Argentina

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CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaLatin America and the CaribbeanWorld Congressional Briefing: What’s Next for Argentina?
The economic crisis in Argentina continues to intensify, with high inflation, rising poverty, and decreasing investor confidence. The implementation of a record $57 billion IMF bailout program, rather than alleviating Argentina’s economic woes, has seen poverty and unemployment rise, and a surge in debt levels.  Argentine political sentiment was tested in August when voters went to the primary polls and delivered a decisive defeat to President Mauricio Macri and his ruling coalition. With a nearly 16-point lead, Alberto Fernández and his running mate, former president Cristina Fernández de Kirchner, are in a strong position to win the general presidential election on October 27. Their broad-based, progressive coalition is also poised to capture the legislature and key governorships, significantly reshaping Argentina’s political terrain. In light of these developments, and Argentina’s uncertain future, on Tuesday, September 24, three economists, who have been closely following political and economic developments in Argentina, presented their analysis to congressional staffers and civil society representatives at the Longworth House Office Building in Washington, DC. 

CEPR / October 14, 2019

CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Para no caer en la trampa de los fondos buitre
Lara Merling and Leo BaunachPágina/12, 9 de octubre, 2019 Ver el artículo original In English El programa del FMI fracasó y la deuda es insostenible. ¿Qué sucede después? El gobierno de Mauricio Macri deja atrás un nuevo acuerdo fallido del organismo multilateral, una economía en ruinas, indicadores de pobreza que se disparan y una importante carga de deuda en dólares. La extensión de los plazos de vencimiento de la deuda en moneda local no es una solución. Solo pospone la reestructuración de toda la deuda al próximo gobierno. Cómo se realizará esa reestructuración todavía no está claro porque no existe un mecanismo ordenado para hacer frente a los problemas de sustentabilidad de las deudas soberanas. Cuando las empresas o individuos se enfrentan a deudas insostenibles cuentan con mecanismos claros para llevar adelante un proceso de quiebra. Lo que suele acontecer es que un juez evalúa la capacidad del deudor para pagar y determina cuánto recibirá cada acreedor. No existe un mecanismo similar para los Estados soberanos. A los países se los pone a negociar con una amplia variedad de acreedores que poseen distintos intereses en jurisdicciones diferentes. Es un proceso que puede extenderse por años y afectar la recuperación económica. Argentina encaró negociaciones con sus acreedores después del default de la crisis de 2001-2002 y en 2005 alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos. Fue un proceso que pareció exitoso y fue realizado de forma que le permitió al país ganar espacio para recuperarse. Sin embargo, un grupo de fondos buitre estadounidenses rechazó el acuerdo y arrastró a la Argentina a un extenso litigio para forzar los pagos. Las cortes norteamericanas son una jurisdicción amistosa para estos acreedores predatorios. El fallo que en 2014 favoreció a los fondos buitre llevó artificialmente al país a un nuevo default al bloquear el pago de los vencimientos para el al resto de los acreedores hasta que los buitres cobrasen sus reclamos. Esto dejó al país fuera del mercado internacional de deuda y permitió que unos pocos especuladores tomen a todo un país de rehén. El conflicto reavivó el interés por crear un mecanismo global para desarrollar reestructuraciones de deuda soberana. En 2015 las Naciones Unidas aprobaron una resolución que contenía una serie de principios para guiar esos procesos. La medida obtuvo un respaldo enorme aunque seis países con un enorme peso en las finanzas globales votaron en contra: Canadá, Alemania, Israel, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó una detallada hoja de ruta sobre cómo implementarlo. Sin embargo, ese mecanismo todavía no existe en la práctica. Argentina fue uno de los principales impulsores del proyecto inicial en las Naciones Unidas. Esto terminó cuando Macri llegó al poder. Su administración le pagó a los buitres que, en algunos casos, embolsaron ganancias globales de hasta 1270 por ciento. El paso siguiente de Macri fue emitir una enorme cantidad de deuda denominada en dólares. Y cuando sus políticas pro-mercado no lograron la prosperidad prometida, el gobierno argentino recurrió al FMI para un programa de financiamiento record de 57.000 millones de dólares. Discusiones anteriores incluyeron una iniciativa del FMI de 2002 para crear un mecanismo para la reestructuración