Brazil

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CEPR has been examining economic and political changes in Brazil since the early 2000s, when the country began to challenge policies advocated by Washington-based institutions and began to pursue a different set of economic and foreign policies.

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Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeVenezuelaEl Mundo La realidad detrás de la coalición de Trump para el “cambio de régimen” en Venezuela
Mark WeisbrotPúblico, 20 de marzo, 2019 The New Republic, 13 de marzo, 2019 Ver el artículo original In English A principios de la década de 1970, un grupo de sandinistas se encontraba en las montañas de Nicaragua luchando para derrocar la brutal dictadura de la familia Somoza, respaldada por Estados Unidos durante 40 años. Cuando en 1971 una poderosa erupción volcánica golpeó Nicaragua, aquellos sandinistas comentaron con los campesinos que se toparon por el camino que la erupción había sido un castigo de Dios por no deshacerse de Somoza. Este pasaje de la historia sería más tarde relatado por el sandinista Omar Cabezas. Después de que los sandinistas triunfaran en 1979, Estados Unidos emprendió una guerra sangrienta para recuperar el país usando una fuerza paramilitar terrorista llamada los contras, quienes regularmente asesinaban a civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y una guerra, si no se deshacían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a favor de la oposición: los sandinistas perdieron. Actualmente, el Gobierno de Trump está repitiendo esta estrategia de castigo colectivo en Venezuela, con un embargo financiero paralizante desde agosto de 2017 y, desde enero, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al Gobierno venezolano emplear cualquier medida para deshacerse de la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al tiempo que las sanciones arrasan con miles de millones de dólares de la producción de petróleo. Se proyecta que el embargo comercial cortará alrededor del 60 por ciento de las escasas ganancias en divisas que le quedan al país, necesarias para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos. Al tratar de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, el Gobierno de Trump dejó claro que el castigo continuará hasta que el actual Gobierno sea expulsado. "Maduro debe irse", dijo una vez más a principios de marzo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Todo esto es ilegal en el marco de numerosos tratados que ha firmado Estados Unidos, incluida la carta de las Naciones Unidas, la carta de la Organización de Estados Americanos y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad, que probablemente ya ha matado a miles de venezolanos al reducir el acceso a bienes y servicios que salvan vidas, el Gobierno de Trump presentó las sanciones como un consenso de la "comunidad internacional"; similar a lo que hizo George W. Bush cuando formó una "coalición de voluntades" de 48 países para apoyar su desastrosa invasión en Irak en 2003. Bajo esta narrativa, los Gobiernos —en su mayoría en América y Europa— que se han unido a Estados Unidos para reconocer un Gobierno paralelo en Venezuela son "democráticos"; mientras que aquellos que no lo han hecho o han declarado en contra del intento de derrocar al Gobierno actual son "autoritarios", con ejemplos como Rusia, China y Turquía, que son los que se mencionan con mayor frecuencia en las noticias. Analicemos algunos de los Gobiernos que se han unido a Trump en esta operación ilegal de “cambio de régimen”, y se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como "presidente interino". El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien es famoso por decirle a una congresista brasileña que no la violaría porque "no lo merecía", por varios comentarios racistas y anti-gay, y por apología a la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación del Gobierno de Trump para el “cambio de régimen” en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegítima, el propio Bolsonaro llegó al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal opositor, el expresidente Lula da Silva —en aquel momento el político más popular del país— fue encarcelado después de un juicio en el que no se presentaron pruebas tangibles de ningún crimen cometido. El veredicto se basó en un testimonio logrado bajo coacción, emitido por un testigo que fue declarado culpable de corrupción, y cuya negociación para reducir su sentencia fue suspendida hasta que cambió su historia y esta coincidiera con lo presentado por el juez que condenó a Lula, Sérgio Moro. En varias ocasiones, Moro demostró tener una gran animadversión hacia Lula; incluyendo cuando filtró conversaciones interceptadas ilegalmente entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff, su abogada, su esposa y sus hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraran la condena de Lula, éste fue encarcelado inconstitucionalmente antes de las elecciones presidenciales. Después de las elecciones en las el juez Moro ayudó a la victoria de Bolsonaro gracias a estos métodos, fue nombrado ministro de Justicia. Otros Gobiernos latinoamericanos en la “Coalición de voluntades de Trump” le deben a Washington algunos favores por ayudarlos a hacerse con el poder. Probablemente el ejemplo más extremo es el del Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento, a través de un golpe militar, del presidente elegido democráticamente, Mel Zelaya. El Gobierno de Obama, junto con miembros del partido republicano, ayudaron a legitimar el golpe y las "elecciones" que vinieron después. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, describió luego en sus memorias las maniobras que realizó para evitar que el Presidente electo democráticamente regresara a su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones (básicamente, mediante la alteración de los totales de votos). Esta fue la ineludible conclusión de periodistas y observadores de todo el espectro político. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la Coalición de voluntades de Trump, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y demandó la realización de nuevas elecciones. Por supuesto, no pasó nada, pues el equipo de Trump aceptó los resultados. Colombia tiene quizás el segundo líder más belicoso de la coalición de Trump, después de Bolsonaro. El presidente Iván Duque es el protegido del expresidente, y ahora kingmaker, Álvaro Uribe. Los cables diplomáticos de Estados Unidos que se hicieron públicos el año pasado mostraron una preocupación generalizada entre los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de Uribe con narcotraficantes. En la década de 1990, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos descubrió que Uribe se "dedicada a colaborar con el cártel [de la droga] de Medellín a altos niveles del gobierno". También se cree que Uribe ha tenido vínculos estrechos con los escuadrones de la muerte. Él renunció al Senado colombiano el año pasado en medio de una investigación criminal en curso. Uribe ha respaldado durante mucho tiempo los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Venezuela. En 2009, numerosos Gobiernos sudamericanos objetaron y bloquearon sus planes para expandir la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición de derechas, también le debe favores a Washington. El pasado junio, esta relación lo ayudó a obtener el mayor préstamo del FMI en la historia, $50 mil millones de dólares (el que posteriormente se incrementó a $56.3 mil millones, cuando a la economía argentina le fue mucho peor de lo que el FMI había pronosticado en el marco del acuerdo). Estados Unidos bloqueó los préstamos al Gobierno de su predecesora y adversaria de instituciones de préstamos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue muy significativo, ya que Argentina estaba teniendo problemas en su balanza de pagos hacia el final del mandato de la expresidenta Cristina Fernández. Un golpe aún más fuerte para su Gobierno provino de un juez de Nueva York con aparentes motivaciones políticas, quien prácticamente tomó como rehén a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina en 2012, al decidir que no se les podría pagar hasta que se pagaran primero ciertos fondos buitres con sede en Estados Unidos. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron rápidamente poco después de que Macri asumiera el cargo en 2015. Los medios a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para demostrar que hay una presencia de "centro-izquierda" en esta suerte de sociedad ilegal y, en cierto modo, barbárica. De hecho, Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del expresidente, Rafael Correa, del partido de izquierdas Alianza PAIS. Pero rápidamente se apartó del legado de su predecesor, formó una alianza con oligarcas de derecha y usó medios extra constitucionales para consolidar su poder. Ahora está tratando de encarcelar al expresidente por lo que parecen ser falsas acusaciones. Moreno ha sido recompensado por Washington con $10 mil millones en préstamos de instituciones multilaterales, incluidos los $4,2 mil millones que obtuvo del FMI el mes pasado. Si $10 mil millones no suenan a mucho, considere que el préstamo, expresado como un porcentaje de la economía de Ecuador, sería equivalente a que Estados Unidos reciba $1,9 billones. No es de extrañar que Lenín Moreno se haya unido a la Coalición Trump. El presidente de Paraguay también tiene motivos para agradecer al padrino Estados Unidos. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierda llamado Fernando Lugo ganó la presidencia sorteando grandes dificultades. Sin embargo, fue derrocado tras un golpe parlamentario en 2012, al que se opuso casi toda Sudamérica. Pero una vez más Washington trabajó con la OEA para ayudar a legitimar el golpe. Así, hay otro presidente sudamericano feliz de unirse a la campaña liderada por Estados Unidos para colocar a un líder de derecha en Venezuela. Aún hay uno más, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, simpatizante de Pinochet, quien nombró el año pasado a dos aliados de la dictadura —la que fue respaldada por EEUU— para integrar su gabinete. Así es como lo hacemos; hoy, al menos. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de centro izquierda, Trump no habría conseguido que un solo gobierno en la región apoyara una operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, descubrió esto en 2013 cuando manifestantes violentos de la oposición estaban en las calles de Venezuela, tratando de anular la primera elección de Maduro. No hubo absolutamente ninguna duda sobre los resultados de las elecciones, y casi todos los gobiernos del mundo los reconocieron. Kerry pronto se encontró completamente aislado; Washington cedió y aceptó la elección de Maduro. Luego está Europa, que por varias razones históricas solo ha seguido ocasionalmente una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde la Doctrina Monroe es generalmente respetada. Recientemente, la Doctrina Monroe fue invocada descaradamente en público por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Con esto fue necesario doblar el brazo para derribar al presidente de España, Pedro Sánchez, quien se había opuesto de manera insubordinada a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y el reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borell, le dijo a la prensa que su Gobierno había recibido "presión" de Washington. El gobierno liderado por los socialistas del PSOE de Sánchez también estuvo bajo una intensa presión por parte de los grandes medios de comunicación españoles —que han estado en total modalidad de “cambio de régimen” durante algún tiempo—, pues a finales de abril se llevarán a cabo nuevas elecciones. España fue particularmente importante para asegurar el apoyo europeo en este cometido, ya que otros países, incluida Alemania, a menudo consideran seriamente la opinión de España sobre la política en América Latina. Incluso si el equipo de Trump tuviera una mayoría global —lo cual no es cierto, con solo 50 de 195 países en todo el mundo que respaldan el cambio de régimen venezolano— sus sanciones económicas mortales, el robo de activos, las amenazas militares y otras acciones para derrocar al gobierno de Venezuela serían igualmente ilegales o ilegítimas, como lo fue la invasión de George W. Bush a Irak, o los muchos esfuerzos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos que han tenido lugar en este hemisferio. Esto no es sorprendente, si tenemos en cuenta quiénes están al volante: por ejemplo, el perenne defensor del cambio de régimen, John Bolton, o el enviado especial Elliott Abrams, quien apoyó lo que luego la ONU descubrió que fue un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades patrocinadas por Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua en los años ochenta. El elenco de personajes que apoyan este intento de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre algunos de sus aliados más cercanos, debe subrayar lo que ya es obvio: los esfuerzos de Estados Unidos por expulsar a Maduro no tienen nada que ver con la democracia o los derechos humanos. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 20 Marzo 2019

