Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaPolítica exterior de EE. UU.El Mundo Asegurémonos de que, esta vez, el gobierno de EE.UU. respete la democracia en Brasil
Folha de S.Paulo Ver artículo original en portugués In English El pueblo brasileño ha votado el fin de la presidencia de un monstruo y ahora tiene la oportunidad de restaurar la democracia que había perdido. Bolsonaro tuvo una gestion pesima de la pandemia, difundiendo abundante información errónea sobre el Covid que contribuyó al número de muertos en Brasil de más de 600,000 personas. La deforestación de la Amazonía se aceleró: la cantidad deforestada en 2021 se incrementó en más del 70% que cuando asumió el cargo en 2018. También elogió y defendió la dictadura militar de Brasil y dijo que no acabó con la vida de suficientes personas. Al igual que Trump, Bolsonaro amenazó con rechazar los resultados de las elecciones si perdía. Lula da Silva derrotó a Bolsonaro por más de 2 millones de votos. Anteriormente fue un presidente de talante transformador (2003-2010) e inmensamente popular cuando dejó el cargo. Durante su presidencia, la tasa de pobreza de Brasil se redujo en un 50 por ciento y la pobreza extrema en un 49 por ciento. El ingreso por persona creció un 2,9 por ciento anual; más de 5 veces más rápido de lo que había crecido en los 20 años previos. El desempleo cayó del 13 al 8,5 por ciento. La mayor parte del mundo está celebrando justificadamente junto a la mayoría de los brasileños. Pero el mundo debería saber más acerca de cómo zozobró esta democracia y qué actores y eventos clave contribuyeron a este naufragio; para que no se repita. La democracia en Brasil se fue a pique cuando la presidenta Dilma Rousseff fue objeto de un impeachment sin haber cometido delito alguno. Y la democracia quedó sepultada cuando Lula da Silva fue encarcelado para evitar que se presentara a la reelección en 2018. Su condena fue posteriormente anulada luego de que los tribunales determinaran que el juez que lo condenó, Sergio Moro, carecía de imparcialidad. Moro fue designado como ministro de Justicia cuatro días después de la elección de Bolosonaro. La evidencia para la condena de Lula estuvo basada en el testimonio de un ejecutivo de una empresa constructora, quien había sido condenado por un escándalo de corrupción, y a quien se le redujo la pena carcelaria a cambio de su testimonio. De hecho, el periódico Folha de São Paulo informó que este ejecutivo no pudo negociar su pena (tras declararse culpable) hasta que no hubiese cambiado su testimonio para implicar a Lula en un presunto delito.  Cuando escribí sobre este juicio engañoso para la sección de opinión del New York Times en 2018, mi columna fue la primera publicación en los medios convencionales de EEUU que incluía estos hechos elementales, además de disponibles públicamente, y que muestran que el juicio de Lula fue claramente una persecución política. Estos hechos eran necesarios para tener una lectura de lo que la élite tradicional de Brasil estaba haciendo en realidad: destruir el estado de derecho y prescindir de la independencia del poder judicial para ganar lo que no pudieron ganar durante 14 años en las urnas, es decir, conseguir derrotar al Partido de los Trabajadores. ​​El Partido de los Trabajadores fue derrotado, pero no sin la ayuda significativa, quizás decisiva, del gobierno de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses tuvieron una serie de iniciativas públicas, tales como reuniones amistosas con los impulsores del impeachment de Dilma en Washington y Río de Janeiro mientras el juicio político estaba en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también contribuyó significativamente a la investigación que condujo a la persecución política y al encarcelamiento de Lula. Por ejemplo, en 2015, 17 funcionarios estadounidenses acudieron a la sede donde se investigaba la operación Lava Jato, a la vez que intentaron ocultar la visita del Ejecutivo estadounidense. Las autoridades de EEUU también acordaron transferir una parte de las multas recaudadas en EEUU a una fundación privada encabezada por los fiscales brasileños de Lava Jato. Este arreglo fue luego suspendido por la corte suprema de Brasil. Quienes consideran importante la democracia en Brasil tendrán que estar atentos a lo que haga el gobierno de Estados Unidos en los meses y años venideros.

