11 Junio 2020
Ethical Hacking informe | NEOTEC informe | Análisis de las elecciones de Bolivia en 2019
La Organización de Estados Americanos (OEA) regularmente organiza misiones de observación encargadas de monitorear elecciones en toda América Latina y el Caribe. Estas misiones, que proporcionan evaluaciones sobre la equidad, la fiabilidad y la transparencia de los procesos electorales, generalmente se llevan a cabo de manera relativamente imparcial y profesional. A veces, sin embargo, estas misiones han actuado de manera parcial y poco profesional y, como resultado, han socavado las instituciones democráticas del país anfitrión. Este fue el caso en Haití en 2010, cuando una Misión Especial de auditoría de la OEA recomendó controversialmente cambiar los resultados de las elecciones presidenciales del país, a pesar de no tener una justificación razonable para hacerlo.
Como lo demuestra este informe, las actividades de observación de la OEA en las elecciones generales de Bolivia en 2019 son el último ejemplo de una misión de observación profundamente problemática; cuya conducta deshonesta, parcial y poco profesional ha causado graves daños a la democracia del país.
En una serie de declaraciones e informes publicados entre finales de octubre y principios de diciembre, la OEA alegó que ocurrieron serias irregularidades durante el conteo de votos después de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, apuntando a que hubo una manipulación deliberada de los resultados que cambió el resultado final. En informes anteriores, el CEPR ha demostrado cómo los mismos datos en los que la OEA basó sus alegaciones contradecían claramente sus alegaciones. Jack Williams and John Curiel, dos investigadores a el Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), replicaron nuestros hallazgos y concluyeron que “no podemos encontrar resultados que conduzcan […] a la misma conclusión que la OEA”.
El presente estudio se centra principalmente en el “Informe Final” de la auditoría de las elecciones en Bolivia de la OEA y muestra cómo los autores de ese informe tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrados en su auditoría en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia. Es cierto que el Informe Final de la OEA identifica varios problemas reales de la gestión de las elecciones que deben abordarse; sin embargo, y a pesar de que afirme lo contrario, el Informe no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades alteraran el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo.
Este estudio no pretende validar los resultados electorales derivados de la votación del 20 de octubre, ni busca apoyar a un candidato o partido político en particular. Más bien, nuestro análisis se centra en las acciones de la OEA y en los informes públicos sobre las elecciones bolivianas. La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas, así como para otros procesos electorales en todo el hemisferio. Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019.
La conducta poco ética de la OEA en Bolivia ha tenido consecuencias profundamente perturbadoras. La narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover contribuyó a que Evo Morales, el presidente democráticamente electo, huyera del país —a bordo de un avión enviado por México— meses antes de que terminara su mandato; otros funcionarios —incluidos exmiembros de la autoridad electoral de Bolivia— yacen en la cárcel; y un Gobierno de facto no electo ha asumido el poder con el apoyo de los militares y ha desplegado una represión violenta de las protestas, una persecución de los opositores políticos y un cambio drástico en la política exterior.1
El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas para participar en las elecciones generales. A nivel presidencial, Evo Morales, el presidente en ejercicio, se postulaba a un controvertido cuarto mandato2, enfrentándose a una oposición fracturada, representada por ocho candidatos. Por invitación del Gobierno boliviano, la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE) para monitorear la votación.
Aproximadamente a las 7:45 p.m., la autoridad electoral del país —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— anunció resultados preliminares no vinculantes con el 83.85% de los votos procesados por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El margen del candidato Morales del Movimiento al Socialismo (MAS-ISPS) sobre su competidor más cercano, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, fue de 7.9 puntos porcentuales (por debajo del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para una victoria en primera vuelta).3 Luego, la transmisión de resultados preliminares se detuvo, aunque el proceso de conteo de votos oficiales, mucho más lento, continuó sin interrupciones. El TSE no proporcionó una explicación pública clara sobre el motivo de la detención, o si tenían la intención de continuar con el TREP (2019 fue la primera vez que se usó el TREP para una elección presidencial, pero en votaciones anteriores el TREP nunca procesó el 100% de votos).
