23 Junio 2008
11 de junio, 2008, Mark Weisbrot En inglés
La brecha entre Latinoamérica y Washington sigue creciendo
Por Mark Weisbrot
11 de junio de 2008, AlterNet
En inglés
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La cúpula de la política exterior de Washington – y muchos de los medios estadounidenses – fue sorprendida esta semana cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deberían abandonar las armas y liberar incondicionalmente a todos los rehenes. Las FARC son un grupo guerrillero que ha luchado por derrocar al gobierno colombiano por más de cuatro décadas.
El anuncio de Chávez no debió haber sorprendido a nadie, ya que lo había mencionado varios meses antes.
El 13 de enero, por ejemplo, Chávez dijo: “No estoy de acuerdo con la lucha armada y esa es una de las cosas que quiero hablar con Marulanda (jefe de las FARC que murió el pasado mes de marzo)”. Chávez también manifestó su oposición al secuestro y ha hecho numerosos llamados públicos a las FARC para que liberen los secuestrados.
Chávez también había explicado previamente que la lucha armada no era necesaria dado que ahora los movimientos de izquierda podían llegar al poder a través de elecciones, algo que era a menudo difícil o imposible en el pasado debido a la represión política.
La sorpresa entre los círculos políticos y medios estadounidense es el resultado de una concepción errada del reciente papel de Chávez en el conflicto colombiano. Comparemos: el ex presidente Jimmy Carter recientemente hizo un llamado a que Estados Unidos negocie con Hamas – grupo que es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y sus aliados en Israel y Europa. Carter no es un partidario de Hamas ni de la guerra armada. Sin embargo, se reunió con Hamas e hizo un llamado a negociar porque está tratando de promocionar un acuerdo de paz.
Lo mismo sucede con Hugo Chávez en el conflicto colombiano. Así es como los familiares de los secuestrados en manos de las FARC han percibido el papel de Chávez (incluyendo los contratistas militares estadounidenses). Así lo han percibido también los activistas colombianos antiviolencia, los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y la mayoría de los países de la región, e incluso en Europa. Ninguno de estos grupos (incluyendo las víctimas del secuestro de las FARC) o gobiernos son admiradores de las FARC. Ellos han apoyado enormemente los esfuerzos de Chávez incluyendo, pero no solamente, el éxito que obtuvo este año en lograr la libertad de seis rehenes en manos de las FARC.
Pero para Washington y sus aliados de derecha en Colombia, Chávez y las FARC se han convertido en camaradas en armas. Y los medios se han enfocado en dos o tres declaraciones positivas pronunciadas por Chávez con respecto a las FARC (fuera de las miles de horas de sus discursos) para describir a Chávez como un “acérrimo partidario de las FARC” (Time Magazine, 9 de junio). Ayer, la agencia de noticias, Associated Press, informó, falsamente, que desde hace cinco meses Chávez había estado “haciendo llamados a líderes mundiales para que apoyen su (de las FARC) lucha armada”*.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluso ha dicho que consideraría incluir a Venezuela en su corta lista de “estados patrocinadores del terrorismo”. Esto es improbable en un año electoral, dado que Venezuela es nuestro quinto mayor proveedor de petróleo y los republicanos ya están teniendo suficientes dolores de cabeza políticos debido a un precio de la gasolina que ya se ubica en 4 dólares por galón.
Durante al menos seis años el gobierno de Bush ha tratado de hacer parecer que Chávez y su gobierno han estado armando, financiando y de cualquier manera apoyando las FARC.
Hasta marzo de este año Washington no había presentado evidencia alguna, en forma de documentos o cualquier otro tipo, de tal apoyo. Los artículos de presna que contienen estos alegatos estuvieron por años basados en fuentes anónimas. Pero el 1 de marzo, el ejército colombiano bombardeó e invadió un campamento de las FARC en Ecuador y asesinó a más de una docena de personas. Entre estas personas se encontraba el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien también fungía como jefe negociador para la liberación de rehenes de alto perfil retenidos por las FARC y de algunos rehenes no combatientes. La incursión fue condenada por gobiernos de todo el hemisferio, excepto Estados Unidos y Colombia.
El ejército colombiano dice haber incautado ocho computadoras, incluyendo computadoras portátiles y memorias externas, durante el ataque. Desde marzo, el gobierno colombiano le ha presentando al público varios archivos que supuestamente fueron extraídos de estos equipos y afirmando que estos archivos y comunicaciones indican que el gobierno venezolano ha estado apoyando a las FARC.
El gobierno colombiano también alegó, sobre la base de estos archivos, que las FARC habían ayudado a financiar la campaña electoral de 2006 del presidente Rafael Correa. Tanto Venezuela como Ecuador han rechazado despectivamente las acusaciones. El presidente Correa ha argumentado que las computadoras y el equipo ni siquiera fueron encontrados en el campamento de las FARC.
