Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo América Latina necesita acceder a recursos sin generar deuda: Emisión de Derechos Especiales de Giro
Latindadd Ver artículo en sitio original   In English América Latina atraviesa por una crisis múltiple, se gesta la tormenta perfecta en la región, con grandes limitaciones sanitarias para afrontar el Covid-19 y ante la recesión más profunda desde la Gran Depresión (1872-1896), la proyección de contracción para la región, según CEPAL[1] es del 5.3% el 2020, con un mayor impacto en América del Sur. Las consecuencias de la crisis ya son fuertemente sentidas en el mundo, entre algunos impactos está la disrupción en las cadenas de producción -en especial para los países primario exportadores, la paralización del sector turismo, la mayor caída de las remesas, la caída continua de la Inversión Extranjera Directa y el aumento de la fuga de capitales en una magnitud mayor a la crisis del 2008. A la pérdida de empleos y fuentes de sustento en economías con un gran sector informal, se le sumó la exacerbación de las brechas de género, tanto en el ámbito económico como en el uso del tiempo. La crisis ha retraído a las MiPyMes, muchas de ellas forzadas a desaparecer, y ha colapsado un sector empresarial nacional que trata de salir a flote con endeudamiento. Con el traslado del epicentro de la pandemia de Europa y Estados Unidos a los países del Sur, el Banco Mundial[2] estima, en un escenario negativo, que 100 millones de personas podrían ser arrastradas a la pobreza extrema. Para América Latina, el resultado será el incremento de la desigualdad y la pobreza, con casi 29 millones de nuevos pobres en América Latina[3]. El impacto del Covid-19 en la región será devastador y de largo plazo para la región. El FMI evalúa que ésta podría ser otra década perdida para América Latina[4], con una contracción del 9.4% el 2020[5]. Los países de América Latina tienen un reducido espacio fiscal, su acceso a financiamiento concesional[6] es muy limitado, y los créditos disponibles en el marco del Covid-19 son insuficientes. Todos los países de la región, a excepción de algunos países del Caribe, ya presentaban un déficit fiscal antes de la pandemia. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador, son los que tuvieron los mayores niveles de déficit el 2019, por encima del promedio de América Latina de -2.8% según CEPAL, y se proyecta en algunos casos un elevado servicio de la deuda en los próximos años[7]. Esta situación, advierte las limitaciones para atender el Covid-19 y destinar recursos a la salud y protección social con la urgencia que requiere el avance de la pandemia. Al ser considerados la mayoría de los países de la región como de ingreso medio, las actuales fuentes de financiamiento disponibles son principalmente no concesionales y con diversas condicionalidades[8], según las políticas de cada prestamista. Ante las grandes necesidades para afrontar la pandemia, la disponibilidad de recursos resulta insuficiente. Entre las soluciones de las instituciones financieras internacionales, el G20 y el FMI han planteado la suspensión de pagos de deuda para países de ingreso bajo, y para los demás países en desarrollo se ha dispuesto la provisión de créditos. Mientras los países del G20 tienen un paquete de emergencia de $us 9 billones[9] para aliviar la crisis a sus ciudadanos y empresas durante la pandemia, el FMI ha puesto a disposición $us 1 billón de dólares frente al Covid-19 para los países en vías de desarrollo, más de 100 países han solicitado este fondo de emergencia, del cual $us 100 mil millones corresponden al Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés), con una tasa de interés concesional (de hasta 1.5%) pero de corto plazo de repago (5 años), mediante un desembolso rápido sin condiciones secuenciales, y para uso presupuestario. Son 11 los países de la región que han accedido al fondo RFI (Bolivia, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Bahamas y Ecuador), con desembolsos promedio de $us 300 millones por país, que permiten un breve respiro a los países, pero que son insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. Adicionalmente, los demás países de la región podrán acceder a los recursos previstos por el FMI para luchar contra el Covid-19, a través de programas de crédito convencionales con la suscripción de acuerdos[10]. Argentina tiene un programa en revisión con el FMI; Ecuador tiene un programa en suspensión para acceder al instrumento de financiamiento rápido; Chile, Colombia