Recuadro 1. Comprender los sistemas de transmisión de elecciones y resultados de Bolivia
Más de 7 millones de votantes registrados pudieron participar en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En los nueve departamentos del país hay 340 municipios y 3532 localidades, que corresponden a un nivel geográfico más estrecho. En estos lugares, las autoridades electorales establecieron 5131 recintos o centros de votación. Las autoridades electorales establecieron 165 centros de votación adicionales en el extranjeropara los bolivianos que viven fuera del país.
Cada recinto electoral contiene mesas de votación y cada mesa tiene seis jurados electorales que desempeñan un papel ciudadano obligatorio, similar al deber que tienen los jurados en el sistema judicial de Estados Unidos. En Bolivia, 207 322 ciudadanos fueron seleccionados al azar para ser miembros del jurado, y fueron capacitados un mes antes de las elecciones4.
Una vez concluida la votación, los trabajadores electorales cuentan las papeletas individuales y agregan los resultados en actas u hojas de recuento. Hay más de 34 000 actas correspondientes a las mesas de votación individuales dentro de los 5296 centros de votación.
Los seis miembros del jurado en cada centro de votación deben firmar la hoja de conteo. Los representantes de los partidos políticos también pueden estar presentes en los centros de votación. Cualquier persona u organización política puede monitorear el proceso de conteo de votos como observador.
Existen dos sistemas para la transmisión de los resultados. El primero es un recuento preliminar, no vinculante, conocido como Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Para el TREP, los operadores en el campo cuentan con un teléfono inteligente y una aplicación móvil, que utilizan para transmitir una foto de la hoja de conteo a un equipo de verificadores dentro del SERECI (el registro civil). Los operadores de campo también ingresan los resultados de la hoja de conteo en la aplicación móvil. Cuando los datos ingresados por el operador de campo y el verificador SERECI coinciden, la hoja de conteo se considera verificada y está disponible en línea. Debido a las limitaciones geográficas y las limitaciones de tiempo, el sistema TREP no está destinado a procesar el 100% de las actas u hojas de conteo.
El segundo sistema de conteo de votos es el recuento oficial (o Cómputo), que es legalmente vinculante según la ley boliviana. El recuento oficial es más completo y preciso, y lleva más tiempo. Para el Cómputo, las hojas de conteo se entregan físicamente a los tribunales electorales de cada departamento y luego se escanean manualmente en el sistema de Cómputo. En esta etapa, los funcionarios electorales también verifican el material electoral asociado, como las listas de votantes, para confirmar la validez de los resultados de las actas. Es el único sistema de conteo de votos legalmente válido,y el TSE lo utiliza para determinar y anunciar los resultados finales de las elecciones.
Las imágenes de las actas de ambos sistemas están disponibles en línea para cualquier persona que desee confirmar que la información en las actas físicas coincide con la información ingresada en el sistema. Asimismo, se encuentran disponibles en línea hojas de Excel con marcas de tiempo periódicas con los resultados detallados. Los partidos políticos también pueden asegurarse de que su copia de la hoja de conteo coincida con lo que se publica en línea. Esto facilita la comprobación de inconsistencias y la corrección rápida de cualquier error.
Si bien el TREP proporciona un total de votos preliminares, también sirve como un medio de protección contra el fraude. Con dos conjuntos de resultados, cada uno ingresado a través de procesos separados, es posible verificar los dos sistemas para verificar la precisión de los resultados.
A las 6:30 p.m. del día posterior a las elecciones, el TSE anunció los resultados actualizados del TREP con el 94.94% de los votos procesados. La ventaja de Morales había crecido a 10.15 puntos porcentuales, por encima del umbral para ganar en la primera ronda. Poco después, la MOE emitió un comunicado de prensa denunciando un cambio “inexplicable” en la tendencia de la votación que “modifica drásticamente el destino de las elecciones y genera una pérdida de confianza en el proceso electoral”. Los líderes de la oposición boliviana y muchos medios de comunicación interpretaron este cambio de tendencia como evidencia a primera vista de que se había producido un fraude.