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeEl Mundo La elección presidencial en Brasil es sobre la lucha por la democracia 
Mark WeisbrotGlobedia, 7 de octubre, 2018 Truthout, 7 de octubre, 2018ALAI, 6 de octubre, 2018Common Dreams, 6 de octubre, 2018Folha de S.Paulo, 5 de octubre, 2018 Ver el artículo original In English Em Português El mundo está observando las elecciones de Brasil, probablemente como nunca antes. "La última amenaza de América Latina: Bolsonaro Presidente", grita el titular en la portada de The Economist. A esta conservadora revista británica le encantaría ver cómo el Partido de los Trabajadores (PT) desaparece de la política brasileña, pero ni siquiera ésta puede soportar a Bolsonaro, quien en 2016 al votar a favor de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, dedicó su voto en honor al coronel responsable de torturarla. Muchos han hecho la comparación con Trump, y por supuesto hay similitudes, especialmente en el racismo abierto y la misoginia de los dos políticos. Y ambos deben gran parte de su ascenso al fracaso de las políticas económicas neoliberales. Pero la trayectoria de Brasil hacia un escenario de amenaza aún más peligroso es una reacción de derecha por parte de la élite tradicional y corrupta del país contra las reformas económicas positivas del PT que beneficiaron a la gran mayoría de los brasileños. Para 2014, bajo las presidencias de Lula y Dilma, la pobreza se había reducido en un 55 por ciento y la pobreza extrema en un 65 por ciento, y el desempleo alcanzó un mínimo histórico de 4.9 por ciento. Algunas de estas ganancias se perdieron cuando la economía entró en una profunda recesión ese año, y la derecha aprovechó esa desaceleración para usurpar lo que no pudo ganar en las urnas en cuatro elecciones consecutivas. Ellos acusaron a Dilma y la sacaron de su cargo sin siquiera acusarla de un crimen real; y luego el juez Moro envió a Lula a prisión por un "soborno" que nunca aceptó, en un "juicio" sin evidencia material. El gobierno de EEUU envió expertos de su Departamento de Justicia para "ayudar" con las investigaciones y mostró un apoyo silencioso a la destitución de Dilma. Pero la mayor parte del electorado brasileño pudo ver que, aunque todos los principales partidos políticos estaban infectados con corrupción, la decapitación del Partido de los Trabajadores no se refería a la justicia. Lula mantuvo una ventaja dominante en las encuestas incluso después de su condena. Y así se hizo necesario impedir que Lula se presentara a la presidencia, encarcelarlo y restringir su acceso a los medios de comunicación. No funcionó; Fernando Haddad, ex alcalde de São Paulo y la elección original de Lula para el candidato a vicepresidente, aumentó rápidamente en las urnas y se enfrentará a Bolsonaro en la segunda ronda de la elección. Algunas de las principales voces de los medios de comunicación que están demasiado avergonzadas de apoyar abiertamente a Bolsonaro han intentado pintar estas elecciones como una competencia entre "extremistas" de derecha e izquierda. Pero esto es una falsa equivalencia peligrosa. Haddad es un socialdemócrata moderado, una etiqueta que también describe bastante bien las políticas de sus predecesores, Lula y Dilma. Permitieron que la economía creciera mucho más rápido que durante los años de Cardoso, expandieron los programas de transferencia condicional de efectivo para los pobres, aumentaron el salario mínimo y aumentaron la inversión pública. Por otro lado, la enmienda constitucional del actual gobierno para congelar el gasto real del gobierno durante décadas es una medida extremista incluso para la gran mayoría de los economistas. Este fanatismo ha generado un fanatismo más virulento junto con la política del miedo y el odio. Bolsonaro y otros ex militares, incluido su candidato a la vicepresidencia, han planteado dudas sobre si aceptarán resultados electorales no deseados. Por primera vez en décadas, la amenaza de una dictadura militar está surgiendo. Ningún periodismo responsable debe ignorar esta amenaza, ni legitimar el extremismo que la fortalece. Y cualquiera que se preocupe por la democracia en Brasil estaría horrorizado ante la posibilidad de una presidencia o dictadura de Bolsonaro.

Mark Weisbrot / 10 Octubre 2018

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeEl Mundo Anotaciones sobre nuestro "patio trasero": Consejos que daría Thomas Shannon a Mike Pompeo
Mark Weisbrot Revista Bordes, 26 de septiembre, 2018 NODAL, 5 de octubre, 2018 ALAI, 27 de septiembre, 2018 ctxt.es, 5 de septiembre, 2018 The Real News Network, 25 de julio, 2018 Ver el artículo original In English Antes de que dimitiera en junio, Thomas Shannon era el número tres en el Departamento de Estado de EE.UU., y muy influyente en materia de relaciones internacionales con América Latina y el Caribe. A lo largo de sus casi 35 años de carrera profesional en el Departamento de Estado, se ganó la reputación de ser un diplomático sumamente eficaz y un habilidoso negociador. Durante el Gobierno de Bush, Shannon trabajó como subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental (el más alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe). Fue nombrado embajador en Brasil por el presidente Obama antes de su nombramiento como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, en 2016. Desempeñó sus cargos bajo gobiernos republicanos y demócratas, y estuvo involucrado en situaciones muy polémicas, entre las que se incluye el papel que jugó EE.UU. en el golpe militar en Honduras en 2009, y en los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los presidentes en el Gobierno de Brasil y Paraguay. Shannon estuvo implicado en las tumultuosas relaciones con Venezuela, que fueron deteriorándose progresivamente tras el apoyo de EE.UU. al breve golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002.  (Shannon fue director de Asuntos Andinos de 2001-2002). La dimisión de Shannon fue una más entre las muchas que se han producido en el Departamento de Estado durante el Gobierno de Trump, hasta dejarlo mermado y debilitado. En el siguiente texto, Mark Weisbrot imagina cómo asesoraría el embajador Shannon al nuevo secretario de Estado Mike Pompeo, basándose fundamentalmente en el destacado papel que jugó en la política estadounidense en este hemisferio en el siglo XXI. La carta ilustra la continuidad entre las políticas de los dos Gobiernos anteriores en esta región y las del Gobierno de Trump. A su vez, documenta las diferencias de estilo entre las cualificadas maniobras diplomáticas por parte de funcionarios como Shannon, y la intervención a muerte y falta de preocupación por la percepción de las mismas por parte de la opinión pública del equipo de Trump. Si bien esta carta pertenece al género de la ficción, los acontecimientos y hechos que se narran en ella están bien documentados, son bastante reales y siguen en proceso. 2 de julio de 2018 Estimado secretario Pompeo: Le mando saludos y espero que esté bien. Como sabrá, me retiré del Departamento de Estado después de casi 35 años de servicio el lunes 4 de junio. Me dirijo a usted para transmitirle algunas de las lecciones que aprendí durante esos años, a medida en que nos adentramos en una era nueva y profundamente distinta en las relaciones entre EE.UU. y América Latina. Por supuesto, soy totalmente consciente de que tendrá preocupaciones más urgentes en regiones del mundo mucho más peligrosas y volátiles. Y esa es una parte del desafío al que nos enfrentamos quienes nos encontramos a cargo del hemisferio occidental. Sobre todo durante y después de la guerra de Irak y de la etapa de inestabilidad creciente en Medio Oriente que se inauguró a partir de entonces, no hemos prestado suficiente atención a América Latina. Como resultado de ello, durante la primera década del siglo, en la mayor parte de los países latinoamericanos asumieron distintos gobiernos de izquierdas, no demasiado afines a la idea de un liderazgo de EE.UU. en dicho hemisferio, ni en el resto del mundo. Como ya lo advirtiera el secretario Kerry en 2013, es nuestro “patio trasero”. Nuestra pérdida de influencia en la región llegó en algunos aspectos a ser desagradable, una consecuencia no intencionada de la fatídica guerra que desestabilizó Medio Oriente, una “guerra elegida”, tan acertadamente criticada por el presidente Trump. En la actualidad, esta situación ha cambiado drásticamente y, si me permite mi falsa modestia, en gran parte se debió al trabajo que hemos desempeñado durante los últimos veinte años. Hoy, América Latina es nuestra, como no lo ha sido desde hace décadas; incluso con la pérdida de México de esta semana, en los países más poblados de la región, incluidos Brasil, Argentina, Perú y Colombia, contamos con Gobiernos que están sólidamente alineados con nosotros, a un nivel no visto hace por lo menos varias décadas. Y el resto de países se han alineado de forma parecida. Si bien es cierto que quizá no fuera acertado que lo expresara públicamente el más alto cargo del cuerpo diplomático de la nación, el anterior secretario de Estado Rex Tillerson tenía bastante razón al referirse a la Doctrina Monroe. Sin ánimo de aburrirle, me gustaría centrarme en algunos detalles de nuestra labor para lograr que se produjera este cambio histórico –sin atribuirnos todo el mérito, ya que no solo fue obra del Departamento de Estado, sino que dependió del esfuerzo de diversos departamentos de la seguridad de Estado, incluyendo al Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, algunas de las 17 agencias de inteligencia y nuestros amigos del Congreso, específicamente, las comisiones de política exterior en ambos órganos. Con la alusión a estos detalles pretendo ilustrar, en la medida en que me lo permiten estas breves líneas, la relevante continuidad en los objetivos y en la estrategia de nuestra política exterior en la región, sobre todo durante los 16 años de los dos gobiernos anteriores, es decir, las de los presidentes Barack Obama y George W. Bush, en las que jugué un papel relevante, y que ha seguido el Gobierno de Trump. Espero también poner de manifiesto el papel vital que juega la diplomacia para la consecución de nuestros objetivos a largo plazo. Intentaré ser sincero en este punto, aunque, puesto que esta carta no ha sido clasificada como documento de alto secreto, y no podemos descartar las filtraciones, no divulgaré ninguna información clasificada, sino que me basaré en aquella que ya forma parte del dominio público. Permítame que empiece por un acontecimiento en el que la diplomacia no es lo primero que se viene a la cabeza: el golpe militar de 2009 que echó del gobierno a uno de nuestros adversarios, Manuel, Mel, Zelaya en Honduras. Como la mayor parte de los presidentes electos de izquierdas en Latinoamérica durante la “marea rosa” de la primera década de 2000, Zelaya no puso en práctica un programa político radical. De hecho, no era un político radical; provenía de la clase terrateniente y era un socialdemócrata moderado, incrementó el salario mínimo, apoyó el acceso a los comedores escolares y cosas por el estilo. Las corporaciones estadounidenses con base en Honduras, que en aquel entonces creaban decenas de miles de empleos manufactureros, no se sentían especialmente amenazadas por él, incluso a pesar de que no hubiera sido su primera opción en las elecciones. Sin embargo, se convertiría en una amenaza por dos razones: la primera, porque empezó a hablar de la necesidad de convocar una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución, una medida probablemente bastante razonable para la mayor parte de la población hondureña, dado que la Constitución vigente se aprobó en los años ochenta durante la dictadura militar y no era muy proclive a las medidas democráticas. