Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el Caribe Decenas de Millones en Propiedades en la Florida, EE.UU. vinculadas al Candidato Presidencial Guillermo Lasso
Artículo del (CEPR) Centro de Investigación para la Economía y la Política por sus siglas en inglés; escrito por Jake Johnston y publicado el 31 de Marzo del 2021. Traducido al español por Ana Roldán. En marzo de 2017, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, el CEPR informó de que empresas fantasma con sede en Florida y vinculadas al entonces candidato Guillermo Lasso poseían 144 propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade con un valor de más de 30 millones de dólares. En esas elecciones, los votantes aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales y les daba un año para desprenderse de ellos o transferirlos. Aunque Florida no está incluida en la lista de paraísos fiscales, se considera una "jurisdicción de baja tributación", que las autoridades tratarán caso por caso. Cuatro años después, Ecuador se dirige de nuevo a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con Lasso en la papeleta. Si bien se han introducido capas adicionales de anonimato para ocultar aún más la propiedad, una revisión de los registros corporativos e inmobiliarios en Florida muestra que las participaciones de las empresas fantasma vinculadas a Lasso han aumentado desde 2017, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la candidatura de Lasso. Irónicamente, Lasso compite en la segunda vuelta del 11 de abril contra Andrés Arauz, uno de los arquitectos originales de las reformas que se realizaron en Ecuador en el área de los paraísos fiscales.   Del artículo publicado en 2017 por CEPR: En 2009, según la División de Corporaciones de Florida, Guillermo E. Lasso -el hijo del candidato- registró una LLC [limited liability company, o empresa de responsabilidad limitada] en Florida llamada Nora Investment US. Entre junio de 2009 y diciembre de 2010, la sociedad de cartera compró 59 propiedades, que todavía posee hoy, en el condado de Broward de Florida, según los registros disponibles públicamente. Las compras, en su mayoría condominios, ascendieron a 5,7 millones de dólares. Pero esto fue sólo el comienzo. En 2011, se incorporaron dos nuevos directores a Nora Investment US: Miguel Macías y Euvenia Touriz. Ambos fueron anteriormente funcionarios del Banco Guayaquil, y ambos figuran actualmente como directores en el banco Banisi de Panamá que es propiedad de Lasso. Entre 2011 y 2013, Lasso (hijo del candidato), Macías y Touriz registraron 10 LLC en Florida en las que todos figuran como directores. Las LLC adicionales también se utilizaron para comprar propiedades en Florida. En agosto de 2014, tras la implementación de nuevas regulaciones en Ecuador sobre los activos en el extranjero, el nombre del hijo de Lasso fue sistemáticamente eliminado como director de las 10 empresas, según muestran los registros públicos. Sin embargo, Macías y Touriz continuaron abriendo más sociedades holding. Es importante tener en cuenta que, aunque las sociedades de responsabilidad limitada incluya a los administradores, el llamado beneficiario efectivo -o verdadero propietario- queda oculto. En junio de 2017, Macías y Touriz -asociados de Lasso de anteriores empresas fantasma y bancos- figuran como directivos en una empresa fantasma de nueva creación, DEBLEN USA 1, LLC. Dos meses después, la empresa compró una casa de lujo en Miami por 1,475 millones de dólares. No hay registro de una hipoteca, lo que sugiere que la compra probablemente se hizo en efectivo. A partir de 2018, sin embargo, tanto Macías como Touriz parecieron ser eliminados sistemáticamente como funcionarios de la gran mayoría de los registros corporativos de las empresas fantasma. En 2020, la mayoría de las empresas fantasma previamente identificadas sufrieron innumerables cambios: desactivaciones, reactivaciones, renuncias de directores, cambios de nombre, fusiones y disoluciones. A muchas de las empresas se les cambió el nombre una semana después de su disolución. Todas las sociedades patrimoniales asociadas a Lasso, salvo cuatro, se han fusionado en nuevas entidades. En total, hemos identificado 23 empresas activas registradas en Florida, incluida DEBLEN USA 1, mencionada anteriormente, asociada a los socios comerciales de Lasso. