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Introducción

Colombia celebrará sus elecciones presidenciales el 31 de mayo de 2026, con una posible segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta. Tres candidatos encabezan la contienda presidencial: Iván Cepeda, del mismo partido de izquierda que el actual presidente Petro; Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo público; y Paloma Valencia, senadora de derecha respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

En 2022, los colombianos eligieron a Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto de ese año como el primer presidente de izquierda en la historia moderna del país. La elección tuvo lugar en un contexto de recuperación tras la pandemia de COVID-19, que afectó a Colombia con particular dureza. La pandemia empujó a millones de colombianos a la pobreza extrema. En 2020, pese a tener el mismo ingreso per cápita que Brasil, un país con una población cuatro veces mayor, Colombia registraba un número mayor de personas viviendo en situación de pobreza extrema.

Si bien gran parte de la campaña se ha centrado en las distintas estrategias de los candidatos para poner fin al prolongado conflicto armado del país, las encuestas han mostrado de manera consistente que la economía, el desempleo y las necesidades básicas siguen siendo las principales preocupaciones del electorado. En los últimos meses, Petro ha visto aumentar sus niveles de aprobación hasta alcanzar su punto más alto en años, un cambio atribuido en gran medida a la expansión de los programas sociales del gobierno y a los incrementos del salario mínimo. Esas políticas —y el giro iniciado con la elección de 2022— están en juego en los próximos comicios.

Este documento analiza los resultados y las decisiones de política pública del gobierno de Petro en el contexto de las próximas elecciones. La elección de 2022 marcó un cambio importante en la trayectoria económica de Colombia. Desde entonces, el gobierno ha incrementado el gasto social en más de 1 punto porcentual del producto interno bruto (PIB), ha aumentado el salario mínimo en un promedio de casi 9 % anual en términos reales, ha formalizado y redistribuido más tierras que cualquier otro gobierno reciente y ha intentado aumentar la recaudación mediante políticas tributarias progresivas. Como resultado, el país ha registrado una caída histórica en las tasas de pobreza, mientras que el consumo de los hogares ha sostenido el crecimiento económico. No obstante, una política monetaria excesivamente restrictiva (definida por un banco central autónomo e independiente del poder ejecutivo) y el deterioro de las condiciones externas han pesado considerablemente sobre el país.

La agenda del gobierno de Petro y su implementación

El gobierno de Petro asumió el poder con la promesa de abordar la pobreza estructural y la desigualdad del país mediante una reforma tributaria progresiva y la ampliación de los programas sociales. Uno de sus primeros logros significativos fue la aprobación de una reforma tributaria en 2022. La reforma incrementó la recaudación al elevar los impuestos sobre las personas de altos ingresos y los dividendos, reducir el trato tributario preferencial de las empresas petroleras y mineras, y desplazar una mayor carga tributaria hacia contribuyentes y sectores con mayor capacidad de pago. Los esfuerzos posteriores por aumentar aún más los ingresos —incluidas nuevas propuestas de financiamiento y medidas de emergencia— enfrentaron una resistencia mucho mayor, como se analiza con más detalle a lo largo de este informe; sin embargo, la reforma tributaria siguió siendo uno de los logros más claros del gobierno.

El gobierno también elevó de manera significativa el salario mínimo, al entender el aumento de los ingresos laborales no solo como una medida de protección para los trabajadores, sino también como una forma de fortalecer el poder adquisitivo y la demanda interna. Esto se complementó con la reforma laboral de 2025, aprobada tras un complejo proceso legislativo y en una versión más limitada que la propuesta original. La ley final restableció algunas protecciones laborales —entre ellas, límites al uso de contratos de corto plazo; mayores recargos por trabajo nocturno, dominical y en días festivos; y protecciones para trabajadores de plataformas digitales y aprendices—, aunque dejó fuera propuestas más ambiciosas relacionadas con la negociación colectiva, los derechos vinculados al cuidado y un contrato laboral rural diseñado para formalizar el trabajo agrícola estacional.

