•Press Release Latin America and the Caribbean
17 de mayo, 2013
Para publicación inmediata: 17 de mayo, 2013
Contacto: Sara Kozameh, 202-293-5380, ext. 103
Washington, D.C.- Un año después de la muerte trágica de cuatro indígenas en el noreste de Honduras tras una operación antidroga en la cual participaron agentes policiales de Honduras y de la agencia antidroga DEA de Estados Unidos, un nuevo informe, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y Derechos en Acción (Rights Action) examina la investigación sobre el incidente realizado por el Ministerio Público de Honduras. El informe, originalmente publicado en inglés, y llamado “Todavía esperando justicia: Un diagnóstico de la investigación del Ministerio Público de Honduras sobre los asesinatos del 11 de mayo, 2012 en Ahuas, Honduras,” concluye que la investigación del Ministerio Público presenta defectos graves, incluyendo omisiones de testimonios claves de la policía hondureña que señalan que la DEA (Drug Enforcement Administration) estaba a cargo del operativo y podría tener la responsabilidad final por los muertos que ocurrieron. Las víctimas incluyeron dos mujeres (por lo menos una de ellas estaba embarazada), un hombre, y un adolescente de 14 años.
“La investigación y el informe oficial del Gobierno Hondureño sobre la muerte trágica e innecesaria de cuatro campesinos en Ahuas genera más preguntas que respuestas,” dijo el coautor del informe y analista de política internacional en CEPR, Alex Main. “El informe del Ministerio Público ni siquiera intenta establecer quién es el responsable final de los asesinatos. En vez, parece estar enfocado en absolver a la DEA de cualquier responsabilidad directa en los asesinatos, particularmente a través de omisiones de testimonios claves.”
“La investigación de los asesinatos fue, en el mejor de los casos, parcial, o en el peor de los casos, manipulada intencionalmente,” dijo Annie Bird, Co-directora de la organización defensora de derechos humanos, Rights Action. “En cualquiera de los casos, es sumamente preocupante que el Departamento de Estado y la DEA defiendan la investigación, a pesar de que un detective de la policía de Estados Unidos empleado por la embajada estadounidense debe haber estado bien al tanto de sus defectos.”
El informe de CEPR y Rights Action señala que los testigos presenciales de la comunidad y personal de la DEA, han informado que al menos un helicóptero del Departamento de Estado disparó hacia la embarcación que llevaba a las víctimas. Pero el informe señala que “el Ministerio Público falla al no mencionar ni uno de estos reportes. Por lo contrario, el reporte del ministerio repetidamente busca validar la noción de que todos los disparos que impactaron a las víctimas y al barco ocurrieron en el mismo plano horizontal, aunque la evidencia forense que está citada sugiere otra situación.”
El informe de CEPR y Rights Action señala: “Oficiales en el MP seguramente son muy conscientes de que si uno de los helicópteros está de cualquiera forma implicado en el tiroteo, entonces tanto la DEA- que supuestamente determina cuando las armas del helicóptero pueden ser usadas- como el Departamento del Estado- que es dueño de los helicópteros y contrata sus pilotos- están implicados también.”
El Departamento de Estado ha sostenido que la DEA sólo tuvo un “papel de apoyo” durante el operativo de Ahuas, una afirmación que no está ni contradicha ni confirmada por el informe del Ministerio Público sobre el incidente, aunque esa versión está insinuada fuertemente en las observaciones finales del informe.
El informe de CEPR y Rights Action también señala que el Gobierno de Estados Unidos no permitió a los investigadores hondureños cuestionar a los agentes estadounidenses que participaron en el operativo del 11 de mayo para ser interrogados, ni examinar sus armas ni las ametralladoras de los helicópteros.
El informe de CEPR y Rights Action concluye que lo que se encontró en el reporte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos “no nos dice mucho,” y no busca determinar si las víctimas estuvieron involucradas “de alguna forma en el narcotráfico” como han alegado oficiales hondureños y de Estados Unidos, ni cuál autoridad estaba a cargo del operativo.
Los autores piden que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo su propia investigación del incidente en Ahuas para mejor determinar lo que sucedió y para determinar qué responsabilidad, si alguna, agentes de la DEA tuvieron en los asesinatos. También recomiendan que el Gobierno de Estados Unidos deje de ser un obstáculo a una investigación ya defectuosa al hacer accesible a los investigadores hondureños a los agentes de la DEA las armas y los documentos— incluyendo el video completo de vigilancia aérea del operativo de Ahuas.
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