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 19px; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight:bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight:bold; padding: 6px; } table td { padding: 6px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Participaciones inmobiliarias actuales de las sociedades ficticias vinculadas a Lasso Nombre de la Entidad Fecha de Registro Número de Propiedades Inmobiliarias Valor de la Propiedad en Florida BROWARD TWO LLC 1/8/18 45 $8,229,770 BROWARD ONE LLC 1/8/18 50 $6,913,150 BRICKELL TWO LLC 1/8/18 6 $5,472,758 BRICKELL ONE LLC 1/8/18 5 $3,848,943 LOCAL EQUITY THREE LLC 1/8/18 4 $3,629,950 NORA INVESTMENT UNO US 3/29/11 14 $2,740,000 DORAL LLC 1/8/18 10 $1,452,370 MALENA UNO US LLC 7/29/13 1 $683,636 MALENA US LLC 7/29/13 1 $680,288 Total   136 $33,650,865 Notes: Nora Investment Uno US ya no es una empresa activa, a pesar de seguir figurando como propietaria de 14 propiedades. Otras 15 empresas están actualmente activas, pero no parecen ser propietarias directas de bienes inmuebles en los condados de Miami-Dade o Broward. Por ejemplo, en 2016, "BILL INVESTMENT CINCO US, LLC", con Macías y Touriz que figuran como directores, compró una casa en Fort Lauderdale, Florida, por 2,2 millones de dólares. El propietario de esa casa figura ahora como "LOCAL EQUITY THREE LLC". Los registros corporativos muestran que Macías firmó el papeleo que autorizaba la fusión de una serie de empresas fantasma más antiguas en LOCAL EQUITY THREE LLC y un puñado de otras corporaciones. Pero en lugar de Macías, el administrador de la empresa figura como "DIRECT MANAGEMENT LLC". En algunas de las otras empresas, el gerente figura como "FREEDOM MANAGEMENT LLC". En lugar de personas físicas, los únicos responsables de estas empresas recién creadas son otras empresas fantasma. En todas las empresas fusionadas figura ahora una de estas dos empresas como gerente. Tanto "DIRECT MANAGEMENT LLC" como "FREEDOM MANAGEMENT LLC" están registradas en Delaware, otra jurisdicción tristemente célebre por su secreto empresarial. Curiosamente, los registros corporativos de Delaware revelan que ambas empresas fueron creadas en la misma fecha: el 18 de diciembre de 2017. La remodelación corporativa de Florida comenzó poco después. Aunque los socios de Lasso ya no aparecen en los registros corporativos, no cabe duda de que el propietario real de las propiedades no ha cambiado. De las 144 propiedades que poseían las empresas en 2017, 10 fueron vendidas y en 16 sigue figurando la empresa fantasma original como propietaria. En el caso de las propiedades restantes, aunque el nombre del propietario cambió, el propietario real no lo hizo. Aquí, es importante aclarar que, como es la naturaleza de las empresas fantasma, el "beneficiario real" del activo sigue siendo totalmente secreto. Dos de las sociedades fantasma vinculadas a Lasso realizaron nuevas compras de bienes inmuebles en 2020: BRICKELL ONE LLC y BRICKELL TWO LLC. Los registros inmobiliarios de Florida muestran que la primera, BRICKELL ONE, es a su vez el resultado de una fusión de cuatro empresas ficticias diferentes: NORA INVESTMENT CINCO, NORA INVESTMENT SEIS, NORA INVESTMENT SIETE y NORA INVESTMENT NUEVE. La primera compra fue de un condominio de 665.000 dólares en abril de 2020. La segunda tuvo lugar en octubre de 2020. La empresa fantasma BRICKELL ONE LLC pagó 1,25 millones de dólares a finales del otoño pasado por un apartamento en Coral Gables. El tasador de propiedades de Miami-Dade evaluó la casa con un valor de sólo 734.894 dólares en 2020. Curiosamente, el vendedor de esa vivienda era Miguel Macías, que había comprado la casa en enero de 2016 por 900.000 dólares. Eso plantea preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿por qué una empresa fantasma que Macías había gestionado anteriormente le compraría entonces una vivienda por un precio muy superior al aparente valor de mercado? La operación inmobiliaria más significativa, sin embargo, implicó la compra en 2017 de la casa de lujo en Miami por parte de DEBLEN USA 1 LLC. En agosto de 2020, apenas tres años después de la compra, la vivienda se vendió por 5 millones de dólares. Curiosamente, la empresa fantasma proporcionó al comprador una hipoteca de 2,25 millones de dólares. DEBLEN no es la única empresa que se ha metido en el negocio hipotecario. GLOBAL EQUITY SEVEN LLC, según los registros de Florida, es actualmente el prestamista de siete hipotecas por un total de 1,2 millones de dólares. Parece que las empresas fantasma han pasado de ser simples propietarias de bienes inmuebles a actuar como prestamistas directos en el estado de Florida. En general, como puede verse en la Tabla 1, hemos identificado 136 propiedades de empresas fantasma asociadas a Lasso. Sin duda es posible que haya otras que permanezcan ocultas. En conjunto, las que hemos identificado tienen un valor de mercado actual de 33 millones de dólares, según los registros de propiedad de los condados de Miami-Dade y Broward. Además, las empresas fantasma actualmente activas poseen los 3,45 millones de dólares en hipotecas. Aunque el nombre de Guillermo Lasso no aparece directamente en ninguno de los registros corporativos o inmobiliarios del sur de Florida, la implicación de miembros de la familia y socios comerciales cercanos, así como los recientes movimientos hacia un anonimato aún mayor, ciertamente plantean preguntas sobre la implicación del candidato. Sin embargo, las conexiones que Lasso puede tener con las empresas fantasma de Florida están lejos de ser las únicas preguntas sobre sus actividades financieras en el exterior. El otoño