Asimismo, el gobierno reorganizó el sistema de transferencias monetarias de Colombia en torno a Renta Ciudadana, al sustituir una estructura más fragmentada por un esquema centrado en la pobreza extrema y los hogares vulnerables. El rediseño dio prioridad a hogares con niños, hogares encabezados por mujeres, personas con discapacidad y poblaciones históricamente excluidas. Esto se complementó con un mayor apoyo a las personas mayores a través de Colombia Mayor, incluido un aumento en el monto  de las transferencias y una ampliación de su cobertura, así como con la continuidad del apoyo a jóvenes de bajos ingresos mediante Renta Joven.

El gobierno de Petro también impulsó una reforma pensional que buscaba reemplazar el fragmentado sistema pensional público-privado de Colombia por un modelo de pilares, en el que Colpensiones —el fondo público de pensiones— y los fondos privados cumplirían funciones complementarias, en lugar de competir entre sí. En la práctica, esto ampliaría el papel del sistema público, mientras que los fondos privados funcionarían como complemento para los trabajadores de mayores ingresos. Aunque el Congreso colombiano aprobó la reforma en 2024, su implementación se ha retrasado debido a una revisión constitucional por cuestiones de procedimiento.

La reforma de la salud fue otra pieza central de la agenda social del gobierno, aunque finalmente no prosperó en el Congreso. La propuesta buscaba reducir el papel de las aseguradoras privadas en la gestión de los recursos públicos de salud, fortalecer los hospitales públicos y reorientar el sistema hacia un modelo de atención más preventivo y con mayor presencia territorial. El gobierno sostenía que el sistema existente generaba desigualdades significativas en el acceso, particularmente en zonas rurales y periféricas, y canalizaba importantes recursos públicos a través de intermediarios privados.

La agenda rural fue una de las expresiones más claras del esfuerzo del gobierno por abordar la desigualdad estructural. Centrada en la reforma agraria y vinculada al Acuerdo de Paz de 2016, combinó la compra, formalización, restitución y entrega de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como a víctimas del conflicto. Más allá de la redistribución, la estrategia buscaba ampliar el acceso a activos productivos, mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra, promover la soberanía alimentaria y fortalecer la presencia del Estado en zonas rurales históricamente marginadas. También estuvo vinculada a un esfuerzo más amplio por apoyar la producción rural mediante el acceso al crédito, compras públicas, sustitución de cultivos en regiones cocaleras y un papel más activo del Estado en la comercialización agrícola. Para 2025, el gobierno había formalizado, adquirido o redistribuido más de 2.5 millones de hectáreas de tierra, lo que representó una aceleración significativa respecto de gobiernos anteriores. El gobierno también avanzó en la creación de la jurisdicción agraria destinada a resolver conflictos sobre la tierra con mayor rapidez y brindar seguridad jurídica. Aunque se aprobó un marco legal, su implementación sigue siendo limitada porque la ley que define su funcionamiento permanece bloqueada en el Congreso.

El gobierno también intentó vincular la economía popular con una estrategia más amplia de transformación productiva. A través del Pacto por el Crédito, buscó reorientar el financiamiento hacia la agricultura, la manufactura, la vivienda, el turismo, la economía popular y otros sectores prioritarios, con compromisos de la banca para canalizar importantes volúmenes de crédito hacia estas áreas. Si bien esto no logró superar formas más profundas de exclusión financiera, especialmente en zonas rurales, sí representó un esfuerzo por dirigir el crédito hacia sectores productivos y tradicionalmente desatendidos. Programas como ZASCA complementaron esta agenda mediante asistencia técnica, capacitación, maquinaria, vinculación con servicios financieros y acceso a mercados para pequeños productores, microempresas, trabajadores informales y unidades productivas comunitarias. Junto con la Política Nacional de Reindustrialización y la agenda de transición energética, estos esfuerzos buscaban diversificar la producción, fortalecer las economías regionales y reducir la dependencia de las rentas extractivas.

