Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

ColombiaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Colombia también podría elegir un ‘outsider’ de presidente
Por Francesca Emanuele Los políticos outsiders se han convertido en una tendencia global. Enganchan con votantes hartos de una clase política que ha liderado décadas de gobiernos corruptos e inficaces. Hace un año, la mayoría de peruanos optamos por apoyar al candidato presidencial “antiestablisment”, Pedro Castillo. Y aunque nos salvamos de la consolidación de una mafia autoritaria con Keiko Fujimori, nuestro mal menor nos tiene hoy presos del caos y el paulatino desmantelamiento de las pocas políticas públicas decentes que teníamos. Este domingo es el turno de los vecinos colombianos de elegir a su próximo presidente. Entre sus dos opciones se halla un outsider, el empresario millonario, Rodolfo Hernández. Pese a que Hernández, conocido como el ingeniero, y Castillo, como el profesor, responden a un contexto nacional distinto, existe un patrón fenomenológico reconocible entre ambos.  Al igual que Castillo en el Perú, Hernández se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta electoral de Colombia. A solo un par de semanas de la contienda, Hernández trepó en las encuestas destronando al candidato conservador, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, quien era uno de los favoritos. El empresario, como también es llamado, cuenta con un programa de gobierno gaseoso, centrado en vagas consignas anticorrupción y propuestas demagógicas que tendrían un impacto cero (o negativo) en la vida de los colombianos. Hernández ha ofrecido donar su salario de presidente. Castillo anunció lo mismo, como también propuso eliminar la Defensoría del Pueblo; una medida absurda que se asemeja a la promesa de Hernández de cerrar 27 embajadas.  La carencia de una ruta trabajada que proyecte un rumbo al país, predispone a los outsiders a huir del escrutinio público. Los peruanos así lo sufrimos con Castillo, que en campaña le rehuía a la prensa y ya en el Ejecutivo le terminó de cerrar el acceso con cantol. A inicios de junio, el profesor presidente cumplió más de 100 días sin brindarle una sola declaración a los medios. Por su parte, Hernández no participó en ningún debate de la segunda vuelta, y aún recibiendo una orden judicial que se lo ordenó, decidió incumplirla.  Existen otras semejanzas, que van desde sus campañas presidenciales atípicas de bajo presupuesto que apelan principalmente a la identificación y a las emociones; pasando por sus contradicciones constantes y terminando con su desconocimiento vergonzoso de la cosa pública, la geografía nacional, los problemas domésticos, y los distintos espacios y acuerdos internacionales. En uno de los pocos debates electorales a los que asistió Hernández en primera vuelta, un contrincante le tuvo que soplar qué era el Acuerdo de Escazú para que éste pudiera responder la pregunta del moderador. Además, el candidato colombiano dice hoy apoyar los acuerdos de paz, pero votó en contra de éstos en 2016. De Castillo existen numerosos ejemplos que evidencian el desconocimiento del presidente sobre la función de las instituciones multilaterales que visita. Cuando acudió a la Organización de Estados Americanos, instó a los 34 embajadores a realizar “reuniones descentralizadas”, como si se tratara de su gabinete nacional. Pero quizá lo que tiene mayor relevancia en ambas figuras es su ascenso a la política en solitario. Es decir, sin un partido cohesionado que los respalde. Castillo fue candidato presidencial como invitado de un partido local –Perú Libre– que por primera vez llegaba al Congreso. En menos de un año de legislatura, Perú Libre se partió hasta en 4 facciones, se opuso a las escasas propuestas redistributivas de Castillo, tales como la reforma tributaria, e incluso intentó boicotear un gabinete ministerial. En la actualidad vota en alianza con las fuerzas más conservadoras del parlamento, entre ellas el fujimorismo. Para colmo, algunos de los miembros de Perú Libre han amenazado con deponer a Castillo. El resultado es que las promesas de cambio se fueron por el despeñadero y lo que impera es una estrategia de supervivencia a cualquier costo.  Hernández postula con un movimiento político, La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que consiguió solo 2 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia. De resultar vencedor, lo más probable es que Hernández no logre construir una coalición para gobernar o, en todo caso, se alinee con las fuerzas más conservadoras del legislativo que apoyan su candidatura. Lo primero devendría en un atolladero similar al peruano, y lo segundo en la muerte súbita de sus consignas antiestablishment.  Pero así como hay coincidencias en su estrategia política y narrativa popular, Castillo y Hernández tienen trayectorias y orígenes muy distintos. El profesor es un exlíder sindical de clase trabajadora rural. El ingeniero es un millonario inmobiliario que fue además alcalde. Estas diferencias aparecen en los sectores que los respaldan, así como en sus formas de comunicación verbal y simbólica. Mientras Castillo es un conservador taciturno,  aparentemente conciliador, y demonizado por la derecha peruana; Hernández es un personaje agresivo, ofensivo, misógino, con ambición de poder y aceptado por la derecha de su país. Es comparado regularmente con Donald Trump por frases como tildar a las mujeres venezolanas de ser “una fábrica de hacer chinitos pobres”.  Si algo me preocupa de las elecciones del 19 de junio es que este outsider caudillista resulte elegido. Un personaje prepotente, con poder económico, sin bandera, sin organización política, y con un presunto conocimiento de las mañas de la corrupción (a pesar de enfocar su campaña en lo contrario). Hernández está imputado por supuestamente recibir coimas de una licitación del recojo de basuras cuando era alcalde. El escándalo llegó hasta Washington esta semana, donde un grupo de legisladores de EEUU solicitó al presidente Joe Biden investigar los hechos, pues el ingeniero habría lavado el dinero de sus sobornos comprando unos inmuebles en Florida.  Yo espero que las y los hermanos colombianos lean con destreza la infinidad de señales que desenmascaran a su ingeniero candidato. Creer que un outsider solitario será vehículo de medidas que beneficien a la mayoría no es sino ignorar que la política transformadora solo funciona en colectivo, y sostenida sobre las bases de un horizonte ideológico. La experiencia fracasada del Perú lo confirma.