de deudas soberanas que se frenó ante la oposición estadounidense. El Fondo volvió a respaldar la reforma cuando el asunto reemergió durante las etapas finales del litigio de los fondos buitres contra Argentina. El impulso del organismo para crear un mecanismo multilateral justo es bienvenido, aunque las Naciones Unidas constituyen el espacio adecuado para esa discusión. El FMI no es un actor neutral en las reestructuraciones. Con frecuencia, es un acreedor que tiene prioridad al momento de llevar adelante esas renegociaciones o provee un préstamo que le permite al país mantenerse a flote durante las negociaciones y luego posibilita el pago a los acreedores privados. El FMI es uno de los principales acreedores externos de la Argentina y jugará un papel determinante en la reestructuración de la deuda. Al comienzo del préstamo, el FMI realizó proyecciones poco realistas para el crecimiento del país que le permitieron sostener la cuestionable conclusión de que el país contaba con capacidad de repago. Cualquier supuesto similar debería ser mirado con escepticismo. Durante buena parte del programa del FMI una importante porción del crédito financió la fuga de capitales mientras que los argentinos sufrieron las medidas de austeridad. Ahora, el FMI podría presionar por más recortes que garanticen la disponibilidad de recursos para hacer frente a los vencimientos. Las políticas impulsadas por el FMI constituyen austeridad para los ricos, no para los acreedores. Un informe elaborado por el Experto Independiente sobre deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, describe como la carga de la deuda y las medidas impulsadas por las instituciones financieras internacionales causan violaciones de derechos humanos, recortes en los servicios públicos, destrucción de empleo y mayor desigualdad. La comunidad internacional debería acordar un mecanismo justo para resolver los problemas de las deudas soberanas que evite que los intereses de los acreedores y un sistema roto afecten el desarrollo humano y nacional.

CEPR / 09 Octubre 2019

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Quién tiene la culpa de la crisis económica en Argentina?
Mark WeisbrotThe New York Times, 19 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English El autor es experto en la economía y la política latinoamericanas. Los argentinos recuerdan el papel que desempeñó el Fondo Momentario Internacional en la última recesión. También recuerdan cómo mejoró su vida con el kirchnerismo. ¿Qué se supone que debemos deducir de los sorpresivos resultados de las elecciones celebradas en Argentina el 11 de agosto, que sacudieron a los encuestadores y a los analistas por igual y agitaron los mercados financieros del país? En las elecciones primarias rumbo a la elección presidencial, en octubre, el candidato de la oposición Alberto Fernández derrotó al presidente Mauricio Macri por un margen inesperado del 15,6 por ciento.La coalición de Fernández atribuye su victoria a las políticas económicas fallidas de Macri, pues lo consideran culpable de la crisis económica, la recesión y la inflación elevada que el país experimenta actualmente. Por su lado, Macri afirma que el miedo a un futuro gobierno kirchnerista fue el culpable de la turbulencia financiera tras las elecciones, así como a los problemas que ha habido en la economía desde que asumió el cargo hace más de tres años y medio. El actual presidente argumenta que tanto los mercados como el pueblo deberían temerle a este resultado.Esta discrepancia no es solo objeto de debate académico, y tampoco es una situación exclusiva de Argentina. Es un diálogo recurrente, casi arquetípico, que surge durante las crisis económicas que permean contiendas políticas. En los últimos años, los dirigentes en turno —en el Reino Unido, España, Francia, Grecia y otros países donde las políticas económicas fallidas se enfrentaron a adversarios de centroizquierda— han usado el estribillo de Macri como una línea de ataque frecuente. Los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, que pueden ser poco claras o incluso partir de percepciones erróneas de la realidad. En el caso de Argentina, está la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente y una victoria para los rivales que provienen de un periodo de crecimiento económico sólido y ampliamente compartido. Esto no es algo inherentemente negativo para la economía. Cuando Macri dice “kirchnerismo”, se refiere a las políticas, los simpatizantes y los gobiernos de la familia Kirchner, que gobernó de 2003 a 2015, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ahora se ha postulado como compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández y es una lideresa prominente de la coalición de oposición, aunque esta coalición es mucho más grande y amplia que la base kirchnerista. Desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Algunos cálculos independientes mostraron una disminución del 71 por ciento en la pobreza y del 81 por ciento en la pobreza extrema. Los gobiernos kirchneristas establecieron uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas para los pobres más grandes de Latinoamérica. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto per cápita aumentó un 42 por ciento, casi tres veces más que la tasa mexicana. El desempleó se redujo más de la mitad y la desigualdad económica también disminuyó de manera considerable. Los doce años en los que los Kirchner estuvieron en el poder se generaron importantes mejoras en la calidad de vida de una gran mayoría de los argentinos, de acuerdo con cualquier comparación razonable. El crecimiento económico decayó en los últimos años de la presidencia de Cristina. El gobierno cometió algunos errores y también se llevó un golpe económico externo. El fallo de un tribunal federal de apelaciones en Nueva York en 2012 —una decisión que muchos consideraron cuestionable y política— tomó de rehenes a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina para obligarla a pagar a un pequeño grupo de fondos buitre que se negó a unirse a la reestructuración de la deuda que se determinó a principios de la década de 2000. El gobierno de Estados Unidos bloqueó los créditos de los prestamistas internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en una época en que la economía necesitaba el intercambio de divisas. En contraste, durante el mandato de Macri —que comenzó en diciembre de 2015— la pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído y el desempleo ha aumentado. Las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75 por ciento actualmente; la inflación se ha elevado del 18 al 56 por ciento. La deuda pública ha crecido del 53 por ciento a más del 86 por ciento del PIB. ¿Qué tanto de esta crisis económica y mal desempeño es responsabilidad de su predecesora? En 2018, Macri firmó un acuerdo por un préstamo de 57.000 millones de dólares: el rescate financiero más grande del FMI en la historia. El contrato del préstamo, junto con las revisiones que se le han hecho desde entonces, detallan las metas, la estrategia y la ejecución en términos económicos del gobierno. Hay mucha información disponible al público que expone lo que falló. La estrategia principal del programa era restaurar la confianza de los inversionistas por medio de una política fiscal y monetaria más estricta. Sin embargo, como ha ocurrido con frecuencia en el pasado, estas medidas desaceleraron la economía y socavaron la confianza de los inversionistas. Para octubre de 2018, los resultados ya eran mucho peores de lo que había pronosticado el FMI. El gobierno y el FMI endurecieron las políticas fiscales y monetarias, pero no sirvió de nada. El gobierno también desperdició más de 16.000 millones de dólares en intentos fallidos para evitar que el peso decayera y aumentó en gran medida el componente extranjero más problemático de la deuda pública. El resultado ha sido una recesión casi constante y una inflación elevada, además de tasas de interés descomunales, depreciación del peso, inestabilidad financiera y enorme acumulación de deuda pública. El incremento de la deuda es particularmente digno de atención porque Macri heredó un nivel bajo de deuda pública. Irónicamente, el FMI es conocido en Argentina por promover políticas igual de irrealizables durante la crisis de 1998 a 2002 (que se puede comparar a la Gran Depresión de Estados Unidos en la década de los treinta). En efecto, la historia se está repitiendo, aunque en este caso el FMI tiene una alianza más fuerte con el gobierno de la que tenía hace veinte años. Los candidatos Fernández —Alberto y Cristina— tendrán que esbozar cómo piensan salir de este desastre. Pueden explicar cómo Argentina se recuperó de una crisis económica mucho más severa, con una tasa de desempleo de más del doble que ahora y en la que millones de personas anteriormente de clase media habían caído en la pobreza. Les pueden asegurar a los prestamistas que no hay por qué incumplir con la deuda pública hoy en día, como se hizo en el pasado, puesto que entonces era completamente imposible pagar. No obstante, al igual que en 2003, la economía no puede recuperarse bajo las condiciones acordadas con el FMI, así que tendrán que renegociarse. Millones de argentinos recuerdan la última depresión y el papel que desempeñó el FMI. Muchos también recuerdan la mejora tan rápida que hubo en la vida de la gente a lo largo de la década siguiente. Esa memoria y conciencia colectivas quizá ahora determinen el resultado de este debate recurrente sobre la economía y, con ello, la elección general del 27 de octubre y posiblemente gran parte del futuro de Argentina.