Este enfoque territorial también se extendió a la descentralización fiscal. El gobierno respaldó una reforma significativa del Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo mediante el cual el gobierno central transfiere recursos a municipios y departamentos. Aprobada en 2024, la reforma incrementa gradualmente la proporción de los ingresos corrientes de la nación transferidos a los gobiernos locales, de aproximadamente 25 % a 39.5 % en un período de 12 años, lo que representa el mayor avance en descentralización fiscal desde la Constitución de 1991. La reforma busca ampliar la capacidad de los gobiernos locales para financiar servicios esenciales como salud, educación, agua y saneamiento. Según informes de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la inversión pública per cápita en 2024 tuvo un mayor impacto en departamentos económicamente rezagados, en línea con el objetivo declarado del gobierno de reducir las disparidades regionales. La inversión departamental aumentó 4 % en términos reales entre 2023 y 2024, con algunos de los mayores incrementos registrados en territorios históricamente marginados como Vaupés (43 %), Arauca (27 %), Chocó (26 %) y La Guajira (24 %).

Las secciones restantes de este informe analizan los resultados en una serie de indicadores sociales y económicos.

Pobreza

Uno de los aspectos más notorios del desempeño económico reciente de Colombia ha sido la mejora en los indicadores sociales. Como se muestra en la Figura 1, la pobreza monetaria se redujo de manera significativa después de 2022, tras haber retornado a su nivel previo a la pandemia. En Colombia, la pobreza se mantuvo estancada durante seis años antes de aumentar bruscamente durante la pandemia; sin embargo, desde 2022, la pobreza monetaria disminuyó en 13 %, mientras que la pobreza monetaria extrema se redujo en aproximadamente 15 %, lo que significó que cerca de 2.2 millones de personas salieran de la pobreza y alrededor de 1 millón dejara de estar en situación de pobreza extrema.¹

Un patrón similar se observa en la pobreza multidimensional, que mide privaciones en dimensiones como educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo, y ofrece una medida más amplia del bienestar más allá del ingreso. Esta se redujo en aproximadamente 23 % entre 2022 y 2025, y alcanzó por primera vez un nivel de un solo dígito en la serie histórica disponible. En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza multidimensional pasó de 6.6 millones en 2022 a 5.2 millones en 2025. Esto significa que alrededor de 1.38 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en un período de tres años, de las cuales 793,000 lo hicieron solo en 2025.

La reducción fue particularmente notable en las zonas rurales de Colombia, donde la pobreza multidimensional cayó de 27.3 % en 2022 a 22.4 % en 2025. Algunos de los indicadores asociados también mejoraron más que en el período comparable previo a la pandemia. El ejemplo más claro es el acceso al agua: la proporción de hogares rurales sin acceso a una fuente mejorada de agua pasó de 37.3 % a 30.7 % entre 2022 y 2025, después de haber aumentado de 36.5 % a 41.2 % entre 2016 y 2019. La calidad de la vivienda, la cobertura de aseguramiento en salud y el desempleo de larga duración también mejoraron en estas zonas a partir de 2022, tras períodos anteriores de estancamiento o deterioro. Aunque la pobreza rural sigue siendo considerablemente más alta que en las zonas urbanas, la magnitud de la reducción reciente sugiere avances importantes en territorios históricamente desatendidos.

Figura 1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Pobreza monetaria.

Ingreso y empleo

La marcada reducción de la pobreza probablemente se vio favorecida por un fuerte aumento de los ingresos laborales en los sectores de menores ingresos. Como se muestra en la Figura 2, el reciente incremento del salario mínimo representa una clara ruptura con la tendencia observada durante la década anterior. Entre 2012 y 2022, el salario mínimo real aumentó alrededor de 9 %, es decir, 0.9 % anual. En cambio, entre 2022 y 2026, el salario mínimo real aumentó aproximadamente 39% —casi 9 % anuales.

Figura 2

Fuente: Cálculos de los autores a partir de las series históricas del Banco de la República y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE.

Estos aumentos salariales no estuvieron acompañados de un deterioro visible del mercado laboral. Por el contrario, el desempleo se redujo significativamente: con una tasa de 8.8 % en marzo de 2026, registró el nivel más bajo para ese mes desde 2001 en la serie disponible, frente a 12.1 % en marzo de 2022 y 11.2 % en marzo de 2019. Esta reducción no se debió a una salida de trabajadores desempleados de la fuerza laboral: la tasa de participación laboral se situó en 65 % en marzo de 2026, frente a 63.5 % en marzo de 2022 y 64.9 % en marzo de 2019. La informalidad también disminuyó, al pasar la tasa nacional de empleo informal de 59.1 % en marzo de 2022 a 55.6 % en marzo de 2026.

