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Los peruanos acudirán a las urnas el domingo 7 de junio para votar en la segunda vuelta presidencial. La candidata de extrema derecha Keiko Fujimori —hija del exdictador Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular— y el candidato de izquierda Roberto Sánchez —exministro del breve gobierno de Pedro Castillo y líder del partido Juntos por el Perú— se enfrentarán en una contienda que se perfila como muy reñida. Según la última encuesta de Ipsos, llevada a cabo el 3 de junio, la contienda se encuentra en un empate técnico. Sánchez registra un 43,8 por ciento de intención de voto frente al 43,2 por ciento de Fujimori. Además, un 13 por ciento de los votantes continúa indeciso o planea emitir su voto en blanco.

La elección es vista como una disyuntiva entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022). Al mismo tiempo, un profundo antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación. Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

El siguiente informe ofrece una visión general de lo que necesita saber sobre esta elección decisiva: quiénes son los candidatos, cuáles son sus posiciones sobre los principales temas en debate y cuáles son las principales preocupaciones y desafíos relacionados con el propio proceso electoral. CEPR estará presente en el terreno como observador electoral oficial y compartirá actualizaciones periódicas en vivo en inglés a través de nuestro monitor de noticias sobre América Latina.

En este informe:

• Los candidatos
• Temas clave
• Desafíos y preocupaciones

Los candidatos 

Keiko Fujimori (partido Fuerza Popular)

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, para quien también ejerció oficialmente como primera dama entre 1994 y 2000. Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte. Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010. A lo largo de su trayectoria política, ha defendido sistemáticamente el legado de su padre y ha negado sus graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, pese a numerosas sentencias judiciales y a la abundante evidencia documentada al respecto.

Keiko Fujimori fue congresista de Perú entre 2006 y 2011 y ha postulado a la presidencia en tres ocasiones desde 2011, llegando a la segunda vuelta y siendo derrotada en cada una de ellas. Tras su derrota en 2021, alegó sin pruebas la existencia de un fraude masivo y desplegó un ejército de abogados para intentar anular cientos de miles de votos provenientes de comunidades rurales e indígenas que apoyaron de manera abrumadora a Pedro Castillo, quien finalmente fue declarado ganador. Aunque nunca ha llegado a la presidencia, su partido ha permanecido como una de las principales fuerzas en el Congreso, donde ha obstruido y contribuido a la destitución de varios presidentes, desempeñando un papel importante en la prolongada inestabilidad política del país. Más allá del Congreso, Fuerza Popular ejerce una influencia considerable en instituciones clave del Estado, incluido el sistema judicial.

Keiko Fujimori basa su campaña en la promesa de replicar las políticas de mano dura de su padre en materia de seguridad. Ha prometido desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, controlar la migración y supervisar las cárceles, al tiempo que impulsa posturas socialmente conservadoras, incluida su oposición contra el aborto incluso en casos de violación de menores de edad (ha afirmado que aconsejaría a sus propias hijas continuar un embarazo producto de una violación). También propone una reforma del sistema judicial y el fortalecimiento de la Policía Nacional, todo ello bajo la promesa más amplia de restablecer el “orden”. En materia económica, plantea ampliar el acceso al crédito para las pequeñas empresas, mantener una política de disciplina fiscal y aplicar lo que su plan de gobierno denomina un “shock desregulatorio” para reducir en al menos un 40 por ciento los tiempos de aprobación de proyectos de inversión. Fujimori cuenta con el respaldo de poderosos grupos económicos y recibe apoyo de amplios sectores de las élites urbanas y las clases medias del país, así como de parte de la clase trabajadora y de votantes temerosos de un eventual ascenso de la izquierda al poder. Al mismo tiempo, su reivindicación constante del legado de su padre sigue siendo profundamente polarizante y ha alimentado multitudinarias manifestaciones antifujimoristas en Lima durante los últimos días. En la primera vuelta obtuvo el 17,19 por ciento de los votos.

