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CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Bolivia desechó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna evidencia de fraude
Mientras Bolivia se prepara para la repetición de sus elecciones este 3 de mayo, se mantienen los disturbios en el país luego del golpe de Estado respaldado por el Ejército el 10 de noviembre contra el presidente en ejercicio, Evo Morales. Una rápida puesta al día: Morales reclamó la victoria en las elecciones de octubre, pero la oposición protestó por un llamado fraude electoral. Un informe del 10 de noviembre de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló irregularidades electorales, lo que “lleva al equipo de auditoría técnica a cuestionar la integridad de los resultados de las elecciones del 20 de octubre”. Luego, la policía se unió a las protestas y Morales buscó asilo en México. El Gobierno instalado militarmente acusó a Morales de sedición y terrorismo. Un informe de monitoreo de la Unión Europea señaló que unos 40 exfuncionarios electorales fueron arrestados y enfrentan cargos criminales de sedición y subversion, y 35 personas murieron en el conflicto postelectoral. El candidato presidencial con mayor popularidad en las encuestas, miembro del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), recibió una citación de los fiscales por delitos no revelados, una medida que algunos analistas sospechan tenía como objetivo mantenerlo fuera de la boleta electoral. En gran medida, los medios de comunicación han reportado las acusaciones de fraude como si fueran un hecho. Y muchos comentaristas han justificado el golpe como respuesta al fraude electoral del MAS-IPSP. Sin embargo, como especialistas en integridad electoral, nosotros encontramos que la evidencia estadística no respalda las denuncias de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia. La OEA afirmó que había ocurrido un fraude electoral El principal soporte de las denuncias de fraude fue el informe de la OEA. Los auditores de la organización afirmaron haber encontrado evidencia de fraude luego de una detención en el conteo preliminar, el que consiste en los resultados no vinculantes de la noche de las elecciones destinados a seguir el progreso antes del conteo oficial. La Constitución boliviana requiere que un candidato obtenga una mayoría electoral absoluta o el 40% de los votos, con al menos una ventaja de 10 puntos porcentuales. De lo contrario, se debe llevar a cabo una segunda vuelta electoral. El conteo preliminar se detuvo con el 84% de los votos contados, cuando Morales tenía una ventaja de 7.87 puntos porcentuales. Aunque esa detención fue consistente con el compromiso de los funcionarios electorales de que en la noche de las elecciones se iba a realizar un recuento de al menos el 80% de los votos mediante el conteo preliminar, para luego continuar con el escrutinio total en el recuento oficial, la OEA rápidamente expresó su preocupación por la detención. Cuando se reanudó el conteo preliminar, el margen de Morales estaba por encima del umbral de los 10 puntos porcentuales. La OEA afirmó que la detención del conteo preliminar tuvo como resultado una tendencia “altamente improbable” en la ventaja del MAS-IPSP cuando se reanudó el conteo. La OEA informó tener una “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminaries”. Adoptando un enfoque novedoso para el análisis de fraudes electorales, la OEA afirmó que las grandes desviaciones en los datos reportados antes y después de la detención del conteo preliminar indicarían evidencia potencial de un fraude. Pero el análisis estadístico detrás de esta afirmación es problemático El informe de la OEA se basa en parte en evidencia forense de que los analistas de la OEA dicen que hay irregularidades, las que incluyen acusaciones de firmas falsificadas y alteración de las actas de votación, una protección deficiente para los votantes y una detención en el conteo preliminar de votos. De manera crucial, la OEA afirmó en referencia a la detención del conteo preliminar de votos que “una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado” a favor de Morales. Esto último constituyó la principal evidencia cuantitativa de sus acusaciones de “manipulación clara del sistema TREP ... que afectó los resultados tanto de ese sistema como del conteo final”. Nosotros no evaluamos si estas irregularidades apuntan a una interferencia deliberada o si reflejan los problemas de un sistema con fondos insuficientes y con funcionarios electorales mal capacitados. En cambio, sí analizamos la evidencia estadística. Como Morales había superado el umbral del 40%, la pregunta clave era si su recuento de votos era 10 puntos porcentuales mayor que el de su competidor más cercano. De lo contrario, Morales se vería obligado a una segunda vuelta electoral contra su competidor más cercano, el expresidente Carlos Mesa. Nuestros resultados