Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeEl Mundo El ministerio de las Colonias estadounidenses
Le Monde diplomatique en español, mayo de 2020  Ver artículo en sitio original Creada en 1948, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye uno de los instrumentos de la proyección geopolítica de Washington en América Latina y los Estados del Caribe, los cuales fueron incorporándose a la organización, uno tras otro, a medida que obtenían su independencia entre las décadas de 1960 y 1980. Por su parte, Canadá, que sólo es miembro de la OEA desde 1990, en la mayoría de las ocasiones se limita a presentar una versión moderada de la línea defendida por la Casa Blanca. Al igual que hiciera Fidel Castro, la izquierda latinoamericana y caribeña percibe a la organización como el “Ministerio de las Colonias de Estados Unidos”; las elites, por su parte, le profesan una deferencia que roza lo sagrado. El puesto de embajador latinoamericano o caribeño en la OEA es uno de los destinos (...) Para más, visite Le Monde diplomatique en español

Guillaume Long / 12 Mayo 2020

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU. Exportación de COVID-19: Inmigración estadounidense realizó vuelos de deportación a 11 países de América Latina, según datos aéreos
Un análisis de CEPR revela que es probable que hubo 232 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a países de América Latina y el Caribe entre el 3 de febrero y el 24 de abril de 2020. [video width="1950" height="1390" mp4="https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/04/ice3.mp4"][/video] En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 267.258 personas, de las cuales el 96% eran de América Latina y el Caribe. A pesar de que la mayoría de los medios se han enfocado en México (49,7% del total), Guatemala, Honduras y El Salvador (que juntas suman 45,1% del total), ICE deportó al menos a una persona a cada país de América Latina en 2019. Diez países de la región aceptaron vuelos de deportación regulares realizados por las operaciones aéreas de ICE –conocidas como “ICE Air”– el año pasado. A pesar de que la mayoría de las deportaciones hacia México se realizan por tierra, ICE Air gestiona anualmente vuelos para decenas de miles de personas a todo el país y al mundo. En plena pandemia, que ha generado la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras de países, ICE Air continúa deportando a miles de inmigrantes retenidos en centros de detención de todo el país; instalaciones que se han convertido en epicentros de brotes de COVID-19. Esto significa que Estados Unidos está ahora exportando el virus a toda la región. Más allá de la recurrencia de los vuelos de deportación de ICE Air, y el grave riesgo que representa su continuación para la salud pública durante la pandemia, poco se sabe de la frecuencia y los destinos. Sin embargo, un nuevo análisis de datos de rastreos de vuelos arroja luces sobre el alcance de los vuelos de ICE Air y el impacto de estas deportaciones sobre los países de América Latina y el Caribe. Desde que la administración Trump declaró una emergencia nacional el 13 de marzo, una de los contratistas de ICE Air ha realizado al menos 72 presuntos vuelos de deportación a 11 naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil y Ecuador, países que están sufriendo los peores brotes de COVID-19 en la región y que han experimentado un incremento de vuelos de este tipo durante la gestión del actual gobierno estadounidense. Todo parece indicar que, del 15 de marzo al 24 de abril, ICE Air realizó 21 vuelos de deportación a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador; seis a Brasil; tres a Nicaragua, Ecuador, Haití y la República Dominicana respectivamente; uno a Colombia y uno a Jamaica. Se pueden observar todos los posibles vuelos de deportación de ICE Air desde febrero en el siguiente mapa interactivo. var divElement = document.getElementById('viz1588089737632'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='700px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); En 2019, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) obtuvieron los registros de vuelos de 2010 a 2018 por medio de una solicitud amparada en la Ley de Libertad de la Información. El análisis del UWCHR es el análisis más completo del alcance de las operaciones de ICE Air y el conjunto de datos