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, no tenía ningún sentido redactar una nueva Constitución puesto que, muy posiblemente, la nueva carta magna prohibiría las bases militares extranjeras en el terreno nacional, como en el caso de otras aprobadas en el siglo XXI en países con gobiernos de izquierdas en América Latina. Podrá usted imaginar que el Pentágono, entre otros, no tenía intención de perder su mayor base militar en Centroamérica, sobre todo tras quedarse sin su base en Manta, Ecuador, después de que el Gobierno de Rafael Correa introdujera esta prohibición en su nueva Constitución de 2008. (Y Correa tuvo además la insolencia de refregárnoslo en las narices, diciendo que nos dejaría tener una base en Ecuador si les dejábamos tener una base suya en Miami). La segunda razón favorable al golpe en Honduras fue que, desde nuestro punto de vista, Zelaya formaba parte de una alianza de todos los gobiernos de izquierda incluyendo a Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Nicaragua, en ese momento; El Salvador también acababa de elegir a su primer presidente de izquierdas y Michelle Bachelet, la socialista moderada chilena, se alineaba prácticamente siempre con los otros gobiernos de izquierdas en los asuntos del hemisferio. Es decir, aunque pueda parecer que un país pobre y con poco poder de influencia como Honduras no es relevante en el contexto más amplio de las cosas, cualquier jugador de ajedrez sabe la importancia que tienen los peones en una partida, sobre todo si uno los puede comer sin sufrir pérdidas materiales o perjudicar su posición. Y Zelaya se había unido a una subsección de países más de izquierdas todavía, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Venezuela, Bolivia y Ecuador a la cabeza. No obstante, en aquel momento todos estos gobiernos de izquierda seguían más o menos la misma política exterior, que los más francos denominaron "antiimperialista". No hace falta decirle lo que eso significa para nosotros. En todo caso, nuestra labor diplomática fue vital para que el golpe fuera un éxito. La percepción del golpe no sería positiva: el presidente Zelaya fue sacado de su casa a primera hora de la mañana el 28 de junio de 2009, en pijama, puesto rumbo a Costa Rica, con escala en nuestra base militar al sur de Comayagua para repostar. Pero tuvimos la cautela de no respaldar el golpe, a la par que dejábamos caer a quien prestara atención a estos asuntos que contaba con nuestra bendición. En su primera declaración, la Casa Blanca no condenó la acción militar e hizo un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales en Honduras” a respetar la democracia. Puesto que era del dominio público que sabíamos que el golpe iba a tener lugar con antelación, el mero hecho de no condenarlo era un mensaje suficientemente claro para quienes entienden el lenguaje diplomático del siglo XXI. La cuerpos diplomáticos y de inteligencia de todo el hemisferio lo interpretaron como un indicio de nuestro apoyo al golpe, y a partir de ahí, todos los acontecimientos fueron predecibles y previstos. Hillary Clinton, secretaria de Estado en el momento del golpe, resumía en su libro Decisiones difíciles, publicado en 2014, lo que hicimos: “En los días siguientes [después del golpe] hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria [Patricia] Espinosa en México. Nosotros establecimos las estrategias de un plan para restaurar el orden en Honduras y garantizar que elecciones libres y limpias se celebren rápidamente y de manera legítima, lo que haría que la cuestión de Zelaya fuese irrelevante”. Detrás de todo ello hubo mucho trabajo diplomático. Tuvimos que convencer al menos a parte del mundo, incluidos los medios, de que el mejor camino para Honduras era simplemente aceptar que el presidente democráticamente electo ya no estuviera y que, a pesar de la represión del Gobierno golpista, ?arrestos masivos, violencia por parte de las fuerzas de seguridad, supresión de los medios de la oposición, escuadrones de la muerte? debía haber elecciones lo antes posible, pero sin permitir que Zelaya regrese. En el Congreso, algunos republicanos contribuyeron a la estrategia adoptando una posición mucho más dura que la nuestra, que, en comparación, parecía moderada. Apoyaron abiertamente el golpe y culparon a Zelaya de pretender utilizar el referéndum para prolongar su permanencia en el Gobierno, y convertirse en un “dictador” como Hugo Chávez. Desde el Departamento de Estado también estábamos presionando a Zelaya para que no convocara el referéndum. (El tope de una legislatura de mandato impide la acumulación de poder y el giro sustancial de las políticas de cualquier presidente; son hombres de paja desde el minuto uno.) El caso es que, en realidad era imposible que Zelaya gobernara otra legislatura por una cuestión cronológica, independientemente del referéndum. Además, no era vinculante y ya era demasiado tarde para que Zelaya pudiera cambiar la Constitución antes de las siguientes elecciones. La aprobación de una nueva Constitución podría incorporar que los futuros presidentes pudieran gobernar durante dos legislaturas, pero no Zelaya. Sin embargo, la mayor parte de los medios adoptaron el relato, lo cual nos permitió que su destitución pareciera un hecho más aceptable. Finalmente, como destacaba Clinton, pudimos evitar la vuelta al poder de Zelaya y legitimar las elecciones de noviembre de ese año, que consolidaron al gobierno posterior al golpe, y que para muchos era una dictadura. Todo ello a pesar de que la OEA y la UE se negaron a enviar observadores durante la convocatoria electoral, y aunque la gran mayoría de gobiernos del hemisferio no la reconocieran. Pero nosotros nos impusimos y mediante un ejercicio cuidadoso y persistente de diplomacia logramos que la situación se normalizara. La historia del éxito de nuestra estrategia en Honduras no termina aquí: el mes de noviembre pasado, el Partido Nacional en el Gobierno durante el golpe anunció la reelección de su candidato presidencial en unas elecciones que muchos –incluyendo esta vez a la vasta mayoría de los periodistas internacionales– veían como robadas. Luis Almagro, nuestro firme aliado a la cabeza de la Organización de los Estados Americanos dio un paso poco habitual y pidió que volvieran a convocarse las elecciones. Pero, una vez más nuestra diplomacia se impuso. Pedimos a México que fuera el primer país en reconocer las elecciones, y así fue; nosotros “seguimos” su ejemplo. El asunto no tardó en enterrarse, junto con las noticias sobre los asesinatos políticos y la represión bajo el gobierno de Hernández, por no mencionar las conexiones con los traficantes de drogas. Y, por supuesto, Almagro y la OEA no tardaron en retroceder en sus posiciones. (Aportamos más del 40% del presupuesto de la OEA, entre otras muchas vías de influencia con las que contamos allí). El asesinato de la activista ecologista Berta Cáceres en 2016 fue un dolor de cabeza para nuestras relaciones públicas. Había sido galardonada con el Goldman Prize tan solo un año antes, y contaba con apoyos en el ámbito internacional, por lo que obviamente su muerte tuvo mayor cobertura en los medios que la de cientos de ecologistas, activistas y otros líderes disidentes asesinados impunemente desde el golpe. Además, cuatro de los nueve arrestados acusados de participar en el crimen estaban vinculados al Ejército, institución en la que hemos invertido mucho. En marzo, tuvo lugar el arresto de un supuesto “autor intelectual” del crimen  que, lamentablemente, era un oficial de inteligencia afín a nuestra embajada. Todo ello provocó el envío de diversas cartas por parte de muchos miembros del Congreso y propuestas de medidas legislativas pero, gracias a nuestra diplomacia pública, se pudieron minimizar los daños y seguimos con el control de la situación. Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt, puede que Hernández sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y Honduras sigue siendo nuestra, como lo fuera en la década de los ochenta, cuando la utilizábamos como base de operaciones de nuestras guerras para mantener en nuestra órbita a Nicaragua y El Salvador. Por supuesto, Honduras es un país pequeño y pobre, pero como ya he mencionado, tiene una importancia estratégica para nuestras bases militares y es clave en nuestra estrategia general de control de las Américas. No obstante, en los últimos años nuestra estrategia de contención y retroceso nos ha resultado también beneficiosa.  Veamos por ejemplo el caso de Brasil, el segundo país del hemisferio en términos económicos y demográficos, con una extensión territorial mayor que EE.UU. continental. En 2002, se produjo la toma de poder del izquierdista Partido de los Trabajadores, y Lula da Silva obtuvo la presidencia después de cuatro intentos. Su Gobierno había obtenido tanta popularidad que no solo resultó reelegido y abandonó su cargo después de ocho años de gobierno con el apoyo del 87% de la población, sino que su sucesora, Dilma Rousseff, también resultó electa y reelecta. Sin embargo, miren cuál ha sido su suerte: Dilma Rousseff fue destituida en 2016 y Lula está encerrado en una celda de 3 x 4 metros, acusado de corrupción y blanqueo de dinero. Brasil es nuestro, incluso más nuestro que durante la dictadura militar que contribuimos a instaurar en 1964. A fin de cuentas, se trataba de un Gobierno desarrollista y nacionalista, que nos desafiaba con el desarrollo de su propia industria tras las barreras proteccionistas; en cambio, en la actualidad, sus líderes hacen todo lo que está a su alcance para obtener inversión extranjera y pretenden librarse de todas las empresas de propiedad estatal que puedan mediante privatizaciones. Si apostamos por los nuevos líderes brasileños no ha sido por razones corporativas, como defienden muchos de nuestros adversarios. Nuestros intereses son mucho más amplios y son geopolíticos mientras EE.UU. siga siendo “la nación indispensable”. Y Brasil siempre será un país influyente, a pesar de su lamentable gestión económica durante casi cuatro décadas; por lo tanto, necesitan un gobierno de nuestro equipo. De hecho, Brasil mejoró su influencia en el ámbito internacional bajo el Gobierno de Lula. En 2010 se produjo un incidente que ilustra muy bien por qué es tan importante mantener nuestra influencia en Brasil, y en América Latina en general, y en particular, lograr que su política exterior sea coherente con la nuestra. Ese es el objetivo que no debemos perder de vista, y no su propia política económica interna y ni siquiera sus políticas hacia las corporaciones estadounidenses. En mayo de 2010, Lula se unió a Turquía, Irán y Rusia para llegar a un acuerdo de canje de combustible nuclear con la intención de intentar resolver nuestro conflicto nuclear con Irán. Si bien el acuerdo pactado fue el que el presidente Obama le