Mark Weisbrot / 09 13:21:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

BrasilColombiaAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaIntegración suramericanaUnasurEl Mundo Colombia, Brasil y la resurrección de Unasur
Fundación Revista Raya Ver artículo en el sitio original La victoria de Lula en las elecciones brasileñas anuncia un giro importante en la política exterior del gigante suramericano. Brasil volverá a tener una política exterior activa, multilateral y con un fuerte anclaje en los intereses del sur global. El propio Lula y su excanciller Celso Amorim han expresado su deseo de volver a darle fuerza a la integración suramericana, lo cual tuvo una expresión organizativa, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y un tratado, constitutivo de esta unión, en 2008. La Unasur es en realidad un proyecto que tiene sus raíces en la política exterior brasileña de los años 90 cuando Estados Unidos buscó alinear al hemisferio occidental detrás de su Iniciativa para las Américas, que se plasmaría en su propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) hacia finales de la década. Tanto el presidente brasileño Itamar Franco, como su sucesor Fernando Henrique Cardoso, y luego, con mucha voluntad política, Lula optaron por hacer de la creación de un espacio suramericano una verdadera política de Estado de Brasil que pudiera asegurar un mínimo de autonomía de la región frente a los diseños hegemónicos de Estados Unidos. Este espacio suramericano implicaba además la convergencia de los ejes atlánticos y pacíficos del subcontinente, del Mercosur y de la CAN para crear en un primer momento un área económica y comercial suramericana y, en un segundo momento, un bloque geopolítico en capacidad de asentar su autonomía estratégica. En 2004, se creó por lo tanto la Comunidad Sudamericana de Naciones que se transformaría en 2008 en la Unasur. Lastimosamente, la Unasur gozó de pocos años de actividad organizativa. En este breve lapso la organización inició un lento proceso de institucionalización, creando consejos de nivel ministerial que desplegaban una importante agenda de trabajo (por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo de Salud Suramericano), más allá de la diplomacia presidencial que caracterizó a la organización en sus primeros años. Pero entre 2018 y 2020, una ola de gobiernos con muy bajos niveles de compromiso con la integración regional, y desplegando una política exterior motivada esencialmente por el bilateralismo con la administración Trump, le asestaron varios golpes muy duros. Siete gobiernos, incluyendo el gobierno de Jair Bolsonaro denunciaron el Tratado Constitutivo de la Unasur, aunque varios, incluyendo Argentina y Brasil, lo hicieron de forma irregular y violando los procedimientos establecidos por las Constituciones de sus países. El retorno de Lula significará sin duda un retorno a un conjunto de políticas de Estado que fueron abandonadas durante el mandato de Bolsonaro. Una de ellas será el relanzamiento de un espacio de convergencia, integración y gobernanza suramericano. El día siguiente del triunfo de Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó: “Temas de una agenda con Brasil: 1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica. 2. El camino de una nueva política antidrogas no violento. 3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias. 4. La integración económica latinoamericana.” Esta lista de temas para una agenda bilateral y multilateral entre Colombia y Brasil es totalmente acertada. Significativamente, este listado no es solamente compatible con el relanzamiento de la Unasur sino que pareciera encarnar el deber ser de la organización, que cualquier lectura incluso sumaria del Tratado Constitutivo pone rápidamente en evidencia. Unasur, contrariamente a otras organizaciones y acuerdos regionales con vocación exclusivamente comercial o de seguridad siempre tuvo una mirada multidimensional. El Tratado de la Unasur buscó establecer el marco de una gobernanza regional justamente en las áreas señaladas por el Presidente Petro: en materia ambiental y científica, en materia de seguridad y antidrogas – de hecho, el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unasur ofrecía una mirada muy diferente a la que aún encarna la doctrina de la “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. La Unasur también incluía un Consejo Energético Suramericano (el punto 4 del presidente colombiano), y varios consejos en materia económica, financiera y de desarrollo. Colombia y Brasil pueden ser aliados estratégicos para un relanzamiento inteligente, eficiente, resiliente y estratégico de la integración suramericana. Una asociación de esta naturaleza deberá dedicarse a corregir varios errores del pasado, construir una institucionalidad robusta y ágil, y mejorar los procesos de toma de decisión. Pero en un mundo de creciente rivalidad entre las grandes potencias, la consolidación de organizaciones regionales fuertes es la única manera que tienen los países del Sur para defender sus intereses y elevar su voz.

