26 Julio 2007
24 de julio, 2007, Mark Weisbrot En inglés
Tenedores deuda argentina que no aceptaron canje intentan asustar a los ecuatorianos, con poco éxito
Por Mark Weisbrot
International Business Times, 24 de julio 2007
La semana pasada los ecuatorianos fueron expuestos, a través de los medios de comunicación, a un discurso por Robert Shapiro advirtiéndole al país que no siga el “ejemplo argentino” en cuanto a la deuda externa pública. El Sr. Shapiro es copresidente del Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (American Task Force for Argentina – AFTA). Esta organización representa a un grupo de tenedores de bonos que tienen aproximadamente 20 mil millones de dólares en deuda argentina.
Estos tenedores de deuda rechazaron el canje que Argentina negoció con casi el 75 por ciento de sus acreedores en 2005. Ellos esperan recibir más de lo que aquellos tenedores que sí aceptaron el acuerdo en 2005 obtuvieron, al cabildear al gobierno de Estados Unidos—en particular al Congreso—para que presione a Argentina.
Si la intención del Sr. Shapiro era asustar a los ecuatorianos por la posibilidad de que el gobierno ecuatoriano declare una moratoria sobre su deuda (default), claramente eligió un mal ejemplo. La moratoria sobre 100 mil millones de deuda pública que Argentina llevo a cabo—el incumplimiento de deuda soberana más grande en la historia—ha resultado mucho más exitosa de lo que casi nadie imaginó. Después del incumplimiento la economía argentina se contrajo por más o menos tres meses, pero después empezó a recuperarse y no ha parado de crecer rápidamente en más de cinco años. De hecho, en los últimos cinco años, la economía argentina ha tenido el crecimiento más rápido del hemisferio, con un promedio de más de 8,6 por ciento al año.
Este fenomenal crecimiento económico le ha permitido a Argentina sacar de la pobreza a más de nueve millones de personas. Hubiera sido difícil, o hasta imposible, lograr estos resultados sin antes haber borrado esta deuda—que representa casi dos tercios del total—de los libros y sin haber reestructurado el resto. La carga del servicio de la deuda le hubiera drenado recursos a la economía y desalentado la inversión al mantener un estado de incertidumbre sobre las finanzas del gobierno y la economía en general.
Cuando Argentina dejó de pagar su deuda, la mayoría de los expertos citados en los medios predecían que el país iba a pagar un precio muy alto por su decisión. El Fondo Monetario Internacional utilizó su poder para intentar forzar a Argentina a que negociara un acuerdo que fuera más favorable a los acreedores. Durante los años de negociación, la prensa internacional fue dominada por expertos que continuaban a predecir severas consecuencias para Argentina, incluso mientras la recuperación económica del país cogía fuerza.
Al final, resultó que estos expertos y la prensa de negocios que confió en ellos, se equivocaron por completo. Por supuesto, esto no quiere decir que Ecuador deba declarar una moratoria sobre su propia deuda pública. El nuevo gobierno ecuatoriano no ha anunciado ninguna moratoria, pero sí ha prometido poner los intereses de las personas que lo eligieron antes de los intereses de los tenedores de bonos. También ha prometido una auditoría completa sobre la deuda externa del país, para determinar qué parte de dicha deuda pueda ser ilegítima.
No hay nada incorrecto sobre estas decisiones. De hecho, actualmente existe en el Congreso estadounidense un proyecto de ley pendiente que requeriría que el Tribunal de Cuentas del Gobierno (Government Accountability Office – GAO) investigue el portafolio de préstamos de Estados Unidos para aquellos préstamos a países en donde exista evidencia de ilegalidad u ‘onerosidad’. Ecuador es un posible candidato para tales investigaciones, y si este proyecto de ley se convierte en ley, sería importante tener un gobierno que desea cooperar con tal investigación.
Existen precedentes recientes de cancelación de deuda basada en ilegitimidad. El gobierno de Noruega unilateralmente canceló la deuda de Ecuador y de otros cuatro países a fines del año pasado pese a que esos préstamos formaban parte de una fallida política de desarrollo. Y también la ilegitimidad de la deuda de Iraq, acumulada durante el periodo de Saddam Hussein, fue claramente un factor tras la cancelación de una gran parte de esa deuda.
En el futuro, el gobierno ecuatoriano evaluará los costos de un incumplimiento de pagos, moratoria, o reestructuración unilateral de deuda en comparación con los beneficios de un servicio de deuda reducido—incluyendo la reducción de la pobreza y otros gastos en desarrollo social y económico que le ha prometido a los votantes. Ésta es una decisión que, esperemos, el gobierno tome basándose en el interés público.
Pero no hay necesidad alguna de prestarle atención a las tácticas interesadas de los grupos de presión política de los tenedores de deuda. Especialmente cuando intentan asustar a la gente con la tremendamente exitosa reestructuración de la deuda argentina.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
