10 Abril 2014
Mark Weisbrot
The Americas Blog (CEPR), 10 de abril 2014
A pesar del hecho de que el New York Times tuvo que publicar una rectificación el 26 de febrero por afirmar que Globovisión en Venezuela era “la única emisora de televisión que frecuentemente transmitía las voces críticas al gobierno”, Daniel Wilkinson de la organización de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), repitió ayer el mismo error en el New York Review of Books (NYRB), al escribir que:
Dos de las cuatro emisoras privadas voluntariamente abandonaron su cobertura crítica; una tercera emisora fue forzada a dejar de transmitir y la cuarta fue acosada por sanciones administrativas y cargos criminales hasta que el dueño la vendió el año pasado a inversionistas supuestamente vinculados al gobierno, quienes han restringido su contenido crítico.
De hecho, las emisoras que él asegura han “abandonado su cobertura crítica”, Venevisión y Televén, frecuentemente transmiten cobertura crítica del gobierno, según se documenta aquí.
Dado que la afirmación de que estas emisoras han “abandonado su cobertura crítica” es manifiestamente falsa, el NYRB, al igual que el New York Times, debería publicar una rectificación.
La cuarta emisora a la que se refiere es Globovisión. Durante el período previo a las últimas elecciones presidenciales en abril, según un estudio por el Centro Carter, Globovisión le dio nueve veces más cobertura al candidato presidencial de oposición, Henrique Capriles, que al candidato del partido oficial, Nicolás Maduro. Los lectores familiarizados con los medios televisivos de derecha en Estados Unidos notarán que un canal como Fox News, por ejemplo, no se podría salir con la suya con una cobertura como ésta. Así que si Globovisión ha “restringido dramáticamente” su sesgo antigobierno – de lo cual Wilkinson no provee dato alguno – porque fue adquirido por alguien con el deseo de practicar un periodismo convencional, la emisora podría tener aún suficiente espacio para despedazar al gobierno.
De hecho, el 17 de febrero, en pleno ardor de las recientes manifestaciones, Globovisión transmitió una entrevista con la líder de oposición María Corina Machado, en la que ella denunciaba al gobierno por una serie de supuestos crímenes y argumentaba que el pueblo tenía el derecho a derrocarlo. Esto debilita un tanto otra afirmación de Wilkinson de que “mientras que algunos programas de noticias han entrevistado a líderes de oposición y a críticos del gobierno, éstos lo hacen bajo las restricciones legales y políticas impuestas por el gobierno”.
Es una lástima que Wilkinson haya ignorado, o quizás no haya leído, el informe del Centro Carter sobre los medios venezolanos durante la vigorosamente impugnada campaña electoral para la presidencia del 2013. Los datos del informe, tomando en cuenta el porcentaje de audiencia, indican que la cobertura de los medios de televisión fue bastante balanceada para ambos candidatos. Esto contradice la imagen exagerada que él pinta en este artículo de un gobierno “autoritario” que busca tener el “control de cómo se presentan las noticias en la televisión venezolana”.
El artículo de 2.800 palabras – el cual provee pocas fuentes electrónicas o de otro tipo para respaldar docenas de acusaciones – contiene varias exageraciones e inexactitudes. Por ejemplo, al describir las manifestaciones él nos dice que “La mayoría de éstas han sido pacíficas, aunque en muchos lugares, los manifestantes han obstruido las calles con barricadas, y algunos han lanzado rocas y cocteles molotov”. Esto contradice los reportajes diarios de noticias en los medios internacionales más importantes. Algunas de las grandes marchas que ocurren durante el día han sido pacíficas, pero cada noche durante casi dos meses, se han dado manifestaciones violentas en las que los participantes arrojan rocas y cocteles molotov en contra de las fuerzas de seguridad y, en ocasiones, a vecinos que intentan remover o pasar a través de las barricadas. Y no digamos los tiroteos por los manifestantes que se dan ocasionalmente. Él no lo menciona, pero la mitad de las 39 muertes a las que se refiere han sido aparentemente causadas por los manifestantes.
Ahora bien, no me malinterprete. Es el trabajo de los grupos de derechos humanos el de denunciar y exponer todos los abusos a los derechos humanos cometidos por los gobiernos (y por actores no estatales también) y yo no criticaría a una organización de derechos humanos por ser muy dura contra cualquier gobierno. Y si Wilkinson quiere ignorar o pretender que no puede ver que esto es otro intento de derrocar a un gobierno democráticamente electo el que se está llevando a cabo, ésa también es su prerrogativa. ¿Pero a qué se deben las grandes acusaciones y las falsas declaraciones? ¿No existen ya suficientes cosas de qué quejarse sin inventar aún más razones?
HRW se puede salir con la suya al tener atroces criterios dobles si así lo desea. La organización apenas y levantó un dedo cuando un golpe respaldado por EE.UU. derrocó al gobierno democráticamente electo de Haití en el año 2004. Los autores del golpe asesinaron a miles de personas, y varios oficiales del gobierno constitucional fueron enviados a prisión. Esto no suscitó ni siquiera una pequeña fracción de la preocupación de HRW por la “independencia del poder judicial” en Venezuela, el cual, por supuesto, nunca fue más independiente antes de que su enemigo Chávez fuera electo.
En el 2008, más de 100 académicos y expertos firmaron una carta en la que documentaban y “resaltaban las exageraciones e inexactitudes” en un informe “políticamente motivado” de HRW sobre Venezuela. Está claro que HRW no tomó ninguna acción para corregir su sesgo o despreocupación con los hechos. Es una lástima. Por supuesto, en EE.UU. no hay precio político que pagar por exagerar o realizar declaraciones falsas sobre un gobierno al que Washington desea desestabilizar. Pero esto no contribuye a la causa de los derechos humanos, y subestima el buen trabajo que HRW realiza en otros países cuando la organización es percibida como un aliado partidario de un intento, respaldado por EE.UU., de efectuar un “cambio de régimen”.
En serio, deberían apegarse a los hechos.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy.