y Perú tienen un crédito flexible; Honduras y Barbados tienen un programa de crédito; y otros países de El Caribe como Dominica, St. Vincent, Granada, Sta. Lucía y Haití cuentan además con un crédito concesional. En suma, la solución planteada a los países de ingreso medio para luchar contra la pandemia es con nuevos créditos que proyectan la llegada de una nueva ola de endeudamiento, que implicará una nueva carga en el servicio de la deuda en el mediano plazo, con el riesgo de que los países deban priorizar el pago de la deuda frente a la inversión en salud y protección social. Ante una crisis sin precedentes, se debe priorizar la vida; las grandes mayorías en nuestros países enfrentan el dilema de morir de hambre o morir por Covid-19. Los recursos que se necesitan son cruciales y urgentes para afrontar la crisis sanitaria y sustentar la reactivación económica, a través de herramientas como un ingreso básico de emergencia mensual que permita el cumplimiento del confinamiento y permita avanzar posteriormente hacia un ingreso básico universal. En esta coyuntura, tanto la Directora Gerente del FMI como el Secretario General de Naciones Unidas han concluido que el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus para los países en desarrollo será de al menos $us 2,5 billones. Consecuentemente, las cantidades disponibles en los mecanismos tradicionales son insuficientes. Por esta razón, urge una emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) para todos los países del mundo. ¿Qué son los DEG? Los derechos especiales de giro son un activo de reserva creado mediante acuerdos políticos internacionales. Los países miembros de Naciones Unidas, que también son miembros del Fondo Monetario Internacional, pueden disponer – con una mayoría del 85% de los votos – la creación de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG). El valor de un DEG se define a partir de una canasta ponderada del dólar, euro, yen, libra y yuan. Los DEG son creados políticamente “de la nada”, por lo que muchos economistas lo llaman “oro de papel”. Son asignados a cada banco central miembro. Los DEG se registran en un ente financiero anexo al FMI denominado “Departamento de los DEG” que tiene una estructura contable independiente del FMI propiamente dicho. Los DEG tienen un origen histórico cercano a América Latina y a los países en desarrollo. La primera vez que el DEG fue mentalizado fue en el seno de la UNCTAD en 1964, entonces liderada por el argentino Raúl Prebisch. Luego de años de deliberaciones, el FMI aceptó y los DEG fueron emitidos por primera vez en 1969. Los DEG no son creados por el FMI, son creados por la Junta de Gobernadores del FMI – es decir, por el conjunto de los Estados. Por esta razón, en el contexto de la crisis financiera internacional originada por la crisis de los subprime en Estados Unidos y a sugerencia de la Comisión “Stiglitz”, constituida por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009, fue la Asamblea General la que dispuso la creación de DEG, posteriormente, el G20 apoyó esta solicitud y la Junta de Gobernadores del FMI votó por una emisión efectivizada en agosto de 2009. Se crearon 187 mil millones de DEG (entonces $us 250 mil millones) y fueron repartidos a cada país. Su distribución es realizada de acuerdo al poder de voto en el FMI, por esta razón, los países ricos recibieron casi 2/3 de toda la emisión de DEG. Aun así, los DEG recibidos por los países del Sur fueron aprovechados para paliar la crisis. Hasta diciembre de 2010, fueron 107 países en desarrollo los que utilizaron una parte de sus DEG para cubrir sus necesidades de financiamiento. El uso de los DEG se puede efectivizar cuando los países los reciben y los intercambian con otros países u organismos monetarios por cualquiera de las monedas que conforman la canasta de los DEG. La mayoría de los países opta por vender sus DEG a cambio de dólares. Los principales compradores de DEG son Estados Unidos, Reino Unido, Japón y el Banco Central Europeo. Otros países deciden utilizar los DEG recibidos para realizar aportes al FMI para realizar transacciones bilaterales. Si algún país se negara a comprar DEG, el FMI tiene la posibilidad legal de obligar a los países superavitarios en dólares (por ejemplo, a Estados Unidos) a comprar DEG de los países que necesitan venderlos. Sin embargo, desde hace décadas no se ha requerido esta acción, pues todas las compraventas han sido voluntarias. Actualmente, por la hegemonía del dólar, solo Estados Unidos tiene el poder de emitir dinero de forma ilimitada, sin afectar el valor de su moneda. Este privilegio ha sido compartido mediante líneas swap ilimitadas con cinco otros bancos centrales: Canadá, Reino Unido, Europa, Suiza y Japón. El acceso acotado de swaps también ha alcanzado a otros 9 países (de América latina solamente Brasil y México). Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo no tiene un acceso ilimitado a dólares, esta discriminación ha sido denominado triaje monetario[11]. Los DEG no son deuda La manera más ágil de democratizar el acceso a dinero sin deuda es mediante una emisión ambiciosa de Derechos Especiales de Giro. De acuerdo a la estructura actual del poder de voto en el FMI, la gran mayoría llegará a las economías desarrolladas, pero si la emisión es grande, una magnitud importante llegará a los países en desarrollo. A diferencia de los préstamos del FMI, la asignación de DEG no constituye un préstamo, pues no debe ser devuelto una vez utilizado. Actualmente, la asignación tiene un ínfimo costo financiero de 0,05% anual. Por lo tanto, los DEG son dinero sin deuda y no requieren condicionalidad alguna. Su asignación es universal, tanto así que potencias militares miran con recelo a los DEG pues proporcionan liquidez incondicional a todo el mundo, incluyendo a adversarios geopolíticos. Ante el simultáneo choque externo en todo el planeta, organismos internacionales, la sociedad civil y los países del planeta están a favor de una emisión ambiciosa de los DEG. Se han pronunciado a favor casi todo el G20[12], el Secretario de las Naciones Unidas[13], los Jefes de Estado de África, la Organización Mundial de la Salud, la Directora Gerente del FMI[14], la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la revista The Economist, el Consejo Editorial del Financial Times, y muchas organizaciones de la sociedad civil[15]. ¿Cuántos DEG se deben emitir? Dada la estructura de poder de voto en el FMI, se requiere el voto de EEUU para aprobar la emisión. A la fecha, aún no se ha logrado el apoyo de la administración actual del gobierno de Estados Unidos a una emisión de los Derechos Especiales de Giro. El voto de EEUU respecto a los DEG está normado por la SDR Act de 1968, que establece dos rutas para la emisión de DEG. Si la emisión es igual o menor tamaño de los DEG existentes a la fecha (475 mil millones de DEG), se puede realizar a iniciativa de la Secretaría del Tesoro previa comunicación al Congreso al menos 90 días antes de la votación. Si la emisión es mayor, se requiere aprobar una ley, ante lo cual los 90 días no son necesarios. Si se aprueba una ley, el voto de la Secretaría del Tesoro a favor de los DEG se vuelve obligatorio y no facultativo. Se podría apuntar al monto menor y evitar una ley, pero eso significaría que depende totalmente de la iniciativa de la Casa Blanca. Mientras que formular una ley, obligaría a una negociación entre el Congreso y la Casa Blanca, reduciría el tiempo de espera y aumentaría el monto posible de la emisión. Por estas razones, 31 congresistas de Estados Unidos liderados por Jesús García, Demócrata de Illinois, han propuesto un proyecto de ley (H.R. 6581) que obligaría a EEUU a apoyar la emisión de 3 billones de DEG (4,1 billones de dólares)[16]. Esta ley formaría parte de uno de los paquetes legislativos como acuerdo político entre la Cámara de Representantes (con mayoría Demócrata) y el Senado y la Casa Blanca. De aprobarse esta ley, en los próximos días los Países de América Latina y el Caribe estarían recibiendo los siguientes recursos correspondientes a los 3 billones de DEG. A continuación, se presenta la asignación que recibiría cada país de la región, según el porcentaje de su cuota en el FMI, en un ejercicio con 1 billón de DEG y con 3 billones de DEG: Plan B – Donación de los DEG En caso de que una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro no prospere, algunas organizaciones proponen que los países ricos donen sus DEG ya existentes a los países en desarrollo de forma directa o a través de fideicomisos administrados por el FMI. Si bien esta es una iniciativa justa, la mecánica de llevarla a cabo puede ser demasiado compleja. Como bien describió el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, la emisión de Derechos Especiales de Giro es política monetaria planetaria, mientras que la donación de DEG es política fiscal. La donación de DEG tiene dos implicaciones. Si la donación es obligatoria, posiblemente se requiera una modificación al Convenio Constitutivo del FMI, lo que requeriría años hasta lograr su ratificación