Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEE. UU.El Mundo ¿Estados Unidos como paraíso fiscal? El caso del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
elDiarioAR, 31 de octubre, 2021 Miami Herald, 26 de octubre, 2021 Ver artículo en el sitio original In English Si usted es político y necesita ocultar su dinero de las autoridades fiscales de su país, puede optar por esconder sus dólares en uno de los lugares más seguros del mundo, dentro del sistema bancario de los Estados Unidos de América. El país más poderoso del mundo protegerá su dinero y guardará sus secretos. ¿Por qué arriesgarse en otro lugar cuando puede ocultar sus activos en Dakota del Sur, Florida o Delaware? Y hay más: El gobierno de Estados Unidos puede proporcionarle un apoyo político vital cuando enfrente problemas en su país. Caso paradigmático: Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso se enfrenta a un gran escándalo a raíz de las revelaciones de los Papeles de Pandora sobre sus activos en el extranjero. El 19 de octubre, el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken realizó una visita especial a Ecuador, lo que el gobierno ecuatoriano se apresuró en presentar como una muestra de apoyo al atribulado presidente. El 10 de octubre, la Asamblea Nacional de Ecuador abrió una investigación formal sobre las finanzas del presidente. La comisión legislativa que investiga a Lasso busca establecer si violó una ley que prohíbe a los funcionarios públicos, incluidos los presidentes, tener activos en paraísos fiscales. La ley se remonta a 2017, cuando el gobierno ecuatoriano realizó un referéndum en el que preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con que “¿para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” El 55% de los ecuatorianos dijo "sí". Los funcionarios públicos tuvieron un año para cumplir la ley o enfrentarse a la destitución. Cuando en 2016 salió a la luz la información de que Lasso controlaba un complejo entramado de activos en las Islas Caimán, Florida y Delaware, su primera reacción fue negarlo. "Eso es mentira", dijo Lasso en repetidas ocasiones en entrevistas televisivas (aunque admitió tener un banco en Panamá). Pero meses después, anunció que efectivamente repatriaría sus activos en el caso de ser elegido a la presidencia. Lasso no salió elegido en 2017. Pero cuando anunció que se presentaría de nuevo a las elecciones de 2021, la prohibición de tener activos en paraísos fiscales ya era ley. Lasso tuvo que presentar una declaración juramentada de que no tenía ningún activo de este tipo y su candidatura fue aprobada. Los Papeles de Pandora aportan nuevas pruebas de que Lasso ha tenido durante mucho tiempo una laberíntica red de empresas ficticias registradas en jurisdicciones problemáticas. La nueva filtración también añade una serie de entidades antes desconocidas a la lista de activos previamente identificados, incluyendo nuevas empresas en Dakota del Sur. La primera reacción de Lasso ante esta filtración fue anunciar en su discurso televisado del 5 de octubre que la información de los Papeles de Pandora era obsoleta y que desde entonces había repatriado todos sus activos a Ecuador. Pero en una entrevista del 13 de octubre, Lasso pareció desmentir esa afirmación. En los últimos días, las declaraciones de Lasso se han vuelto cada vez más volátiles. El 13 de octubre, acusó a los 600 periodistas del consorcio ICIJ que están detrás de los Papeles de Pandora de formar parte de un "complot internacional" y de una "concertación para atacar a líderes políticos". Acusó a George Soros de estar detrás de la supuesta trama, y denunció a la cadena de televisión por cable alemana Deutsche Welle de obrar en su contra. Significativamente, tras su promesa inicial de cooperar con la investigación parlamentaria, Lasso se negó a asistir a la audiencia de la comisión cuando fue citado el 20 de octubre. Luego, el 25 de octubre, se hicieron públicos documentos oficiales panameños que demuestran que, en octubre de 2020, Lasso transfirió sus acciones en su banco en Panamá a sus hijos. Los documentos confirman que Lasso aún poseía esas acciones al momento de inscribir su candidatura en septiembre de 2020. Son además evidencia de que Lasso transfirió esos bienes a sus vástagos, lo que de acuerdo a la legislación ecuatoriana no califica como desinversión. Lasso está en aprietos. Si su candidatura fue ilegal, entonces podría ser destituido. Además, habrá cometido perjurio, lo que es un delito penal. El partido de Lasso tiene menos del 10% de los escaños en la Asamblea Nacional. Y su índice de aprobación se ha desplomado del 74 al 34 por ciento en menos de tres meses. El 27 y 28 de octubre fueron marcados por importantes movilizaciones en contra de un gobierno que enfrenta duras críticas por el aumento de los precios de los combustibles, la agresividad de sus proyectos de reforma laboral, el fuerte incremento de los índices de la inseguridad, y las masacres carcelarias que han estremecido al mundo. El gobierno de los Estados Unidos tiene todas las claves para descubrir la verdad sobre las finanzas ocultas de Lasso. El presidente Biden se ha manifestado abiertamente contra los paraísos fiscales, incluso en su discurso sobre el estado de la Unión de abril pasado. La apertura de las empresas fantasma de los políticos-oligarcas de América Latina en Estados Unidos daría concreción y credibilidad a las bien recibidas palabras del presidente estadounidense.

