Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El Gobierno “provisional” de Bolivia realiza cambios radicales en política exterior, y gana poderosos aliados
La política exterior, un área básicamente en manos del poder ejecutivo, le ha proporcionado a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien no goza de una mayoría parlamentaria, un vehículo ideal para su programa radical. A días de tomar el poder, el Gobierno de Áñez cortó relaciones con Venezuela, expulsó a su personal diplomático, reconoció en cambio al autoproclamado Gobierno de Juan Guaidó y abandonó rápidamente el grupo de países del ALBA para unirse a su contrapeso de derecha, el Grupo de Lima. Bolivia pronto restableció relaciones diplomáticas con Israel y reavivó los estrechos lazos con Estados Unidos, los que habían sido seriamente erosionados desde que el embajador de Estados Unidos en Bolivia fuese sorprendido teniendo reuniones secretas con figuras clave de la oposición en medio de un violento movimiento separatista destinado a derrocar al Gobierno de Morales en 2008. Áñez, una senadora poco conocida, cuyo partido obtuvo solo el 4% de los votos en las últimas elecciones legislativas, fue proclamada después de un golpe de Estado que derrocó el 10 de noviembre al presidente democráticamente electo, Evo Morales. Pronto quedó claro que su falta de legitimidad democrática no evitaría que se comporte como si tuviera el mandato popular de conducir al país a una nueva era. Añez se negó a personificar el papel, que quisieron construir los defensores del golpe, de una interina prudente y preocupada por garantizar el funcionamiento de las instituciones necesarias para la celebración de elecciones en el menor tiempo posible; y eligió, en su lugar, gobernar. Después de comprometerse reiteradamente a no presentarse a las elecciones, Áñez finalmente anunció su candidatura el 24 de enero. Los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre otros miembros de la élite boliviana, han expresado su descontento con el cambio de opinión de Áñez. Su presencia en la boleta electoral dividirá aún más a la derecha en el contexto de una contienda abarrotada de postulantes en la que los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político de Morales, son los favoritos. Los partidarios del golpe de noviembre, tanto dentro como fuera de Bolivia, están preocupados que las ambiciones políticas de Áñez desacrediten el argumento de que los golpistas fueron actores políticos desinteresados, dedicados a la causa de la “democratización” y no a su propio encumbramiento. La internacionalización de la política nacional En la restauración conservadora de Bolivia hay una conexión inseparable entre la política exterior y la persecución interna del MAS y de su liderazgo. El Gobierno golpista busca arrestar a Morales por cargos de “terrorismo” y “sedición”. Docenas de funcionarios del Gobierno de Morales y líderes del MAS huyeron del país, buscaron asilo en misiones diplomáticas o fueron arrestados. A 24 horas de que el MAS anunciara que su candidato presidencial sería el exministro de Economía, Luis Arce, el Gobierno de facto anunció cargos de “corrupción” contra Arce; y cuando regresó a Bolivia hace un par de semanas, recibió una citación para comparecer ante el Ministerio Público incluso antes de pasar por el control de migraciones del aeropuerto. Un exministro y un viceministro, a quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia había otorgado salvoconductos para que pudieran salir de la embajada mexicana, dirigirse al aeropuerto y abandonar el país, fueron detenidos y maltratados. Solo las voces de protesta internacionales que denunciaron esta violación extraordinaria del derecho internacional ―y la asombrosa perfidia de otorgar salvoconductos a personas para detenerlos una vez fuera de su refugio diplomático― finalmente llevó al Gobierno boliviano a dejarlos salir del país. El responsable de este resurgimiento de la “guerra interna” ― la infame Doctrina de Seguridad Nacional de América Latina de las dictaduras militares de los años 60 y 70 ― es el ministro del Interior, Arturo Murillo. Murillo no oculta sus alianzas internacionales para erradicar a los subversivos y terroristas: “Los hemos invitado (a los israelíes) a ayudarnos. Están