completos puede ser consultado aquí. El informe también reveló que dos compañías de chárter privadas –Swift Air y Western Atlantic Airlines– fueron subcontratadas para realizar la mayoría de los vuelos de deportación de ICE Air. La data analizada para la presente publicación fue tomada de Flight Aware, una base de datos pública de rastreo de vuelos. Debido a que tanto Swift como Western realizan servicios de chárter regulares, no todos sus vuelos corresponden al sistema de deportación de ICE. Sin embargo, los vuelos incluidos en este análisis coinciden con vuelos de deportación conocidos, parten además de aeropuertos conocidos por realizar vuelos de deportación y siguen rutas conocidas por transportar detenidos de ICE. Es posible que algunos de los vuelos aquí incluidos no sean de deportación, pero es mucho más probable que estos cálculos sean muy por debajo del alcance real de las operaciones de ICE Air. El Servicio de Inmigración estadounidense también es conocido por utilizar aerolíneas comerciales para deportaciones y es posible que esté contratando los servicios de otras compañías de chárter. Durante el año fiscal 2017, más de 85% de las deportaciones de ICE Air se realizaron a través de servicios de chárter, según el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Deportaciones de ICE continúan, pero frecuencia disminuye En los primeros tres meses del 2020, ICE deportó a cerca de 20.833 personas por mes, una cifra que auguraba un número similar que en 2019. En contraste, el Washington Post reportó que durante los 11 primeros días del mes de abril de 2020, ICE deportó a 2.985 personas, lo que equivale a menos de la mitad del promedio anual. Ciertamente, los datos del rastreo de vuelos aquí analizados muestran una reducción en los vuelos de deportación, comenzando el 13 de marzo aproximadamente, como se puede apreciar en la tabla a continuación. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight: bold; } table td { padding: 3px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Presuntos vuelos de deportación de ICE Air, por semana Semana El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Brasil Ecuador México Colombia Jamaica Haití República Dominicana Cuba Total Semana 1 (2/3 – 2/9) 3 1 13 5 1 2 2 0 0 1 1 0 29 Semana 2 (2/10 – 2/16) 3 0 11 6 1 1 2 0 0 0 0 0 24 Semana 3 (2/17 – 2/23) 3 1 11 6 1 2 2 0 0 1 1 0 28 Semana 4 (2/24 – 3/1) 3 0 10 7 0 1 2 1 1 0 0 1 26 Semana 5 (3/2 – 3/8) 4 1 9 5 2 3 3 0 0 1 1 0 29 Semana 6 (3/9 – 3/15 4 0 11 7 0 1 2 0 0 0 0 0 25 Semana 7 (3/16 – 3/22) 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 12 Semana 8 (3/23 – 3/29) 2 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14 Semana 9 (3/30 – 4/5) 2 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 14 Semana 10 (4/5 – 4/12) 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 8 Semana 11 (4/13 – 4/19) 2 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Semana 12 (4/20 – 4/26) 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 10 TOTAL 32 6 86 54 11 12 14 2 2 6 6 1 232 TOTAL DESDE EL 13 DE MARZO 12 3 21 18 6 3 1 1 1 3 3 0 72 Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. La caída que se puede apreciar en la tabla anterior parece ser el resultado de la interrupción de los vuelos chárter internacionales de Western Atlantic el 13 de marzo, cuando Estados Unidos declaró una emergencia nacional. El otro subcontratista de ICE Air, Swift Air, ha continuado los vuelos. A pesar de las restricciones de tráfico aéreo internacional, Swift mantuvo en marzo casi el mismo número de vuelos de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe que en febrero, aunque esa cifra se ha reducido ligeramente en abril (en meses recientes, los aviones de Swift han realizado viajes a un número adicional de países en la región, incluyendo Cuba, Surinam, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago, Aruba, Belice y Granada, sin embargo, estos no coinciden con los vuelos de deportación conocidos y han sido excluidos del análisis). A pesar de que se ha prestado mucha atención a los recientes vuelos de deportación con destino a Guatemala y Haití –ambos países han informado casos confirmados de COVID-19 entre esos deportados–, los datos revelan que probablemente muchos otros países están experimentando el mismo fenómeno. En 2019, la administración Trump comenzó las deportaciones de ICE Air a