Roberto Sánchez (partidos Juntos por el Perú)

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda que se desempeña como congresista desde 2021 y fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Castillo fue destituido y encarcelado apenas quince meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido e ilegal de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista. Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992. Dicha Constitución es ampliamente considerada como la que institucionalizó reformas económicas regresivas, al tiempo que sentó las bases de la inestabilidad política crónica del país mediante mecanismos como la figura ambiguamente definida de la “incapacidad moral permanente”, utilizada repetidamente para destituir presidentes. Sánchez también ha propuesto nacionalizar determinados recursos naturales, otorgar protecciones legales a los mineros informales, transferir mayores competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, y revisar los tratados de libre comercio suscritos por Perú. Sin embargo, apenas cinco días antes de la segunda vuelta, modificó su plan de gobierno, moderando varias de sus propuestas como parte de una alianza con diversos partidos que participaron en la primera vuelta. En comparación con la campaña de Fujimori, la de Sánchez dispone de muchos menos recursos financieros y cuenta con un respaldo significativamente menor de las élites políticas y económicas. Su base de apoyo se concentra principalmente entre los sectores populares rurales e indígenas.

Sánchez obtuvo el 12,03 por ciento de los votos en la primera vuelta, superando por un estrecho margen al candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga, quien alcanzó el 11,9 por ciento y denunció fraude electoral a raíz de problemas logísticos registrados durante la jornada de votación. López Aliaga también lanzó una serie de ataques verbales contra las autoridades electorales, incluyendo amenazas de violencia sexual contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sus denuncias fueron rechazadas por las misiones internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, y finalmente desestimadas por las autoridades electorales peruanas tras una exhaustiva revisión.

Tras un mes de impugnaciones legales, recuentos, protestas y actos de hostigamiento contra funcionarios electorales que terminaron forzando la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez fue declarado oficialmente como el candidato que pasó a la segunda vuelta el 17 de mayo, a menos de un mes de la elección definitiva. En la práctica, su campaña presidencial permaneció paralizada hasta esa fecha.

Temas clave

Delincuencia y corrupción

En los últimos años, las tasas de homicidio, extorsión y otras formas de criminalidad han aumentado de manera constante en Perú, lo que llevó a varios candidatos en la primera vuelta a proponer enfoques de mano dura frente a la inseguridad. Al mismo tiempo, muchos peruanos perciben que la clase política no solo es profundamente corrupta, sino que además mantiene vínculos con redes criminales. Estas percepciones se han visto reforzadas por una serie de escándalos de corrupción de alto perfil y por la aprobación, por parte del Congreso, de lo que sus críticos describen como “leyes procrimen”, que debilitan las facultades investigativas del Ministerio Público y socavan la independencia judicial. Entre ellas se encuentran una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos y otra que restringe fuertemente las actividades de organizaciones de la sociedad civil y grupos de vigilancia ciudadana.

Keiko Fujimori ha propuesto una política de seguridad de línea dura, la creación de un sistema nacional de videovigilancia y el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar actos de corrupción en la contratación pública. Y aunque Fuerza Popular respaldó las denominadas “leyes procrimen” —e incluso fue autor de algunas de ellas—, un representante de la campaña ha señalado que el partido está dispuesto a revisar esas medidas. Por su parte, Roberto Sánchez ha planteado una reforma del sistema de justicia, iniciativas para aumentar la transparencia y una política de seguridad centrada en la prevención y en las causas estructurales de la violencia. Asimismo, ya ha impulsado que su bancada incluya en la agenda del Congreso la derogación de las llamadas “leyes procrimen”.

Inestabilidad política y el poder del Congreso

Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, lo que ha generado un sistema político con escasa continuidad, limitada rendición de cuentas y poca capacidad para enfrentar las múltiples crisis que atraviesa el país. Parte de esta situación se explica por el poder desproporcionado que ejerce el Congreso, al que algunos académicos han descrito como una “dictadura parlamentaria”. Desde aproximadamente 2016, el Congreso —liderado principalmente por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori— ha atacado y desestabilizado a presidentes de distinto signo político, recurriendo con frecuencia a intentos de destitución bajo la amplia y ambigua causal de “incapacidad moral permanente”. Asimismo, el Congreso y la coalición predominantemente de derecha que lo domina ha ido capturando progresivamente instituciones independientes y debilitando la separación de poderes.

Es probable que estas dinámicas se profundicen tras las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso unicameral de Perú en 2024 —a pesar de la oposición de los votantes— que, desde este año, han transformado el Poder Legislativo en un sistema bicameral. Las reformas crean un poderoso Senado con autoridad final sobre la legislación y los nombramientos clave, al tiempo que lo protegen de la disolución, un mecanismo al que el antiguo Congreso unicameral estaba sujeto bajo ciertas condiciones. Los críticos sostienen que el nuevo sistema permitirá que una clase política profundamente impopular se afiance aún más en el poder y actúe con mayor impunidad, mientras que presidentes igualmente impopulares seguirán enfrentando la amenaza constante de la destitución.