Estas tendencias coinciden con una amplia literatura económica que muestra que aumentos significativos del salario mínimo no necesariamente reducen el empleo ni incrementan la informalidad. En el caso de Colombia, el aumento de los ingresos entre los trabajadores de menores ingresos también pudo haber fortalecido la demanda de bienes y servicios ofrecidos por pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y negocios informales, particularmente en sectores como el comercio minorista, el transporte, la alimentación y los servicios locales. Esto podría contribuir a explicar por qué el rápido aumento real del salario coincidió con una caída del desempleo y de la informalidad, en lugar de traducirse en un deterioro del mercado laboral.

La combinación de mayores ingresos laborales, menor desempleo y una reducción de la informalidad también se reflejó en cambios más amplios en la estructura social de Colombia. La proporción de la población perteneciente a la clase media aumentó de 29.9 % en 2022 a 34.4 % en 2024. Al mismo tiempo, la proporción de personas en situación de pobreza se redujo de 36.6 % a 31.8 %. Los datos de las encuestas de hogares refuerzan esta interpretación. Entre 2023 y 2024, el crecimiento del ingreso real per cápita fue más pronunciado en la parte media de la distribución del ingreso: el 60 % de ingresos intermedios (quintiles 2 al 4) creció en promedio 5.5 %, en comparación con 2.9 % en el quintil más bajo y 3.5 % en el quintil más alto.

Gasto social

La reciente reducción de la pobreza probablemente no puede explicarse únicamente por las mejoras en el mercado laboral. A medida que la inflación cedió tras el aumento registrado en años previos, el poder adquisitivo de los hogares comenzó a recuperarse, particularmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes esenciales (véase la Figura 6).

A partir de 2023, y con una implementación más completa en 2024, el gobierno reorganizó el sistema de transferencias sociales de Colombia —que incluye apoyos tanto monetarios como en especie— bajo un nuevo marco coordinado por Prosperidad Social. El principal cambio fue la creación de Renta Ciudadana como el programa central dirigido a hogares pobres y vulnerables. Este programa absorbió y rediseñó el esquema de transferencias a hogares previamente asociado con Familias en Acción, aunque con criterios de elegibilidad más amplios y transferencias de mayor monto.

Bajo Familias en Acción, el apoyo estaba dirigido principalmente a hogares pobres con niños y estaba condicionado al cumplimiento de requisitos de asistencia escolar y salud. Bajo Renta Ciudadana, el gobierno adoptó un modelo más diferenciado, al dar prioridad a hogares en pobreza extrema, especialmente aquellos con niños, hogares encabezados por mujeres, hogares con personas con discapacidad y comunidades históricamente excluidas, incluidas poblaciones indígenas y afrocolombianas. Las transferencias pasaron de aproximadamente 160,000 pesos cada dos meses bajo Familias en Acción a un máximo de 500,000 pesos bajo Renta Ciudadana, con pagos más frecuentes (aproximadamente cada 45 días).

En 2024, el apoyo no contributivo para las personas mayores también se amplió de manera significativa a través de Colombia Mayor, un programa de larga trayectoria que se fortaleció durante el gobierno actual. La cobertura pasó de alrededor de 1.7 millones de beneficiarios a aproximadamente 2.8 millones a inicios de 2026, con la meta de alcanzar cerca de 3 millones. Al mismo tiempo, las transferencias mensuales aumentaron considerablemente, de alrededor de 80,000 pesos a aproximadamente 230,000 pesos, mientras que la reforma pensional más amplia seguía pendiente de revisión ante la Corte Constitucional.

Como muestra la Figura 3, el gasto público social como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia hasta alcanzar casi 17 %, impulsado en gran medida por la caída del PIB. Sin embargo, tras haber caído por debajo de su nivel prepandemia en 2022, el gasto social aumentó significativamente en 2023 y 2024 en 1.2 puntos porcentuales del PIB, impulsado principalmente por el gasto en protección a la vejez y en salud, además de recursos adicionales destinados a áreas como vivienda y programas de mercado laboral.