Las protestas contra el presunto fraude electoral se extendieron por todo el país. Durante los días siguientes, los manifestantes atacaron las oficinas electorales departamentales, lo que resultó en la destrucción del material electoral original y la interrupción del proceso oficial de tabulación de votos. El 25 de octubre, el TSE anunció resultados oficiales que mostraron que Morales ganó en la primera vuelta con un margen de 10.56 puntos porcentuales, una cifra consistente con los resultados preliminares. La oposición y los que protestaban por un presunto fraude se negaron a reconocer estos resultados.
El Gobierno boliviano solicitó a la OEA que enviara un equipo de expertos para auditar los resultados y proporcionar claridad en medio de una creciente crisis política. Morales, cuyo mandato existente debía durar hasta el 22 de enero de 2020, acordó cumplir con las recomendaciones del equipo de auditoría de la OEA. El Gobierno boliviano y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, firmaron un acuerdo. El Grupo de Auditores (GA), bajo los auspicios del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, inició su trabajo en Bolivia el 31 de octubre.
El mandato del GA era verificar los resultados oficiales de las elecciones, incluso analizando la cadena de custodia del material electoral y evaluando los sistemas de tecnología de la información (TI) utilizados en los recuentos de votos preliminares (TREP) y oficiales (Cómputo)5.
La OEA publicó un informe preliminar sobre su auditoría el 10 de noviembre6, alegando vulnerabilidades significativas de seguridad en TI que podrían haber sido utilizadas para manipular los resultados, y reafirmando sus acusaciones anteriores sobre un cambio inusual en la tendencia de la votación. El informe preliminar recomendaba un nuevo proceso electoral con un nuevo TSE. Si bien Morales rechazó las acusaciones que sugerían un fraude, expresó su apoyo a la realización de unas nuevas elecciones. Sin embargo, ese día más tarde, Morales renunció bajo la presión del alto mando del Ejército del país, quien “recomendó” durante una conferencia de prensa que Morales renunciara. Morales recibió asilo político en México y actualmente se encuentra en Argentina, país que le ha otorgado el estatus de refugiado.
Bajo el Gobierno de facto ha habido un aumento en las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado, así como un incremento en la represión de protestas y activistas. Hasta la fecha de elaboración de este informe, el Gobierno de facto ha detenido a más de 40 funcionarios electorales, presuntamente involucrados en fraude electoral, y ha presentado cargos de sedición y terrorismo contra líderes del MAS, incluido Morales. Unas nuevas elecciones, con un nuevo TSE, están programadas para mayo de 2020; mientras el nuevo TSE invalidó la candidatura de Morales al Senado. La OEA se ha comprometido nuevamente a enviar una misión de observación para los próximos comicios.
La OEA publicó la versión final del Análisis de Integridad Electoral del grupo de auditores (denominado en adelante “Informe Final”) el 4 de diciembre de 2019.7 En un comunicado de prensa adjunto al Informe Final, la OEA declaró que hubo “manipulación intencional”8 e “irregularidades graves” que imposibilitaron validar los resultados electorales9. La auditoría concluyó: “Ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”.
El Informe Final contiene cinco hallazgos principales:
Los sistemas de transmisión (TI) tanto para los resultados electorales preliminares como para el conteo final fueron defectuosos y permitieron la manipulación.
El proceso para llenar las actas se vio empañado por irregularidades y falsificaciones que beneficiaron a un candidato.
La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no fuera manipulado y/o reemplazado.
El 4.4% final de las actas contenía un número elevado de “observaciones” u correcciones.
La tendencia del último 5% de los votos fue altamente improbable.
