Lee el articulo original aqui. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en abril que iniciará una revisión de su controvertida política de sobrecargos. Esto abre una ventana de oportunidad clave para el movimiento mundial que ha tratado de descontinuar la política en los últimos años. Pero los defensores de los sobrecargos han recurrido a viejos argumentos refutados e, incluso, están considerando nuevas políticas que podrían obstaculizar una reforma significativa. Los sobrecargos son comisiones que el FMI cobra, encima de los intereses ordinarios y los costos de los servicios, a los prestatarios cuya deuda pendiente con el FMI supera un determinado umbral y/o un período determinado (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI?). Debido a que los sobrecargos solo se aplican a los prestatarios muy endeudados, la política ha sido criticada por regresiva y contraproducente, ya que castiga aún más a los países que ya soportan una carga de deuda aplastante. Ucrania, que actualmente se encuentra en medio de una guerra, y Pakistán, que en 2022 vio un tercio de su territorio inundado como consecuencia del cambio climático, son dos de los cinco países más afectados por los sobrecargos (véase el Observador de Verano de 2024). De acuerdo con las estimaciones de nuestra organización (el Center for Economic and Policy Research), el FMI cobrará a sus miembros USD 9.800 millones por sobrecargos durante los próximos cinco años. Se prevé que solo Ucrania pague USD 2.900 millones entre 2024 y 2033. Hoy en día 22 países, casi tres veces más que antes de la pandemia de Covid-19, se ven afectados por estas tasas. Once de estos países se consideran particularmente vulnerables al cambio climático, mientras que 12 tienen problemas de endeudamiento o corren el riesgo de padecerlos. El hecho de que el FMI esté llevando a cabo una revisión interna de la política es una prueba de la creciente presión mundial para suspender o eliminar los sobrecargos, incluyendo por parte de la sociedad civil internacional, los grupos de países en desarrollo del G77 y el G24 (véase el Dispatch Springs 2024), las Agencias de las Naciones Unidas, expertos en derechos humanos de la ONU, destacados economistas y, lo que es de particular importancia dado el papel descomunal de Estados Unidos en el FMI, el Congreso de Estados Unidos (véase el Observador de Primavera de 2022 y el de Verano de 2021). Pero una revisión por sí sola no es una garantía de avances y gran parte del discurso en torno a los sobrecargos, que se desarrollaron 40 años después de la creación del FMI y no están contemplados en su Convenio Constitutivo, se basa en premisas dudosas. Los defensores de la política sostienen que los sobrecargos desincentivan la dependencia excesiva del Fondo. Pero este argumento supone que la acumulación de deuda está impulsada por la falta de incentivos punitivos adecuados, e ignora que ya existe un importante desincentivo en los préstamos del FMI: la pérdida de soberanía económica resultante de las condicionalidades, que a menudo son de naturaleza procíclica. Por lo general, los países solo recurren al Fondo como último recurso. Una preocupación que probablemente esté motivando la resistencia a la reforma, principalmente por parte de los países ricos, es que los sobrecargos son una fuente importante de ingresos para los saldos preventivos del FMI, que están destinados a actuar como un amortiguador para protegerse contra posibles pérdidas. Teniendo en cuenta el actual poder de préstamos del FMI de USD 1 billón, es discutible que estas reservas, que el FMI pretende mantener en USD 25.000 millones, sean realmente necesarias. En cualquier caso, la meta de saldos preventivos del Fondo ya se vio afectada a principios de este año y se prevé que aumente aún más en los próximos años, incluso sin ingresos por sobrecargos. Entonces, ¿por qué obligar a los países altamente endeudados a seguir pagando sobrecargos? Los sobrecargos como fuente de financiación indirecta para el FFCLP: una lógica rota Algunos países pueden tener una motivación adicional para mantener los sobrecargos. Estados Unidos y otras economías avanzadas han discutido la posibilidad de canalizar los ingresos netos de los préstamos no concesionales del FMI al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), un servicio de préstamos concesionales para países de ingreso bajo que se espera que pronto enfrente un déficit de financiamiento debido a la expansión de la cartera y la disminución de las contribuciones de los países ricos. Normalmente, estos ingresos netos se destinarían al financiamiento adicional de los saldos preventivos. Si se desvía para otros usos, entonces se vuelve más difícil mantener los saldos sin depender de los sobrecargos. En efecto, los préstamos concesionales destinados a ayudar a los países de ingreso bajo se financiarían mediante un impuesto a algunos de los países en desarrollo más vulnerables y endeudados (en su mayoría de ingreso medio) a fin de compensar el fracaso de los países de ingreso alto de satisfacer las necesidades futuras de financiamiento del FFCLP. Estos mismos países de ingreso alto, por su parte, contribuyen a las condiciones que impulsan el endeudamiento al incumplir sistemáticamente sus compromisos en materia de ayuda y financiamiento para el clima en apoyo de los países en desarrollo. Los países ricos deberían aumentar sus contribuciones al FFCLP, pero si no están dispuestos a hacerlo, hay opciones mucho mejores que seguir recurriendo a los sobrecargos, como la venta o la revaluación de una fracción de las vastas reservas de oro sin explotar del FMI. Tal como ha expresado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, los sobrecargos van “exactamente en contra de lo que se supone que [el FMI] debería de hacer. Se supone que debería de estar ayudando a los países… no extrayendo rentas adicionales debido a sus necesidades urgentes”. Depender de los prestatarios más endeudados para financiar las reservas del Fondo nunca tuvo sentido – e incluso puede ser que viole el derecho internacional. Tiene aún menos sentido cubrir los déficits en las contribuciones de los países ricos con esta misma dependencia de los ingresos de los países altamente endeudados. Cuando el FMI lleve a cabo su revisión de la política de sobrecargos en los próximos meses, debería rechazar esta lógica fallida. La próxima revisión no debe ser simplemente un trámite, sino que debería incluir una evaluación exhaustiva y objetiva del impacto de los sobrecargos en las economías de los países y en los medios de subsistencia y el bienestar de la gente común. Se deberían examinar posibles alternativas al financiamiento de los saldos precautorios en el futuro. Y se debería considerar seriamente la interrupción completa de la política de sobrecargos. Cualquier otra cosa será una oportunidad perdida para una reforma significativa.