Figura 3

Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos del gasto público social del DANE (clasificación SOCX, precios corrientes) y de las cuentas nacionales anuales del DANE (PIB, precios corrientes).

El gobierno también impulsó medidas orientadas a abordar causas estructurales más profundas de la desigualdad, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde la concentración de la tierra se ha mantenido durante décadas entre las más altas del mundo. Según la Agencia Nacional de Tierras, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el gobierno formalizó cerca de dos millones de hectáreas para comunidades campesinas y étnicas, frente a aproximadamente 1.07 millones durante el gobierno de Iván Duque y 265,000 durante el de Juan Manuel Santos. En el mismo período, se entregaron más de 286,000 hectáreas, una cifra muy superior a los totales registrados en los dos gobiernos anteriores. Si bien estas reformas son graduales por naturaleza, un mayor acceso a la tierra y una mayor seguridad en la tenencia podrían contribuir a reducir en el largo plazo la persistente pobreza rural y la desigualdad.

La agenda de tierras y la ampliación de los programas de transferencias formaron parte de un esfuerzo más amplio por abordar la desigualdad en los territorios donde históricamente ha estado más arraigada: en la Colombia rural y periférica. Un cambio similar se observó en la distribución geográfica de la inversión pública. La proporción de la inversión del presupuesto nacional dirigida directamente a municipios aumentó de 6 % antes de Petro a 41 % durante su gobierno, mientras que el número de municipios que recibieron inversión focalizada directa pasó de 210 durante el gobierno de Duque a 1,036 durante el de Petro, es decir, casi la totalidad de los 1,103 municipios de Colombia. Esto representó una ruptura importante con la tradicional concentración de recursos en los grandes centros urbanos y en las regiones mejor conectadas, al dar mayor prioridad a territorios más pobres e históricamente desatendidos.

Crecimiento e inversión

La evolución reciente del crecimiento económico de Colombia se entiende mejor como una normalización después de la volatilidad excepcional de los años de pandemia. El crecimiento real del PIB alcanzó 10.8 % en 2021 y 7.3 % en 2022, en un contexto de recuperación de la contracción de 2020 provocada —como en gran parte del mundo— por las medidas de contención frente al COVID-19. Una vez que ese rebote perdió fuerza y las condiciones macroeconómicas se endurecieron, el crecimiento se desaceleró marcadamente hasta 0.7 % en 2023. Desde entonces, la actividad económica ha ido recuperando gradualmente dinamismo, con un crecimiento de 1.7 % en 2024 y 2.6 % en 2025. El PIB per cápita aumentó 2.0 % en 2025, la tasa de crecimiento per cápita más alta de la última década (excluidos los años de rebote pospandemia), y el FMI proyecta un crecimiento de 1.7 % en el PIB per cápita para 2026.

La composición de ese crecimiento es particularmente importante. Como muestra la Figura 4, el consumo de los hogares ha sido el motor más constante del crecimiento del PIB en los últimos años. Incluso durante la desaceleración, el consumo privado siguió contribuyendo positivamente: 0.4 puntos porcentuales en 2023, 1.3 puntos en 2024 y 2.8 puntos en 2025. Los fuertes aumentos del salario mínimo en términos reales, combinados con la caída de la inflación y la reducción del desempleo, fortalecieron el poder adquisitivo de los hogares y ayudaron a sostener la demanda a pesar de la debilidad de la inversión. Las remesas y la ampliación de las transferencias probablemente también contribuyeron a sostener el consumo de los hogares, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

Figura 4

Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos trimestrales del PIB del DANE.

En contraste, la inversión ha sido el componente más débil de la demanda. Después de haber contribuido de manera importante durante el rebote de 2021–2022, la formación bruta de capital se convirtió en un importante freno al crecimiento en 2023, al restar 3.3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Esto reflejó una contracción prolongada de la formación bruta de capital fijo, que fue negativa en todos los trimestres de 2023 y se mantuvo débil durante la mayor parte de 2024. La inversión solo aportó modestamente al crecimiento en 2024 y 2025. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento general se ha mantenido relativamente bajo a pesar de una demanda de los hogares más sólida.