CEPR / 19 15:50:00 Junio 2022

Op-Ed/Commentary

HaitiAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.VenezuelaEl Mundo Cumbre de las Américas: la omisión del caso de Haití
El Diario Ver artículo en el sitio original In English La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos será la sede de la Cumbre de las Américas el próximo mes. La reunión de jefes de Estado se celebra aproximadamente cada tres años desde su primera reunión, y la última celebrada en Estados Unidos fue en 1994. Gran parte de la atención se ha centrado esta vez en quién no estará presente. Los funcionarios estadounidenses han señalando que no tienen intención de invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero se ha prestado menos atención a quién sí asistirá: el primer ministro de facto de Haití, un país que carece de jefe de Estado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio. La decisión de invitar a Ariel Henry, primer ministro en funciones de Haití, pone de manifiesto la hipocresía en la política exterior de Estados Unidos en la región y, por otro lado, la enorme ceguera de los gobiernos de América Latina y el Caribe ante el deterioro de la situación en Haití, en la que Estados Unidos y toda la región son cómplices.  “Creo que el presidente ha sido muy claro sobre la presencia de países que por sus acciones no respetan la democracia: no recibirán invitaciones”, dijo el mes pasado el máximo responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. La decisión de invitar a Henry socava este mensaje y deja claro que las exclusiones no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos o la democracia. Tienen que ver con la hegemonía. Las últimas elecciones en Haití tuvieron lugar en 2016; menos del 20% de los votantes registrados participaron, o se les permitió hacerlo. Moïse ganó la presidencia con los votos de sólo aproximadamente 5% de la población. En comparación, más del 20% de la población depositaron un voto a favor de tanto Ortega como de Maduro. Y para quienes consideran que la diferencia es que en Venezuela y Nicaragua estas cifras no son creíbles o que las condiciones de las elecciones no fueron buenas, harían muy bien en prestarle más atención a Haití. En 2020, los mandatos de casi todos los parlamentarios y de todas las autoridades locales expiraron, después de lo cual Moïse gobernó por decreto. En aquel momento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajó a Haití y apareció junto al presidente Moïse, dejando en claro que para la OEA esta situación no era un problema. El verano pasado, Moïse – que según muchos juristas ya había sobrepasado el límite de su mandato, pero que aún contaba con el respaldo de Estados Unidos y de la OEA – fue asesinado. En la actualidad, los únicos representantes electos en todo el país cuyo mandato no haya expirado son 10 senadores, pero juntos no tienen ni siquiera quórum para legislar. Pero el colapso de la democracia haitiana no se produjo en un vacío, y no sólo los dirigentes de Estados Unidos y la OEA tienen las manos manchadas de sangre. En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Casi ningún gobierno del hemisferio lo denunció. En Haití, las tropas estadounidenses fueron rápidamente sustituidas por una misión de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, para ayudar a consolidar el derrocamiento del presidente.  Diplomáticos estadounidenses describieron la misión como “una herramienta indispensable” para llevar a cabo la política de Estados Unidos, y señalaron, significativamente, que sin esa misión, Estados Unidos “recibiría mucha menos ayuda de nuestros socios hemisféricos... para manejar Haití”. Los países latinoamericanos fueron colocados a la cabeza; Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Guatemala contribuyeron con tropas, mientras que el ejército de Brasil estuvo a cargo de la misión. Esta intervención extranjera se profundizó tras el devastador terremoto de 2010, cuando se utilizaron miles de millones de dólares de ayuda extranjera como palanca para el control político. Ese mismo año, en medio de elecciones fatalmente defectuosas en el contexto de más de un millón de haitianos aún desplazados, se pidió a la OEA que