Brasil, país que anteriormente había bloqueado dichos vuelos. Estados Unidos se apoya en los gobiernos extranjeros que aprueban los vuelos de deportación y, bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, Brasil ha accedido. Los datos aéreos indican que dichos vuelos han continuado durante la pandemia. Desde el 13 de marzo, ha habido seis vuelos operados por Swift Air a Belo Horizonte, Brasil, que ya ha sido destino previo de estos vuelos de deportación. Actualmente, Brasil está viviendo el mayor brote de COVID-19 en la región. Algunos de los vuelos de Swift Air a Brasil han hecho escala en la ciudad portuaria de Guayaquil, quizás el epicentro del brote más mortal de COVID-19 en el mundo. Las deportaciones a Ecuador se incrementaron en un 78% en 2019, comparado al año anterior, debido a que, similar al gobierno brasileño, el país ha buscado fortalecer las relaciones con la administración de Trump. Como se puede notar en la tabla anterior, los presuntos vuelos de deportación a Ecuador se han reducido desde el surgimiento de la pandemia. Sin embargo, ha habido tres desde marzo, incluyendo uno el 17 de abril a Quito con al menos 70 personas, según abogados de inmigración. De manera interesante, a pesar de que las deportaciones hacia México han continuado –un deportado reciente dio positivo para COVID-19 y contagió al menos a 13 personas–, los vuelos regulares de ICE Air desde San Diego y el área de Phoenix con destino a Guadalajara parecen haberse detenido desde el 16 de marzo. Dichos vuelos han formado parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos para deportar personas hacia el interior del país. En la última semana, Swift Air ha operado 11 presuntos vuelos de deportación a siete países diferentes: Brasil, Haití, República Dominicana y Jamaica, así como a los centroamericanos de siempre, Guatemala, Honduras y El Salvador. ICE Air es una amenaza interna y externa La mayoría de los vuelos analizados salieron de dos aeropuertos conocidos por ser puntos de deportación de ICE: Brownsville, Texas; y Alexandria, Louisiana. Las instalaciones de ICE de Alexandria, manejadas por la compañía privada de prisiones GEO Group, se han visto severamente afectadas por casos de COVID-19, con al menos 11 empleados que han dado positivo. El avión que llevó un estimado de 40 casos confirmados de COVID-19 a Guatemala la semana pasada salió del aeropuerto de Alexandria. En total, el gobierno guatemalteco estima que 20% de los casos confirmados de COVID-19 en el país son inmigrantes que regresaron recientemente. Tabla 2. Presuntos vuelos de deportación de ICE después del 13 de marzo, por aeropuerto de salida Aeropuerto de salida Número de vuelos Porcentaje total Bownsville, Texas 18 27,3% Alexadria, Lousiana 17 25,8% El Paso, Texas 12 18,2% Houston, Texas 8 12,1% Phoenix, Arizona 3 4,5% San Antonio, Texas 2 3,0% Laredo, Texas 2 3,0% San Diego, California 1 1,5% Dallas, Texas 1 1,5% Miami, Florida 1 1,5% Harlingen, Texas 1 1,5% TOTAL 66 100,0% Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. Nota: el número total de vuelos de esta tabla no coincide con el número total de vuelos después del 13 de marzo porque algunos viajes incluyeron múltiples paradas. A pesar de las obvias preocupaciones sanitarias, hasta el momento ICE se ha rehusado a realizar pruebas a los detenidos previo a su deportación, aunque funcionarios han indicado recientemente que comenzarían a hacer al menos pruebas parciales. El Washington Post reportó que “es poco probable que [ICE] aplique pruebas a cada deportado a menos que los gobiernos extranjeros lo exijan como condición para regresar a las personas”. La realidad es que en el oscuro mundo de ICE Air, existe poca información sobre el verdadero alcance del transporte de detenidos, y no solo internacionalmente, sino también a nivel nacional. ProPublica informó el mes pasado que un detenido fue transportado nueve veces dentro de Estados Unidos en un período de 10 días. Y no es el único caso. Expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de ICE representan un serio riesgo sanitario para los internos, así como para los empleados y las comunidades aledañas. Debido a que los detenidos viajan frecuentemente por todo el país y son retenidos en espacios confinados cerrados, es prácticamente imposible aislar de manera adecuada a quienes han contraído COVID-19 o asegurar que