fueron claros. No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen de antes y después de la detención del conteo preliminar. Por el contrario, es muy probable que Morales haya superado la ventaja de 10 puntos porcentuales en la primera ronda. ¿Como llegamos a esta conclusión? El enfoque de la OEA se basa en dobles supuestos: que el recuento no oficial refleja con precisión el voto medido continuamente, y que las preferencias informadas de los votantes no varían según la hora del día. Si estas suposiciones son ciertas, un cambio en la tendencia de favorecer a una de las partes con el tiempo podría indicar que se ha producido un fraude. La OEA no cita ninguna investigación previa que demuestre la veracidad de estos supuestos. Hay razones para creer que las preferencias de los votantes, así como los informes sobre quiénes son sus favoritos, pueden variar con el tiempo: un ejemplo podrían ser las personas que trabajan, quienes votan más tarde en el día. Las áreas de votantes con menos recursos pueden tener colas más largas y con menos capacidad para contar e informar los totales de votos rápidamente. Es posible que estos factores se apliquen en Bolivia, donde existen brechas graves en infraestructura e ingresos entre las zonas urbanas y rurales. ¿Hubo una discontinuidad entre los votos escrutados antes y después del recuento no oficial? Por supuesto que las discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación. En Rusia, por ejemplo, una acusación es que los funcionarios electorales locales llenan las urnas para cumplir con los objetivos preestablecidos. Si el hallazgo de la OEA fuera correcto, esperaríamos ver el aumento en el margen de votación de Morales poco después de que la detención del conteo preliminar, y el margen de elección resultante sobre su competidor más cercano sería demasiado grande para ser explicado por su desempeño antes de que se detuviera el conteo preliminar. Podríamos esperar ver otras anomalías, como repentinos cambios en los votos a favor de Morales en los recintos que antes estaban menos inclinados a votar por él. El eje “x” muestra el margen para Morales antes de la detención dentro del conteo preliminar de 1,477 recintos que informaron sus datos antes y después de la detención, y el eje “y” es el margen final de Morales, según lo informado dentro del conteo oficial. La alta correlación entre el conteo preliminar y los resultados de la votación final sugiere que no hay irregularidades significativas en el recuento de las elecciones o en el margen de votación final de Morales. (Jack Williams. Datos del Tribunal Supremo Electoral, 2019.) No encontramos ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías, como muestra este grafico. Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados de antes y después de la detención en recintos contados antes y después de la detención. Existe poca diferencia observable entre los recintos en los resultados de antes y después de la detección del conteo preliminar, lo que sugiere que no hubo irregularidades significativas. Nosotros y otros académicos dentro del campo contactamos a la OEA para obtener comentarios al respecto; pero la OEA no respondió. También realizamos 1,000 simulaciones para ver si se podía predecir la diferencia entre el voto de Morales y el recuento para el segundo candidato, utilizando solo los votos verificados antes de que se detuviera el conteo preliminar. En nuestras simulaciones, descubrimos que Morales podía esperar al menos una ventaja de 10.49 puntos sobre su competidor más cercano, es decir, por encima del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para ganar directamente. Nuevamente, esto sugiere que cualquier aumento en el margen de Morales después de la detención puede explicarse completamente por los votos ya contados. No existe soporte estadístico para las denuncias de fraude electoral No hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran incremento en el apoyo a Morales después de la detención del conteo preliminar, y el tamaño de la ventaja de Morales parecen legítimos. Dicho esto, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos. Investigaciones previas publicadas aquí en Monkey Cage encuentran que las diferencias económicas y raciales dificultan la verificación del registro de votantes en Estados Unidos, lo que resulta en un mayor uso de boletas electorales provisionales entre los demócratas, y un mayor apoyo a los candidatos demócratas entre los votos escrutados después del día de las elecciones. Según los criterios de fraude sostenidos por la OEA, es posible que puedan clasificarse como fraudulentas aquellas elecciones estadounidenses en las que los votos contabilizados más tarde tiendan a inclinar los resultados hacia los demócratas. Por supuesto, el fraude electoral es un problema grave, pero confiar en pruebas no verificadas como evidencia de fraude es una seria amenaza para cualquier democracia.