parlamentaria. Si la donación es voluntaria, como política fiscal requeriría que sea aprobado de forma presupuestaria en los parlamentos nacionales de los países desarrollados, lo que también conllevaría un proceso alargado. En algunos países, además implicaría enmarcarse en la legislación sobre ayuda para el desarrollo o cooperación internacional. Por estas razones, algunos analistas han propuesto que los países ricos presten sus DEG directamente al FMI o a los fideicomisos administrados por el FMI. Esto replicaría el fenómeno ya mencionado anteriormente, los países en vías de desarrollo estarían sumidos en una nueva ola de endeudamiento con condicionalidad. Por lo tanto, no parece ser una opción viable para los países en vías de desarrollo. Dado el criterio de oportunidad – la urgencia que plantea la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia – una donación de DEG debería ser posterior a un proceso de emisión sustancial de los DEG. DEG para apoyo presupuestario Los DEG se pueden utilizar como apoyo presupuestario. Existe preocupación de varios actores respecto a la usabilidad de los DEG. Si bien los DEG se distribuyen – en principio – a los bancos centrales de los países miembros, esto depende enteramente de la legislación nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, los DEG son entregados al Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro, y no a la Reserva Federal. En el caso de Ecuador, los dólares equivalentes a los DEG recibidos en 2009 fueron transferidos al Ministerio de Finanzas para formar parte del presupuesto fiscal. El fundamento utilizado fue que hubo un aumento extraordinario del patrimonio del Banco Central, con lo cual había como transferir las ganancias patrimoniales al accionista único del Banco Central: el Ministerio de Finanzas. Este marco legal es parecido en la mayoría de países del mundo, con lo cual – a pesar de que los DEG tienen un uso con fines de balanza de pagos (para importar insumos y equipamiento médico así como una posible vacuna) – también pueden ser aprovechados como recursos fiscales (para contribuir a paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria). Conclusiones Una nueva ola de endeudamiento externo no debería ser la opción de salida de la crisis para los países de América Latina. Actualmente, la condonación o diferimiento del servicio de la deuda esta disponible para países de ingreso bajo. Los DEG no constituyen una deuda con repago de capital y además pueden usarse como apoyo presupuestario. Para los países de América Latina y el Caribe – en su gran mayoría países de ingresos medio – la emisión de DEG es una necesidad. El tamaño de la emisión es muy importante. No bastaría con una emisión simbólica de DEG. Está plenamente justificado que la emisión sea sustancial, no solo por las necesidades de los países de la región sino en comparación a las enormes inyecciones de liquidez de los países ricos. Ante la escalada del coronavirus en América Latina, la emisión de DEG para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica no solo debe ser sustancial sino también urgente. NOTAS [1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf [2] https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty [3] CEPAL, El desafío social en tiempos de Covid-19, 12 de mayo de 2020. [4] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241 [5] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682 [6] Se refiere al tipo de condiciones financieras de un crédito, siendo concesional cuando contempla amplios plazos de pago, bajas tasas de interés y período de gracia, de manera que la diferencia entre el valor nominal y el valor presente neto del servicio del préstamo sea superior a cero (https://ida.worldbank.org/debt/grant-element-calculations). En el caso de la Ayuda Oficial al Desarrollo es concesional cuando es superior a 25%. [7] Como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, El Salvador y Brasil https://www.latindadd.org/2019/04/09/america-latina-enfrenta-el-retorno-de-la-deuda/ [8] Se entiende por condicionalidades a las condiciones de políticas (económicas, laborales, principalmente) que forman parte de los programas de crédito, como medidas de austeridad fiscal, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, créditos vinculados a contrataciones con el país acreedor, entre los más comunes. [9] https://www.weforum.org/agenda/2020/05/9-trillion-global-fiscal-support-covid-19/ [10] Link para ver el estado de situación de los créditos de emergencia del FMI por región https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker [11] https://www.thenation.com/article/economy/economy-fed-imf/ [12] https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN%20(2).pdf [13] https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20029.doc.htm [14] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managing-director-during-an-extraordinary-g20-leaders-summit [15] https://globalcovidresponse.org/endorsers [16] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6581/cosponsors?r=65&s=1&searchResultViewType=expanded&KWICView=false

