Bolivia

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CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

Op-Ed/Commentary

Bolivia Comunicado sobre el conflicto politico en Bolivia
El Center for Economic and Policy Research (CEPR) basado en Washington DC observa con preocupación que sectores de la oposición liderados por el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y articulados alrededor del Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista siguen recurriendo al argumento falaz de que las elecciones de 2019 Bolivia fueron fraudulentas. Investigadores del CEPR, al igual que otros expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Tulane, y la Universidad de Michigan, y otros más reportados por The New York Times, realizaron análisis estadísticos de los resultados de las elecciones de Bolivia en 2019 y concluyeron que la OEA no tenía evidencia para sustentar sus acusaciones de que un fraude había afectado el resultado electoral. Más de 130 economistas y estadísticos llegaron a la misma conclusión y las acciones de la OEA han sido denunciadas por 29 miembros del Congreso de los Estados Unidos. Sorprende, asimismo, que varios dirigentes de oposición recurran ahora al argumento de la desactualización del censo de población para restar credibilidad a las elecciones bolivianas de 2020 y al sistema electoral boliviano de modo más general, además de vehicular de forma implícita y explícita ideas racistas sobre la realidad demográfica boliviana. Es importante recalcar que esta insistencia sobre el carácter fraudulento de las elecciones de 2019 y los intentos de deslegitimar las elecciones de 2020 y de modo más general las sucesivas victorias del MAS, a más de buscar justificar actitudes golpistas y antidemocráticas asumidas por el gobernador Camacho, entre otros, en el pasado, minan la confianza de las y los bolivianos en las instituciones electorales del Estado Plurinacional de Bolivia y debilitan la democracia en este país. El CEPR hace un llamado al Gobierno y a las diferentes fuerzas políticas y sociales de Bolivia para que se consolide una instancia de diálogo para procesar las diferencias surgidas del actual conflicto político en el país y para que los actores políticos encuentren una solución técnica para la realización del censo de población. Los actores políticos deben deponer cualquier tipo de provocación y de llamado a la confrontación.

/ 08 13:31:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

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