pasado, el partido Unión por la Esperanza (UNES) de Arauz impugnó la legalidad de la candidatura de Lasso basándose en la legislación implementada tras el referéndum sobre el paraíso fiscal de 2017. La ley electoral actualizada impide que cualquier persona que tenga activos en un paraíso fiscal se presente como candidato a un cargo público. La denuncia citaba una investigación de 2017 del diario argentino Página/12 que documentaba los vínculos de Lasso con decenas de empresas pantalla y un banco panameño. En 2017, Lasso admitió que era dueño del banco panameño, Banisi S.A. Sin embargo, el CNE rechazó la denuncia. El banco sigue operando en la actualidad con Macías y Touriz que figuran como directores, así como dos de los hijos de Lasso. Banisi tiene un capital que asciende a 60,4 millones de dólares, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. Una cosa no ha cambiado desde 2017: los medios de comunicación -tanto internacionales como ecuatorianos- han decidido ignorar por completo las posesiones financieras en el extranjero de Lasso. En abril de 2017, la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador multó a siete medios de comunicación con 3.750 dólares cada uno por no informar sobre la investigación de Página/12. En los años posteriores, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también ha sido implicado en el uso de paraísos fiscales en el llamado escándalo de los Papeles del INA. Moreno ha negado cualquier delito. Aunque Moreno se había presentado contra Lasso en 2017, ha parecido favorecer al banquero frente a Arauz en 2021. Descargo de responsabilidad: Andrés Arauz ha trabajado anteriormente como investigador principal en el CEPR.

Jake Johnston / 02 Abril 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeOrganización de los Estados AmericanosEl Mundo Datos de las Elecciones Bolivianas Añaden Más Pruebas de que la OEA Fabricó Las Denuncias de Fraude del Año Pasado
In English El MÁS recibió más votos en 2020 en casi todos los 86 recintos sospechosos según la OEA en 2019 El domingo 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y, por abrumadora mayoría, eligieron como presidente a Luis Arce del partido MAS. Los conteos rápidos privados publicados la noche de la votación mostraron que Arce recibió más del 50% de los votos y tenía una ventaja de más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato en el segundo lugar, Carlos Mesa. Hasta el miércoles por la mañana, un poco más del 88% de los votos se había contabilizado en el sistema de resultados oficiales, y la ventaja de Arce ha ido aumentando. El porcentaje de votos del candidato del MAS es, al momento de redactar este artículo, del 54,5 en comparación con el 29,3 para Mesa. A medida que se cuenten los votos finales, es probable que la proporción de votos de Arce aumente aún más. En estos momentos, la victoria de Arce es incuestionable. La elección se produjo casi exactamente un año después de las elecciones de octubre de 2019, que fueron seguidas por protestas violentas y la destitución del entonces presidente Evo Morales, quien renunció bajo presión militar. Los resultados oficiales de esa votación mostraron que Morales y el partido MAS ganaron con una ventaja de 10,56 puntos porcentuales sobre Mesa, por encima del margen de victoria de 10 puntos necesario para que Morales venciera en las elecciones sin tener que presentarse a una segunda vuelta. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que hubo una supuesta manipulación generalizada de los resultados, alimentando una narrativa de fraude electoral que sirvió de pretexto para el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Con la victoria de Arce en 2020 prácticamente confirmada, ¿qué nos dicen los resultados de 2020 sobre las acusaciones de fraude de la OEA en los comicios del año pasado? Las denuncias iniciales de la OEA que señalaban un fraude se centraron en un supuesto cambio "drástico" e "inexplicable" en la tendencia del voto, que presuntamente tuvo lugar después de que el sistema de resultados preliminares, o TREP, fuera suspendido por casi 24 horas. En el tiempo transcurrido desde entonces, múltiples análisis estadísticos —del CEPR (comenzando el día después de las acusaciones de la OEA), y de académicos del MIT, de Tulane, de la Universidad de Pensilvania y de otros lugares— han demostrado que el análisis estadístico de la OEA es profundamente defectuoso. De hecho, no hubo ningún cambio "inexplicable" en la tendencia del voto. La OEA se ha negado a responder tanto a estos estudios como a las preguntas sobre su análisis estadístico por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos. En su lugar, la OEA ha señalado otras supuestas irregularidades identificadas en su auditoría. La organización terminó que su análisis estadístico era solo informativo, pero que la evidencia real estaba en una auditoría que la OEA realizó después de las elecciones. En esa auditoría, la única evidencia que pretendió mostrar un impacto real en los