Guillaume Long / 31 Octubre 2021

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Por qué los DEG pertenecen a los Estados, no a los Bancos Centrales
FT Alphaville, 8 de septiembre de 2021 Ver artículo en el sitio original In English En français La asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI añadió al sistema financiero mundial este 23 de agosto, tiene un potencial de liquidez de 650.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los países con las economías más afectadas del mundo tienen dificultades a la hora de utilizar esa liquidez, debido en parte a desacuerdos que existen sobre quién tiene el derecho de propiedad de estos fondos: los bancos centrales o los gobiernos. Dado que los DEG son relativamente desconocidos para muchos legisladores y políticos de América Latina; Latindadd, una organización de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los impuestos, la deuda y el desarrollo, publicó en agosto un manual sobre el uso fiscal de los DEG con el fin de orientar la política económica en este ámbito. Como se señala en este manual, los DEG son un activo de reserva internacional, que fue creado por el FMI en 1969 para facilitar los pagos internacionales. Los DEG no constituyen una deuda o un préstamo, sino un derecho potencial sobre las monedas fuertes de libre uso de otros miembros del FMI. Históricamente, estos derechos se han utilizado ocasionalmente para pagar los programas de préstamos del FMI. Esto implica que los activos están, y siempre han estado, estrechamente relacionados con los presupuestos fiscales. Sin embargo, en México, el banco central del país, conocido como Banxico, publicó recientemente una declaración en la que afirma que es esta entidad, y no el gobierno, quien debe mantener el control sobre los 12.000 millones de dólares en DEG que el Estado ha recibido por parte del FMI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo. Él cree que los DEG deben ir al presupuesto del gobierno. Es López Obrador quien tiene la razón. Y es importante que la comunidad internacional entienda por qué es así, desde el punto de vista legal. Según los artículos XV y XVII del Convenio Constitutivo del FMI, los DEG pertenecen a los "miembros". Los miembros son los gobiernos de los países, no sus bancos centrales. La guía recientemente emitida por el FMI dice: Los miembros tienen un amplio grado de libertad en cuanto a la gestión de los DEG que se les asignan, en particular en lo referente a la participación de los bancos centrales en su gestión y a la posibilidad de utilizarlos directamente para el apoyo presupuestario. La anotación 13 dice: En algunos países, las autoridades contabilizan los DEG en el balance gubernamental y su legislación nacional especifica que un organismo gubernamental es el propietario final de los DEG. Con respecto a la legislación doméstica, Banxico argumenta que el artículo 20 de la propia Ley del Banco de México, cataloga a los DEG como parte de sus reservas internacionales, está confundiendo la naturaleza de los DEG como activos, con la naturaleza de los DEG como propiedad. En términos financieros, Banxico puede seguir manteniendo los DEG como parte de sus reservas, al mismo tiempo que reconoce que la asignación le pertenece al gobierno. Un ejemplo claro de este precepto es el siguiente. Cuando Pemex, la empresa petrolera de México, vende petróleo, obtiene dólares a cambio. Pemex deposita esos dólares en Banxico. Banxico acredita la cuenta de Pemex y aumenta sus reservas internacionales, pero los dólares son de propiedad de Pemex. Lo mismo debería ocurrir con los DEG: la Hacienda mexicana recibe la asignación de DEG, los registra como parte del presupuesto y luego deposita los DEG en Banxico. Haciendaaumenta sus propios saldos, Banxico aumenta sus reservas internacionales, pero los DEG son de propiedad del