Guillaume Long / 02 08:45:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

BrasilFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaUnasurEl Mundo La victoria de Lula abre una ventana de oportunidad única a la UNASUR
Noticias de América Latina y el Caribe Ver artículo en el sitio original In English La meta: que el 1º de enero de 2023, en la posesión de Lula, se firmen los tratados para la nueva Unasur. Apenas tenemos dos meses para realizar todos los trabajos preparatorios y llegar a acuerdos claves. El camino jurídico está resuelto gracias al minucioso estudio técnico-jurídico de Guillaume Long y Natasha Suñé. Pero también, debemos poner en operación al Banco del Sur y firmar el tratado constitutivo del Banco Central del Sur y el “sur”, la moneda regional – adicional a las monedas nacionales – que propuso el Presidente Lula. El paso inicial debe ser inmediato – para que lo sienta la sociedad – armonizar los sistemas de pagos de la UNASUR para ejecutar transferencias interbancarias a cualquier cuenta dentro de la Región en tiempo real y desde el celular. Seamos prácticos, la ventana de oportunidad política está entre enero y septiembre de 2023, fecha de las elecciones primarias en Argentina. En ese período, debemos lograr las ratificaciones parlamentarias del caso. Existen soluciones expeditas y creativas, como delegar o refuncionalizar instituciones ya existentes – nacionales o regionales –  para cumplir el rol transitorio de las organizaciones nacientes. No podemos ceder esta ventana de oportunidad histórica a la lenta inercia de las cancillerías y los rezagos del malinchismo. Los presidentes progresistas deben crear un canal de comunicación inmediata entre ellos, designar ahí a un responsable que visite los países de la región detectando trabas y encontrando soluciones, y exigirle – en grupo – rendición de cuentas semanal. La voluntad política está ahí, no hay tiempo que perder. Podemos extender esta ventana de oportunidad si la Región logra dar pasos iniciales – pero contundentes – para la configuración de una nueva arquitectura financiera regional que permita un respiro para Argentina. Las oportunidades son concretas y las acciones a tomar son inmediatas. Primero, se debe suspender la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hasta enero; no se puede continuar un candidato de Bolsonaro. Segundo, se debe impulsar la acción colectiva para anular retroactivamente los ilegales sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) – de ser necesario, con resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas -. Tercero, la Región -junto con África- debe acordar con Estados Unidos una emisión extraordinaria de Derechos Especiales de Giro del FMI. Cuarto, la Región debe reciclar sus DEG, financiando a Argentina a largo plazo. Quinto, se debe retomar los delegados para el Banco del Sur y comenzar su operación inmediata. Sexto, Unasur debe conseguir que – por lo menos una parte de – los capitales fugados a EEUU retornen a sus países de origen, aplicando el artículo VIII.2.b del Convenio Constitutivo del FMI. Séptimo, y no menos importante, los países de la UNASUR deben exigir un puesto colectivo en la mesa del G20, como está por lograrlo la Unión Africana. Un paso clave para Lula está en deshacer la privatización de facto del Banco Central de Brasil que implementó Bolsonaro y rearticular al Banco Central de Brasil a la línea de desarrollo, integración y democracia. Es muy difícil que pueda cumplir las metas de erradicación del hambre y reindustrialización que necesita el pueblo brasileño si tiene un banco central boicoteándolo permanentemente. Basta ver el rol cómplice que ha cumplido el banco central colombiano en contra de las reformas iniciales del Presidente Petro. Dicho esto, esta ola de integración regional no puede quedarse solo a nivel de los presidentes; debe ser una verdadera integración de los pueblos. Eso implica participación profunda de los movimientos sociales de toda la región, pero sobre todo, beneficios inmediatos y tangibles para la ciudadanía. También implica dar un tratamiento preferencial a los países más pequeños. El liderazgo del Presidente Lula es crucial para sumar a países de orientación ideológica distinta. En lo inmediato, debemos concretar un programa de intercambio estudiantil masivo – en los tres últimos años de la educación secundaria – para que los y las jóvenes de la educación pública latinoamericana puedan estudiar un semestre o un año en otro país de la Región, sin traba burocrática alguna, y que el cupo que libera un joven en su país de origen sea ocupado por otro joven de otro país. No hay necesidad de aumentar el gasto público en educación, salvo por el transporte y – posiblemente – un estipendio. La meta debe ser ambiciosa: un millón de jóvenes en intercambio estudiantil en el próximo año. Este será el motor de la integración. En simultáneo, se debe lanzar una apuesta cultural a la integración. Debemos lanzar un concurso regional – comenzando a nivel de todas las escuelas de primaria – de cómo debe ser la bandera de la UNASUR. También debemos convocar a un concurso regional para plantear cuál debe ser el himno de la UNASUR – convocando así a músicos, escritores y poetas -. Presidente Lula, junte a sus futuros pares, designe a su embajador plenipotenciario para la integración regional y cree ya ese canal de comunicación. No hay tiempo que perder.