Mark Weisbrot / 19 Agosto 2019

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo En el camino hacia la 11º conferencia ministerial en Argentina: estado de situación en la OMC
Deborah JamesLa Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), 27 de junio, 2017 HuffPost, 26 de junio, 2017Observatorio Petrolero Sur, 27 de julio, 2017 Ver el artículo original In English La 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017. Tras años de quedar relegada mientras se negociaban otros tratados "de libre comercio", las grandes empresas volvieron a centrar su atención en la OMC, especialmente el sector de la tecnología de punta, que actualmente incluye a cinco de las siete empresas más grandes del mundo. Estas empresas están decididas a lograr en la OMC lo que aún no han podido garantizar en ningún otro acuerdo: nuevas normas que fijen oportunidades para obtener ganancias en la economía digitalizada del futuro. Lo que buscan en Argentina es un mandato para realizar nuevas negociaciones en el marco del "comercio electrónico", pero la realidad es que estas nuevas normas limitarán aún más la capacidad de los gobiernos para promover medidas de prosperidad y reducir la desigualdad, incluso mientras sufren las consecuencias políticas de las revueltas de las comunidades que fueron dejadas atrás. Al principio se tenía la esperanza de que a Trump no le interesara tanto asumir una posición de liderazgo en torno a los intereses de la industria de la tecnología, tal como al gobierno anterior. Pero al final, los integrantes de su equipo encargado de las cuestiones comerciales comenzaron a referirse al comercio electrónico como una prioridad para que Estados Unidos avance, lo que incluye "cosechar" el capítulo sobre comercio electrónico del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) para otros acuerdos. Además del comercio electrónico, las negociaciones se están caldeando en varias áreas relacionadas con el comercio de servicios, lo que acotaría la capacidad de los gobiernos para limitar el comportamiento de las empresas en interés del público. Entre los posibles resultados de Buenos Aires también se incluirían nuevas normas en materia de las disciplinas a los subsidios a la pesca, que contribuyen con la crisis mundial causada por la pesca excesiva, pero estas nuevas normas pueden ser un vehículo oculto para ayudar a las grandes flotas a expensas de los pequeños pescadores. Desafortunadamente, los negociadores no están prestando mucha atención a lo que debería ser la agenda principal: transformar las normas agrícolas mundiales que restringen la capacidad de los países en desarrollo para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones a la vez que le otorgan al gran agronegocio subsidios prácticamente ilimitados; y aumentar las flexibilidades de los países en desarrollo para que puedan usar el comercio a favor de su propio desarrollo. Amenaza a la vista: Los derechos de las empresas se imponen mientras se deja de lado el control público A partir de una propuesta de Estados Unidos con fecha de julio de 2016, casi una decena de propuestas en materia de comercio electrónico se han circulado en la OMC, muchas de ellas con disposiciones que se superponen. Estas propuestas están diseñadas en torno a una economía mundial, digital y sin fronteras en la que las principales empresas de tecnología, financieras, logística y otras como Amazon, FedEx, Visa y Google pueden trasladar en términos de tiempo y espacio mano de obra, capital, insumos y datos sin límites. También pretenden imponer la apertura de nuevos mercados a la vez que limitan las obligaciones de las empresas para garantizar que los trabajadores, comunidades o países se beneficien con sus actividades. Los propulsores esconden sus propuestas en el caballo de Troya de la necesidad de impulsar el desarrollo a través del poder de las pequeñas y medianas empresas (PyME) mediante el comercio electrónico. Pero es muy poco probable que las PyME puedan competir con empresas transnacionales gigantes que gozan de los beneficios de su magnitud, subsidios históricos, avances tecnológicos, una infraestructura fuerte apoyada por los Estados y un sistema de normas comerciales redactadas por sus propios abogados. Algunas disposiciones clave de las propuestas incluyen prohibir los requisitos de mantener los datos a nivel local o incluso tener una presencia local en el país, además de la ausencia de impuestos transfronterizos para los productos digitales. Pero no existen fundamentos económicos sobre por qué los bienes que se comercian digitalmente no deberían contribuir con la base tributaria nacional, mientras que los bienes que se comercian de forma tradicional en general sí contribuyen. Y los datos son ahora el recurso más valioso: es por eso que los mercados valoran tanto a las empresas que ofrecen sus servicios de forma “gratuita” a los consumidores. Fijar las normas en la OMC para permitirle a las empresas transferir