acostumbrados a tratar con terroristas. Saben cómo manejarlos”. Para Patricio Aparicio, el embajador de Áñez ante la Organización de Estados Americanos, las denuncias generalizadas de abusos contra los derechos humanos, entre otros el informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) y su denuncia de la masacre de Senkata son "mentiras y falsedades". Al quejarse de la aprobación de una resolución del Consejo Permanente de la OEA impulsada por los países del CARICOM para “condenar las violaciones a los Derechos Humanos” y hacer un “llamamiento al pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas” en Bolivia, Aparicio aseveró que los Estados miembros de la OEA estaban actuando “como esos consultores y operadores de cierta izquierda internacional que están alojados en muchas instituciones interamericanas, y que no quieren conocer la verdad objetiva”. En línea con la negación de las violaciones a los derechos humanos, el Gobierno de Áñez ha arremetido contra los Gobiernos que adoptan una postura proactiva para proteger de abusos a potenciales víctimas en Bolivia. Jorge Quiroga, el “representante internacional” de Áñez ―quien finalmente renunció en enero para lanzar su propia candidatura presidencial―  llamó de “cobarde”, “servil”, “sumiso”, “matoncito” y “sinvergüenza” al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado asilo a Morales. Lejos de rechazar la franqueza de su representante, a una semana de los floridos insultos de Quiroga, Áñez expulsó al embajador mexicano, así como al encargado de negocios y al cónsul español por el papel de estos Gobiernos en la protección de los exfuncionarios bolivianos ante su persecución. La siguiente disputa de Áñez fue con el nuevo Gobierno de Argentina, donde actualmente Morales vive en el exilio. Fue más que paradójico cuando Áñez, una presidenta que asumió la presidencia como consecuencia de un golpe de Estado, dijo, refiriéndose al presidente democráticamente electo de Argentina, Alberto Fernández, el día de su posesión presidencial, que no tenía “ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia”. Un vecino amigable El contexto internacional ha jugado un papel decisivo en escudar al gobierno de Añez de sus detractores y por ende en vigorizar su cruzada contra la izquierda. El Gobierno brasileño, en particular, ha brindado un apoyo significativo. El canciller israelí confirmó la influencia de Brasil cuando reconoció “la ayuda del presidente brasileño [Jair Bolsonaro] y [su] ministro de Asuntos Exteriores” en el restablecimiento de las relaciones de Israel con Bolivia y, naturalmente, la importancia del golpe: “La partida del presidente Morales, quien era hostil a Israel, y su reemplazo por un Gobierno amigo de Israel, permite que el proceso se materialice”. Independientemente de la cuestión con Israel, está claro que el presidente brasileño está encantado con los acontecimientos en la vecina Bolivia. Mientras que Bolsonaro es un católico que fue apoyado por numerosas iglesias evangélicas conservadoras en las elecciones de 2018, Áñez es una evangelista de derecha de “pura cepa”: una aliada ideal para el proyecto político ultra conservador del Gobierno de Brasil. Bolsonaro ha tratado de ayudar a Áñez de varias maneras, incluyendo a través de la flexibilización de las reglas para las importaciones de gas boliviano a Brasil. En diciembre de 2019, expiró el contrato que habían tenido Petrobras e YPFB (la compañía estatal de petróleo y gas de Bolivia) durante 20 años. Las negociaciones que tuvieron lugar en el contexto del rápido declive de la demanda brasileña de gas boliviano, se habían estancado antes del golpe. Sin embargo, en diciembre de 2019, Petrobras llegó a un acuerdo transitorio con YPFB, lo que le dio al Gobierno boliviano la holgura necesaria hasta concretar un contrato a más largo plazo. En enero, el ministerio de Minas y Energía de Brasil fue más allá; otorgando a YPFB el derecho de vender gas en el mercado brasileño, en consonancia con el esfuerzo más amplio de Bolsonaro para poner fin al monopolio de Petrobras sobre las importaciones de gas en Brasil. Si bien se mantendrán límites a la cantidad de gas boliviano colocado en el mercado brasileño fuera del acuerdo con Petrobras, el techo máximo crecerá paulatinamente