Andrés Arauz / 31 10:20:00 Octubre 2022

Op-Ed/Commentary

HondurasAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Por qué los EE. UU. condenan a Honduras por combatir la corrupción?
In English Traducción por Romina Muni Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, obtuvo una gran victoria para la democracia a principios de este año cuando el Congreso derogó la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país. Esta legislación permitió la creación de zonas especiales de gobierno con “autonomía funcional y administrativa” del gobierno nacional. Las zonas permitieron a los inversionistas crear sus propios sistemas de gobierno, reglamentaciones y tribunales, dando lugar a la experimentación de privatización con el fin de crear un “entorno legal adecuado... para lograr competitividad a nivel internacional”.  Esta política fue muy controvertida y se ganó la oposición de los sindicatos hondureños, los campesinos, las organizaciones indígenas e incluso los grupos empresariales más grandes del país. Según lo descrito por el Departamento de Estado de EE. UU., las zonas “eran ampliamente impopulares, incluso entre gran parte del sector privado, y se las consideraba un vector de corrupción”. Cuando la presidenta Castro propuso abolir esta política, la legislatura hondureña la derogó por unanimidad. La administración Biden ha argumentado que la corrupción es una de las mayores barreras para el desarrollo en Centroamérica. La “Estrategia de EE. UU. para abordar las raíces de la migración en Centroamérica” de la administración Biden promete “[p]riorizar una agenda anticorrupción…”. Pero cuando este objetivo entra en conflicto con otros, como la promoción de las inversiones de EE. UU., ¿cuál es más importante? Un informe reciente del Departamento de Estado que critica al presidente Castro por eliminar la ley ZEDE sugiere que los intereses privados tienen prioridad sobre la transparencia pública y la rendición de cuentas. “Compromiso con el Estado de Derecho Comercial” Aparentemente, la agenda de la administración Biden para Centroamérica está destinada a abordar la “raíz de las cuestiones” que conducen a la migración a los EE. UU. Pero la fuerte dependencia de la atracción de inversiones privadas de corporaciones multinacionales socava muchos de los objetivos más loables de este plan. Al ignorar la explotación corporativa de la tierra y de los trabajadores en sí misma como una de las raíces de la migración, los planes de la Casa Blanca terminan apoyando a algunas de las empresas que son las mismas que crean los problemas que busca resolver. Cada año, el Departamento de Estado de EE. UU. publica “Informes sobre clima para inversiones” para países de todo el mundo, identificando las políticas exteriores que se consideran beneficiosas o perjudiciales para los intereses de las empresas estadounidenses. Los informes sirven como una señal para los inversionistas, pero también ayudan a dar forma a las prioridades del gobierno en su interacción con otros países y con diplomáticos estadounidenses que “trabajan con países socios para abordar estas barreras…”. El Informe sobre clima para inversiones 2022 para Honduras es el primer informe de este tipo que el gobierno de EE. UU. emite para el gobierno de la presidenta Castro, quien obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del año pasado. Una de las claves del éxito de su coalición fue su promesa de abordar la corrupción desenfrenada en la política hondureña encarnada por el presidente anterior, Juan Orlando Hernández (“JOH”), quien ahora está acusado en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Cuando Castro ganó las elecciones presidenciales del año pasado, el Departamento de Estado la felicitó y dijo que la ayudaría a “combatir la corrupción”. Sin embargo, cuando eligió comentar sobre la derogación de la ley ZEDE, el Departamento de Estado condenó la medida con duros términos: “el gobierno [hondureño] se ha expuesto a sí mismo a una carga de responsabilidad potencialmente importante ante la cual responder y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el Estado de derecho comercial”. El informe critica a Castro por haber eliminado la impopular política en vez de “intentar implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de la ZEDE”. La medida, afirman, “contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno con las protecciones para la inversión requeridas por los tratados internacionales”.  