CEPR / 28 Febrero 2020

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El Gobierno “provisional” de Bolivia realiza cambios radicales en política exterior, y gana poderosos aliados
La política exterior, un área básicamente en manos del poder ejecutivo, le ha proporcionado a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien no goza de una mayoría parlamentaria, un vehículo ideal para su programa radical. A días de tomar el poder, el Gobierno de Áñez cortó relaciones con Venezuela, expulsó a su personal diplomático, reconoció en cambio al autoproclamado Gobierno de Juan Guaidó y abandonó rápidamente el grupo de países del ALBA para unirse a su contrapeso de derecha, el Grupo de Lima. Bolivia pronto restableció relaciones diplomáticas con Israel y reavivó los estrechos lazos con Estados Unidos, los que habían sido seriamente erosionados desde que el embajador de Estados Unidos en Bolivia fuese sorprendido teniendo reuniones secretas con figuras clave de la oposición en medio de un violento movimiento separatista destinado a derrocar al Gobierno de Morales en 2008. Áñez, una senadora poco conocida, cuyo partido obtuvo solo el 4% de los votos en las últimas elecciones legislativas, fue proclamada después de un golpe de Estado que derrocó el 10 de noviembre al presidente democráticamente electo, Evo Morales. Pronto quedó claro que su falta de legitimidad democrática no evitaría que se comporte como si tuviera el mandato popular de conducir al país a una nueva era. Añez se negó a personificar el papel, que quisieron construir los defensores del golpe, de una interina prudente y preocupada por garantizar el funcionamiento de las instituciones necesarias para la celebración de elecciones en el menor tiempo posible; y eligió, en su lugar, gobernar. Después de comprometerse reiteradamente a no presentarse a las elecciones, Áñez finalmente anunció su candidatura el 24 de enero. Los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre otros miembros de la élite boliviana, han expresado su descontento con el cambio de opinión de Áñez. Su presencia en la boleta electoral dividirá aún más a la derecha en el contexto de una contienda abarrotada de postulantes en la que los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político de Morales, son los favoritos. Los partidarios del golpe de noviembre, tanto dentro como fuera de Bolivia, están preocupados que las ambiciones políticas de Áñez desacrediten el argumento de que los golpistas fueron actores políticos desinteresados, dedicados a la causa de la “democratización” y no a su propio encumbramiento. La internacionalización de la política nacional En la restauración conservadora de Bolivia hay una conexión inseparable entre la política exterior y la persecución interna del MAS y de su liderazgo. El Gobierno golpista busca arrestar a Morales por cargos de “terrorismo” y “sedición”. Docenas de funcionarios del Gobierno de Morales y líderes del MAS huyeron del país, buscaron asilo en misiones diplomáticas o fueron arrestados. A 24 horas de que el MAS anunciara que su candidato presidencial sería el exministro de Economía, Luis Arce, el Gobierno de facto anunció cargos de “corrupción” contra Arce; y cuando regresó a Bolivia hace un par de semanas, recibió una citación para comparecer ante el Ministerio Público incluso antes de pasar por el control de migraciones del aeropuerto. Un exministro y un viceministro, a quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia había otorgado salvoconductos para que pudieran salir de la embajada mexicana, dirigirse al aeropuerto y abandonar el país, fueron detenidos y maltratados. Solo las voces de protesta internacionales que denunciaron esta violación extraordinaria del derecho internacional ―y la asombrosa perfidia de otorgar salvoconductos a personas para detenerlos una vez fuera de su refugio diplomático― finalmente llevó al Gobierno boliviano a dejarlos salir del país. El responsable de este resurgimiento de la “guerra interna” ― la infame Doctrina de Seguridad Nacional de América Latina de las dictaduras militares de los años 60 y 70 ― es el ministro del Interior, Arturo Murillo. Murillo no oculta sus alianzas internacionales para erradicar a los subversivos y terroristas: “Los hemos invitado (a los israelíes) a ayudarnos. Están acostumbrados