Los dos hallazgos finales se consideran piezas de “evidencia”. Las dos pruebas no son en sí mismas evidencia de fraude, sino que el GA las utiliza como indicadores de cómo podría manifestarse un posible fraude en los datos. Además, el Informe Final presenta una lista con cada hallazgo individual. Esta lista contiene 12 “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, 13 “irregularidades graves” y 7 “errores”. Al menos 14 de los 25 hallazgos más significativos se relacionan con el TREP no vinculante.
El presente estudio detalla las acciones de la MOE de Bolivia, de la DECO y del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y proporciona un análisis en profundidad del Informe Final de la OEA sobre los resultados de las elecciones bolivianas.
La primera sección de nuestro informe se centra en las afirmaciones falsas hechas por la MOE que contribuyeron en gran medida a una narrativa de fraude electoral en el período previo a la renuncia forzada de Morales. La MOE, en al menos tres ocasiones diferentes, afirmó públicamente que había un cambio inexplicable en la tendencia de votación, a pesar de existir una clara evidencia que contradecía lo expresado. El informe preliminar de la auditoría y el Informe Final reiteran esta afirmación falsa. Las acciones y declaraciones de la OEA jugaron un papel central en los eventos que llevaron a la salida forzada del presidente Evo Morales, y el Gobierno de facto ha utilizado declaraciones e informes de la OEA para justificar violaciones a los derechos humanos. Es importante considerar el Informe Final dentro de este contexto más amplio.
La segunda sección del presente documento proporciona una visión general de los estándares y principios internacionales de auditorías internacionales postelectorales y detalla estrategias de verificación postelectorales. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (International Foundation for Electoral Systems, IFES) advierte que, si bien estos tipos de auditorías pueden ayudar a restablecer la confianza en los resultados en medio de acusaciones de fraude, “deben usarse solo en circunstancias limitadas y de acuerdo a unas reglas claramente definidas”. Esta sección también analiza el único ejemplo previo que se tiene de una misión de auditoría de la OEA, el de 2010 en Haití, que no cumplió con los principios básicos de una auditoría y tuvo un impacto perjudicial a largo plazo en la democracia de ese país.
Las demás secciones de este estudio se centran específicamente en el Informe Final. Encontramos que el Informe Final es estadísticamente defectuoso y carece de metodología o estándares claros. Además, el Informe Final no reporta los resultados de los ejercicios de verificación del GA y entierra, omite o tergiversa hechos y datos que van en contra de sus conclusiones. Lejos de proporcionar una evaluación neutral e independiente que pueda proporcionar una mayor claridad en medio de un entorno altamente polarizado, el Informe Final representa un intento aparente por parte de la OEA de justificar sus acciones anteriores, incluidas sus repetidas afirmaciones falsas sobre un cambio de tendencia “inexplicable” después de la suspensión del TREP.
En última instancia, la responsabilidad de la gestión del sistema de resultados —tanto del TREP como del Cómputo— recae en los funcionarios del TSE y otros funcionarios electorales encargados de llevar a cabo los comicios. Ciertamente, el hecho de que el TSE no haya proporcionado una explicación pública clara de la decisión de detener el TREP contribuyó a la crisis electoral y a dañar la credibilidad de las elecciones. Sin embargo, el Informe Final no proporciona información esencial que pueda explicar la interrupción del TREP y restaurar cierta confianza en el proceso electoral. El Informe Final podría haber proporcionado claridad sobre estos eventos claves en las elecciones; sin embargo, sus autores optaron por ocultar y manipular información que se puede encontrar en fuentes públicas.
A pesar de afirmar lo contrario, el Informe Final no presenta evidencia de que la interrupción del TREP u otras vulnerabilidades de los sistemas de transmisión (o TI) hayan conllevado a una “manipulación intencional” de los resultados electorales. El Informe Final señala muchos problemas reales con la gestión de las elecciones, pero no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades alteraran el resultado de las elecciones o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo.
Hallazgo I: El Informe Final se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas. El Informe Final presenta dos piezas de “evidencia” que el GA usó para determinar el foco de su investigación. Ambos hallazgos son defectuosos.