La condena del gobierno de EE. UU. contradice directamente sus compromisos públicos contra la corrupción. Aunque los promotores de la ZEDE afirman que la autonomía de las zonas proporciona a los hondureños y a los inversionistas extranjeros una alternativa al sistema legal “corrupto” hondureño, el modelo en realidad combina la falta de rendición de cuentas públicas y profundos conflictos de interés con el financiamiento secreto, creando así un ambiente perfecto para la corrupción. A las zonas se les permite crear “su propia policía, así como agencias encargadas de la investigación criminal, inteligencia, enjuiciamiento y... un sistema penitenciario”. Sin embargo, estas agencias privadas no tienen la obligación de compartir información con los ciudadanos locales e incluso pueden decidir unilateralmente limitar su cooperación con las autoridades gubernamentales de Honduras. Una zona, Ciudad Morazán, ha declarado que la policía hondureña no puede ingresar “sin invitación y supervisión”.  Las zonas mismas son aprobadas y constituidas en secreto. El organismo creado en la ley de 2013 para supervisar el desarrollo de las ZEDE, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), ha sido objeto de escrutinio por su falta de transparencia y su carácter antidemocrático. Si bien los miembros originales del comité internacional tenían que ser ratificados por el Congreso, el comité puede reemplazar a sus propios miembros sin supervisión. Nadie sabe quién está actualmente en ese comité, a pesar de las múltiples solicitudes de divulgación presentadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil en virtud de las leyes de acceso a la información. Una lista de miembros de 2013 incluye a exintegrantes del Grupo de Alcance para Centroamérica de Ronald Reagan y actores problemáticos como Ebal Díaz, un exasesor de JOH que pudo haber huido del país recientemente para evitar una investigación por corrupción.  El CAMP, con sus miembros no electos, tiene una cantidad desproporcionada de poder en Honduras. Hay tres zonas que se conocen fueron aprobadas por el CAMP a puertas cerradas, pero el comité aún tiene que publicar información sobre otras zonas bajo consideración. En áreas de baja densidad poblacional en las costas norte y sur de Honduras, el CAMP tiene autoridad exclusiva para aprobar nuevas zonas, sin que se necesite la aprobación del Congreso. El CAMP puede incluso intervenir en la formulación de políticas internas de una zona e influir en la selección de quien la lidere, la “Secretaría Técnica”. Mientras tanto, nada impide que los miembros del CAMP ocupen posiciones de poder en los gobiernos de las ZEDE.  De hecho, la corrupción es una de las únicas razones por las cuales se implementó la política ZEDE. Después del golpe de estado de 2009 contra el esposo de Xiomara Castro, el entonces presidente Manuel Zelaya, el gobierno golpista de Honduras lanzó su primer intento de crear jurisdicciones especiales, para el placer de los ricos inversionistas libertarios de los EE. UU. Paul Romer, un economista ganador del Premio Nobel que ayudó a inspirar la política, rápidamente se distanció de ella, citando preocupaciones sobre la falta de transparencia. La política, entonces conocida como la ley de “Regiones Especiales de Desarrollo” (RED), fue rápidamente cuestionada por grupos indígenas, afroindígenas y de derechos territoriales de todo el país. Pronto fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Honduras. En 2012, la legislatura hondureña respondió a esto reemplazando a cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema. El único juez que votó a favor de las zonas RED, Oscar Chinchilla, fue posteriormente nombrado Fiscal General de Honduras. Una vez eliminada toda oposición judicial, se reintrodujo la ley ZEDE modificada y se la agregó formalmente a la constitución nacional. Por lo tanto, la aprobación misma de la ley fue posible gracias a que las élites hondureñas inclinaron la ley en beneficio de los inversionistas. ¿Quién se beneficia? La primera zona que se abrió en Honduras, “Próspera”, rápidamente se convirtió en un