datos alrededor del mundo sin restricciones negaría para siempre el derecho a los países de beneficiarse de sus propios datos e información en el futuro. También tiene graves implicancias en términos de la privacidad de los datos y la protección de los consumidores. Lo que los propulsores de la OMC denominan "obstáculos de localización" son en realidad herramientas que los países usan para garantizar beneficiarse de la presencia de empresas transnacionales y avanzar en su propio desarrollo. Ya sabemos que las características distintivas de Uber y Amazon incluyen la deslocalización de los mercados laborales y la precariedad del trabajo. Esto se aceleraría si sus propuestas son aceptadas en la OMC. Los gigantes de la tecnología consolidarían su poder monopólico. Su tristemente reconocida evasión fiscal se vería facilitada por un tratado internacional vinculante y sería prácticamente imposible contener la inestabilidad financiera que surja como resultado. Los miembros de la OMC no tienen actualmente un mandato para redactar nuevas normas mundiales sobre "comercio electrónico" y no deberían obtener uno en Buenos Aires. Incluso sin nuevas normas de la OMC en materia de comercio electrónico, el comercio electrónico está en auge y las PyME ya pueden vender sus productos por Internet. Por supuesto, el comercio electrónico puede ser un agente para la creación de empleo y el desarrollo y definitivamente tiene el potencial de expandir la innovación, aumentar las opciones para los consumidores, conectar a los productores con consumidores lejanos y aumentar la conectividad a nivel mundial. Pero esto no es lo mismo que tener normas internacionales vinculantes redactadas por Google para su propio beneficio. Amenazas a la regulación en el interés público Planes empresariales similares se encuentran detrás del esfuerzo de adoptar nuevas normas con el fin de limitar la reglamentación nacional de servicios. Para proporcionar un servicio, debe haber una persona, en algunos casos un profesional con experiencia, que a menudo tiene competencias profesionales con las que deben cumplir. Por lo general hay una empresa a la que habitualmente se le exige que tenga una licencia para proporcionar el servicio. Finalmente está el método de suministrar el servicio y por lo general los gobiernos tienen estándares técnicos (tales como disposiciones contra terremotos en el sector de la construcción) a los cuales deben adherirse los proveedores de los servicios. Desafortunadamente, el enfoque de las normas que se proponen en materia de reglamentación nacional en la OMC no es aumentar el valor social o la accesibilidad del servicio, sino que pretende garantizar que tres clases de reglamentación -los procedimientos y requisitos de competencia, los procedimientos y requisitos de licenciamiento y los estándares técnicos- sean "razonables", "objetivos", "transparentes" y que no representen "una carga mayor que la que se necesita para garantizar la calidad del servicio" y además que los estándares técnicos deberían desarrollarse en el marco de un proceso "abierto y transparente". Estos son términos abiertos. Cómo se interpretan en la OMC podría socavar significativamente la soberanía reglamentaria de los países, poniendo los intereses de los proveedores de servicios extranjeros por encima de las obligaciones de los gobiernos de garantizar que los servicios se proporcionen a favor del interés del público. ¿Quién decide si la administración de temas laborales, impuestos, o leyes sobre medio ambiente o seguridad que afectan a las empresas extranjeras de servicios es “razonable?” Si una comisión local de urbanismo está de acuerdo con el rechazo a nivel local contra el establecimiento de un hipermercado cerca de un sitio histórico, ¿sería objetiva? Si un estado decidiera aceptar una recomendación de una revisión ambiental y prohibir la fractura hidráulica como método para obtener gas, ¿se consideraría una carga mayor? En lugar de los gobiernos locales, los paneles comerciales podrían estar a cargo de tomar decisiones para una comunidad que son inherentemente subjetivas ya que implican importantes juicios personales. Y es necesario observar que esto sucede en el caso de la reglamentación nacional; las normas que se proponen no solo se aplicarían en el campo de los servicios comerciados, que es donde debería terminar la competencia de la OMC. Los miembros acordaron hace años desarrollar todas las disciplinas necesarias en torno a estas medidas, pero la mayoría de los países en desarrollo, e incluso Estados Unidos, tienen dudas de si tales normas son "necesarias". Pesca: ¿Subsidiar a los pobres o los ricos? El otro gran “resultado” por el que se presiona en Buenos Aires es una forma de hacer frente al problema de la pesca excesiva negociando límites para los subsidios que los gobiernos proporcionan a las industrias pesqueras. Existe un camino claro hacia un resultado a favor del desarrollo y a favor del medioambiente