La Figura 5 muestra que esta debilidad se explica principalmente por el sector privado, más que por un colapso de la inversión pública. La formación bruta de capital fijo total cayó de 19.1 % del PIB en 2022 a 16 % en 2025. En el mismo período, la inversión privada disminuyó de manera más pronunciada, pasando de 16.4 % a 13.4% del PIB, mientras que la inversión pública se mantuvo comparativamente estable en torno a 2.6 % del PIB. En otras palabras, la reciente debilidad de la inversión parece explicarse principalmente por una menor formación de capital privado, en línea con las condiciones monetarias restrictivas que se analizan a continuación.

Figura 5

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cuentas institucionales trimestrales y datos trimestrales del PIB del DANE

En conjunto, estos patrones sugieren que el desempeño económico reciente de Colombia ha sido sostenido por la resiliencia de los hogares, mientras que la debilidad de la inversión ha seguido siendo la principal restricción para un mayor crecimiento. Esta distinción es central para evaluar los debates actuales de política económica: el principal desafío no ha sido la falta de demanda de consumo, sino la dificultad de reactivar la inversión productiva en un contexto de política monetaria restrictiva.

Política monetaria

Uno de los principales condicionantes del desempeño económico reciente de Colombia ha sido la política monetaria. Mientras el poder ejecutivo define las prioridades fiscales, las decisiones sobre las tasas de interés recaen de manera independiente en el Banco de la República. En principio, este arreglo institucional busca proteger la estabilidad de precios. En la práctica, sin embargo, la política monetaria también influye en el crecimiento, la inversión, el empleo y las condiciones de financiamiento público, lo que hace que sus consecuencias distributivas y macroeconómicas sean muy relevantes.

Como muestra la Figura 6, el Banco de la República elevó fuertemente las tasas de interés después de que la inflación se disparara en 2022–2023 y las mantuvo en niveles elevados incluso cuando la inflación comenzó a descender. En marzo de 2026, la junta directiva volvió a aumentar la tasa de política monetaria, manteniéndola en niveles de dos dígitos pese a que la inflación anual ya había caído a alrededor de 5 %. Esto dejó a Colombia con una de las tasas de política monetaria más altas de la región, muy por encima de países como Chile, Perú, México y Costa Rica, y solo por debajo de Brasil entre las economías más grandes de la región, país en el que las tasas de interés históricamente han estado entre las más altas del mundo.

Figura 6 

Fuente: Serie de tasas de política monetaria del Banco de la República e índice de Precios al Consumidor (variación anual) del DANE.

Las tasas de interés elevadas afectan la economía a través de varios canales. Para los hogares, aumentan el costo de las hipotecas, el crédito de consumo y otras formas de endeudamiento. Para las empresas, elevan los costos de financiamiento, reducen los rendimientos esperados de nuevos proyectos y pueden desalentar la contratación y la formación de capital. Estos efectos son especialmente relevantes en el contexto reciente de Colombia, donde el consumo de los hogares ha mostrado resiliencia, mientras que la inversión se ha mantenido comparativamente débil. En ese sentido, la política monetaria restrictiva parece haber frenado de manera desproporcionada la recuperación a través de su impacto sobre la inversión privada.

En las economías emergentes, las tasas de interés elevadas suelen justificarse como necesarias para estabilizar el tipo de cambio y reducir las presiones de depreciación. Esas preocupaciones son reales: cambios en las condiciones financieras globales, incluidas tasas de interés más altas en Estados Unidos y cambios en la percepción de los inversionistas, pueden reducir el margen de maniobra de la política económica interna. Sin embargo, esa lógica parece menos convincente en el contexto reciente de Colombia, donde el peso se mantuvo relativamente fuerte durante buena parte de 2024–2026 y se ubicó entre las monedas con mejor desempeño de la región en 2025, solo por detrás de Paraguay. En esas circunstancias, tasas de interés muy elevadas implican costos y beneficios importantes. Pueden ayudar a contener la inflación al fortalecer la moneda y reducir el costo de los bienes importados, pero también pueden debilitar la competitividad de las exportaciones, reducir el valor en moneda local de los ingresos denominados en moneda extranjera y frenar la demanda interna.