revisara los resultados electorales. Sin un recuento completo ni ningún análisis estadístico, la OEA recomendó cambiar los resultados electorales. Estados Unidos y otros donantes amenazaron con no desembolsar la crítica ayuda financiera al menos que el gobierno aceptara este cambio de resultado. Un músico de derecha muy trumpiano, Michel Martelly, fue llevado a la presidencia. Una vez más, esta flagrante violación de la soberanía de Haití se llevó a cabo sin que la región reaccionara. Todo esto nos lleva al ascenso político de Ariel Henry. Por pedido de Martelly, Henry fue nombrado primer ministro por decreto presidencial pocos días antes del asesinato de Moïse, pero aún no había tomado posesión del cargo. En su lugar, el poder quedó inicialmente en manos del primer ministro de entonces, Claude Joseph. Pero, aproximadamente una semana después del magnicidio, el “Grupo Central”, un cuarto poder de facto que se formó tras el golpe de 2004 y compuesto en su totalidad por diplomáticos extranjeros, dio su apoyo a Henry. En pocos días, se convirtió en primer ministro. No fue la democracia la que llevó a Henry a asumir el poder, sino la intervención nociva de las potencias extranjeras. Esos mismos actores siguen apuntalando el débil gobierno de Henry, a pesar de los vínculos del primer ministro con el asesinato de Moïse. Uno de los principales sospechosos es un antiguo hombre de confianza de Henry, y los registros telefónicos muestran que ambos hablaron más de una docena de veces en el período previo al asesinato, y luego otra vez a las 4 de la mañana, apenas unas horas después del brutal crimen. Henry, no obstante, se ha negado a responder a las preguntas sobre lo que sabía y cuándo. En lugar de ello, despidió al fiscal que lo convocó a declarar, y ha socavado la autoridad de los jueces asignados al caso – el cuarto juez acaba de ser apartado del caso tras denunciar al gobierno por no proporcionarle protección y por “entregarle” a él y a su familia a “los asesinos”.  Tras más de nueve meses en el cargo, Henry no ha logrado consolidar una coalición capaz de dirigir el país y organizar nuevas elecciones. Se ha negado a abandonar el poder o a negociar con la oposición, incluida la histórica coalición de organizaciones de la sociedad civil que se han unido en torno a una agenda común para que el país vuelva a la democracia con soberanía. Mientras tanto, grupos de civiles armados, a menudo respaldados por policías y funcionarios gubernamentales corruptos, han llevado a cabo una campaña de terror en Puerto Príncipe, desplazando a miles de personas y matando a decenas. Líderes progresistas de todo el hemisferio han rechazado la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Argentina, que ostenta la presidencia pro témpore de la CELAC – una agrupación regional que, a diferencia de la OEA, no incluye a Estados Unidos ni a Canadá – ha criticado esta decisión, al igual que el Grupo de Puebla, que cuenta con un número importante de funcionarios y ex funcionarios de gobierno. El CARICOM comunicó que sus miembros están considerando un boicot a la cumbre si no se invita a Cuba, al igual que los presidentes de Bolivia y Honduras. El más directo ha sido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Voy a insistir ante el presidente Biden en que ningún país de las Américas sea excluido de la cumbre del próximo mes”, dijo a principios de mayo. López Obrador tiene razón, y el mismo principio debe aplicar a Haití. Excluir a Henry de la cumbre no es una solución, pero los líderes regionales deberían tener las ideas claras cuando le estrechen la mano en Los Ángeles en junio, y harían bien en recordar sus lecciones de historia. La realidad es que América Latina tiene una enorme deuda con Haití, que, tras su exitosa revuelta de esclavos contra los franceses en 1804, proporcionó protección, dinero y municiones a Simón Bolívar en su lucha por la independencia contra España. A pesar de esto, a lo largo del siglo XXI, América Latina ha sido menudo cómplice del neocolonialismo estadounidense en Haití. Ya es hora de corregir

Jake Johnston / 05 Junio 2022

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

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