si se imponen disciplinas a las flotas industriales a las que se les otorgan subsidios para aumentar su capacidad de pescar excesivamente, mientras que a los pescadores artesanales que proporcionan alimentos y medios de sustento se los apoya para que crezcan de forma sustentable. Desafortunadamente, algunas de las propuestas de la OMC parecen imponer cargas adicionales a los países en desarrollo que tienen una capacidad de reglamentación limitada, a la vez que otorgan subsidios a los combustibles fósiles para las grandes flotas, lo que conduciría a una mayor participación de los grandes operadores de pesca. Sería mejor esperar hasta que todos los países puedan evaluar las posibles ramificaciones de los distintos tipos de disciplinas antes de terminar perjudicando a los productores más pequeños. Margen de mejora: Reparar las malas normas que ya existen en vez de ampliarlas Tanto las normas de comercio electrónico como las disciplinas de reglamentación nacional representarían una expansión de la OMC. Pero la mayoría de los miembros de la OMC han argumentado que las normas injustas y perjudiciales que existen deben repararse antes de que la OMC pueda expandirse. Esta lucha se encontró en el centro de la última conferencia ministerial, que concluyó con un texto ambiguo en el que se reconoce que algunos países quieren aportar nuevos asuntos, mientras que otros quieren continuar con la agenda de desarrollo inconclusa de la Ronda de Doha. Las normas sobre agricultura deben dar prioridad a la seguridad alimentaria La máxima prioridad para una agenda de desarrollo verdadera sería transformar las normas actuales sobre agricultura. Hay dos aspectos clave: hacer que las normas sean más flexibles para que los países puedan alimentar a su población, y contener los subsidios que se proporcionan a los productos que ingresan al mercado mundial. Lo que es increíble es que son los países ricos, no los pobres, a los que se les permite actualmente subsidiar la agricultura en el marco de las normas de la OMC, incluso en formas que distorsionan el comercio y perjudican a los productores nacionales de otros países, porque a los países se les sigue permitiendo subsidiar al nivel en el que lo hacían al momento de ingresar a la OMC. Para Estados Unidos y la UE, esto significa 19.100 millones de dólares estadounidenses y 72.200 millones de euros por año, respectivamente. Estos subsidios alientan la producción excesiva y debilitan artificialmente los precios a nivel mundial, destruyendo los medios de sustento de los agricultores en países que deberían beneficiarse del comercio agrícola mundial. Por lo tanto, un aspecto principal de las negociaciones actuales, y ojalá sea un resultado en Buenos Aires, sería reducir la cantidad de subsidios en el marco de las negociaciones de "apoyo nacional". En cambio, a países como India y la mayoría de los países africanos solo se les permiten subsidios mínimos, ya que no subsidiaban cuando se negociaron las normas iniciales de la OMC. Sin embargo, el mundo ha cambiado enormemente desde que estas normas se establecieron en 1995. Las décadas intermedias conllevaron varias crisis alimentarias mundiales como resultado de la reducción de la producción nacional en los países en desarrollo, mercados volátiles de commodities, la consolidación en las cadenas de producción y de venta al por menor, el cambio climático, entre otros factores. A lo largo de los años, muchos países en desarrollo hallaron que las imposiciones políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como por ejemplo el abandono de las inversiones en agricultura y la apertura de sus mercados a las importaciones, los sometieron al aumento de los gastos de importación y de la inseguridad alimentaria. Ahora el péndulo vuelve hacia el apoyo de la producción nacional de alimentos. Las Metas de Desarrollo Sostenible les ruegan a los países que inviertan en aumentar la agricultura sustentable, mientras que al mismo tiempo se acepta cada vez más el "derecho a la alimentación" como derecho humano. Una de las mejores prácticas internacionales para apoyar los medios de sustento de los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural es la política de las "reservas públicas de alimentos", en la que los gobiernos garantizan a los agricultores un precio mínimo por su producción y distribuyen esos alimentos a las personas con hambre dentro de sus propias fronteras. Lo que es sorprendente es que estos programas, implementados en alrededor de 20 países en desarrollo, van en contra de las normas de la OMC, incluso aunque la agricultura que se apoya no se comercia en los mercados mundiales. Una coalición de casi 50 países en desarrollo en la OMC incide a favor de que los programas de reservas públicas de alimentos no se vean limitados por normas anticuadas de la OMC. Pero los cambios han sido rechazados firmemente por Estados Unidos, la UE, Australia y otros grandes exportadores de agronegocios. Estados