Cuando la inflación está impulsada principalmente por choques de oferta, mayores costos importados o ajustes en precios administrados, una política monetaria más restrictiva no puede resolver directamente la fuente original de las presiones inflacionarias. Su principal efecto interno es contraer la demanda al encarecer el crédito. Análisis recientes del FMI han señalado algo similar en el caso de choques temporales en los precios de la energía: ningún banco central nacional puede reducir los precios internacionales de las materias primas mediante aumentos en las tasas de interés. El FMI también ha subrayado que los recientes choques de oferta han elevado simultáneamente la inflación y desacelerado la actividad económica, haciendo más compleja la disyuntiva entre estabilidad de precios y actividad económica.

Política fiscal y deuda

La situación fiscal de Colombia en los últimos años ha estado determinada por elevadas obligaciones de servicio de la deuda heredadas del gobierno anterior, compromisos rígidos de gasto y condiciones externas de financiamiento, muchos de ellos asociados con medidas adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, la estabilización de la trayectoria fiscal del país se ha visto obstaculizada por repetidos reveses en la agenda de política fiscal del gobierno después de la reforma tributaria de 2022, entre ellos el rechazo de proyectos de reforma posteriores y la anulación de un decreto clave de emergencia económica.

Como muestra la Figura 7, las cuentas fiscales mejoraron en 2023: los ingresos totales alcanzaron 18.7 % del PIB, mientras que el déficit fiscal total se redujo a 4.2 % del PIB y el déficit primario prácticamente desapareció. Sin embargo, incluso en ese año relativamente favorable, los pagos de intereses representaron 3.9 % del PIB. Parte de la mejora en el balance fiscal reflejó la reforma tributaria de 2022, una de las primeras grandes iniciativas de Petro, que aumentó la recaudación en alrededor de 1 punto porcentual del PIB al elevar los impuestos sobre los ingresos más altos y los dividendos, reducir los beneficios tributarios para las empresas petroleras y mineras, y trasladar una mayor carga tributaria a los contribuyentes de mayores ingresos.

Figura 7 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) de Colombia.

En 2024, los ingresos totales cayeron abruptamente de 18.7 % a 16.5 % del PIB, mientras que el déficit fiscal total se amplió hasta 6.7 % del PIB y el déficit primario (que no incluye el pago de intereses) alcanzó 2.4 % del PIB. Un factor central fue la caída en la recaudación del impuesto sobre la renta empresarial proveniente de los sectores petrolero y carbonífero, luego de que la reducción de los precios internacionales de las materias primas disminuyera las utilidades gravables. Los pagos de intereses también aumentaron hasta 4.4 % del PIB —el nivel más alto en el período cubierto por los datos disponibles—, como resultado de mayores costos de endeudamiento y de una deuda que seguía siendo elevada y que se había acumulado durante los años de pandemia. La deuda pública bruta cerró en 61.3 % del PIB a finales de 2024, después de aumentar en 13.5 puntos porcentuales durante la pandemia (de 51.8 % del PIB en 2019 a 65.3 % en 2020).

En 2025, el déficit primario alcanzó 3.6 % del PIB. Sin embargo, una parte importante de la presión fiscal que enfrenta el actual gobierno refleja el costo del servicio de la deuda contraída y los compromisos rígidos de gasto asumidos antes de que Petro asumiera el poder. Todo nuevo gobierno debe lidiar con los efectos persistentes de los gobiernos anteriores, pero Petro asumió el gobierno con compromisos presupuestarios y fiscales de considerable magnitud.

El gobierno subsidia la gasolina a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007. Desde 2022, el gobierno ha contabilizado los desembolsos del FEPC como gasto fiscal, mientras que anteriormente se clasificaban como deuda y no afectaban el balance fiscal. El gobierno de Petro buscó reducir gradualmente estos subsidios para aliviar las presiones fiscales; sin embargo, el costo siguió siendo significativo: 1.2 % del PIB en 2024 y 0.44 % del PIB en 2025. Además, el gobierno destinó alrededor de 0.25 % del PIB en 2024 y 2025 a subsidios adicionales para energía y gas.