El partido de Fujimori votó a favor de las reformas de 2024, y su plataforma no aborda estas preocupaciones. Roberto Sánchez, en cambio, propone reformas constitucionales para que los magistrados de las más altas cortes sean elegidos por voto popular —reduciendo así el poder del Congreso sobre su designación— y para eliminar la figura de la “incapacidad moral permanente” como causal de destitución presidencial. Sin embargo, si Fujimori resulta elegida, la amplia presencia de su partido en el Congreso probablemente la protegería más que a Sánchez de las presiones del Legislativo.

Política económica

Perú es un país de ingreso mediano-alto. Los minerales y metales, principalmente cobre y oro, representaron el 49 por ciento de las exportaciones en 2024, seguidos por los productos alimentarios y los bienes manufacturados. China es el principal socio comercial de Perú y, en los últimos años, se ha convertido en una importante fuente de inversión extranjera, especialmente a través del Puerto de Chancay. Este megaproyecto está reconfigurando las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia, fortaleciendo el papel de Perú como centro logístico regional. 

Para 2026, se prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano crezca un 2,8 por ciento en términos reales (ajustado por la inflación), por debajo del 3,4 por ciento registrado en 2025, reflejando los efectos indirectos de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Los shocks externos, incluida la inestabilidad comercial y de precios provocada por el conflicto, la volatilidad de los precios de las materias primas y los impactos del cambio climático, representan riesgos importantes para la economía peruana. La elevada desigualdad y pobreza —que se estima superará el 33 por ciento en 2026—, así como la gran proporción de empleo informal, que alcanzó aproximadamente el 70 por ciento en 2025, continúan siendo desafíos estructurales para el país. 

Los dos principales candidatos presidenciales ofrecen visiones diferentes sobre la política económica. Roberto Sánchez busca reducir la pobreza y la desigualdad mediante una mayor intervención y redistribución de ingresos, incluyendo un aumento del 33 por ciento del salario mínimo, la introducción de impuestos a las ganancias extraordinarias y el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación a través de un mayor gasto público. También planea revisar los contratos mineros y gasíferos e implementar una mayor supervisión sobre la explotación de los recursos naturales. Keiko Fujimori, en contraste, mantiene una agenda tradicionalmente conservadora centrada en la consolidación fiscal y la reducción del gasto público, con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de aproximadamente 2,2 por ciento a 1 por ciento del PIB. Fujimori también busca reducir la burocracia estatal, lo que probablemente implicaría recortes significativos en el sector público. Ambos candidatos, sin embargo, proponen medidas para mejorar la infraestructura, impulsar la inversión privada y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Relaciones con Estados Unidos

Los dos candidatos representan posturas divergentes respecto a las relaciones con Estados Unidos. Mientras que Fujimori generalmente favorece profundizar los vínculos económicos y militares con Washington, Sánchez ha expresado escepticismo frente a lo que considera recientes violaciones de la soberanía peruana — y, más ampliamente, latinoamericana.

Una controversia reciente ilustra tanto las diferencias entre ambos candidatos como la influencia de Estados Unidos en el país. Tras evaluar la compra de aviones de combate de varios países, la Fuerza Aérea del Perú firmó un contrato multimillonario con Estados Unidos sin anuncio público y pese a que otros países habrían ofrecido condiciones más ventajosas. El presidente interino José María Balcázar, quien fue informado únicamente después de concretada la compra, anunció su intención de postergar el contrato, argumentando que una determinación de tal magnitud no debía ser tomada por un gobierno de transición. Esta decisión provocó la renuncia de varios miembros de su gabinete y fue seguida por declaraciones aparentemente amenazantes del embajador estadounidense, Bernie Navarro. Fujimori presionó públicamente al gobierno transitorio a seguir adelante con la compra. Sánchez, por su parte, criticó duramente tanto la adquisición como las circunstancias en que se produjo, aunque posteriormente afirmó que respetaría el contrato. En términos más generales, la Administración Trump ha buscado ampliar la presencia militar estadounidense en el país.