a tratar con terroristas. Saben cómo manejarlos”. Para Patricio Aparicio, el embajador de Áñez ante la Organización de Estados Americanos, las denuncias generalizadas de abusos contra los derechos humanos, entre otros el informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) y su denuncia de la masacre de Senkata son "mentiras y falsedades". Al quejarse de la aprobación de una resolución del Consejo Permanente de la OEA impulsada por los países del CARICOM para “condenar las violaciones a los Derechos Humanos” y hacer un “llamamiento al pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas” en Bolivia, Aparicio aseveró que los Estados miembros de la OEA estaban actuando “como esos consultores y operadores de cierta izquierda internacional que están alojados en muchas instituciones interamericanas, y que no quieren conocer la verdad objetiva”. En línea con la negación de las violaciones a los derechos humanos, el Gobierno de Áñez ha arremetido contra los Gobiernos que adoptan una postura proactiva para proteger de abusos a potenciales víctimas en Bolivia. Jorge Quiroga, el “representante internacional” de Áñez ―quien finalmente renunció en enero para lanzar su propia candidatura presidencial―  llamó de “cobarde”, “servil”, “sumiso”, “matoncito” y “sinvergüenza” al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado asilo a Morales. Lejos de rechazar la franqueza de su representante, a una semana de los floridos insultos de Quiroga, Áñez expulsó al embajador mexicano, así como al encargado de negocios y al cónsul español por el papel de estos Gobiernos en la protección de los exfuncionarios bolivianos ante su persecución. La siguiente disputa de Áñez fue con el nuevo Gobierno de Argentina, donde actualmente Morales vive en el exilio. Fue más que paradójico cuando Áñez, una presidenta que asumió la presidencia como consecuencia de un golpe de Estado, dijo, refiriéndose al presidente democráticamente electo de Argentina, Alberto Fernández, el día de su posesión presidencial, que no tenía “ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia”. Un vecino amigable El contexto internacional ha jugado un papel decisivo en escudar al gobierno de Añez de sus detractores y por ende en vigorizar su cruzada contra la izquierda. El Gobierno brasileño, en particular, ha brindado un apoyo significativo. El canciller israelí confirmó la influencia de Brasil cuando reconoció “la ayuda del presidente brasileño [Jair Bolsonaro] y [su] ministro de Asuntos Exteriores” en el restablecimiento de las relaciones de Israel con Bolivia y, naturalmente, la importancia del golpe: “La partida del presidente Morales, quien era hostil a Israel, y su reemplazo por un Gobierno amigo de Israel, permite que el proceso se materialice”. Independientemente de la cuestión con Israel, está claro que el presidente brasileño está encantado con los acontecimientos en la vecina Bolivia. Mientras que Bolsonaro es un católico que fue apoyado por numerosas iglesias evangélicas conservadoras en las elecciones de 2018, Áñez es una evangelista de derecha de “pura cepa”: una aliada ideal para el proyecto político ultra conservador del Gobierno de Brasil. Bolsonaro ha tratado de ayudar a Áñez de varias maneras, incluyendo a través de la flexibilización de las reglas para las importaciones de gas boliviano a Brasil. En diciembre de 2019, expiró el contrato que habían tenido Petrobras e YPFB (la compañía estatal de petróleo y gas de Bolivia) durante 20 años. Las negociaciones que tuvieron lugar en el contexto del rápido declive de la demanda brasileña de gas boliviano, se habían estancado antes del golpe. Sin embargo, en diciembre de 2019, Petrobras llegó a un acuerdo transitorio con YPFB, lo que le dio al Gobierno boliviano la holgura necesaria hasta concretar un contrato a más largo plazo. En enero, el ministerio de Minas y Energía de Brasil fue más allá; otorgando a YPFB el derecho de vender gas en el mercado brasileño, en consonancia con el esfuerzo más amplio de Bolsonaro para poner fin al monopolio de Petrobras sobre las importaciones de gas en Brasil. Si bien se mantendrán límites a la cantidad de gas boliviano colocado en el mercado brasileño fuera del acuerdo con Petrobras, el techo máximo crecerá paulatinamente cada año. La ruptura con Cuba Brasil ha