La campaña para la segunda vuelta presidencial en Ecuador, prevista para el próximo 13 de abril, parece brindar un nuevo ejemplo de lo que sucede cuando se profundiza la polarización política, mientras se desmantelan los mínimos consensos necesarios para construir una percepción compartida de la realidad.

En el espectro de la derecha se encuentra el actual presidente, Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del país, que fue elegido hace 18 meses en una elección especial, para finalizar el mandato de Guillermo Lasso, su predecesor. Lasso había convocado a elecciones anticipadas para evitar un juicio político, que probablemente prosperaría, por cargos de corrupción.

El estado actual del país podría ubicar en una posición incómoda al presidente Noboa. Lo que más preocupa a los votantes es la explosión de violencia criminal: la tasa de homicidios aumentó de 5,8 cada 100.000 habitantes en 2017 —la más baja de Latinoamérica— a 39,1 en 2024. En términos históricos, se trató de una transformación vertiginosa: en apenas ocho años, uno de los países más pacíficos y seguros de Latinoamérica —con un espectacular mosaico de paisajes que atraía a millones de turistas—, se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los más violentos y peligrosos, con unas de las tasas de asesinatos más altas del mundo.

Noboa fue elegido para restablecer el orden, pero desde el principio se percibieron señales de alarma. El presidente forma parte de una clase política de élite, extremadamente rica, plagada de corrupción, cada vez más vinculada al crimen organizado, la persecución a opositores políticos y una degradación general del Estado de derecho. Estos factores se reforzaron mutuamente, dificultando cada vez más la implementación de las reformas necesarias.

Esto quedó en evidencia con las elecciones de 2023, que llevaron a Noboa al poder. Pero lo más grave era su propia inhabilitación legal para competir en las elecciones. Apenas unos días antes de los comicios, salieron a la luz documentos que revelaron que Noboa y su familia tenían importantes activos financieros en Panamá. Según la ley ecuatoriana, nadie que posea bienes en un paraíso fiscal —y Panamá figura como tal, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI)— puede postularse ni ejercer cargos electivos.

La denuncia, respaldada con pruebas documentales, fue publicada antes de la elección de 2023 por el diario más importante de América del Sur, el brasileño Folha de São Paulo, pero fue ignorada por la mayoría de los grandes medios en Ecuador.

Más señales de alarma: en reiteradas ocasiones durante los últimos años, se encontraron grandes cantidades de cocaína mezcladas en los cargamentos de bananas de los Noboa. La más reciente fue el 26 de marzo, cuando se descubrieron cientos de kilos en cajas pertenecientes a Noboa Trading. Esta empresa es mayoritariamente propiedad de Lanfranco Holdings, la principal offshore de los Noboa. La Policía arrestó en tres ocasiones distintas a José Luis Rivera Baquerizo, responsable del control antidroga de Noboa Trading. Sin embargo, Rivera fue representado legalmente por un asesor de confianza de Daniel Noboa, que actualmente ocupa el cargo de ministro de Salud de Ecuador. Al día de hoy, Rivera está libre.

Luisa González, su competidora, es reconocida por sus logros en los más altos cargos durante la administración del entonces presidente Rafael Correa, en la década que precedió al reciente declive del país. Durante esos años (2007-2017), la pobreza se redujo en más del 41%. El PIB per cápita —la medida más básica de los estándares de vida— creció un 27%. Y la tasa de homicidios cayó del 15,9 cada 100.000 habitantes a 5,8.

Este y otros logros se destacan frente a los gobiernos ecuatorianos anteriores, y aún más en comparación con los que vinieron después. La disminución de la tasa de homicidios en esa década, por ejemplo, se asoció con la creación de nuevas instituciones tales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Interior. Todas fueron disueltas por el gobierno sucesor en 2018.

En los ocho años desde que el partido de González dejó el gobierno, el PIB per cápita prácticamente no creció y la tasa de pobreza se elevó en un 30%. Noboa ocupó la presidencia recién en noviembre de 2023, pero no hay señales de que los problemas económicos y sociales más importantes estén cerca de resolverse. Los homicidios descendieron un 15% entre 2023 y 2024, pero aumentaron drásticamente este año. Solo en los primeros dos meses de 2025 se registró un 72% más de homicidios que en el mismo período de 2024. También hubo un aumento de secuestros y extorsiones, al punto de haberse naturalizado hasta volverse parte del funcionamiento cotidiano de los barrios y la vida social.

Sin presentar pruebas, Noboa ha acusado en reiteradas ocasiones a sus opositores políticos de ser narcos o de estar vinculados a ellos. Esto resulta preocupante, dado el debilitamiento del Estado de derecho y el aumento de las violaciones a los derechos humanos en el breve período que lleva en el poder.

En enero de 2024, declaró un estado de “guerra interna”, que utilizó para gobernar principalmente por decreto, extendiendo el estado de emergencia durante 240 días y suspendiendo las garantías constitucionales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han venido documentando casos de tortura, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Noboa se mantuvo firme en desestimar estas acusaciones y respaldar a las Fuerzas Armadas.

Noboa fue uno de los tres jefes de Estado que participó de la asunción de Donald Trump. El 29 de marzo visitó el complejo de Mar-a-Lago y publicó una foto junto a su esposa, Lavinia Valbonesi, y el presidente Trump. No se informó de ninguna conversación entre ambos mandatarios.

El resultado de la primera vuelta electoral del 9 de febrero pasado terminó en un virtual empate, con un 44,17% para Noboa y un 44% para González, que dio lugar a un balotaje, ya que ninguno retuvo la mayoría de los votos. Noboa denunció que hubo “muchas irregularidades” en el proceso electoral sin presentar pruebas. Sus acusaciones fueron refutadas por declaraciones unívocas de las delegaciones observadoras de la OEA y de la UE. La situación despertó inquietudes sobre la posibilidad de que, en caso de perder, Noboa intentara impulsar una narrativa de fraude electoral similar a la que promovió Donald Trump en 2020. Será clave que los observadores, los gobiernos y las instituciones comprometidas con la democracia electoral se mantengan en alerta.

Greg Grandin es profesor de Historia en la Universidad de Yale, donde ocupa la cátedra Peter V. and C. Vann Woodward. Es autor, entre otros libros, de El fin del mito, que recibió el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020.

Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy (Oxford University Press).