El GA modifica la denuncia anterior realizada por la MOE respecto de un cambio de tendencia “inexplicable” luego de la suspensión del TREP con casi el 84% del voto procesado. En un informe anterior del CEPR, demostramos que no había un sustento estadístico para esta denuncia. En el Informe Final, el GA modifica esta alegación para centrarse en un cambio de tendencia “altamente improbable” en el último 5% de los votos. Pero los datos presentados en el Informe Final contradicen directamente este hallazgo. En lugar de mostrar un cambio de tendencia a favor de Morales, los datos revelan que el conjunto de votos a favor de Morales en realidad disminuyó en el 5% final del recuento en comparación con el 5% escrutado justo antes.
Los autores del Informe Final citan un elevado número de “observaciones” u correcciones que afectan los totales de votos presidenciales en las hojas de recuento (u actas) no incluidas en el TREP. Los autores no mencionan que las actas con correcciones complejas se colocan bajo “observación” durante el TREP y se espera que se les dé un mayor escrutinio en el Cómputo. No se incluyeron más de 1000 actas en el TREP debido a problemas con las imágenes o debido a correcciones. El elevado número de “observaciones” en las actas no incluidas en el TREP es, por lo tanto, normal y explicable.
Hallazgo II: El Informe Final entierra u omite por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que sean altamente relevantes. El mandato del grupo de auditoría de la OEA incluía verificar la precisión y legitimidad de las actas procesadas en los sistemas del TREP y de Cómputo. Sin embargo, el Informe Final entierra u omite por completo cualquier hallazgo relevante que contradiga su narrativa y muestre o explique adecuadamente la metodología utilizada.
El GA comparó las imágenes de las actas del sistema del TREP y del sistema oficial de Cómputo, y descubrió que el total de votos de cada candidato coincidía con las imágenes en el 99.8% de los casos. Esto indica que la entrada de datos en los sistemas coincide con los resultados registrados en las actas. El Informe Final solo menciona este hallazgo en la página 80 (de 95) y no explica su importancia.
Para verificar la autenticidad de las actas, el GA analizó los registros impresos originales de 894 actas de una muestra de 2863. No existe explicación sobre la metodología utilizada para seleccionar la muestra, ni para la elección de la submuestra analizada. El Informe Final establece que en 230 casos el material electoral original se había quemado o faltaba. Pero qué hay de los casos en que la OEA encontró el material electoral original, ¿verificaron los auditores esas actas? El Informe Final nunca menciona los resultados de su ejercicio de verificación a pesar de que esos resultados podrían ayudar a confirmar si hubo fraude o manipulación.
El factor más importante en la incapacidad del GA para verificar todos los resultados electorales fue el hecho de que el 23% de las hojas de conteo u actas se quemó durante los ataques a las oficinas electorales departamentales después del anuncio de los resultados preliminares. El Informe Final incluye la quema de material electoral en sus hallazgos de “manipulación intencional”, pero no menciona el contexto de estos ataques. En particular, no hay evidencia de que las autoridades electorales o el Gobierno de Morales hayan estado involucrados en la destrucción de este material. Por el contrario, toda la evidencia disponible sugiere que los manifestantes anti-Morales fueron responsables de la destrucción. El Informe Final no menciona esto y, en cambio, considera que toda la culpa radica en la falta de coordinación de seguridad entre las unidades policiales locales y las oficinas electorales, y la incapacidad de los funcionarios electorales para asegurar adecuadamente el material (lo que, aunque fuese cierto, no demostraría que hubo una “manipulación intencional” realizada por cualquiera de estas autoridades).
Hallazgo III: El Informe Final no presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales. Solo uno de los hallazgos del informe sobre “manipulación intencional” o “irregularidades graves” se relaciona con los resultados electorales reales. Este hallazgo es producto de una muestra sesgada y metodológicamente no representativa de las actas, y no parece relacionarse de ninguna manera con los problemas identificados con los sistemas de transmisión de resultados o sistemas de TI.