cada año. La ruptura con Cuba Brasil ha liderado, además, con el ejemplo. Al romper los tabúes de la política exterior, al usar un lenguaje provocativo, al ir en contra del consenso liberal dominante y al denunciar el multilateralismo como “marxismo cultural”, Bolsonaro, como Trump, incentiva a que los Estados más pequeños emulen su comportamiento y extremismo. La retórica violenta que Brasil ha utilizado en el deterioro de sus relaciones con Cuba es un buen ejemplo de ello. Cuando Bolsonaro atacó el programa “Más médicos” de Cuba, lo que condujo a que Cuba retirara a más de 8,000 médicos de Brasil, y afirmó después que había “un montón de terroristas entre ellos”, allanó el camino para que otros países tomaran medidas similares. En noviembre de 2019, tanto Ecuador como Bolivia pusieron fin a su cooperación en Salud con la isla, y los médicos cubanos fueron repatriados de ambos países andinos antes de fin de año. En 2019, Brasil fue uno de los tres países a favor del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en la votación anual de la Asamblea General de la ONU. Al hacerlo, el Gobierno de Bolsonaro rompió con la histórica tradición multilateralista de Brasil y su oposición de larga data a la coerción económica de Estados Unidos contra la isla. Sin embargo, Áñez llevó las cosas un paso más allá: el 24 de enero de 2020, el Gobierno boliviano anunció que estaba cortando las relaciones diplomáticas. Bolivia es ahora el único país del hemisferio occidental – y uno de tres en el mundo (junto con Corea del Sur e Israel) – en no tener relaciones diplomáticas con Cuba. Durante décadas, Cuba ha tratado de tomar distancia de antiguas rivalidades diplomáticas de la Guerra Fría. No se trata de que el Gobierno cubano no proteste cuando se siente perjudicado o cuando aliados cercanos son amenazados o derrocados, pero ha cultivado un enfoque cauteloso hacia posibles detractores. La ruptura de las relaciones de Bolivia con Cuba parece haber resurgido de otra época. Incluso el Gobierno de Trump, que ha resucitado el Título III de la Ley Helms Burton para ejercer más presión económica sobre la isla, no ha abandonado de lado las relaciones diplomáticas con Cuba establecidas bajo su predecesor; lo que no quiere decir que el enfoque disidente de Bolivia hacia la izquierda en América Latina no sea alentado efusivamente desde Washington. La influencia de Marco Rubio en todo lo concerniente a Latinoamérica y los cálculos, o errores de cálculo, de la campaña presidencial de Trump sigue alimentando la postura cada vez más agresiva del Gobierno estadounidense hacia la región. En última instancia, la política de la era de la Guerra Fría en Bolivia es un salto hacia un pasado oscuro y antidemocrático que encaja perfectamente con la visión Monroe-ista de Trump de otorgarle un papel de “patio trasero” a América Latina en el sistema internacional. En los últimos días, la ministra de Asuntos Exteriores de Áñez, Karen Longaric, fue recibida calurosamente por el secretario de Estado, Mike Pompeo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo lo mismo; y Longaric celebró su “labor fundamental en la defensa de la democracia y el Estado de derecho” y le ofreció formalmente el respaldo de Bolivia en su intento de reelección al frente de la organización. La OEA fue clave para socavar las elecciones de octubre de 2019 y para impulsar una narrativa incongruente de elecciones fraudulentas que contribuyó en gran medida al derrocamiento de Morales. Luego, Longaric hizo una presentación en el “tanque de pensamiento”, el Diálogo Interamericano, con sede en Washington, sobre la importancia de defender una política exterior no ideológica. Esa misma tarde, las relaciones con Cuba se rompieron. En el evento, Longaric no tuvo que confrontarse con preguntas incómodas. Áñez ha pasado de ser una improbable presidenta provisional que emergió de la oscuridad, a una candidata presidencial con un conjunto creciente de aliados internacionales; haciendo de su política exterior radical una herramienta esencial de consolidación del poder. En medio de un contexto regional e internacional en el que el extremismo de derecha, lejos de aislar, se ha vuelto políticamente rentable, no es de extrañar que Jeanine Áñez se sienta tan envalentonada.