imán para la polémica. Provocó la resistencia del pueblo cercano de Crawfish Rock, donde el proyecto interfirió en los asuntos locales y el acceso al agua. Más recientemente, la zona se ha unido al país vecino de El Salvador en aceptar Bitcoin como moneda. Si bien Próspera afirma adherirse a los estándares contra el lavado de dinero, organizaciones como Fitch Ratings y el Fondo Monetario Internacional han advertido que dicha política podría aumentar las oportunidades para el lavado de dinero. ¿Quiénes son los inversores que respaldan estos proyectos zonales? Nadie lo sabe con seguridad. “Honduras Próspera, LLC” es una subsidiaria registrada de NeWay Capital, una firma de inversión con sede en Washington, DC. El CEO de NeWay Capital, Erick Brimen, se refiere a sí mismo como “Fundador y CEO de Próspera” y es miembro del Consejo de Síndicos que gobierna la zona. Él también ha sugerido al Financial Times que el proyecto Próspera contaba con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.  Muchos de los miembros de la junta de Próspera e inversionistas conocidos están asociados con el movimiento libertario de “ciudades libres” y la política conservadora en general. Uno de los inversores es Pronomos Capital, un fondo dirigido por el nieto de Milton Friedman y respaldado por el multimillonario de extrema derecha Peter Thiel. Otro es Free Private Cities Inc., cuyo CEO comentó en una entrevista que Próspera puede ser selectiva sobre a quién se permite ingresar a la zona: el gobierno privado “se reserva el derecho de no aceptar delincuentes graves, comunistas e islamistas”.  A pesar de la derogación de la ley que autorizó su existencia, las ZEDE continúan operando actualmente. El gobierno de Honduras insiste en que éstas se reorganicen de manera tal de seguir los estándares legales utilizados por otras zonas económicas especiales, pero Próspera ha sugerido que ignorará dichos estándares. La empresa aprovechó el informe del Departamento de Estado para afirmar que no tiene que cambiar nada, argumentando que “[l]a derogación de la ley ZEDE no puede interpretarse legalmente como la eliminación de las ZEDE existentes”. Incluso en la derrota, estos territorios privados se niegan a reconocer la autoridad superior del gobierno hondureño. La rendición de cuentas y la democracia deben ser la prioridad Al condenar la derogación de la ley ZEDE, el Departamento de Estado sigue poniendo los intereses del sector empresarial estadounidense por encima de las intenciones que ha declarado tener sobre Centroamérica. De hecho, tal postura revela una lealtad al “Estado de derecho comercial” a expensas del Estado de derecho democrático. Al dar prioridad a las empresas de inversión con sede en los EE. UU., como NeWay Capital, sobre la transparencia básica, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática participativa, el gobierno de los EE. UU. está contribuyendo a los problemas que aquejan a la región.  En una nación donde la corrupción ya está profundamente arraigada, las zonas gubernamentales privadas con turbios flujos de efectivo y poca supervisión pueden servir como caldo de cultivo para el juego sucio. Si la administración Biden se tomase en serio el abordaje de las causas que son la raíz de la migración forzada en Centroamérica y realmente quisiera apoyar a la democracia constitucional en la región, entonces debería reconocer el fin de las ZEDE como un positivo paso adelante.

Brett Heinz / 28 10:11:00 Octubre 2022

Keep up with our latest news

Suscríbase a las últimas noticias

Expertos en América Latina y el Caribe Latin America and the Caribbean Experts

Created with Sketch.
Created with Sketch.
Dan Beeton
Director, International Communications
Created with Sketch.
Roberto Frenkel
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Brett Heinz
Program Assistant
Created with Sketch.
Jake Johnston
Senior Research Associate
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Guillaume Long
Senior Policy Analyst Analista sénior de políticas
Created with Sketch.
Alexander Main
Director of International Policy
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Franklin Serrano
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Mark Weisbrot
Co-Director

To book an expert on this topic, contact our media team.