gobierno. ¿Se imaginan que sólo porque el artículo 20 de la ley de Banxico, enumere a los billetes en moneda extranjera, el oro y los depósitos en el extranjero como tipos de activos de reserva, Banxico se apropie propiedad de todos los billetes en dólares, el oro y los depósitos en el extranjero? Incluso si Banxico quiere imponer esta interpretación errónea de su legislación interna, el Convenio Constitutivo del FMI tiene carácter de tratado internacional, y por lo tanto prevalece sobre las leyes internas. Banxico dice que todos los DEG que se reciban, tienen que ser registrados como un activo y como un pasivo del banco central. Esto es un mito. La guía reciente del FMI dice: El Convenio Constitutivo del FMI no dispone un tratamiento contable específico para las asignaciones de DEG. Por consiguiente, los miembros no están obligados, en virtud de este Convenio Constitutivo, a seguir un marco contable o una metodología específica en relación con sus asignaciones. Cabríar esperar que los miembros que se hayan adherido voluntariamente a las mejores prácticas estadísticas específicas presenten y difundan sus datos de acuerdo con las mejores prácticas que hayan suscrito. La mejor práctica que "cabría esperar" procede de la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6). Pero el MBP6 es sólo un conjunto de recomendaciones estadísticas; en su capítulo introductorio queda muy claro su carácter no vinculante: 1.7 Las definiciones y tipificaciones de este Manual no pretenden hacer efectivas, ni interpretar diversas disposiciones (que se refieren a la caracterización jurídica de la acción u omisión oficial en relación con dichas transacciones) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Conforme a la creación de los DEG en 1969 como "oro de papel", la quinta versión del mismo manual (BPM5) (aplicada de forma destacada la última vez que se emitieron DEG, en 2009) decía claramente que "los DEG son activos de reservas internacionales creados por el FMI" y que "los miembros del FMI a los que se asignan DEG no contraen pasivos reales (incondicionales) para reembolsar las asignaciones de DEG". El apéndice del manual añade: “se trata de activos que no tienen obligaciones financieras pendientes como contrapartida.” La postura económica de López Obrador es la correcta. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha hecho un valiente llamado a los países más necesitados, señalando que las asignaciones de DEG de 2009 se utilizaron a menudo simplemente para aumentar las reservas. Esta vez espera que sea diferente: "Les pedimos -a los líderes- que utilicen estos recursos de forma estratégica, para las principales prioridades. Y, por supuesto, la auto-resiliencia en materia de salud es una prioridad absoluta", dijo. López Obrador propone utilizar los DEG en beneficio del pueblo y para reducir los pagos del servicio de la deuda de su gobierno. Aunque por mi parte preferiría que los DEG se destinaran a la recuperación económica, a préstamos en favor de las pequeñas empresas y a obras de infraestructura esenciales; le corresponde al pueblo mexicano -y a su gobierno democráticamente electo- decidir cuál es la mejor manera de utilizarlos, y no a los funcionarios de los bancos centrales que quieren neutralizar y guardar esta inyección de DEG que tanto trabajo ha costado conseguir en una reserva internacional que de por sí, ya está muy elevada. Sería una lástima que, después de todos los esfuerzos que la sociedad civil y diversos líderes a nivel mundial para lograr esta asignación de DEG, los DEG se quedaran sin utilizar en medio de una pandemia por culpa de falsos obstáculos tecnocráticos. La actuación de México en este caso sentará un precedente para el resto de países en vías de desarrollo.

Andrés Arauz / 14 Septiembre 2021

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