Guillaume Long / 13 Febrero 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo La Organización de Estados Americanos ha engañado terriblemente a la población sobre las elecciones bolivianas
Mark WeisbrotContexto y Acción, 20 de noviembre, 2019 Tenemos Noticias, 25 de noviembre, 2019MarketWatch, 19 de noviembre, 2019 Ver el artículo original In English Los hechos no muestran nada sospechoso sobre la victoria de Evo Morales ¿Cuál es la diferencia entre una mentira descarada (decir que algo es cierto sabiendo que es falso) y una representación material premeditada que consigue el mismo fin? Veamos un ejemplo que difumina los límites entre las dos, hasta el punto de que la distinción prácticamente se desvanece. Y las consecuencias son bastante serias; esta tergiversación (o mentira) ya ha jugado un papel crucial en el golpe militar del domingo pasado en Bolivia. Este golpe militar derrocó al Gobierno del presidente Evo Morales antes de finalizar su actual mandato — en el que nadie disputa que haya sido electo democráticamente en 2014. Lo que podría venir después son más represiones violentas e incluso una guerra civil. La misión de la OEA La Organización de Estados Americanos (OEA) envió una Misión de Observación Electoral a Bolivia, encargada de monitorear sus elecciones nacionales del 20 de octubre. El día después de las elecciones, antes de que se contabilizaran la totalidad de los votos, la misión emitió un comunicado de prensa anunciando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares…”. A lo que se refería la OEA es a esto: hay un “conteo rápido” oficioso de los resultados de la votación que realizan empresas que suben los resultados a una página web, a medida que las actas de escrutinio están disponibles.  A las 7:40 pm del día de las elecciones, habían informado los resultados con el 84% de los votos contados, y luego dejaron de informar durante 23 horas (explicaré más sobre esto a continuación). Cuando se reanudaron los resultados del conteo rápido, con el 95% de los votos escrutados, la ventaja de Morales había aumentado del 7.9%, que tenía antes de la interrupción, a poco más del 10%.  Este margen era importante porque para ganar sin una segunda vuelta, un candidato necesita la mayoría absoluta, o al menos un 40% más un margen de 10 puntos sobre el segundo candidato más votado. Este margen —que creció al 10.6% cuando se contaron todos los votos en el recuento oficial— reeligió a Morales sin necesidad de una segunda vuelta. La ventaja de Morales se incrementó de manera constante Ahora bien, si usted tiene alguna experiencia con procesos electorales o tal vez cierto conocimiento de aritmética, ¿qué es lo primero que le gustaría saber sobre los votos que llegaron después de la interrupción? Usted podría preguntar, ¿las personas en esas áreas eran diferentes de las personas en las circunscripciones promedio del primer 84%? ¿Y fue repentino el cambio en el margen de Morales, o fue una tendencia gradual que continuó a medida que se reportaban más hojas de votación? Es posible que incluso desee hacer estas preguntas antes de expresar "profunda preocupación y sorpresa" sobre lo que sucedió, especialmente en una situación políticamente muy polarizada que ya se estaba tornando violenta. Una mirada a esos datos muestra que la variación en la ventaja de Morales fue en realidad gradual y continua, y comenzó a aumentar muchas horas antes del parón en el conteo rápido. Puede ver esto en un gráfico de los resultados. Es la ubicación geográfica ¿Por qué sucedió? La respuesta es simple y no tan infrecuente: las personas en áreas que reportan sus votos en la última tanda (más tarde) simpatizan más con el MAS (el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo) que las personas en áreas que informaron más temprano sus resultados. De ahí el aumento gradual y continuo en la ventaja de Morales, a quien los votos después de la interrupción lo colocaron a la cabeza. La OEA ha publicado dos comunicados de prensa, un informe preliminar y una auditoría preliminar sobre la elección. ¿Cuántos de estos contenían el descrédito a los resultados electorales sugeridos en la "profunda preocupación y sorpresa" citada anteriormente? Tres. ¿Cuántos contenían alguna información sobre la diferencia entre el porcentaje de votantes afines al MAS/Morales en áreas que reportaron sus resultados más tarde respecto a los que reportaron antes? Cero. De hecho, la interrupción en el conteo rápido tampoco fue una señal de ningún juego sucio. El conteo rápido no es legalmente vinculante El recuento rápido se realiza además del recuento oficial y no tiene valor legal para determinar los resultados.  