Unidos tergiversa la realidad al acusar a China e India de ser los "mayores otorgantes de subsidios". Pero en un análisis per cápita, sus pagos por agricultor siguen siendo minúsculos, alrededor de 348 dólares estadounidenses por agricultor en China y 306 dólares en India, en comparación con los 68.910 dólares en Estados Unidos. Los miembros de la OMC acordaron encontrar una solución permanente para los programas de reservas públicas antes de diciembre de este año. Desafortunadamente, las posturas de los países que representan a Cargill, Tyson, BRF y Monsanto siguen estando muy arraigadas. Las medidas que tomen los activistas que trabajan por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria podrían ayudar a inclinar la balanza para garantizar un resultado positivo en torno a este tema en Buenos Aires. Más flexibilidad para las políticas de desarrollo Junto con la transformación de las normas mundiales que rigen el comercio agrícola, los países en desarrollo inciden desde hace tiempo a favor de otros cambios en la OMC actual para aumentar la flexibilidad de los países en desarrollo para permitirles que aprueben políticas que promuevan el desarrollo. En 2015, un grupo de 90 países en desarrollo impulsaron un paquete de propuestas concretas para cambiar las normas actuales de la OMC que eliminarían algunas de las limitaciones de la OMC sobre las políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de ellas son versiones actualizadas de la "agenda de implementación" que ha formado la base de las críticas de los países en desarrollo a la OMC actual desde su fundación. Se trata, por ejemplo, de cambios para permitir que los países en desarrollo puedan promover la industrialización nacional, estimular la transferencia de tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y salvaguardar la integración regional. Muchas de estas propuestas son similares a los reclamos de la sociedad civil englobadas en la Declaración de Darle la Vuelta de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta, a la que se adhirieron cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo. Incluso en un área en que todos los miembros de la OMC deberían poder estar de acuerdo -garantizar beneficios para los PMA, no hay un consenso. Aunque era un mandato prioritario, el pequeño paquete de los PMA que se acordó en la conferencia ministerial de la OMC de Bali en 2013 aún no se ha puesto en práctica. Esto incluye garantizar un 100 por ciento de acceso al mercado libre de impuestos, libre de cuotas para las exportaciones de los PMA, la simplificación de las normas de origen que definen cuánto del valor de un producto debe producirse en el país para poder obtener beneficios de reducción de aranceles y proporcionar compromisos vinculantes reales para la exención de los servicios para los PMA (que permite a los países desarrollados proporcionar acceso al mercado de servicios a los PMA sin ofrecer acceso recíproco a los otros países, una "flexibilidad" que ha probado ser casi imposible de utilizar). También incluye el mandato de reducir los subsidios que Estados Unidos y la UE proporcionan a los productores de algodón, que enriquecen a unos pocos miles allí pero que han decimado de manera injusta la producción de cientos de miles de agricultores de algodón en África. Lo que es incluso peor, solo un miembro de la OMC, Estados Unidos, parece no solo negarse a acordar las propuestas de desarrollo, sino que también se esfuerza por garantizar que se abandone para siempre el mandato de desarrollo en la OMC. Si tiene éxito, el mundo estaría forzado para siempre a continuar con las desigualdades y desequilibrios actuales, a instancias de un miembro de la OMC, que dice funcionar por consenso. Hay mucho en juego este diciembre en Buenos Aires. Sin embargo, el resultado dependerá de la presión que ejerzan varias partes interesadas sobre sus gobiernos a medida que dan forma a las posiciones políticas antes de la conferencia ministerial en sí. Algunos incluso afirman que la "mini conferencia ministerial" de octubre en Marruecos será donde se tomen las decisiones principalmente. Los intereses de las empresas intentarán definitivamente influir a los gobiernos. ¿Harán lo mismo la sociedad civil, los sindicatos, los ambientalistas y los defensores del interés público y el desarrollo? Y lo que es más importante, ¿los gobiernos, que enfrentan revueltas a nivel nacional y en las urnas, seguirán a sus amos empresariales o actuarán en el interés de sus ciudadanos y cambiarán la dirección en la OMC? Deborah James es la directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net) y coordinadora de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (www.ourworldisnotforsale.org) formada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por un sistema de comercio multilateral sustentable, socialmente justo y democrático.

Deborah James / 05 Julio 2017

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