esos deportados no hayan estado expuestos al virus. Algunas municipalidades estadounidenses han tomado medidas para librarse del problema de las deportaciones de ICE. En 2019, el Condado de King en Washington prohibió al Servicio de Inmigración estadounidense realizar vuelos de deportación desde su aeropuerto local, aunque el gobierno de Trump demandó posteriormente a las autoridades locales. Sin embargo, al parecer varias comunidades intentan seguir este ejemplo en medio de la pandemia global. Líderes locales en El Paso manifestaron recientemente su preocupación por los continuos vuelos de deportación después de que un vuelo de ICE con un pasajero confirmado de COVID-19 pasara por el aeropuerto de la municipalidad. Pero ICE Air es también un gran negocio; de 2010 a 2017, el Servicio de Inmigración estadounidense gastó aproximadamente mil millones de dólares en su programa de deportaciones. En 2017, la administración Trump otorgó un nuevo contrato a Classic Air Charters, la misma compañía utilizada como parte del programa de centros clandestinos de detención de la CIA, conocidos como black sites o “lugares negros”, durante la administración Bush. El contrato de la CIA tiene un valor estimado de más de 300 millones de dólares, de los cuales 90 millones ya han sido desembolsados en el 2020 por parte de ICE. Debido a que tanto Swift Air como Western Atlantic operan como subcontratistas, no existe información pública del valor de los contratos firmados con el gobierno federal. El New York Times informó en 2017 que Swift recibió del gobierno cerca de 15 millones de dólares al año. Los contratistas de ICE Air cobran cerca de 8 mil dólares por hora de vuelo, independientemente del número de pasajeros. En 2019, iAero Group y Blackstone –una de las empresas privadas de capital de riesgo más grandes del mundo– compró Swift Air, aunque continúa operando con el mismo nombre. Rastreo de la flota aérea de ICE En las últimas 12 semanas, aparentemente ICE ha utilizado 22 aviones chárter únicos para realizar 232 presuntos vuelos de deportación. De esos aviones, 15 participaron en vuelos de deportación confirmados de ICE entre octubre de 2018 y mayo de 2019, según los datos más recientes compilados por el UNCHR. Anteriormente, un software de rastreo de vuelos permitía a usuarios ver todos los vuelos identificados con la sigla “RPN”, de “repatriación”, sin embargo, ya no se puede acceder al servicio y los vuelos de deportación actuales de ICE ya no usan la designación RPN. Una lista completa de los presuntos vuelos de deportación desde principios de febrero está disponible en este link (la información será actualizada regularmente). Los datos incluyen números de matrículas de 22 aviones identificados en un esfuerzo por suscitar la conciencia pública sobre los vuelos de deportación en curso. Por supuesto, es factible que alguno de estos vuelos sean servicios de chárter regulares y no de deportaciones de ICE. La semana pasada el Miami Herald informó, con base a declaraciones de un funcionario aeroportuario local, que se realizaron dos vuelos de deportación de Swift Air a Honduras y Brasil. Sin embargo, el funcionario posteriormente dijo haberse “equivocado” y declaró al Herald que los aviones habían sido operados por Royal Caribbean. Si Usted tiene información sobrevuelos en esta lista que no fueron vuelos de deportación de ICE, o si sabe de algún vuelo de deportación que no está incluido en la lista, por favor contáctese con el autor de este artículo ([email protected]). [Actualización de datos: desde la recolección de datos para el presente análisis, se han agregado a la base de datos dos vuelos con posibles deportados de ICE, los cuales permiten ilustrar lo útil que puede ser la data en la identificación del avance de estos vuelos. El lunes 27 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Pedro Sula, Honduras. Este es el quinto lunes consecutivo que un vuelo de esta aerolínea viaja a San Pedro Sula. El martes 28 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Salvador, El Salvador. Este es el sexto martes consecutivo que Swift Air vuela a San Salvador. Por otro lado, el 27 de abril un avión de Swift Air voló a Guatemala, pero utilizó un número de vuelo no asociado previamente con los vuelos de deportación conocidos y fue excluido del conjunto de datos]. Mapas y visualizaciones creados por Kevin Cashman.