Andrés Arauz / 01 Julio 2020

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribeEl Mundo El ministerio de las Colonias estadounidenses
Le Monde diplomatique en español, mayo de 2020  Ver artículo en sitio original Creada en 1948, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye uno de los instrumentos de la proyección geopolítica de Washington en América Latina y los Estados del Caribe, los cuales fueron incorporándose a la organización, uno tras otro, a medida que obtenían su independencia entre las décadas de 1960 y 1980. Por su parte, Canadá, que sólo es miembro de la OEA desde 1990, en la mayoría de las ocasiones se limita a presentar una versión moderada de la línea defendida por la Casa Blanca. Al igual que hiciera Fidel Castro, la izquierda latinoamericana y caribeña percibe a la organización como el “Ministerio de las Colonias de Estados Unidos”; las elites, por su parte, le profesan una deferencia que roza lo sagrado. El puesto de embajador latinoamericano o caribeño en la OEA es uno de los destinos (...) Para más, visite Le Monde diplomatique en español

Guillaume Long / 12 Mayo 2020

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU. Exportación de COVID-19: Inmigración estadounidense realizó vuelos de deportación a 11 países de América Latina, según datos aéreos
Un análisis de CEPR revela que es probable que hubo 232 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a países de América Latina y el Caribe entre el 3 de febrero y el 24 de abril de 2020. [video width="1950" height="1390" mp4="https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/04/ice3.mp4"][/video] En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 267.258 personas, de las cuales el 96% eran de América Latina y el Caribe. A pesar de que la mayoría de los medios se han enfocado en México (49,7% del total), Guatemala, Honduras y El Salvador (que juntas suman 45,1% del total), ICE deportó al menos a una persona a cada país de América Latina en 2019. Diez países de la región aceptaron vuelos de deportación regulares realizados por las operaciones aéreas de ICE –conocidas como “ICE Air”– el año pasado. A pesar de que la mayoría de las deportaciones hacia México se realizan por tierra, ICE Air gestiona anualmente vuelos para decenas de miles de personas a todo el país y al mundo. En plena pandemia, que ha generado la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras de países, ICE Air continúa deportando a miles de inmigrantes retenidos en centros de detención de todo el país; instalaciones que se han convertido en epicentros de brotes de COVID-19. Esto significa que Estados Unidos está ahora exportando el virus a toda la región. Más allá de la recurrencia de los vuelos de deportación de ICE Air, y el grave riesgo que representa su continuación para la salud pública durante la pandemia, poco se sabe de la frecuencia y los destinos. Sin embargo, un nuevo análisis de datos de rastreos de vuelos arroja luces sobre el alcance de los vuelos de ICE Air y el impacto de estas deportaciones sobre los países de América Latina y el Caribe. Desde que la administración Trump declaró una emergencia nacional el 13 de marzo, una de los contratistas de ICE Air ha realizado al menos 72 presuntos vuelos de deportación a 11 naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil y Ecuador, países que están sufriendo los peores brotes de COVID-19 en la región y que han experimentado un incremento de vuelos de este tipo durante la gestión del actual gobierno estadounidense. Todo parece indicar que, del 15 de marzo al 24 de abril, ICE Air realizó 21 vuelos de deportación a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador; seis a Brasil; tres a Nicaragua, Ecuador, Haití y la República Dominicana respectivamente; uno a Colombia y uno a Jamaica. Se pueden observar todos los posibles vuelos de deportación de ICE Air desde febrero en el siguiente mapa interactivo. var divElement = document.getElementById('viz1588089737632'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='700px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); En 2019, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) obtuvieron los registros de vuelos de 2010 a 2018 por medio de una solicitud amparada en la Ley de Libertad de la Información. El análisis del UWCHR es el análisis más completo del alcance de las operaciones de ICE Air y el conjunto de datos completos puede ser consultado aquí. El informe también reveló que dos compañías de chárter privadas –Swift Air y Western Atlantic Airlines– fueron subcontratadas para realizar la mayoría de los vuelos de deportación de ICE Air. La data analizada para la presente publicación fue tomada de Flight Aware, una base de datos pública de rastreo de vuelos. Debido a que tanto Swift como Western realizan servicios de chárter regulares, no todos sus vuelos corresponden al sistema de deportación de ICE. Sin embargo, los vuelos incluidos en este análisis coinciden con vuelos de deportación conocidos, parten además de aeropuertos conocidos por realizar vuelos de deportación y siguen rutas conocidas por transportar detenidos de ICE. Es posible que algunos de los vuelos aquí incluidos no sean de deportación, pero es mucho más probable que estos cálculos sean muy por debajo del alcance real de las operaciones de ICE Air. El Servicio de Inmigración estadounidense también es conocido por utilizar aerolíneas comerciales para deportaciones y es posible que esté contratando los servicios de otras compañías de chárter. Durante el año fiscal 2017, más de 85% de las deportaciones de ICE Air se realizaron a través de servicios de chárter, según el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Deportaciones de ICE continúan, pero frecuencia disminuye En los primeros tres meses del 2020, ICE deportó a cerca de 20.833 personas por mes, una cifra que auguraba un número similar que en 2019. En contraste, el Washington Post reportó que durante los 11 primeros días del mes de abril de 2020, ICE deportó a 2.985 personas, lo que equivale a menos de la mitad del promedio anual. Ciertamente, los datos del rastreo de vuelos aquí analizados muestran una reducción en los vuelos de deportación, comenzando el 13 de marzo aproximadamente, como se puede apreciar en la tabla a continuación. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight: bold; } table td { padding: 3px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Presuntos vuelos de deportación de ICE Air, por semana Semana El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Brasil Ecuador México Colombia Jamaica Haití República Dominicana Cuba Total Semana 1 (2/3 – 2/9) 3 1 13 5 1 2 2 0 0 1 1 0 29 Semana 2 (2/10 – 2/16) 3 0 11 6 1 1 2 0 0 0 0 0 24 Semana 3 (2/17 – 2/23) 3 1 11 6 1 2 2 0 0 1 1 0 28 Semana 4 (2/24 – 3/1) 3 0 10 7 0 1 2 1 1 0 0 1 26 Semana 5 (3/2 – 3/8) 4 1 9 5 2 3 3 0 0 1 1 0 29 Semana 6 (3/9 – 3/15 4 0 11 7 0 1 2 0 0 0 0 0 25 Semana 7 (3/16 – 3/22) 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 12 Semana 8 (3/23 – 3/29) 2 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14 Semana 9 (3/30 – 4/5) 2 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 14 Semana 10 (4/5 – 4/12) 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 8 Semana 11 (4/13 – 4/19) 2 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Semana 12 (4/20 – 4/26) 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 10 TOTAL 32 6 86 54 11 12 14 2 2 6 6 1 232 TOTAL DESDE EL 13 DE MARZO 12 3 21 18 6 3 1 1 1 3 3 0 72 Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. La caída que se puede apreciar en la tabla anterior parece ser el resultado de la interrupción de los vuelos chárter internacionales de Western Atlantic el 13 de marzo, cuando Estados Unidos declaró una emergencia nacional. El otro subcontratista de ICE Air, Swift Air, ha continuado los vuelos. A pesar de las restricciones de tráfico aéreo internacional, Swift mantuvo en marzo casi el mismo número de vuelos de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe que en febrero, aunque esa cifra se ha reducido ligeramente en abril (en meses recientes, los aviones de Swift han realizado viajes a un número adicional de países en la región, incluyendo Cuba, Surinam, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago, Aruba, Belice y Granada, sin embargo, estos no coinciden con los vuelos de deportación conocidos y han sido excluidos del análisis). A pesar de que se ha prestado mucha atención a los recientes vuelos de deportación con destino a Guatemala