había pedido a Lula llegar a alcanzar, lo cierto es que en ese preciso instante, no nos interesaba.No me voy a adentrar en las razones, tan solo decir que los comunicados de prensa que afirmaban que habíamos cambiado de opinión debido a las elecciones en ciernes en EE.UU. eran más que exagerados. En todo caso, el malestar de los brasileños fue bastante explícito puesto que  comunicaron a los medios la anterior iniciativa de Obama y, en respuesta a nuestra negación de la misma, publicaron la carta en la que se planteaba la propuesta. Huelga decir el malestar que este episodio provocó en Washington, tanto fuera como dentro del Gobierno, y lo cierto es que a partir de ese momento las relaciones con Brasil ya nunca fueron lo mismo. Obviamente, nuestra oposición puso fin al acuerdo, de modo que no hubo que lamentar muchos daños. Sin embargo, he querido llamar la atención sobre este episodio fundamentalmente para insistir en la importancia de evitar que este tipo de gobiernos se desvíen –cuando empiezan a poner en práctica sus propias políticas exteriores, pueden dañar enormemente nuestros intereses más relevantes, en este caso en Medio Oriente– a pesar del hecho de que, salvo Cuba durante la crisis de los misiles, ningún país latinoamericano ha supuesto una verdadera amenaza directa a nuestra seguridad. Obviamente, es un ejemplo de los muchos problemas que nos causó el Gobierno del PT. Hay que decir que eran buenos diplomáticos y que el ministro de Asuntos Exteriores brasileño era un profesional, y uno de los más competentes de América del Sur. Llegué a conocerlo bastante bien, no solo como subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental sino como embajador de Brasil entre 2010 y 2013. En algunas ocasiones nos ayudaron, sobre todo cuando lideraron la ocupación de Haití por parte de la ONU en 2004, después de que lográramos librarnos del presidente Aristide (por segunda vez; el primer golpe que contribuimos a sacar adelante fue en 1991). Retomaré este instructivo episodio más adelante. Lula mantuvo una buena relación con el presidente Bush, mejor que con Obama, a pesar de las muchas diferencias con el PT. Es preciso tenerlo en cuenta en el proceso de negociaciones del Gobierno de Trump con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, como Lula, probablemente marcará un rumbo de moderación y pretenderá conciliar las demandas de la mayoría de sus votantes con la élite tradicional de su país. Las relaciones entre el presidente Obama y Dilma se agriaron un poco en 2013 cuando los documentos de Snowden revelaron que Brasil era el objetivo prioritario de espionaje de EE.UU. en América Latina, incluyendo el control de las llamadas personales de Dilma, o algo más complicado, el espionaje de Petrobas, la compañía nacional petrolífera brasileña. Un caso de espionaje industrial para muchos en el país. La reacción de Dilma fue cancelar el viaje que tenía planeado a EE.UU. y dar un discurso en la Asamblea General de la ONU bastante hostil hacia nosotros, que mantuvimos la calma y no emitimos respuesta alguna. En 2014, durante el segundo mandato de Dilma, arrancó la profunda recesión de la economía brasileña. La oposición aprovechó su descenso de popularidad y se esforzó por poner fin a su mandato, algo que logró dos años más tarde. Su destitución no fue provocada por ningún acto que constituyera un delito en Brasil sino que fundamentalmente fue una maniobra contable que también habían utilizado anteriores presidentes y gobernantes, y que nada tenía que ver con la corrupción u otros delitos. Por supuesto, no tomamos posición en este caso y declaramos públicamente que se trataba de un asunto interno. Pero tuvimos oportunidad de contribuir al cambio de régimen de muchas maneras relevantes, en alguna medida de forma similar al caso del golpe en Honduras en 2009. En este sentido, lo más relevante fue emitir la señal a todos los actores más importantes de Brasil, incluyendo los medios, de que apoyábamos la destitución de Dilma. Tuvimos oportunidad de dejarlo bien claro en el momento de la visita a Washington de Aloysio Nunes, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Brasil, justo después de que la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Brasil votara la destitución de Dilma. Aquella votación fue un espectáculo bochornoso; los miembros más beligerantes del Congreso expresaron su nostalgia por la dictadura militar e incluso uno de ellos llegó a alabar a los funcionarios responsables de las torturas que sufrió la propia Dilma en el pasado. Aquello provocó que una parte de los medios internacionales, bastante hostiles a Dilma y al PT, reconsideraran el sesgo de sus informaciones. No obstante, yo me entrevisté con Nunes, que lideraba la iniciativa de destitución en el Senado brasileño. Dada mi posición en aquel momento (el número tres en el Departamento de Estado) y que para muchos, yo era responsable de nuestra política en Brasil, todos entendieron que aquella reunión con él era como mínimo una muestra de nuestro apoyo a la destitución. El Secretario de Estado John Kerry respaldó esta opinión unos meses más tarde, el 5 de agosto, en una rueda de prensa conjunta con José Serra, el entonces ministro de Exteriores de Brasil, en la puerta de la embajada de Estados Unidos. Sus declaraciones iban encaminadas a fortalecer la relación entre EE.UU. y Brasil y velar por la cooperación en una serie de asuntos, como no habían podido hacer en los últimos años (ya se encargó de destacarlo Kerry). Pero el Senado brasileño tenía que votar aún la destitución de Dilma (su Constitución es similar a la nuestra, la Cámara vota si procede un juicio político o impeachment, y el Senado es el que juzga y decide la destitución del presidente). De modo que la conferencia de prensa con Serra suponía otro indicio evidente de nuestra inclinación por la destitución de Dilma. Como ya he comentado anteriormente, a pesar de nuestras diferencias, Brasil nos apoyó en el golpe de 2004 en Haití. Habíamos aprendido la lección tras el golpe de Venezuela de 2002 que duró 48 horas. Y, en parte, la responsabilidad de que así fuera, como probablemente ya sepa usted, se debió a la celebración de la cumbre del Grupo de Río de 19 países latinoamericanos justo después del golpe, en la cual se aprobó una resolución reprobatoria del golpe. Si bien algunos países latinoamericanos hubieran querido apoyarnos, eso les habría puesto en una situación delicada dada la sacrosanta soberanía nacional histórica en la región y que nuestro apoyo al golpe se había hecho público. (Esta es otra de las razones por las que conviene ser más cauteloso y diplomático con respecto a los comentarios públicos, como lo fuimos en el caso del golpe en Honduras. Las declaraciones públicas del presidente Trump sobre las potenciales acciones militares de EE.UU. en Venezuela, o por parte de otros oficiales que apoyan el golpe militar en el país, son innecesarias y, en mi opinión, contraproducentes). En todo caso, nuestra experiencia en Venezuela nos sirvió para no repetir errores, y en Haití teníamos preparada la votación en la ONU para apoyar un operativo militar antes de que se produjera la destitución de Aristide. Dos meses después, impulsamos una nueva misión de la ONU (MINUSTAH) con tropas brasileñas a la cabeza. Durante la ocupación del país, miles de partidarios -desarmados- de Aristide fueron asesinados, mientras que funcionarios del Gobierno constitucional fueron encarcelados. Pudimos sacar adelante la iniciativa a plena luz del día, no como en 1991, cuando tanto el respaldo de Estados Unidos al golpe como los escuadrones de la muerte posteriores fueron encubiertos. Y hemos podido cambiar el rumbo de la historia en Haití desde entonces, hasta el punto de que no parece previsible en el futuro que pueda llegar a elegirse a nadie que no cuente con nuestra aprobación. (De hecho, el 80% de la población haitiana ya ni siquiera se molesta en participar en las elecciones nacionales.) Hemos recibido muy pocas críticas por nuestros actos allí, incluso después de que lográramos que la OEA revertiera los resultados en las elecciones de 2010 sin que se realizara siquiera un recuento ni un análisis estadístico del voto; un caso sin precedentes en la historia de la observación electoral. Tras el terremoto devastador de 2010, cuando Haití estaba en una situación de particular vulnerabilidad, amenazamos a los líderes recalcitrantes con cortar toda ayuda, extremadamente necesaria entonces, si no aceptaban la decisión de la comisión de la OEA, que por supuesto estaba plagada de aliados nuestros. Habíamos amenazado previamente al presidente Preval con obligarlo a abandonar el país como en el caso de Aristide en 2004. Ofrezco esta pequeña parte de la historia de nuestro papel en Haití porque sirve para ilustrar una vez más el poder de la diplomacia, no solo en la construcción de la ocupación de la ONU con Brasil a la cabeza, sino durante aquellos cuatro años previos al golpe. Durante cuatro años logramos convencer a casi todos los gobiernos del mundo para que interrumpieran el envío de ayuda internacional a Haití, sin la cual la supervivencia del Gobierno electo estaba en juego. Para ello, tuvimos que convencer primero a la OEA de que cambiaran la inicial declaración positiva de la misión de observación de las elecciones de 2000 que habían descrito como “un gran éxito para la población de Haití, que salió a votar ordenada y masivamente para elegir a sus gobiernos local y nacional”. Aquella declaración revisada se convirtió en la base de nuestra campaña para destituir al Gobierno. A continuación, fundamos una gran coalición de grupos de la oposición y anunciamos que la financiación internacional no se restablecería hasta que el Gobierno no alcanzara un acuerdo con la oposición. Al mismo tiempo, le dijimos a la oposición que no alcanzara semejante acuerdo, y que el Gobierno acabaría cayendo, como por supuesto pasó. Algunos han afirmado que la única razón por la que pudimos salirnos con la nuestra llevando a cabo este tipo de tácticas es porque Haití es un país pobre y su población es negra. Indiscutiblemente, algo tuvo eso que ver, como confirmaría cualquier conocedor de la historia de la implicación de EE.UU. en Haití desde que los marines norteamericanos ocuparan el país desde 1915 a 1934. Pero también se trata de un país que se fundó gracias a una revuelta de los esclavos, y con una población capaz de echar a Duvalier, el dictador respaldado por EE.UU.; que eligió en dos ocasiones, y por una amplia mayoría, a un sacerdote populista radical que no respetaba nuestros intereses; y en el que podía estallar la revuelta en cualquier momento –sin mucha clase media con algo que perder– si no éramos capaces de manejar con cuidado la situación en momentos decisivos. Todos los antecesores del presidente Trump fueron capaces de entender estas características específicas de Haití en el momento de sendos golpes de Estado apoyados por los presidentes Bush, y la intervención en 2010-2011 bajo el Gobierno del presidente Obama. El presidente Clinton también supo comprender esto muy bien: aunque los acontecimientos acabaran encajonándole, sobre todo por el Congressional Black Caucus, y acabara restableciendo a Aristide en el poder con el ejército de Estados Unidos en 1995. Pero obligó a Aristide a aceptar importantes condiciones a cambio de su regreso. Una, que mantuviera al tristemente célebre ejército de Haití, fundamentalmente una fuerza represiva, para enfrentarse a la amenaza de una posible insurrección. Por desgracia, Aristide renegó de esta promesa y abolió el Ejército. Pero, como habrá podido comprobar, nuestro nuevo Gobierno allí está intentando recuperarlo, desafortunadamente incluyendo a algunos de los asesinos en masa de los años noventa, dejando vía libre a las críticas de nuestros oponentes. Retomemos el marco más amplio. Los gobiernos de izquierdas cambiaron los usos y costumbres del hemisferio en materia internacional hasta el punto de minar seriamente nuestro poder de influencia. Por ejemplo, establecieron la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como organización multilateral independiente dominada por los entonces gobiernos de izquierdas, incluyendo los de los países más grandes como Brasil, Venezuela y Argentina. Impidieron nuestros intentos de enfrentar este desafío por parte de la izquierda en numerosas ocasiones. En 2009 quisimos ampliar nuestra presencia militar en Colombia a causa de la creciente amenaza que suponían estos gobiernos. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, era un aliado acérrimo de EE.UU. y a quien habíamos brindado nuestro apoyo con miles de millones de dólares en ayuda militar (si bien él de por sí tenía ya fuertes vínculos con los cárteles de la droga y los paramilitares que habían asesinado a decenas de miles de civiles). Aceptó nuestra petición de buen grado, pero se filtró a la prensa el acuerdo militar entre Colombia y EE.UU., en el que se detallaban nuestros planes de ampliar el acceso de Estados Unidos a siete bases militares colombianas. Los gobiernos de la UNASUR, que se reunieron en Argentina en 2009, mostraron su inmediata oposición y declararon públicamente que no podrían utilizarse las bases militares para mandar operativos desde Colombia, algo que apoyó también este país. Obviamente, ese era el objetivo principal del acceso a las bases militares por parte del personal del ejército de Estados Unidos, incluyendo hacer frente a las amenazas planteadas por los Gobiernos anti americanos. UNASUR, liderada por los gobiernos de izquierda, cambió los usos y costumbres de las relaciones internacionales en el hemisferio hasta el punto de que incluso Manuel Santos, el anterior ministro de Defensa de Uribe, restableció las relaciones con Venezuela inmediatamente después de asumir su cargo en 2010. Las relaciones entre Colombia y Venezuela (y con otros países) se habían deteriorado gravemente después de que Uribe bombardeara e invadiera Ecuador en marzo de 2008 para atacar los campamentos de las FARC con base allí. Al verse forzado a elegir entre la coalición de izquierda, integrada por los gobiernos antiestadounidenses de Sudamérica, y EE.UU., optó por los primeros. Pero Santos no tardó en volver a nuestro lado cuando recuperamos el control de esa región y, revirtiendo por completo la situación de derrota de 2009, a finales de mayo Colombia se convirtió en socio global de la OTAN, el primero en América Latina. Como podrá imaginarse, esto tuvo unas implicaciones significativas para nuestro poder de influencia en América Latina. El 17 de junio, Iván Duque, el sucesor de Uribe elegido a dedo, obtuvo una cómoda victoria en las elecciones presidenciales. Colombia es nuestra. Otro cambio institucional rebelde orquestado por los gobiernos de la izquierda durante sus años álgidos fue la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que incluye a todos los países del hemisferio salvo EE.UU. y Canadá. En parte, se formó en respuesta al éxito de nuestras labores diplomáticas con motivo del golpe en Honduras, cuando evitamos que la OEA jugara un papel más relevante a la hora de restablecer el gobierno electo, que era lo que querían la mayor parte de los países de la OEA. Durante algunos años, la CELAC sirvió como lugar de encuentro de las naciones latinoamericanas y caribeñas para acordar algunas posiciones comunes antes de incorporarse a la OEA para luchar contra nosotros. Como es obvio, ya no supone ningún tipo de amenaza, pero convendría tener en cuenta que cuando los chinos visitaron este hemisferio en 2015 para reunirse con líderes latinoamericanos para abordar el tema de los préstamos y de la inversión extranjera, fue a través de la CELAC. Argentina ha sido otro de los países más determinantes a la hora de influir en la rebelión antiestadounidense durante la primera década del siglo XX. De 2003 a 2015 estuvieron en el gobierno los Kirchner, populistas de izquierda, primero Néstor y después su mujer Cristina Fernández. Ambos mantenían una relación bastante buena con Chávez, que prestó 6 mil millones de dólares a Argentina para que saldara la deuda con el FMI (a quien culpaban de su crisis entre 1998–2002). Sin embargo, este vínculo entre presidentes izquierdistas estaba mediado por algo más que los petrodólares. La historia tiene su importancia.  Los Kirchner tenían amigos que habían sido encarcelados o asesinados durante la dictadura de 1976–1983 que nosotros respaldamos; revocaron la impunidad de los oficiales del Ejército responsables de estos asesinatos y más de 650 fueron condenados. El encarcelamiento de Lula se produjo bajo la dictadura que Estados Unidos ayudó a llegar al poder con el golpe de 1964; su sucesora, Dilma Rousseff pasó aún más tiempo en la cárcel y fue además víctima de torturas. Evo Morales, de Bolivia, declaró que había sido torturado en presencia de agentes de la DEA antes de ser presidente; Pepe Mújica, de Uruguay, pasó 13 años en prisión bajo la dictadura respaldada por EE.UU. Y, quienes no habían sufrido las consecuencias directas de la violencia ejercida por estos gobiernos auspiciados por Estados Unidos, eran conscientes del dolor provocado por esta parte de la historia. Fueron diversos los mecanismos por medio de los cuales fuimos capaces de contribuir a la caída del kirchnerismo en Argentina. Si bien es cierto que a Argentina le fue extremadamente bien bajo el gobierno de los Kirchner hasta 2011, se produjo una desaceleración económica a partir de entonces y su balanza de pagos empezó a sufrir las consecuencias. No podían pedir préstamos a los mercados internacionales por su default de 95.000 mil millones de dólares en 2001. Impedimos su acceso al mercado de divisas que tanto necesitaban recibir de los prestamistas multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Entonces, sucedió que en 2012 recibimos una ayuda muy especial por parte de las autoridades judiciales de EE.UU., cuando el juez Thomas T. Griesa tomó la decisión tan controvertida y sin precedentes de prohibir a Argentina el pago de más del 90% a sus acreedores, los titulares de bonos reestructurados ante el impago de la deuda del país. El resto correspondía a la deuda con los acreedores que jamás aceptaron la reestructuración, entre los que se incluyen los fondos buitre, hedge funds, que compraron los bonos moratorios por una fracción mínima de su valor nominal dentro de una estrategia legal prolongada con el fin de anteponer una demanda para recuperar su valor nominal total. En 2014, Argentina había llegado a un acuerdo con el Club de París integrado por acreedores gubernamentales y estaba a punto de recuperar su capacidad de préstamo en el ámbito internacional. Pero el requerimiento de Griesa fue un duro golpe en un momento de vulnerabilidad. Retiró la orden en cuanto el conservador Mauricio Macri fue elegido presidente y declaró: “La elección del presidente Macri cambió todo”. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero internacional, admitimos que no fue una buena decisión por parte de Griesa. Supuso que aquellos gobiernos que habían alcanzado acuerdos con más del 90% de sus acreedores tras una situación de impago podrían ver sus acuerdos anulados años más tarde por las acciones legales de los fondos buitre. Por esta razón, y porque el Departamento del Tesoro de EE.UU., principal agente en la toma de decisiones del FMI fuera de Europa, no se coordinó con nosotros, el FMI anunció en julio de 2013 que presentaría un escrito en nombre de Argentina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, se retractó una semana más tarde. Cuando un periodista preguntó por las razones para este desconcertante cambio de opinión, el portavoz del FMI, visiblemente molesto, respondió: “Tendrá usted que pedirle explicaciones al Tesoro estadounidense”. Traigo este episodio a colación porque muestra lo importante que es tener en cuenta las diversas ramificaciones de nuestro Gobierno a la hora de pergeñar nuestra política exterior. Logramos contribuir a la caída del kirchnerismo en las elecciones de 2015, si bien estuvo a punto de ganar un mejor candidato presidencial de su espacio político. Pero ahora tenemos a Mauricio Macri de presidente, un sólido aliado de EE.UU. desde años anteriores. En 2009 se reunió conmigo y con nuestra embajada en Buenos Aires para alertarnos de que estábamos siendo demasiado blandos con los Kirchner, sobre todo tras la humillación que había sufrido el presidente George W. Bush en el Mar del Plata. En la actualidad, forma parte de nuestra coalición de gobiernos de derechas en la región y está contribuyendo a derrocar al Gobierno venezolano, en la cuerda floja a causa de la hiperinflación y una crisis profunda. Podría contarle mucho más acerca de Venezuela pero voy a intentar ser breve en ese sentido. Como ya sabrá, durante la mayor parte del siglo XXI su cambio de régimen ha sido el objetivo número uno o dos en el mundo (tan solo precedido por Irak o Irán en algunos momentos). Claramente, el país fue el principal instigador de la rebelión latinoamericana, aunque era Chávez el que principalmente gritaba a los vientos lo que el resto de presidentes de izquierdas, o no tan de izquierdas, pensaban y sentían. Además, ejercía su cargo sentado sobre 500.000 millones de barriles de petróleo, la mayor reserva petrolífera del mundo. Cuando intentamos librarnos de él con el golpe militar de 2002, muchos pensaron que lo que queríamos era obtener su petróleo, pero por supuesto estaban equivocados. De hecho tanto Chevron como Exxon Mobil, nuestras mayores compañías petrolíferas, mantuvieron una buena relación con Chávez durante la mayor parte de su mandato, y lo que querían es que le dejáramos en paz. Habían invertido mucho allí, y les seguía resultando rentable incluso después de que Chávez incrementará la parte para el gobierno, como hizo todo el mundo tras el aumento de los precios del petróleo a partir de 2002. Sin embargo, nosotros tenemos una visión geoestratégica y cualquier país que disponga de tal cantidad de petróleo tenderá a convertirse en una potencia en la región y a gozar de una cierta independencia, por lo tanto, es fundamental que su Gobierno esté de nuestro lado. De modo que forramos de dinero a la oposición que durante los primeros cuatro años de su mandato tenía “una estrategia de derrocamiento militar”, como diría uno de sus líderes más intelectuales. Afortunadamente, los medios tanto de Estados Unidos como internacionales estaban totalmente de nuestro lado, de modo que durante más de una década y media nuestra implicación en el golpe ha sido tratada como una mera acusación por parte de una fuente desacreditada, fundamentalmente el propio Chávez, aunque también por parte de su sucesor, Maduro, aún más desprestigiado. Obviamente, todos los reporteros de Caracas sabían que era cierto, pero se abstuvieron de comunicarlo. Incluso cuando nuestro propio Departamento de Estado reconoció que el Gobierno estadounidense “estaba proporcionando formación, asesoramiento institucional y otro tipo de apoyo a personas y organizaciones activamente implicadas en el golpe militar”. O cuando se divulgaron los documentos de la CIA que mostraban que teníamos información anticipada sobre el golpe y que habíamos apoyado su éxito con falsas declaraciones durante los acontecimientos que tuvieron lugar. Este no es más que uno de los miles de ejemplos en los que los medios nos han brindado su apoyo en nuestra ardua tarea, pero creo que ilustra con mayor claridad que otros hasta qué punto es importante nuestra diplomacia pública, incluso a pesar de que el golpe fracasara por un error de planificación. El éxito de nuestra estrategia supuso que Chávez siempre apareciera ante la opinión pública como el agresor cada vez que denunciaba la intervención de EE.UU., incluso a la par que estábamos lanzando decenas de millones de dólares a los grupos de la oposición (contando solo con la cuantía que era de dominio público), y no cesábamos en el empeño