Jake Johnston / 05 Mayo 2020

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Bolivia desechó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna evidencia de fraude
Mientras Bolivia se prepara para la repetición de sus elecciones este 3 de mayo, se mantienen los disturbios en el país luego del golpe de Estado respaldado por el Ejército el 10 de noviembre contra el presidente en ejercicio, Evo Morales. Una rápida puesta al día: Morales reclamó la victoria en las elecciones de octubre, pero la oposición protestó por un llamado fraude electoral. Un informe del 10 de noviembre de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló irregularidades electorales, lo que “lleva al equipo de auditoría técnica a cuestionar la integridad de los resultados de las elecciones del 20 de octubre”. Luego, la policía se unió a las protestas y Morales buscó asilo en México. El Gobierno instalado militarmente acusó a Morales de sedición y terrorismo. Un informe de monitoreo de la Unión Europea señaló que unos 40 exfuncionarios electorales fueron arrestados y enfrentan cargos criminales de sedición y subversion, y 35 personas murieron en el conflicto postelectoral. El candidato presidencial con mayor popularidad en las encuestas, miembro del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), recibió una citación de los fiscales por delitos no revelados, una medida que algunos analistas sospechan tenía como objetivo mantenerlo fuera de la boleta electoral. En gran medida, los medios de comunicación han reportado las acusaciones de fraude como si fueran un hecho. Y muchos comentaristas han justificado el golpe como respuesta al fraude electoral del MAS-IPSP. Sin embargo, como especialistas en integridad electoral, nosotros encontramos que la evidencia estadística no respalda las denuncias de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia. La OEA afirmó que había ocurrido un fraude electoral El principal soporte de las denuncias de fraude fue el informe de la OEA. Los auditores de la organización afirmaron haber encontrado evidencia de fraude luego de una detención en el conteo preliminar, el que consiste en los resultados no vinculantes de la noche de las elecciones destinados a seguir el progreso antes del conteo oficial. La Constitución boliviana requiere que un candidato obtenga una mayoría electoral absoluta o el 40% de los votos, con al menos una ventaja de 10 puntos porcentuales. De lo contrario, se debe llevar a cabo una segunda vuelta electoral. El conteo preliminar se detuvo con el 84% de los votos contados, cuando Morales tenía una ventaja de 7.87 puntos porcentuales. Aunque esa detención fue consistente con el compromiso de los funcionarios electorales de que en la noche de las elecciones se iba a realizar un recuento de al menos el 80% de los votos mediante el conteo preliminar, para luego continuar con el escrutinio total en el recuento oficial, la OEA rápidamente expresó su preocupación por la detención. Cuando se reanudó el conteo preliminar, el margen de Morales estaba por encima del umbral de los 10 puntos porcentuales. La OEA afirmó que la detención del conteo preliminar tuvo como resultado una tendencia “altamente improbable” en la ventaja del MAS-IPSP cuando se reanudó el conteo. La OEA informó tener una “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminaries”. Adoptando un enfoque novedoso para el análisis de fraudes electorales, la OEA afirmó que las grandes desviaciones en los datos reportados antes y después de la detención del conteo preliminar indicarían evidencia potencial de un fraude. Pero el análisis estadístico detrás de esta afirmación es problemático El informe de la OEA se basa en parte en evidencia forense de que los analistas de la OEA dicen que hay irregularidades, las que incluyen acusaciones de firmas falsificadas y alteración de las actas de votación, una protección deficiente para los votantes y una detención en el conteo preliminar de votos. De manera crucial, la OEA afirmó en referencia a la detención del conteo preliminar de votos que “una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado” a favor de Morales. Esto último constituyó la principal evidencia cuantitativa de sus acusaciones de “manipulación clara del sistema TREP ... que afectó los resultados tanto de ese sistema como del conteo final”. Nosotros no evaluamos si estas irregularidades apuntan a una interferencia deliberada o si reflejan los problemas de un sistema con fondos insuficientes y con funcionarios electorales mal capacitados. En cambio, sí analizamos la evidencia estadística. Como Morales había superado el umbral del 40%, la pregunta clave era si su recuento de votos era 10 puntos porcentuales mayor que el de su competidor más cercano. De lo contrario, Morales se vería obligado a una segunda vuelta electoral contra su competidor más cercano, el expresidente Carlos Mesa. Nuestros resultados fueron claros. No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen de antes y después de la detención del conteo preliminar. Por el contrario, es muy probable que Morales haya superado la ventaja de 10 puntos porcentuales en la primera ronda. ¿Como llegamos a esta conclusión? El enfoque de la OEA se basa en dobles supuestos: que el recuento no oficial refleja con precisión el voto medido continuamente, y que las