El gobierno de Petro también pagó en su totalidad los 5.4 mil millones de dólares recibidos a través de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI durante la pandemia, bajo el gobierno de Iván Duque. El pago de ese préstamo al FMI, realizado en 2024 y 2025, representó un costo de alrededor de 0.6 % del PIB cada año. Además, la Corte Constitucional de Colombia anuló parte de la reforma tributaria de 2022, que habría reducido las deducciones tributarias de las que se beneficiaban las empresas petroleras y carboníferas. Esto ocasionó una reducción estimada de los ingresos tributarios de 0.2 % del PIB anual.

En 2024, como se mencionó anteriormente, el déficit primario fue de 2.4 % del PIB. Sin embargo, las obligaciones heredadas mencionadas previamente totalizaron 2.3 % del PIB, lo que explica casi por completo ese déficit. En 2025, estas obligaciones heredadas representaron más de 40 % del déficit primario.

En respuesta al deterioro de las condiciones fiscales, el gobierno presentó en septiembre de 2024 un nuevo proyecto de ley de financiamiento que incluía mayores impuestos para las personas de altos ingresos, un impuesto a las apuestas en línea y determinadas medidas ambientales y sectoriales, como un aumento del impuesto al carbono y nuevos impuestos sobre vehículos híbridos. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por el Congreso, donde el partido de Petro no contaba con mayoría. Un intento posterior de aumentar la recaudación mediante un decreto de emergencia económica también fue anulado por la Corte Constitucional a comienzos de este año.

En junio de 2025, el gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal de Colombia, con el argumento de que una senda de ajuste fiscal más gradual hasta 2027 era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica en un contexto de elevados costos de servicio de la deuda y altos niveles de endeudamiento público. La decisión, que enfrentó una importante resistencia política e institucional, reflejó un esfuerzo más amplio del gobierno por aliviar las restricciones que afectan sus compromisos de financiamiento y su agenda de política social. Establecida en 2011, la regla fiscal de Colombia fue diseñada para salvaguardar la sostenibilidad fiscal al establecer límites al déficit fiscal y a la acumulación de deuda. Sin embargo, este marco también restringe el margen fiscal, particularmente en períodos de elevadas obligaciones heredadas de servicio de la deuda, como ocurre en el contexto actual, en el que estos costos siguen por encima de los niveles previos a la pandemia.

Conclusión

La elección de Petro en 2022 representó una ruptura clara con la historia de gobiernos conservadores del país, y los resultados económicos y sociales de su gobierno reflejan ese cambio: una reducción drástica de la pobreza, una distribución de tierras sin precedentes en años recientes, un aumento del gasto social y un aumento significativo del salario mínimo en términos reales.

No obstante, estos avances se han visto limitados por una política monetaria excesivamente restrictiva, que ha frenado considerablemente la inversión privada y el crecimiento del PIB, así como por un Congreso que ha bloqueado varios de los esfuerzos de reforma más importantes del gobierno, incluida una reforma tributaria progresiva orientada a generar los ingresos necesarios y garantizar la continuidad de sus compromisos sociales.

Los principales candidatos que compiten por la presidencia representan visiones marcadamente distintas sobre el futuro del país, particularmente en materia de política económica y social. Iván Cepeda ha prometido preservar y profundizar buena parte de la agenda redistributiva y social de Petro, mientras que Paloma Valencia ha enfatizado el ajuste fiscal mediante la reducción del gasto y la expansión de la producción de petróleo y gas. También ha sido una de las principales opositoras a varias de las reformas emblemáticas de Petro, incluidas las reformas pensional y de salud, al sostener que amenazan la sostenibilidad fiscal y la estabilidad institucional.

Abelardo de la Espriella ha hecho campaña con una plataforma de derecha más radical, centrada en políticas de seguridad punitivas, la desregulación y una reducción sustancial del papel del Estado, inspirándose en la retórica del modelo de seguridad de “mano dura” de Nayib Bukele y en el estilo de reducción del Estado asociado a Javier Milei.

Los avances sociales alcanzados durante el gobierno de Petro están en juego en la próxima elección. Sin embargo, si Cepeda logra imponerse, probablemente será gracias a los beneficios concretos y significativos que muchos colombianos han experimentado durante el gobierno de Petro.