De una muestra no representativa de 4692 actas en las que el MAS tenía una abrumadora mayoría, el GA realizó un análisis de escritura e identificó como problemáticas 226 actas. Estas actas corresponden a 86 centros de votación donde una persona completó partes de dos o más actas. Los autores del informe consideran que esto es “un intento intencional y sistemático de manipular los resultados de las elecciones”. Para ser claros, el Informe Final no encuentra que la misma persona haya completado las 226 actas. Se alega que ninguna persona individual ha llenado parcialmente más de siete actas. El hecho de que un individuo haya llenado más de una acta tampoco indica que se violaran las reglas electorales. De acuerdo con el Artículo 49 de las Reglas de la Elección y las guías oficiales emitidas por el TSE, el único requisito es que estén las firmas de los trabajadores electorales y de los delegados de los partidos.
El Informe Final afirmó que todas las 226 actas con irregularidades beneficiaron al mismo candidato y que si el GA extendiera su análisis más allá de la muestra original, se encontrarían más irregularidades. El GA, sin embargo, solo analizó una muestra altamente sesgada y estadísticamente no representativa de las actas con un número abrumador de votos a favor del MAS. No hay nada que indique que las mismas irregularidades podrían encontrarse en otros lugares. El GA solo buscó irregularidades en una dirección. Si el GA extendiera su muestra a las áreas donde CC tuvo un buen desempeño, es muy probable que también hubiese encontrado irregularidades entre esas hojas de conteo.
El 78% de los centros de votación afectados tiene un tamaño muy pequeño, con cuatro o menos mesas de votación (las actas afectadas corresponden a estas mesas de votación). El Informe Final no tuvo en cuenta los factores sociodemográficos en su análisis. Incluso si estos son ejemplos de “irregularidades”, no indican intrínsecamente fraude o una manipulación “deliberada” de los resultados, como afirma el Informe Final. Es probable que esto esté relacionado con un fenómeno bien conocido: en áreas rurales y recintos de votación más pequeños, no es raro que una persona ayude con las actas. Esto puede ser especialmente común cuando las tasas de analfabetismo sean altas o donde un gran porcentaje de la población no hable español.
Basándonos en las comparaciones con resultados electorales anteriores y con actas no “irregulares” dentro de los mismos centros de votación o áreas cercanas, está claro que no hay nada sistemáticamente anormal sobre los resultados que aparecen en estas actas “irregulares”. Los resultados de las actas “irregulares” coinciden casi exactamente con los resultados encontrados en otras actas dentro de los mismos centros de votación. Esto indica que, incluso si son “irregulares”, tuvieron poco o ningún impacto en los resultados generales de las elecciones. Por lo tanto, es incorrecto decir que una de las partes se benefició de todas las “irregularidades”.
Dos tercios de las 226 actas identificadas fueron procesadas y publicadas en el sistema del TREP antes de la interrupción del TREP, lo que indica que estas actas “irregulares” no fueron alteradas después o durante la suspensión del TREP, que corresponde con el período durante el cual la MOE y el GA han centrado sus sospechas sobre la manipulación del recuento de votos.
Hallazgo IV: El Informe Final no presenta evidencia que indique que los problemas con el TREP, reales o supuestos, afectaron al Cómputo o que el Cómputo fue alterado de manera fraudulenta. En un intento por mostrar que las vulnerabilidades de seguridad que afectan al TREP también afectaron al Cómputo, tanto el informe preliminar sobre la auditoría como el Informe Final intentan vincular los sistemas del TREP y del Cómputo señalando la presencia de imágenes del TREP en el Cómputo. Esto es profundamente engañoso, ya que no hay evidencia de que estos dos sistemas estén incorrectamente vinculados.