de intentar aislar a su régimen en el ámbito internacional. Chávez era un duro contrincante, ya que la situación económica del país fue relativamente buena durante su último año de mandato (2012) y logró que por primera vez millones de venezolanos tuvieran acceso a la sanidad, las pensiones, la educación superior y la vivienda pública. (Obviamente, durante todos esos años los principales medios se encargaron de describir a Venezuela como un fracaso del populismo. Y, a pesar de que la mayor parte de los venezolanos se informaban a partir de fuentes controladas por la oposición, la mayor parte del hemisferio fuera de las fronteras venezolanas compró el relato de que la Venezuela de Chávez era una dictadura). Chávez no cesó en el intento a escala internacional de convertir en realidad su sueño bolivariano de unidad de los países latinoamericanos contra EE.UU., y prestó decenas de miles de millones de dólares a países como Brasil, Argentina y a estados Caribeños a través de su programa Petrocaribe. En algunos casos, la cuantía de la ayuda por parte de Venezuela al resto de países latinoamericanos probablemente superó la nuestra. De modo que, durante los años de bonanza, la mayor parte de los gobiernos del hemisferio adoraban a Chávez tanto como la mayoría de los venezolanos, incluso a pesar de que la mayor parte de la población latinoamericana, que solo accedía a la versión que los medios divulgaban de la realidad venezolana, no tuviera muy buena opinión de él. La situación se deterioró después de su muerte en marzo de 2013 y la situación económica inició un largo declive que ha desembocado en la peor crisis en la historia de Latinoamérica. Es innecesario que te cuente lo mal que están las cosas allí en la actualidad dada la hiperinflación y la carencia de medicamentos y alimentos. Por eso me opuse al embargo financiero del Gobierno de Trump impuesto sobre Venezuela antes de su anuncio público el 24 de agosto del año pasado. No es que no comparta sus objetivos de librarse de esta maldición, hemos trabajado incansablemente para llevarlos a buen puerto durante casi dos décadas. No obstante, el embargo es innecesario llegados a este punto y Maduro puede recurrir a él para explicar las razones de tanta escasez, a la que obviamente contribuye. Dado que no pueden acceder a préstamos, tuvieron que recurrir al pago de sus bonos en 2017. No pueden reestructurar su deuda. Se ha cortado el acceso a muchos créditos, incluso aquellos que no han resultado prohibidos por la orden del ejecutivo de Trump, y ello contribuye al colapso de la producción petrolera y a la escasez de medicinas y alimentos. Es excesivo. Este tipo de intervención otorga credibilidad, entre una minoría de la población venezolana, a la victimización por parte del Gobierno. Y para mucha gente a lo largo del mundo este embargo empeora la crisis humanitaria. Afortunadamente, nuestra paciente construcción de una diplomacia pública ha permitido que los medios hayan ignorado el impacto del embargo en igual medida que ignoraron nuestros mecanismos de intervención previos. Y son los medios los que determinan lo que cree la mayoría de la gente, sobre todo si tiene que ver con algo que no experimentan directamente. Pero, el embargo es totalmente innecesario porque la espiral de declive de la economía se produce por sí sola. Las amenazas emitidas por el Gobierno de Trump, o por parte del senador Rubio, influyente asesor en esta materia, son también innecesarias y contraproducentes. Incluyendo las insistentes declaraciones de Rubio afirmando que las sanciones van dirigidas a propiciar un cambio de régimen y no a presionar al Gobierno para restablecer la democracia, que es el mensaje emitido por el portavoz de nuestro Departamento de Estado. Y, la amenaza del presidente Trump de una acción militar es intolerable; viola la Carta de la ONU e incluso ha avergonzado a nuestros aliados más cercanos en la región, que han expresado su oposición a estas declaraciones. Lidiamos con Chávez cuando estaba en lo más alto de su ejercicio del poder y de influencia en la región, cuando la mayor parte de los gobiernos de América del sur eran sus aliados. No hay mal que por bien no venga. Quizá no pudiéramos destituirle pero sí demonizarlo hasta el punto de que su compañía resultara tóxica para los políticos del hemisferio asociados con él. Y nos servimos de esa toxicidad para contaminar e incluso derrocar a los candidatos presidenciales en una serie de elecciones, incluyendo las de Nicaragua, El Salvador, Perú y México. Ganamos las elecciones en México en 2006 por un pelito, por unos escasos 0,6 puntos porcentuales, en unas elecciones en las que hubo problemas en el conteo de la mitad de las urnas: es decir, el número de votos emitidos sumados a los votos en blanco no correspondían al total del número de votantes registrados. Y una de las razones por las que ganamos fue porque los medios atacaron sin descanso la candidatura izquierdista de López Obrador (AMLO), vinculándole con Chávez (incluso a pesar de que en este caso no había conexión alguna entre ellos). La victoria de AMLO ha sido aplastante y su partido, que ni siquiera existía hace apenas siete años, ha obtenido la mayoría en el Congreso. Esto supone una enorme pérdida para nosotros. Es obvio que sus programas político y económico son moderados, y estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo razonable sobre el NAFTA. Sin embargo, es un independentista populista y nacionalista como los que nos han plagado en Suramérica y Centroamérica y no apoyará nuestra política exterior como lo hace el actual gobierno, y eso es lo verdaderamente importante. Ya ha quedado suficientemente claro que no nos va a prestar ayuda en absoluto para cambiar el régimen ni en Venezuela ni en Nicaragua, por ejemplo. Y, en este sentido, le pido que me excuse, voy a decir una obviedad: los ataques verbales a México por parte del presidente Trump, su propuesta de muro “que pagarán los mexicanos”, y otras expresiones públicas de hostilidad, probablemente han contribuido a explicar el meteórico ascenso del nuevo partido de AMLO. Por no mencionar el fracaso a largo plazo de nuestra política de seguridad en el país, la militarización de “la guerra contra la droga” y otros errores cometidos por anteriores administraciones, sobre todo en materia de política económica y que se remontan a los años ochenta. Y el intento de culpar del éxito de AMLO y Morena a la supuesta interferencia de Rusia, por parte del general McMaster y otros, no logró engañar a muchos mexicanos, aunque les diera bastante juego en casa. Por lo tanto, debo concluir pidiéndole que peque de exceso de cautela cuando tenga que enfrentarse a este tipo de retos, en lugar de encender las pasiones del nacionalismo y del sentimiento antiestadounidense que puede cambiar el sentido de la disputa electoral en América Latina. A lo largo del siglo XXI fundamentalmente ha sido la izquierda la que ha enarbolado la bandera de la soberanía nacional y de la autodeterminación, creencias muy enraizadas en los países en desarrollo, cosas por las que la gente en ocasiones está dispuesta a luchar y a morir, y que tienen una base racional. La democracia en un país que no es soberano será muy precaria, en el mejor de los casos, por no hablar de la integridad de sus elecciones, la independencia del sistema judicial o del Estado de derecho a los que pueda aspirar. Muchos son los que atribuyen parte de la explicación de la inmensa diferencia entre la tasa de crecimiento y los niveles de vida en Asia y en América Latina al grado de soberanía nacional. Pero Washington no ha entendido del todo este tipo de creencias ni lo arraigadas que están entre la población de muchos lugares. Y, allá donde más las hemos subestimado, nos hemos enfrentado a nuestros mayores fracasos y derrotas, desde Vietnam hasta Irak (y lo que probablemente está por llegar en Medio Oriente). Le hemos dejado una América Latina controlada en su mayor parte por aliados leales a los Estados Unidos: Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Honduras y más. Contamos con los 13 países del Grupo de Lima que han exigido la imposición de sanciones financieras contra Venezuela, algo inimaginable tan solo hace unos pocos años. Ni siquiera en el momento del golpe de Estado en Honduras en 2009, que indignó a líderes de todo el espectro político, se oía hablar de sanciones, así de fuerte es la tradición latinoamericana de no intervención los asuntos de otros Estados. Logros aún más notables a la luz de las cartas que nos tocaron en la partida de la primera década de este siglo. Si tomáramos una fotografía del actual paisaje, bien pudiera parecer que es el orden natural de las cosas. Pero espero que vea que no tiene por qué ser así. Cultivamos este delicado jardín a base de paciencia diplomática, incluyendo la diplomacia pública necesaria para que nuestro mensaje y nuestra explicación de toda una variedad de conflictos domine los medios de comunicación de masas, a veces alcanzando una notable uniformidad. Como verá, tampoco hemos tenido miedo de apoyar o financiar la acción política por otros medios cuando ha resultado apropiado: los golpes parlamentarios en Brasil y Paraguay; o los golpes militares y otro tipo de intervenciones en Venezuela, Honduras y Haití. También hemos recurrido a nuestro poder financiero. Y gastamos decenas de millones de dólares anualmente a través de nuestro Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia para apoyar organizaciones políticas pro EE.UU. (Podría explicarle otras cosas que hemos hecho en un informe confidencial.) Sin embargo, éstos no pueden ser nuestros principales mecanismos de influencia en los aspectos políticos de la región. La diplomacia, incluyendo la diplomacia pública, debe de ser siempre el primer recurso. Pudiera parecer que con los gobiernos de los países más grandes de nuestro lado y el liderazgo de instituciones multilaterales (incluyendo OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso en la actualidad el Mercosur) tan claramente en nuestras manos  y en las de nuestros aliados, conseguiríamos cualquier objetivo que nos propusiéramos alcanzar. Pero, como nos ha demostrado la aplastante victoria de AMLO, la izquierda latinoamericana dista mucho de estar muerta. Incluso en aquellos países en los que han perdido la presidencia en los últimos años, siguen contando con una gran proporción del voto, mucho más alta de la que alcanzaran en el siglo XX. Esto en parte obedece a que, salvo contadas excepciones, no les fue mal a sus votantes mientras estuvieron esas fuerzas en el poder: la pobreza en la región cayó de un 44 a un 28% desde 2002 hasta 2013, tras una tendencia ascendente en los 20 años anteriores. No sabemos cuándo llegará la siguiente recesión o crisis económica ni qué impacto tendrá en la región. El Gobierno de Macri en Argentina ya se enfrenta a profundos problemas económicos, y la popularidad del presidente ha caído de un 50 a un 30% en pocos meses. El Gobierno brasileño es profundamente impopular y se enfrenta a huelgas, cifras de desempleo de dos dígitos y un lentísimo crecimiento económico.  En el horizonte acechan nubes de tormenta en  la medida en que persiste el ciclo de austeridad en la Reserva Federal de EE.UU. y aumenta la probabilidad de que “se frenen en seco” los flujos de capital en la región, con la consiguiente probabilidad de que se originen crisis y recesiones. La paciencia diplomática, el ejercicio blando del poder y el cultivo de alianzas fueron nuestras armas más poderosas para reducir la “marea rosa” que se había tragado a buena parte de América Latina durante la primera década del siglo XXI. Sinceramente, espero que puedan conservar y construir sobre nuestros logros. Este artículo se publicó originalmente en inglés, en The Real News Network.

Mark Weisbrot / 26 Septiembre 2018

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeEl Mundo ¿América Latina sigue siendo el “patio trasero” de Estados Unidos?