y Haití –ambos países han informado casos confirmados de COVID-19 entre esos deportados–, los datos revelan que probablemente muchos otros países están experimentando el mismo fenómeno. En 2019, la administración Trump comenzó las deportaciones de ICE Air a Brasil, país que anteriormente había bloqueado dichos vuelos. Estados Unidos se apoya en los gobiernos extranjeros que aprueban los vuelos de deportación y, bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, Brasil ha accedido. Los datos aéreos indican que dichos vuelos han continuado durante la pandemia. Desde el 13 de marzo, ha habido seis vuelos operados por Swift Air a Belo Horizonte, Brasil, que ya ha sido destino previo de estos vuelos de deportación. Actualmente, Brasil está viviendo el mayor brote de COVID-19 en la región. Algunos de los vuelos de Swift Air a Brasil han hecho escala en la ciudad portuaria de Guayaquil, quizás el epicentro del brote más mortal de COVID-19 en el mundo. Las deportaciones a Ecuador se incrementaron en un 78% en 2019, comparado al año anterior, debido a que, similar al gobierno brasileño, el país ha buscado fortalecer las relaciones con la administración de Trump. Como se puede notar en la tabla anterior, los presuntos vuelos de deportación a Ecuador se han reducido desde el surgimiento de la pandemia. Sin embargo, ha habido tres desde marzo, incluyendo uno el 17 de abril a Quito con al menos 70 personas, según abogados de inmigración. De manera interesante, a pesar de que las deportaciones hacia México han continuado –un deportado reciente dio positivo para COVID-19 y contagió al menos a 13 personas–, los vuelos regulares de ICE Air desde San Diego y el área de Phoenix con destino a Guadalajara parecen haberse detenido desde el 16 de marzo. Dichos vuelos han formado parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos para deportar personas hacia el interior del país. En la última semana, Swift Air ha operado 11 presuntos vuelos de deportación a siete países diferentes: Brasil, Haití, República Dominicana y Jamaica, así como a los centroamericanos de siempre, Guatemala, Honduras y El Salvador. ICE Air es una amenaza interna y externa La mayoría de los vuelos analizados salieron de dos aeropuertos conocidos por ser puntos de deportación de ICE: Brownsville, Texas; y Alexandria, Louisiana. Las instalaciones de ICE de Alexandria, manejadas por la compañía privada de prisiones GEO Group, se han visto severamente afectadas por casos de COVID-19, con al menos 11 empleados que han dado positivo. El avión que llevó un estimado de 40 casos confirmados de COVID-19 a Guatemala la semana pasada salió del aeropuerto de Alexandria. En total, el gobierno guatemalteco estima que 20% de los casos confirmados de COVID-19 en el país son inmigrantes que regresaron recientemente. Tabla 2. Presuntos vuelos de deportación de ICE después del 13 de marzo, por aeropuerto de salida Aeropuerto de salida Número de vuelos Porcentaje total Bownsville, Texas 18 27,3% Alexadria, Lousiana 17 25,8% El Paso, Texas 12 18,2% Houston, Texas 8 12,1% Phoenix, Arizona 3 4,5% San Antonio, Texas 2 3,0% Laredo, Texas 2 3,0% San Diego, California 1 1,5% Dallas, Texas 1 1,5% Miami, Florida 1 1,5% Harlingen, Texas 1 1,5% TOTAL 66 100,0% Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. Nota: el número total de vuelos de esta tabla no coincide con el número total de vuelos después del 13 de marzo porque algunos viajes incluyeron múltiples paradas. A pesar de las obvias preocupaciones sanitarias, hasta el momento ICE se ha rehusado a realizar pruebas a los detenidos previo a su deportación, aunque funcionarios han indicado recientemente que comenzarían a hacer al menos pruebas parciales. El Washington Post reportó que “es poco probable que [ICE] aplique pruebas a cada deportado a menos que los gobiernos extranjeros lo exijan como condición para regresar a las personas”. La realidad es que en el oscuro mundo de ICE Air, existe poca información sobre el verdadero alcance del transporte de detenidos, y no solo internacionalmente, sino también a nivel nacional. ProPublica informó el mes pasado que un detenido fue transportado nueve veces dentro de Estados Unidos en un período de 10 días. Y no es el único caso. Expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de ICE representan un serio riesgo sanitario para los internos, así como para los empleados y las comunidades aledañas. Debido a que los detenidos viajan frecuentemente por todo el país y son retenidos en espacios confinados cerrados, es prácticamente