El 15 de mayo la organización policial internacional, Interpol, publicó un informe que se consideró ampliamente como un documento que había “autentificado” los archivos del computador. Pero el informe es ambiguo. En una parte dice: “Interpol no descubrió evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión en los archivos de usuario de ninguna de las ocho computadoras incautadas a las FARC luego de su decomiso realizado el primero de marzo de 2008 por las autoridades colombianas”.
Esto no dice que los archivos no fueron alterados o modificados, sólo que Interpol “no descubrió evidencias” de que lo hubieran sido. Sin embargo, según expertos en seguridad de computadores, no es difícil alterar o añadir archivos sin dejar huellas. Los expertos con quienes he conversado quieren saber: ¿cómo decidió Interpol que ellos podían decir si los archivos habían sido modificados? Interpol no responde esta pregunta crucial en su informe de 102 páginas.
Aquí, en Washington, la tendencia es tomarle la palabra a Colombia. Sin embargo, estamos hablando de un ejército que, según el Washington Post, mata adolescentes en las áreas rurales y viste los cadáveres de guerrilleros. Eso sin mencionar que 30 congresistas aliados al presidente Uribe han sido arrestados y 32 más están bajo investigación por varios crímenes, incluyendo nexos con escuadrones de la muerte paramilitares.
Interpol debería ser una fuente más fiable debido a la limitada tarea que se le asignó. Pero las declaraciones de su jefe, Ronald K. Noble –un ex funcionario de la Tesorería (Ministerio de Finanzas) estadounidense – generaron preguntas sobre su imparcialidad en esta investigación. El 15 de mayo, Noble dijo a la prensa “estamos absolutamente seguros de que las computadoras que nuestros expertos examinaron vinieron de un campamento terrorista de las FARC (…) Nadie puede cuestionar si el gobierno colombiano modificó las computadoras incautadas a las FARC o no”.
La primera oración es particularmente poco apropiada, dado que Interpol no investigó ni suministró información alguna sobre el origen de las computadoras. La segunda oración parece exagerada, dado que el informe de Interpol reconoce que las autoridades colombianas no siguieron los procedimientos establecidos para manejar evidencia electrónica durante los dos primeros días.
Por supuesto, aún cuando los archivos que han sido selectivamente publicados por el gobierno colombiano fuesen auténticos – y realmente no tenemos idea de cuántos sean – aún suministran solamente el relato de los hechos según las FARC. Tal como lo dijo José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, al Congreso estadounidense el 10 de abril: “no hay evidencia, y ningún Estado miembro, incluyendo Estados Unidos, ha ofrecido a la OEA tal prueba” de que Venezuela “apoya grupos terroristas”.
Los archivos en sí no demuestran que Venezuela realmente le haya suministrado cualquier tipo de ayuda material a las FARC, aunque algunos describen supuestos encuentros con funcionarios venezolanos y promesas por parte de estos funcionarios.
El primero de junio, el presidente Correa pidió a la OEA investigar las acusaciones de Colombia con respecto a Ecuador, y la OEA aceptó. Muy probablemente la OEA, que ya no está controlada por Washington, dictaminará a favor de Ecuador. Colombia realmente no tiene argumento alguno contra Ecuador o Venezuela que pudiera sostenerse ante una corte o procedimiento legal.
Toda la controversia es una ilustración del gran abismo existente entre la mayoría de los países latinoamericanos, que ahora tiene gobiernos de centro izquierda, y la cúpula de política exterior de Estados Unidos. Para Latinoamérica, Chávez es un amigo e importante aliado que ha promocionado la integración y el crecimiento económico regional, incluso ayudando a crear nuevas instituciones para este propósito como el Banco del Sur y Unasur. Ha compartido una buena parte de la riqueza petrolera con sus vecinos, incluso ayudando a algunos de ellos a cumplir con sus promesas electorales y, de ese modo, contribuir a la democratización en la región. También ha tratado de promover una salida pacífica para el conflicto colombiano.
Chávez ha sido elegido democráticamente en repetidas ocasiones, y para la región su gobierno es tan legítimo como cualquier otro en el mundo. Para los líderes latinoamericanos estas consideraciones son mucho más importantes que cualquier diferencia que puedan tener con su retórica o estilo de confrontación con respecto a Estados Unidos que, después de todo, realmente apoyó un intento de golpe de Estado militar destinado a derrocar su gobierno elegido democráticamente en 2002.
Para Washington, Chávez es un demagogo peligroso, un generador de problemas “autoritario” que amenaza la democracia (concepto que a menudo se confunde con la influencia de Estados Unidos) y estabilidad en la región. Él debe ser aislado y a su gobierno se le debe deslegitimar, quizás al relacionarlo con “terrorismo” o presentándolo como un “dictador”. Pero no es sino Washington el que enfrenta un creciente aislamiento en el hemisferio.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
*Al poco tiempo después que se publicara este artículo, la agencia AP publicó esta corrección.