Alexander MainPúblico, 16 septiembre, 2018 Mémoire des luttes, 16 noviembre, 2018NODAL, 17 septiembre, 2018Toward Freedom, 17 septiembre, 2018AlterNet, 12 septiembre, 2018Common Dreams, 12 septiembre, 2018 Ver el artículo original In English En français A fines de la primavera de 2008, el prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, en Nueva York, publicó un informe titulado “Relaciones entre Estados Unidos y América Latina: una nueva dirección para una nueva realidad”. Programado para influir en la política exterior del próximo Gobierno estadounidense, el informe aseveró: “la era de EEUU como la influencia dominante en América Latina ha terminado”. En la Cumbre de las Américas en abril del año siguiente, el presidente Barack Obama parecía estar en la misma página que los autores del informe, prometiendo a los líderes latinoamericanos una “nueva era” de “asociación igualitaria” y de “respeto mutuo”. Cuatro años más tarde, el segundo secretario de Estado que tuvo Obama, John Kerry, dio un paso más, declarando solemnemente ante sus contrapartes regionales en la Organización de Estados Americanos (OEA) que la “era de la Doctrina Monroe había terminado”. El discurso —anunciando el fin de una política de casi 200 años, ampliamente vista como un cheque en blanco para la intervención de Estados Unidos en la región— fue calurosamente aplaudido, y tal vez le ganó algo de perdón a Kerry por haberse referido a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos unos meses antes. En su enfoque hacia América Latina, el Gobierno del presidente Donald Trump ha tenido un tono decididamente diferente al del Gobierno de Obama. Poco después de mudarse a la Casa Blanca, Trump anunció que revertiría las políticas ampliamente elogiadas de Obama de normalización de las relaciones con Cuba. En lugar de confirmar la desaparición de la Doctrina Monroe, el primer secretario de Estado del presidente Trump, Rex Tillerson, declaró que “claramente había sido un éxito”. Para que nadie lo considere un ignorante de la historia de la doctrina, se hizo eco de los sentimientos de sus autores originales (el presidente John Adams y el secretario de Estado James Monroe) al señalar, con respecto a las crecientes relaciones de China en la región, que “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales” y que “nuestra región debe ser diligente para protegerse de los poderes lejanos ... ”. Teniendo en cuenta estos y otros pronunciamientos de Trump y de su equipo, es tentador considerar que el actual Gobierno de EEUU tiene la intención de dar rienda a una política progresista e ilustrada hacia América Latina, iniciada bajo Obama. Pero un análisis más detallado de las políticas en curso sugiere que, en su mayor parte, el Gobierno de Trump persigue esencialmente los mismos objetivos políticos, económicos y de seguridad en la región que Obama, aunque a veces de una manera más descarada y agresiva. Del mismo modo, vale la pena señalar que la agenda de Obama en América Latina —con la importante y tardía excepción de la apertura con Cuba— no se diferenció significativamente de la de su predecesor, George W. Bush. De hecho, los Gobiernos estadounidenses han estado siguiendo aproximadamente la misma agenda en América Latina desde al menos principios del siglo XX; aunque las tácticas empleadas han cambiado significativamente con el paso del tiempo. El objetivo general sigue siendo el mismo: mantener la hegemonía estadounidense en toda la región. Pero, aunque los actores regionales derechistas y proestadounidenses han protagonizado un retorno importante en los últimos años, mantener el control estratégico de Estados Unidos en América Latina puede ser difícil de sostener en el largo plazo, debido en parte al desplazamiento progresivo de EEUU como jugador económico dominante del hemisferio. Y el nacionalismo extremo de Trump puede contribuir a un despertar de los impulsos nacionalistas y antiimperialistas, como ha ocurrido recientemente en México. — Aunque a menudo está envuelta en una retórica de promoción de la democracia y derechos humanos, la agenda política de Washington en América Latina se puede resumir de la siguiente manera: mimar a los Gobiernos y movimientos que apoyan los objetivos económicos, de seguridad y de política exterior de EEUU, y tratar de erradicar a los que no. En este sentido, Obama le dejó en herencia a Trump unos buenos cimientos. Mientras que en el momento de la toma de posesión de Obama en 2009 la mayoría de los latinoamericanos vivían bajo Gobiernos progresistas que, en general, buscaban una mayor independencia de EEUU; cuando éste dejó el cargo, solo un puñado de países todavía tenían Gobiernos de izquierda. Obama jugó un papel nada despreciable en la creación de este cambio político de repercusiones sísmicas. En 2009, él y su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, ayudaron a que un golpe militar de derecha triunfara en Honduras al obstaculizar los esfuerzos para restaurar al presidente electo de tendencia izquierdista, Manuel Zelaya. En el año siguiente, EEUU intervino en las elecciones haitianas y presionó con éxito a las autoridades del país para que cambiaran arbitrariamente los resultados electorales a fin de garantizar la victoria de un candidato derechista proestadounidense. En 2011, el Departamento de Estado de EEUU frustró los esfuerzos regionales para revertir un “golpe parlamentario” que eliminó al presidente izquierdista de Paraguay a través de un proceso ampliamente criticado. Durante el verano de 2016, el Gobierno de Obama puso todo su poderío diplomático a disposición de los actores políticos corruptos de Brasil, quienes destituyeron a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff a través de un proceso de impugnación viciado y controvertido. Por esa misma época, el Gobierno de Estados Unidos se oponía a los préstamos multilaterales al Gobierno izquierdista de Cristina Kirchner, agravando así una situación económica convulsa que ayudó a sellar la victoria del multimillonario de derecha, Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales de 2016. La derrota de la izquierda en Brasil y Argentina significó que se habían eliminado dos pilares del movimiento de integración progresista de América Latina de comienzos del siglo XXI. Quedaba un pilar, resistiendo obstinadamente los repetidos intentos de Estados Unidos de derrocar a su Gobierno: Venezuela. Obama hizo un gran esfuerzo por sacar del poder a los chavistas de Venezuela. Su Gobierno se negó a reconocer la victoria electoral en 2013 de Nicolás Maduro, a pesar de que no hay evidencia de fraude. En 2015, justo cuando estaba tomando medidas para normalizar las relaciones con Cuba, Obama declaró a Venezuela una “amenaza extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos” para justificar la imposición de sanciones selectivas contra altos funcionarios del Gobierno. Pero en agosto de 2017, Trump superó a Obama, imponiendo amplias sanciones económicas que restringieron drásticamente el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, lo que exacerbó la actual crisis económica del país. Fuentes de la Casa Blanca revelaron que Trump también ha estado considerando una invasión militar en Venezuela. ¿Por qué esta obsesión con Venezuela, un país que no representa una amenaza para la seguridad de EEUU? Como se señala con frecuencia, la política de Washington en América Latina es a menudo un producto de la política interna; y la obsesión con Venezuela —alimentada en parte por sectores adinerados y de extrema derecha de la diáspora cubana y venezolana en Florida— es un ejemplo de ello. Pero más allá de esto, un Gobierno de izquierda en Venezuela plantea un desafío único a la hegemonía estadounidense, dada su vasta riqueza petrolera y su consiguiente capacidad de proyectar influencia por encima de sus fronteras (como lo ejemplifica el acuerdo Petrocaribe y otras iniciativas regionales venezolanas). Si bien estos dos factores han contribuido durante años al estatus de Venezuela como el enemigo número uno en el hemisferio, el equipo de política exterior de Trump incluye a un elenco de personajes particularmente virulento que ha llevado la obsesión con Venezuela a un nuevo extremo. El “equipo de ensueño” de la política exterior de Trump incluye al asesor de seguridad nacional, John Bolton, un notorio neoconservador que se obsesionó con la “amenaza” venezolana mientras estuvo en el Gobierno de George W. Bush. Tillerson ha sido reemplazado por el “halcón” de la política exterior, Mike Pompeo. Si bien Tillerson generó controversia con su elogio a la Doctrina Monroe, fue en algunos aspectos más cauteloso que su sucesor, habiéndose opuesto a las sanciones financieras contra Venezuela, recomendadas por el entonces director de la CIA, Pompeo. Finalmente, el senador cubano-estadounidense de Florida, Marco Rubio —que tiene fuertes relaciones con los sectores más intransigentes de la diáspora cubana y venezolana— se ha convertido, según todos los indicios, en el principal asesor de Trump en América Latina. Entre otras cosas, presionó con éxito para conseguir sanciones económicas contra Venezuela y pidió un golpe militar allí. Aunque el equipo de Trump parece estar especialmente enfocado en Venezuela, no hay dudas de que también tiene su vista puesta en los otros pocos Gobiernos izquierdistas restantes en la región: Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y, quizás incluso el de una izquierda muy moderada, Uruguay. A su disposición hay un arsenal completo de herramientas de “poder blando” para avanzar en la agenda de “democracia y gobernanza” de EEUU. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), financiada también por el Gobierno de EEUU, tienen programas de “promoción de la democracia” que brindan capacitación y financiamiento principalmente a organizaciones proestadounidenses que a menudo tienen vínculos con partidos políticos. En varios países —como Venezuela, Bolivia, Ecuador y El Salvador—, Estados Unidos ha utilizado estos programas para brindar apoyo material y táctico a los movimientos de derecha violentos y antidemocráticos. — Trump también acogió la agenda de seguridad regional de su predecesor, que a su vez se basó en estrategias antidrogas y de contrainsurgencia desarrolladas bajo Clinton y George W. Bush. Ambos presidentes invirtieron miles de millones de dólares en el Plan Colombia, que apoyó vastas ofensivas militares, las que provocaron el desplazamiento de millones de personas y contribuyeron a miles de muertes civiles, sin tener prácticamente ningún impacto en la producción de cocaína. A pesar de sus cuestionables resultados, el Plan Colombia fue aplaudido por gran parte del establishment de la política exterior. Igualmente, ha sido promocionado como modelo para la Iniciativa Mérida en México (2008), respaldada por Bush, , que apoyó una “guerra contra las drogas” militarizada, la que ha conducido a decenas de miles de muertes. Originalmente Mérida incluía a Centroamérica, pero el Gobierno de Obama la dividió y creó la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), que mueve decenas de millones de dólares en asistencia de seguridad principalmente para Honduras, Guatemala y El Salvador. En los últimos años, cada uno de estos países ha adoptado su propio enfoque militarizado para la aplicación de la ley, y cada uno ha experimentado oleadas de violencia que los ubican entre los países más violentos del mundo. Los estudios demuestran que esta violencia ha sido un factor importante en el fuerte aumento del número de migrantes de estos países que huyen hacia México y Estados Unidos. Por supuesto, el Gobierno de EEUU ha tenido una robusta agenda de seguridad que abarca a gran parte de América Latina desde mucho antes de que Teddy Roosevelt declarara a Estados Unidos como el “poder policial internacional” de la región. Durante las primeras décadas del siglo XX, EEUU llevó a cabo numerosas intervenciones militares en América Latina y el Caribe, incluidas largas ocupaciones militares en Nicaragua, Haití y República Dominicana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de EEUU desarrolló estrategias de compromiso de largo alcance con las fuerzas militares en todo el hemisferio. En 1946, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emprendió la Escuela de las Américas (más tarde renombrada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad o WHINSEC, por sus siglas en inglés), donde miles de militares de toda América Latina recibieron entrenamiento contrainsurgente, supuestamente para defender a sus países del comunismo promovido por los soviéticos. La intervención militar directa de EEUU en la región se hizo menos frecuente, pero las fuerzas militares latinoamericanas a menudo actuarían en conjunto con los agentes de inteligencia estadounidenses para reprimir violentamente a los movimientos de izquierda y, en muchos casos, derrocar a los Gobiernos de izquierda. La Guerra Fría pudo