Desde la perspectiva de algunos responsables políticos en Estados Unidos, Perú sigue siendo un escenario clave en la disputa con China por la influencia regional. La Administración Trump, y en particular el embajador Navarro, ha presentado el Puerto de Chancay —un megaproyecto portuario de aguas profundas desarrollado con financiamiento chino en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y orientado al comercio transpacífico— como un ejemplo de la supuesta vulneración de la soberanía peruana por parte de China. Otros sostienen que estas acusaciones son hipócritas, dado el historial de intervención de Estados Unidos en la región, y que responden más al interés de Washington por mantener su influencia en el país y asegurar el acceso a sus recursos naturales que a una preocupación genuina por la soberanía peruana. Ninguno de los dos candidatos propone romper los vínculos con la inversión china. Sin embargo, Fujimori parece más proclive a alinearse con las demandas planteadas por la Administración Trump.

Desafíos y preocupaciones

Como se señaló anteriormente, la primera vuelta de las elecciones presidenciales estuvo marcada por problemas logísticos que provocaron que algunos centros de votación, principalmente en Lima, abrieran tarde o no llegaran a abrir. Como resultado, la jornada electoral tuvo que extenderse al día siguiente en ciertas zonas. Además, la estrechez de la contienda, el elevado número de candidatos y las múltiples impugnaciones y solicitudes de recuento retrasaron la proclamación de los resultados finales, mientras que algunos candidatos denunciaron fraude o manipulación. Debido a estos factores, sumados a la escasa confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas del país, la percepción pública sobre la integridad del proceso electoral es frágil. Si desafíos y retrasos similares se repiten en la segunda vuelta, disputas menores podrían escalar rápidamente hacia una crisis de legitimidad electoral.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que Keiko Fujimori, tras perder las elecciones de 2021, denunció la existencia de un “fraude sistemático”, se negó a reconocer los resultados durante semanas y presentó recursos para impugnar y anular cientos de miles de votos, particularmente provenientes de zonas rurales e indígenas donde su rival tenía mayor apoyo. Misiones de observación electoral, incluidas las de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, rechazaron dichas acusaciones al no encontrar evidencia que las respaldara.

Horas después de que las autoridades electorales confirmaran que Roberto Sánchez probablemente avanzaría a la segunda vuelta, el Ministerio Público hizo públicas acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en declaraciones financieras relacionadas con contribuciones de campaña entre 2018 y 2020. Los fiscales no solo solicitan una pena de prisión, sino también su “inhabilitación permanente” para ejercer cargos públicos. El momento en que se presentaron los cargos, así como la percepción generalizada de que el Ministerio Público mantiene vínculos con sectores de derecha, generaron especulaciones sobre una posible motivación política detrás de la decisión. Asimismo, se ha hecho público que el juez encargado de revisar el caso enfrentó procesos disciplinarios relacionados con denuncias de abuso de autoridad y acoso sexual, lo que ha suscitado dudas sobre su imparcialidad.

Dado este contexto, así como la histórica defensa de Keiko Fujimori del legado político de su padre, observadores nacionales e internacionales siguen atentos a las posibles implicaciones que una elección reñida podría tener para la ya frágil democracia peruana. Mientras Sánchez ha afirmado que reconocerá y respetará los resultados en caso de ser derrotado, Fujimori ha evitado asumir el mismo compromiso. Consultada directamente por periodistas sobre si aceptaría una eventual derrota, respondió: “Bueno, vamos a ver”.

Finalmente, a diferencia de otras elecciones recientes en la región, el presidente Trump no ha respaldado públicamente a ningún candidato en Perú. Sin embargo, dadas las presiones ejercidas por Estados Unidos en torno al contrato para la compra de aviones de combate, así como las reiteradas preocupaciones de la Administración Trump sobre la influencia china y el acceso a recursos naturales estratégicos, algunos observadores permanecen atentos a la posibilidad de injerencia estadounidense, especialmente si los resultados son estrechos o controvertidos.

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Si las tendencias actuales se mantienen, las elecciones del domingo serán muy reñidas y probablemente objeto de fuertes disputas. Lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, quizás, lo que queda de la ya debilitada democracia peruana. El día de la elección, siga las últimas actualizaciones en inglés de los observadores electorales de CEPR desplegados en el terreno a través del rastreador en vivo de noticias sobre América Latina de. Center for Economic and Policy Research.