liderado, además, con el ejemplo. Al romper los tabúes de la política exterior, al usar un lenguaje provocativo, al ir en contra del consenso liberal dominante y al denunciar el multilateralismo como “marxismo cultural”, Bolsonaro, como Trump, incentiva a que los Estados más pequeños emulen su comportamiento y extremismo. La retórica violenta que Brasil ha utilizado en el deterioro de sus relaciones con Cuba es un buen ejemplo de ello. Cuando Bolsonaro atacó el programa “Más médicos” de Cuba, lo que condujo a que Cuba retirara a más de 8,000 médicos de Brasil, y afirmó después que había “un montón de terroristas entre ellos”, allanó el camino para que otros países tomaran medidas similares. En noviembre de 2019, tanto Ecuador como Bolivia pusieron fin a su cooperación en Salud con la isla, y los médicos cubanos fueron repatriados de ambos países andinos antes de fin de año. En 2019, Brasil fue uno de los tres países a favor del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en la votación anual de la Asamblea General de la ONU. Al hacerlo, el Gobierno de Bolsonaro rompió con la histórica tradición multilateralista de Brasil y su oposición de larga data a la coerción económica de Estados Unidos contra la isla. Sin embargo, Áñez llevó las cosas un paso más allá: el 24 de enero de 2020, el Gobierno boliviano anunció que estaba cortando las relaciones diplomáticas. Bolivia es ahora el único país del hemisferio occidental – y uno de tres en el mundo (junto con Corea del Sur e Israel) – en no tener relaciones diplomáticas con Cuba. Durante décadas, Cuba ha tratado de tomar distancia de antiguas rivalidades diplomáticas de la Guerra Fría. No se trata de que el Gobierno cubano no proteste cuando se siente perjudicado o cuando aliados cercanos son amenazados o derrocados, pero ha cultivado un enfoque cauteloso hacia posibles detractores. La ruptura de las relaciones de Bolivia con Cuba parece haber resurgido de otra época. Incluso el Gobierno de Trump, que ha resucitado el Título III de la Ley Helms Burton para ejercer más presión económica sobre la isla, no ha abandonado de lado las relaciones diplomáticas con Cuba establecidas bajo su predecesor; lo que no quiere decir que el enfoque disidente de Bolivia hacia la izquierda en América Latina no sea alentado efusivamente desde Washington. La influencia de Marco Rubio en todo lo concerniente a Latinoamérica y los cálculos, o errores de cálculo, de la campaña presidencial de Trump sigue alimentando la postura cada vez más agresiva del Gobierno estadounidense hacia la región. En última instancia, la política de la era de la Guerra Fría en Bolivia es un salto hacia un pasado oscuro y antidemocrático que encaja perfectamente con la visión Monroe-ista de Trump de otorgarle un papel de “patio trasero” a América Latina en el sistema internacional. En los últimos días, la ministra de Asuntos Exteriores de Áñez, Karen Longaric, fue recibida calurosamente por el secretario de Estado, Mike Pompeo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo lo mismo; y Longaric celebró su “labor fundamental en la defensa de la democracia y el Estado de derecho” y le ofreció formalmente el respaldo de Bolivia en su intento de reelección al frente de la organización. La OEA fue clave para socavar las elecciones de octubre de 2019 y para impulsar una narrativa incongruente de elecciones fraudulentas que contribuyó en gran medida al derrocamiento de Morales. Luego, Longaric hizo una presentación en el “tanque de pensamiento”, el Diálogo Interamericano, con sede en Washington, sobre la importancia de defender una política exterior no ideológica. Esa misma tarde, las relaciones con Cuba se rompieron. En el evento, Longaric no tuvo que confrontarse con preguntas incómodas. Áñez ha pasado de ser una improbable presidenta provisional que emergió de la oscuridad, a una candidata presidencial con un conjunto creciente de aliados internacionales; haciendo de su política exterior radical una herramienta esencial de consolidación del poder. En medio de un contexto regional e internacional en el que el extremismo de derecha, lejos de aislar, se ha vuelto políticamente rentable, no es de extrañar que Jeanine Áñez se sienta tan envalentonada.

Guillaume Long / 13 Febrero 2020

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