Su intención, ni promesa, nunca fue ser un recuento completo; en anteriores elecciones ni siquiera llegó al 84%. Es solo una serie rápida de capturas, realizadas por empleados contratados, para proporcionar resultados tempranos antes de que se realice el conteo oficial. Es lógico que las autoridades electorales no quieran dos conjuntos de resultados de votación, que son intrínsecamente diferentes, emitiéndose al mismo tiempo en una situación política polarizada con tendencia a la violencia. Para aquellos que prefieren los números a los gráficos: el margen de Morales en el primer 84% de los votos fue del 7.9%, como se señaló. Si observamos el 16% restante de las circunscripciones, y nos preguntamos, ¿cuál es el margen ‘pre-interrupción’ de Morales en las áreas donde se ubicaron estas circunscripciones de informes posteriores? Ese margen es de alrededor del 22%. Una vez más, una explicación simple de cómo aumentó su margen con la llegada de los informes posteriores de votación. Llevando a cabo un análisis estadístico incluso más contundente, podemos proyectar el recuento de votos restante (y, por lo tanto, total) sobre la base del primer 84% reportado. Y —sin ninguna sorpresa— el margen final proyectado de Morales basado en el primer 84% de los votos resulta ser poco más del 10%. Es difícil, casi imposible, de creer que esta misión de la OEA, o sus superiores del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, sintieran "profunda preocupación y sorpresa" y, sin embargo, fueran tan incompetentes como para ni siquiera mirar estos datos. Tres mentiras Es por esta razón que diría que mintieron al menos en tres oportunidades: en el primer comunicado de prensa, en el informe preliminar y en la auditoría preliminar. Y es por eso que consideraría con gran escepticismo las acusaciones presentadas en su auditoría preliminar y en sus otras publicaciones, a menos que investigadores independientes pudieran verificarlas a partir de datos disponibles públicamente. Y la OEA no es tan independiente en este momento, ya que el Gobierno de Trump promueve activamente este golpe militar y Washington tiene más aliados de derecha en la OEA que hace unos años. Sin mencionar que Estados Unidos suministra el 60% de su presupuesto. Pero la OEA ha abusado terriblemente de su mandato en el monitoreo de otras elecciones, ayudando a revertir los resultados electorales a conveniencia de Estados Unidos y sus aliados: un ejemplo devastador fue el de Haití en el 2000, y también en ese mismo país en 2011. Más evidencia: en las últimas tres semanas, la OEA se ha negado a responder públicamente preguntas de periodistas sobre sus declaraciones o los informes de las elecciones. Tal vez temen que un periodista astuto haga preguntas como estas: ¿Hay alguna diferencia entre las preferencias políticas de las personas que viven en áreas de informes posteriores en comparación con las anteriores? ¿No explica esto cómo el liderazgo de Morales aumentó a más del 10% a medida que llegaron los votos de más áreas pro-Morales? ¿Por casualidad, se ha hecho algunas de estas preguntas? Como soy economista, creo en los incentivos: ofrezco una recompensa de $500 al primer periodista que pueda obtener on the record una respuesta sustancial a estas preguntas por parte de un funcionario de la OEA. Incluso si lo que dice resulta ser mentira. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 25 Noviembre 2019

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