resultados de las elecciones estuvo en 226 actas de 86 centros de votación en todo el país. La OEA alegó que las actas fueron manipuladas. Señaló que, si se eliminaban los votos para Morales de todas esas 226 actas, desaparecería la ventaja que le dio la victoria en primera vuelta por haber superado el umbral de 10 puntos porcentuales. Es decir, esas 226 actas sirvieron como supuesta prueba de que Morales había hecho trampa para ganar en la primera vuelta. Extractos del informe de auditoría de la OEA. En marzo de 2020, el CEPR publicó un informe de 82 páginas detallando cómo el resto de las acusaciones de la OEA eran tan defectuosas como el análisis estadístico que produjo los cimientos de la narrativa de fraude que llevó a la destitución forzada de Morales. Examinamos esas 226 actas, mostrando las fallas en el análisis de la OEA y señalando que los resultados en esos centros de votación coincidían estrechamente con los resultados de elecciones anteriores. En realidad, no había nada sorprendente en que al MAS le fuera extremadamente bien en esas áreas. Además, notamos que, si bien los funcionarios de la OEA habían mencionado públicamente en repetidas ocasiones la existencia de actas falsificadas, los auditores no habían proporcionado evidencia para respaldar esa acusación. Ahora ya con resultados desagregados de las elecciones de este domingo, podemos ver que los resultados en los centros donde la OEA supuestamente identificó actas adulteradas siguen los mismos patrones que en las elecciones de 2019. A continuación, la tabla 1 presenta los resultados de 2020 (con el 88% del total de votos contabilizados) en los 86 centros de votación donde la OEA alegó que las actas de escrutinio habían sido manipuladas el año pasado. Tabla 1 Tenemos datos parciales para al menos 81 de los 86 centros de votación y, en todos menos 9, el porcentaje de votos para el MAS ha aumentado en comparación con los comicios de 2019. En 2019, la OEA y otros observadores parecían escandalizados por el hecho de que, en muchas áreas rurales, Morales había recibido más del 90% de los votos y, en algunos casos, incluso el 100% de los votos. Y afirmaron que esto seguramente bastaba como prueba del fraude. Pero los resultados de 2020 que tenemos hasta el momento desacreditan aún más las afirmaciones infundadas de la OEA, que sirvieron de justificación para un golpe de Estado y para la represión que vino detrás. Hasta el día de hoy, exfuncionarios electorales permanecen bajo arresto domiciliario, siendo la auditoría de la OEA el único sustento de su detención. Como señalamos en nuestro informe de marzo, las comunidades a las que pertenecen esas 226 actas y que fueron sujeto del análisis de la OEA son, en la mayoría de los casos, predominantemente indígenas. Aunque puede resultar sorprendente ver a un candidato recibir el 100% de los votos, en realidad no lo es. La votación comunitaria —en la que una comunidad llega a un consenso sobre por quién votar— es un fenómeno ampliamente reconocido en Bolivia. Lo que alegó la OEA es que los jurados electorales —que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente por la autoridad electoral (TSE) para servir como funcionarios electorales en cada mesa de votación— no escribieron sus nombres en las actas, sino que alguien más había escrito sus nombres. Siendo claros, la OEA no alega que las 226 actas fueron llenadas por la misma persona (en ningún caso la OEA alega que una misma persona llenó más de 7 actas). Además, en solo uno de los 226 casos, la OEA señala problemas con las firmas en las actas. En lugar de fraude, la explicación más probable para esto es simplemente que un notario (cada notario supervisa alrededor de 8 mesas de votación), o algún otro funcionario con letra clara y legible, escribió los nombres y luego cada miembro del jurado firmó el acta. No queda claro, en base a la normativa electoral, que esto sea siquiera una violación de la ley electoral. De cualquier manera, los resultados de 2020 confirman además que no hubo nada fuera de lo normal en los resultados de esas 226 actas en 2019. Además, lo que la OEA identificó como irregularidades no tuvo un impacto perceptible en los resultados de las elecciones. No podemos volver a 2019, ni borrar la violencia racista desatada en contra de la población tras el golpe. El domingo, los bolivianos demostraron su valentía y el poder de los movimientos sociales organizados para corregir el daño de 2019. Pero esa victoria no debería permitirnos olvidarnos de 2019, o del papel que jugaron los actores internacionales en el derrocamiento de un Gobierno elegido democráticamente. Esas 226 actas nunca mostraron un fraude, como afirmó la OEA. Sin embargo, sí revelan cómo la OEA privó de sus derechos a decenas de miles de indígenas bolivianos en sus descarados intentos por justificar la destitución antidemocrática de un líder electo. Traducción de Francesca Emanuele

Jake Johnston / 22 Octubre 2020

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