haber terminado oficialmente en 1991, pero los programas de entrenamiento de EEUU continuaron. El personal militar entrenado en EEUU estuvo involucrado en golpes militares en Haití (1991), Venezuela (2002) y Honduras (2009), así como en sangrientas campañas de contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Colombia. Los programas de entrenamiento de EEUU, junto con otras formas de asistencia en materia de seguridad, le han permitido al Pentágono mantener una fuerte y continua influencia dentro de las fuerzas militares de América Latina. Además, Estados Unidos ha expandido su presencia militar directa en la región a través de acuerdos formales e informales para establecer sus bases militares en varios países, incluidos Perú, Guatemala, Honduras y, por supuesto, Colombia, el principal socio estratégico del Pentágono en la región. Estos y otros acuerdos permiten que EEUU utilice instalaciones militares y otras instalaciones gubernamentales en varias partes de América Latina como plataformas para el lanzamiento de operaciones de seguridad o la realización de actividades de recopilación de información de inteligencia. El resultado agregado de los programas de entrenamiento y de utilización de bases militares por EEUU, junto a otros acuerdos logísticos, es la consolidación del control estratégico del Ejército estadounidense sobre gran parte de la región. Mantener este control ha sido una prioridad para EEUU, independientemente del Gobierno de turno. Honduras —donde EEUU ha tenido cientos de tropas apostadas desde principios de los años ochenta— ofrece una vívida ilustración de cómo una relación de seguridad estratégica puede, desde el punto de vista del Gobierno de EEUU, tener prioridad sobre cualquier otra consideración. En junio de 2009, los comandantes entrenados por Estados Unidos llevaron a cabo un golpe militar contra el presidente electo del país, Manuel Zelaya, quien, en su país, había desarrollado estrechas relaciones con los movimientos que habían hecho campaña contra la presencia militar estadounidense en Honduras y, a nivel exterior, forjó una fuerte alianza con el Gobierno venezolano. Como se describió anteriormente, Estados Unidos ayudó al golpe y luego aumentó la asistencia de seguridad a Honduras, a pesar del aumento en abusos contra los derechos humanos, incluyendo cientos de asesinatos de líderes sociales como la difunta Berta Cáceres, cuyos asesinos incluyeron a exmilitares entrenados por EEUU y a militares activos entrenados por EEUU. A fines de noviembre de 2017, el presidente en ejercicio de derechas, Juan Orlando Hernández, fue declarado ganador de unas elecciones gravemente dañadas por el fraude, tanto que incluso la Organización de los Estados Americanos, alineada con Washington, pidió que se hicieran de nuevo. En las semanas que siguieron, las protestas estallaron en todo el país y fueron reprimidas violentamente por las fuerzas militares y policiales utilizando munición real, lo que provocó decenas de muertes de manifestantes desarmados. Sin inmutarse, el Departamento de Estado de EEUU reconoció el resultado de las elecciones y continuó brindando una contundente asistencia a las fuerzas de seguridad del país. — Con respecto a la agenda económica regional de EEUU, Trump se ha desviado bruscamente de las políticas de sus predecesores en algunos aspectos, en particular con su decisión de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Negociado bajo George H.W. Bush, aprobado por Clinton, y apoyado firmemente por George W. Bush y Obama, el TLCAN ha sido promocionado como un acuerdo comercial modelo por gran parte del establishment estadounidense (de forma muy parecida a como el Plan Colombia es visto como un modelo de programa de seguridad). Los nacionalistas económicos cercanos a Trump esperan reescribir el acuerdo de una manera que restaure las protecciones para algunas industrias pesadas de EEUU y reduzca los llamados derechos de los inversores, pero ellos enfrentan una férrea oposición de muchos miembros del gabinete y de donantes de Trump, quienes representan los intereses de corporaciones multinacionales y bancos de Wall Street. Sin embargo, no hay indicios de que la camarilla de nacionalistas económicos de Trump esté tratando de poner fin a los esfuerzos para promover el neoliberalismo en toda la región, como ha venido haciendo el Gobierno de EEUU desde finales de los años setenta. Estados Unidos continúa desplegando una variedad de herramientas intrusivas para desarrollar políticas que desplacen el control de los factores económicos de los Estados hacia el sector privado, y que expandan la financiarización de las economías. Estas políticas han sido una gran ayuda para las multinacionales estadounidenses y Wall Street, pero no han logrado mejorar la vida de la mayoría de los latinoamericanos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales (IFIs) en las que EEUU ejerce un control efectivo sobre sus políticas, continúan condicionando préstamos que pueden llevar a ajustes monetarios y fiscales que paralizan la economía y obligan a los Gobiernos a abandonar estrategias de desarrollo y políticas industriales. Mientras tanto, los programas de ayuda económica de EEUU a menudo debilitan aún más el rol económico del Estado mediante el apoyo a la privatización de bienes y servicios públicos y mediante una “asistencia técnica” que debilita los marcos regulatorios para atraer inversiones extranjeras directas a cualquier costo. En los años 80 y 90, América Latina experimentó estos “ajustes estructurales” neoliberales más que cualquier otra parte del mundo, en gran parte porque los Gobiernos requerían préstamos de las IFIs luego de la crisis de la deuda de principios de los 80. El resultado fue el final de un ciclo de desarrollo económico intenso para gran parte de la región y dos décadas de un crecimiento en gran medida estancado, con indicadores sociales en declive y la venta de servicios públicos. A fines de la década del 90, los latinoamericanos ya estaban hartos y comenzaron a elegir Gobiernos de izquierda que, en diversos grados, se oponían al neoliberal “Consenso de Washington”. El resultado fue un período en el que las políticas económicas heterodoxas, incluidas la expansión de los programas de salud pública, educación y vivienda para los pobres y la renacionalización de las industrias estratégicas, se implementaron en muchos países, especialmente en América del Sur. Los resultados fueron en gran parte muy positivos, con aumentos significativos en el crecimiento económico y una reducción en los niveles de pobreza y desigualdad. En los últimos años, la turbulencia económica —que se debe en parte a la caída de los precios de los productos básicos y otros factores externos— ha contribuido a que los actores de derecha neoliberales recuperen el poder. Como se examinó anteriormente, las ofensivas antidemocráticas respaldadas por Estados Unidos también han contribuido al cambio hacia la derecha. Como resultado, la agenda económica neoliberal de EEUU vuelve a ser dominante en la mayoría de América Latina. Sin embargo, el Gobierno de EEUU teme que la región pueda escaparse de su control una vez más; y estos miedos pueden estar bien fundados. Por un lado, hay pocas ganas en la región de más reformas neoliberales. Es interesante observar, por ejemplo, que se han producido protestas masivas en tres países donde el FMI se ha involucrado recientemente en la formulación de políticas económicas: Argentina, Haití y Nicaragua (aunque en este último las protestas parecen haber recibido apoyo adicional de entidades respaldadas por EEUU). En Brasil se están aplicando medidas extremas de austeridad con el apoyo del FMI y el poderoso sector financiero, y la popularidad del presidente no electo del país se ha reducido al 5 por ciento. En otras palabras, a pesar de los esforzados intentos del Gobierno de Estados Unidos para mantener a la izquierda fuera del poder, es probable que las elecciones favorezcan a los movimientos antineoliberales en el largo plazo. Aunque el riesgo de un retorno a los regímenes dictatoriales ya no es una posibilidad descabellada, particularmente si se consideran los acontecimientos recientes en lugares como Brasil (donde un popular expresidente ha sido encarcelado por cargos no comprobados) u Honduras (donde Estados Unidos apoyó una reelección fraudulenta e inconstitucional). Pero el actual Gobierno de EEUU tiene más de qué preocuparse que por simples elecciones democráticas. Cuando Tillerson habló de la necesidad de “protegerse contra poderes lejanos”, no estaba hablando de manera abstracta; se estaba refiriendo principalmente a China, a la que acusó de “utilizar instrumentos de liderazgo económico para llevar a la región hacia su órbita”. La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 de la Casa Blanca utiliza un lenguaje similar para describir a la “amenaza” china, al igual que los miembros del Congreso de los dos principales partidos. Lo que todos parecen temer es el creciente predominio económico de China en América Latina. El comercio total entre China y América Latina ha pasado de $12 mil millones en 2000 a casi $280 mil millones en 2017. China también se ha convertido en un importante inversor en la región, y sus líneas de crédito, principalmente para proyectos de energía e infraestructura, ahora superan a las financiaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto. Tillerson y otros funcionarios advirtieron que China está promoviendo un nefasto “modelo de desarrollo liderado por el Estado”, mientras que la NED publicó recientemente un informe advirtiendo que China está capitalizando “su fortaleza económica para aumentar su influencia política en toda la región”. En realidad, no hay evidencia que sugiera que China no está cumpliendo con su política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Al contrario de las prácticas crediticias del FMI, del Banco Mundial y de otras IFIs respaldadas por Estados Unidos, el financiamiento chino no está condicionado a la aplicación de políticas económicas ortodoxas —o de la cualquier otra política macroeconómica— por parte de los Gobiernos. Desde la perspectiva de los principales responsables políticos de Estados Unidos, de hecho, este es el problema. China, al no imponer condiciones políticas en sus transacciones comerciales y financieras, proporciona a sus socios latinoamericanos el espacio para que desarrollen sus propias alternativas económicas y políticas, incluidas las medidas “lideradas por el Estado” que chocan con la agenda de EEUU. Aunque las declaraciones de los funcionarios estadounidenses suenan cada vez más intimidatorias frente a la "amenaza" china en América Latina —recientemente con intensos ataques contra el Gobierno de El Salvador después de su decisión de romper relaciones con Taiwán y normalizar las relaciones con Beijing—, es poco lo que realmente pueden hacer para detener el avance inexorable de China en la región. — Gran parte de la agenda agresiva e intervencionista de Trump en América Latina, al igual que las similares agendas de sus predecesores, no genera controversia dentro de la corriente dominante de Estados Unidos (salvo la demanda de un muro fronterizo pagado por México y algunos otros pronunciamientos escandalosos). Durante muchas décadas, la mayoría de la élite de la política exterior del país ha aceptado silenciosamente la idea de que Estados Unidos debe mantener una influencia política, militar y económica hegemónica en la región. Incluso los liberales John Mersheimer y Stephen Walt, expertos en relaciones internacionales —quienes adoptan la noción de un mundo multipolar— han argumentado que “preservar el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental” es “lo que realmente importa”. Para muchos, se trata de asegurar la credibilidad internacional de Estados Unidos como una superpotencia. Pero indudablemente la resistencia latinoamericana a la agenda regional de EEUU continuará, impulsada por el declive relativo de Estados Unidos como potencia económica, junto con el inevitable antiamericanismo generado por las payasadas xenófobas de Trump. La última señal de resistencia proviene de México, donde décadas de neoliberalismo y una fallida y devastadora guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos impulsaron la victoria arrolladora de un candidato de izquierda por primera vez en la historia contemporánea del país. En un momento en que la mayoría de los Gobiernos de la región están comprometidos con Washington, la notable transformación política en curso justo al sur de la frontera con Estados Unidos brinda un rayo de esperanza para los pueblos de América Latina y su búsqueda de una verdadera independencia. Alexander Main es el director de política internacional del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC. Traducción por Francesca Emanuele.

Alexander Main / 17 Septiembre 2018

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