H.R. 6581) que obligaría a EEUU a apoyar la emisión de 3 billones de DEG (4,1 billones de dólares)[16]. Esta ley formaría parte de uno de los paquetes legislativos como acuerdo político entre la Cámara de Representantes (con mayoría Demócrata) y el Senado y la Casa Blanca. De aprobarse esta ley, en los próximos días los Países de América Latina y el Caribe estarían recibiendo los siguientes recursos correspondientes a los 3 billones de DEG. A continuación, se presenta la asignación que recibiría cada país de la región, según el porcentaje de su cuota en el FMI, en un ejercicio con 1 billón de DEG y con 3 billones de DEG: Plan B – Donación de los DEG En caso de que una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro no prospere, algunas organizaciones proponen que los países ricos donen sus DEG ya existentes a los países en desarrollo de forma directa o a través de fideicomisos administrados por el FMI. Si bien esta es una iniciativa justa, la mecánica de llevarla a cabo puede ser demasiado compleja. Como bien describió el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, la emisión de Derechos Especiales de Giro es política monetaria planetaria, mientras que la donación de DEG es política fiscal. La donación de DEG tiene dos implicaciones. Si la donación es obligatoria, posiblemente se requiera una modificación al Convenio Constitutivo del FMI, lo que requeriría años hasta lograr su ratificación parlamentaria. Si la donación es voluntaria, como política fiscal requeriría que sea aprobado de forma presupuestaria en los parlamentos nacionales de los países desarrollados, lo que también conllevaría un proceso alargado. En algunos países, además implicaría enmarcarse en la legislación sobre ayuda para el desarrollo o cooperación internacional. Por estas razones, algunos analistas han propuesto que los países ricos presten sus DEG directamente al FMI o a los fideicomisos administrados por el FMI. Esto replicaría el fenómeno ya mencionado anteriormente, los países en vías de desarrollo estarían sumidos en una nueva ola de endeudamiento con condicionalidad. Por lo tanto, no parece ser una opción viable para los países en vías de desarrollo. Dado el criterio de oportunidad – la urgencia que plantea la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia – una donación de DEG debería ser posterior a un proceso de emisión sustancial de los DEG. DEG para apoyo presupuestario Los DEG se pueden utilizar como apoyo presupuestario. Existe preocupación de varios actores respecto a la usabilidad de los DEG. Si bien los DEG se distribuyen – en principio – a los bancos centrales de los países miembros, esto depende enteramente de la legislación nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, los DEG son entregados al Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro, y no a la Reserva Federal. En el caso de Ecuador, los dólares equivalentes a los DEG recibidos en 2009 fueron transferidos al Ministerio de Finanzas para formar parte del presupuesto fiscal. El fundamento utilizado fue que hubo un aumento extraordinario del patrimonio del Banco Central, con lo cual había como transferir las ganancias patrimoniales al accionista único del Banco Central: el Ministerio de Finanzas. Este marco legal es parecido en la mayoría de países del mundo, con lo cual – a pesar de que los DEG tienen un uso con fines de balanza de pagos (para importar insumos y equipamiento médico así como una posible vacuna) – también pueden ser aprovechados como recursos fiscales (para contribuir a paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria). Conclusiones Una nueva ola de endeudamiento externo no debería ser la opción de salida de la crisis para los países de América Latina. Actualmente, la condonación o diferimiento del servicio de la deuda esta disponible para países de ingreso bajo. Los DEG no constituyen una deuda con repago de capital y además pueden usarse como apoyo presupuestario. Para los países de América Latina y el Caribe – en su gran mayoría países de ingresos medio – la emisión de DEG es una necesidad. El tamaño de la emisión es muy importante. No bastaría con una emisión simbólica de DEG. Está plenamente justificado que la emisión sea sustancial, no solo por las necesidades de los países de la región sino en comparación a las enormes inyecciones de liquidez de los países ricos. Ante la escalada del coronavirus en América Latina, la emisión de DEG para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica no solo debe ser sustancial sino también urgente. NOTAS [1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf [2] https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty [3] CEPAL, El desafío social en tiempos de Covid-19, 12 de mayo de 2020. [4] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241 [5] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682 [6] Se refiere al tipo de condiciones financieras de un crédito, siendo concesional cuando contempla amplios plazos de pago, bajas tasas de interés y período de gracia, de manera que la diferencia entre el valor nominal y el valor presente neto del servicio del préstamo sea superior a cero (https://ida.worldbank.org/debt/grant-element-calculations). En el caso de la Ayuda Oficial al Desarrollo es concesional cuando es superior a 25%. [7] Como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, El Salvador y Brasil https://www.latindadd.org/2019/04/09/america-latina-enfrenta-el-retorno-de-la-deuda/ [8] Se entiende por condicionalidades a las condiciones de políticas (económicas, laborales, principalmente) que forman parte de los programas de crédito, como medidas de austeridad fiscal, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, créditos vinculados a contrataciones con el país acreedor, entre los más comunes. [9] https://www.weforum.org/agenda/2020/05/9-trillion-global-fiscal-support-covid-19/ [10] Link para ver el estado de situación de los créditos de emergencia del FMI por región https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker [11] https://www.thenation.com/article/economy/economy-fed-imf/ [12] https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN%20(2).pdf [13] https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20029.doc.htm [14] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managing-director-during-an-extraordinary-g20-leaders-summit [15] https://globalcovidresponse.org/endorsers [16] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6581/cosponsors?r=65&s=1&searchResultViewType=expanded&KWICView=false

Andrés Arauz / 01 Julio 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador
Mark WeisbrotPágina/12, 16 de septiembre, 2019 ALAI, 17 de septiembre, 2019The Guardian, 27 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo. Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros. Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ?la directora gerente del FMI en ese momento? este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”. ¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública. El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ?incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen? y también lo hará la pobreza. Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI. Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ?una estrategia que casi nunca funciona? convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca. El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ?por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales? dificultarán aún más la recuperación económica. Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ?incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica? se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio. Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos). En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno). Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron. Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años. Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 16 Septiembre 2019

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