imposible aislar de manera adecuada a quienes han contraído COVID-19 o asegurar que esos deportados no hayan estado expuestos al virus. Algunas municipalidades estadounidenses han tomado medidas para librarse del problema de las deportaciones de ICE. En 2019, el Condado de King en Washington prohibió al Servicio de Inmigración estadounidense realizar vuelos de deportación desde su aeropuerto local, aunque el gobierno de Trump demandó posteriormente a las autoridades locales. Sin embargo, al parecer varias comunidades intentan seguir este ejemplo en medio de la pandemia global. Líderes locales en El Paso manifestaron recientemente su preocupación por los continuos vuelos de deportación después de que un vuelo de ICE con un pasajero confirmado de COVID-19 pasara por el aeropuerto de la municipalidad. Pero ICE Air es también un gran negocio; de 2010 a 2017, el Servicio de Inmigración estadounidense gastó aproximadamente mil millones de dólares en su programa de deportaciones. En 2017, la administración Trump otorgó un nuevo contrato a Classic Air Charters, la misma compañía utilizada como parte del programa de centros clandestinos de detención de la CIA, conocidos como black sites o “lugares negros”, durante la administración Bush. El contrato de la CIA tiene un valor estimado de más de 300 millones de dólares, de los cuales 90 millones ya han sido desembolsados en el 2020 por parte de ICE. Debido a que tanto Swift Air como Western Atlantic operan como subcontratistas, no existe información pública del valor de los contratos firmados con el gobierno federal. El New York Times informó en 2017 que Swift recibió del gobierno cerca de 15 millones de dólares al año. Los contratistas de ICE Air cobran cerca de 8 mil dólares por hora de vuelo, independientemente del número de pasajeros. En 2019, iAero Group y Blackstone –una de las empresas privadas de capital de riesgo más grandes del mundo– compró Swift Air, aunque continúa operando con el mismo nombre. Rastreo de la flota aérea de ICE En las últimas 12 semanas, aparentemente ICE ha utilizado 22 aviones chárter únicos para realizar 232 presuntos vuelos de deportación. De esos aviones, 15 participaron en vuelos de deportación confirmados de ICE entre octubre de 2018 y mayo de 2019, según los datos más recientes compilados por el UNCHR. Anteriormente, un software de rastreo de vuelos permitía a usuarios ver todos los vuelos identificados con la sigla “RPN”, de “repatriación”, sin embargo, ya no se puede acceder al servicio y los vuelos de deportación actuales de ICE ya no usan la designación RPN. Una lista completa de los presuntos vuelos de deportación desde principios de febrero está disponible en este link (la información será actualizada regularmente). Los datos incluyen números de matrículas de 22 aviones identificados en un esfuerzo por suscitar la conciencia pública sobre los vuelos de deportación en curso. Por supuesto, es factible que alguno de estos vuelos sean servicios de chárter regulares y no de deportaciones de ICE. La semana pasada el Miami Herald informó, con base a declaraciones de un funcionario aeroportuario local, que se realizaron dos vuelos de deportación de Swift Air a Honduras y Brasil. Sin embargo, el funcionario posteriormente dijo haberse “equivocado” y declaró al Herald que los aviones habían sido operados por Royal Caribbean. Si Usted tiene información sobrevuelos en esta lista que no fueron vuelos de deportación de ICE, o si sabe de algún vuelo de deportación que no está incluido en la lista, por favor contáctese con el autor de este artículo ([email protected]). [Actualización de datos: desde la recolección de datos para el presente análisis, se han agregado a la base de datos dos vuelos con posibles deportados de ICE, los cuales permiten ilustrar lo útil que puede ser la data en la identificación del avance de estos vuelos. El lunes 27 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Pedro Sula, Honduras. Este es el quinto lunes consecutivo que un vuelo de esta aerolínea viaja a San Pedro Sula. El martes 28 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Salvador, El Salvador. Este es el sexto martes consecutivo que Swift Air vuela a San Salvador. Por otro lado, el 27 de abril un avión de Swift Air voló a Guatemala, pero utilizó un número de vuelo no asociado previamente con los vuelos de deportación conocidos y fue excluido del conjunto de datos]. Mapas y visualizaciones creados por Kevin Cashman.

Jake Johnston / 05 Mayo 2020

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