•Press Release Latin America and the Caribbean
10 de septiembre, 2012
Investigadores realizaron extensas entrevistas con sobrevivientes, testigos presenciales, y oficiales del gobierno hondureño y estadounidense
Para publicación inmediata: 10 de septiembre, 2012
Contacto: Alexander Main, 202-293-5380 ext. 123 (EE.UU); Annie Bird, (504) 504-3351-1391(Honduras) | En Inglés
Washington, D.C.- Un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y Derechos en Acción (Rights Action) encontró profundas inconsistencias en las declaraciones de lo que aconteció el 11 de mayo de 2012 cuando cuatro personas murieron al recibir disparos en una operación antidrogas, en la cual agentes de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estuvieron involucrados en la región de La Moskitia en Honduras. El informe, llamado “Daños colaterales de una guerra contra la droga” fue publicado en agosto pasado y acaba de ser traducido al español. Los autores señalan que mientras oficiales del Departamento de Estado han dicho que la DEA sólo tuvo un “papel de apoyo”, las declaraciones de una gran cantidad de testigos presenciales describen a estadounidenses en uniformes con estilo del ejercito de EE.UU tomando un papel central durante la operación, y que oficiales de la embajada estadounidense han admitido que los agentes hondureños involucrados en estas operaciones conjuntas se reportan directamente a la DEA. El informe también describe en detalle las razones legítimas por las cuales cada una de las víctimas así como los demás pasajeros debían estar en ese lugar a altas horas de la madrugada —en contraste con las declaraciones de los funcionarios estadounidenses que indican que estas personas estaban involucradas en el tráfico de drogas.
“Lo que sale a la luz en este informe es una descripción preocupante de las familias miskitas atacadas en una emboscada al estilo militar” dijo Alexander Main de CEPR y co-autor del informe. “Los agentes del gobierno que estuvieron involucrados, al parecer tuvieron la disposición de ‘disparar primero, preguntar después’ y, como resultado, niños y mujeres —al menos una de las cuales estaba embarazada— fueron asesinados y heridos”.
El Informe concluye con una serie de recomendaciones para el gobierno estadounidense, incluyendo una suspensión de asistencia al Equipo de Respuesta Táctica (ERT) basada en la estipulación de derechos humanos en la asistencia de EE.UU a las fuerzas de seguridad extranjeras según la Ley Leahy. Aunque EE.UU decidió suspender la asistencia a la Policía Nacional Hondureña mientras investiga los vínculos pasados del jefe de la policía Juan Carlos Bonilla Valladares con escuadrones de la muerte, aún no esta claro si el ERT está incluido en la suspensión, ya que recibe “entrenamiento, dirección, y asesoramiento directamente de organismos de seguridad estadounidenses”. Sin embargo, fue el ERT el que estuvo involucrado en el incidente del 11 de mayo, y el cual, según los funcionarios hondureños y estadounidenses, fue responsable por las muertes a tiros de aquel día.
Principalmente, el informe está principalmente basado en entrevistas extensas con los sobrevivientes del tiroteo, y muchos testigos presenciales de una comunidad cercana, quienes dicen que ellos sufrieron palizas, humillaciones, amenazas, y un tratamiento brusco de estadounidenses uniformados durante las horas posteriores al tiroteo. Familiares de las víctimas dicen que los uniformados impidieron que pudieran ayudar a sus seres queridos que habían sido disparados. Otros en la comunidad dicen que los soldados robaron gasolina y otros artículos. Un hombre describió cómo fue forzado, a punta de pistola, a transportar cocaína a un helicóptero mientras que su madre se desangraba en un tronco en el río.
“EE.UU debe encontrar una manera de enfrentar su problema de drogas de tal forma que no transforme a comunidades indígenas en zonas de batalla,” comentó la co-autora del informe, Annie Bird de Rights Action.
El informe señala que la investigación del incidente llevada a cabo por las autoridades hondureñas parece tener graves demoras y importantes medidas investigativas, tales como entrevistas a testigos oculares, no se han llevado a cabo; si bien un ex-detective de la policía de EE.UU y empleado de la embajada estadounidense brinda apoyo al equipo de investigación. Agentes de la DEA que participaron en la operación del 11 de mayo no han sido interrogados, y tampoco se han llevado a cabo pruebas balísticas de sus armas.
El informe también analiza el impacto de la política de drogas de EE.UU en la región de La Moskitia, y concluye que la “La militarización y las tácticas de estilo militar aplicadas en las acciones de interceptación de tráfico de drogas están teniendo un impacto negativo sobre las comunidades miskitas y no están aportando resultados efectivos”.
El investigador Alexander Main, analista de política internacional en CEPR, y Annie Bird, Co-directora de la organización defensora de derechos humanos, Rights Action que tiene décadas de experiencia en Centro América, escribieron el informe basado en entrevistas realizadas en julio y otras investigaciones. Además de presentar detallados testimonios de testigos presenciales, declaraciones de oficiales de EE.UU, y descripción de evidencia clave, el informe también proporciona un resumen de la investigación por las autoridades hondureñas hasta este finales de julio, y las medidas legales que están siendo ejercidas por los sobrevivientes y sus familias.