preferencias informadas de los votantes no varían según la hora del día. Si estas suposiciones son ciertas, un cambio en la tendencia de favorecer a una de las partes con el tiempo podría indicar que se ha producido un fraude. La OEA no cita ninguna investigación previa que demuestre la veracidad de estos supuestos. Hay razones para creer que las preferencias de los votantes, así como los informes sobre quiénes son sus favoritos, pueden variar con el tiempo: un ejemplo podrían ser las personas que trabajan, quienes votan más tarde en el día. Las áreas de votantes con menos recursos pueden tener colas más largas y con menos capacidad para contar e informar los totales de votos rápidamente. Es posible que estos factores se apliquen en Bolivia, donde existen brechas graves en infraestructura e ingresos entre las zonas urbanas y rurales. ¿Hubo una discontinuidad entre los votos escrutados antes y después del recuento no oficial? Por supuesto que las discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación. En Rusia, por ejemplo, una acusación es que los funcionarios electorales locales llenan las urnas para cumplir con los objetivos preestablecidos. Si el hallazgo de la OEA fuera correcto, esperaríamos ver el aumento en el margen de votación de Morales poco después de que la detención del conteo preliminar, y el margen de elección resultante sobre su competidor más cercano sería demasiado grande para ser explicado por su desempeño antes de que se detuviera el conteo preliminar. Podríamos esperar ver otras anomalías, como repentinos cambios en los votos a favor de Morales en los recintos que antes estaban menos inclinados a votar por él. El eje “x” muestra el margen para Morales antes de la detención dentro del conteo preliminar de 1,477 recintos que informaron sus datos antes y después de la detención, y el eje “y” es el margen final de Morales, según lo informado dentro del conteo oficial. La alta correlación entre el conteo preliminar y los resultados de la votación final sugiere que no hay irregularidades significativas en el recuento de las elecciones o en el margen de votación final de Morales. (Jack Williams. Datos del Tribunal Supremo Electoral, 2019.) No encontramos ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías, como muestra este grafico. Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados de antes y después de la detención en recintos contados antes y después de la detención. Existe poca diferencia observable entre los recintos en los resultados de antes y después de la detección del conteo preliminar, lo que sugiere que no hubo irregularidades significativas. Nosotros y otros académicos dentro del campo contactamos a la OEA para obtener comentarios al respecto; pero la OEA no respondió. También realizamos 1,000 simulaciones para ver si se podía predecir la diferencia entre el voto de Morales y el recuento para el segundo candidato, utilizando solo los votos verificados antes de que se detuviera el conteo preliminar. En nuestras simulaciones, descubrimos que Morales podía esperar al menos una ventaja de 10.49 puntos sobre su competidor más cercano, es decir, por encima del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para ganar directamente. Nuevamente, esto sugiere que cualquier aumento en el margen de Morales después de la detención puede explicarse completamente por los votos ya contados. No existe soporte estadístico para las denuncias de fraude electoral No hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran incremento en el apoyo a Morales después de la detención del conteo preliminar, y el tamaño de la ventaja de Morales parecen legítimos. Dicho esto, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos. Investigaciones previas publicadas aquí en Monkey Cage encuentran que las diferencias económicas y raciales dificultan la verificación del registro de votantes en Estados Unidos, lo que resulta en un mayor uso de boletas electorales provisionales entre los demócratas, y un mayor apoyo a los candidatos demócratas entre los votos escrutados después del día de las elecciones. Según los criterios de fraude sostenidos por la OEA, es posible que puedan clasificarse como fraudulentas aquellas elecciones estadounidenses en las que los votos contabilizados más tarde tiendan a inclinar los resultados hacia los demócratas. Por supuesto, el fraude electoral es un problema grave, pero confiar en pruebas no verificadas como evidencia de fraude es una seria amenaza para cualquier democracia.

CEPR / 28 Febrero 2020

Keep up with our latest news

Suscríbase a las últimas noticias

Expertos en América Latina y el Caribe Latin America and the Caribbean Experts

Created with Sketch.
Lola Allen
Senior Policy Analyst
Created with Sketch.
Roberto Frenkel
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Brett Heinz
Program Assistant
Created with Sketch.
Jake Johnston
Senior Research Associate
Created with Sketch.
Cavan Kharrazian
International Researcher
Created with Sketch.
Guillaume Long
Senior Policy Analyst
Created with Sketch.
Alexander Main
Director of International Policy
Created with Sketch.
Kira Paulemon
International Program Intern
Created with Sketch.
Franklin Serrano
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Mark Weisbrot
Co-Director

To book an expert on this topic, contact our media team.