Más del 90% de las imágenes del TREP presentes en el Cómputo corresponden a recintos de votación en el extranjero y cumplen con los procedimientos establecidos de la elección, como lo señala el Informe Final. Las imágenes del TREP restantes en el Cómputo corresponden a actas que se perdieron, que se dañaron o que fueron destruidos en protestas postelectorales, las cuales, como se dijo anteriormente, el Informe Final no pone en contexto. Estas actas se imprimieron, escanearon e introdujeron en el sistema de Cómputo, cortando así cualquier vínculo tecnológico no planificado entre los dos sistemas, contradiciendo lo que alega el Informe Final. El uso de imágenes del TREP no extranjeras en el Cómputo se debió a circunstancias extraordinarias e imprevistas. El Informe Final tergiversa estos hechos.
El Informe Final encuentra que la empresa responsable del sistema de Cómputo realizó ediciones directas en la base de datos del Cómputo, y sugiere que esto podría ser una prueba más de manipulación. Sin embargo, el GA no tiene en cuenta que estos cambios fueron monitoreados por una empresa de auditoría y se comunicaron a todas las autoridades y actores relevantes. El Informe Final no incluye un análisis de cuáles fueron estos cambios reales y si fueron legítimos o no, a pesar de tener un registro claro de cuáles fueron los cambios.
Hallazgo V: El Informe Final no proporciona claridad sobre la interrupción del TREP y, como resultado, perpetúa una narrativa falsa de fraude. Más de la mitad de las conclusiones del Informe Final sobre una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” se refieren al TREP preliminar no vinculante. Sin embargo, el informe no tiene en cuenta información esencial que proporciona una explicación muy plausible para la interrupción del TREP, apuntando a que se debió a un error humano y no a un juego sucio. En lugar de proporcionar claridad sobre este evento clave, el Informe Final usa un lenguaje vago e insinuaciones imprecisas y, al hacerlo, perpetúa la narrativa falaz de un fraude.
El Informe Final presenta información contradictoria relacionada con el TREP. Afirma que no había una razón técnicamente válida para detener el TREP, pero luego incluye más de una docena de hallazgos relacionados con problemas técnicos con el TREP que surgieron antes de su interrupción. Cuando la MOE presionó al TSE para que reiniciara el TREP el 21 de octubre, los funcionarios de la OEA estaban al tanto de muchos de los problemas técnicos que el Informe Final ahora alega como evidencia de “manipulación intencional”. Es desconcertante que la OEA presione al TSE para que tome medidas que luego condenará.
El Informe Final identifica la interrupción del TREP como un acto de “manipulación intencional”, pero no hace referencia al hecho de que Ethical Hacking, la empresa auditora cuyo análisis destaca el Informe Final, envió una alerta máxima al TSE justo antes de que se tome la decisión de detener el TREP. Aunque es muy probable que esta alerta máxima haya llevado al TSE a detener el TREP, el Informe Final no lo menciona.
El Informe final incluye la presencia de un servidor no supervisado (BO1) como un acto de “manipulación dolosa”, pero no tiene en cuenta que la identificación de dicho servidor fue el objeto de la alerta máxima de la empresa auditora. El Informe Final no hace referencia al hecho de que Ethical Hacking investigó el uso del servidor BO1 durante el tiempo en que se detuvo el TREP y concluyó que “no hubo alteración de los datos”. El Informe final, donde se cita la auditoría de Ethical Hacking varias veces, nunca menciona esto.
Guarachi, Ángel and Angélica Melgarejo. 2019. “El TSE sortea 207.330 jurados para vigilar el voto en elecciones generales de octubre.” La Razón, 20 Septiembre. http://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Sorteo-jurados-elecciones-generales-octubre-TSE-Bolivia_0_3224677513.html
Long, Guillaume. 2020. “El Gobinerno ‘provisional’ de Bolivia realiza cambios radicales en política exterior, y gana poderosos aliados.” Washington, DC: Center for Economic and Policy Research, 13 Febrero. https://cepr.net/el-gobierno-provisional-de-bolivia-realiza-cambios-radicales-en-politica-exterior-y-gana-poderosos-aliados/
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______. 2019c. “Análisis de Integridad Electoral: Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia: Informe Final.” http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
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