25 Abril 2012
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 18 de abril, 2012
Página/12, 25 de abril, 2012
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La decisión del gobierno argentino de renacionalizar su compañía de petróleo y gas que había sido previamente de propiedad estatal, YPF, ha sido recibida con gritos de indignación, amenazas, previsiones de rabia y ruina, y además algo de insultos groseros en la prensa internacional.
Hemos escuchado todo esto antes. Cuando el gobierno argentino no pagó su deuda al fin de 2001, y entonces devaluó su moneda un par de semanas más tarde, todo era negro y lleno de pesimismo en los medios de comunicación. La devaluación provocaría inflación fuera de control, el país se enfrentaría a un crisis de balanza de pagos por no ser capaz de conseguir préstamos, la economía bajaría en espiral hacia una recesión más profunda. Nueve años después, el PIB real de Argentina ha crecido aproximadamente un 90 por ciento, el crecimiento más rápido en el hemisferio. El empleo se encuentra en niveles récord, y tanto la pobreza como la pobreza extrema se han reducido en dos tercios. El gasto social, ajustado por la inflación, se ha casi triplicado.
Todo esto es probablemente la razón que Cristina Kirchner fue reelegida el octubre pasado en una victoria aplastante. Por supuesto, aquí en Estados Unidos esta historia de éxito rara vez se cuenta, sobre todo porque involucró la revocación de muchas de las políticas neoliberales fracasadas – respaldadas por Washington y el Fondo Monetario Internacional – que llevaron al país a la ruina durante su peor recesión, la de 1998-2002. Ahora el gobierno está revocando otra fracasada política neoliberal de la década de los años 90: la privatización de su industria de petróleo y gas, lo que nunca debería haber ocurrido en el primer lugar.
Hay razones sólidas para tomar este paso, y es más probable que el gobierno vaya a demostrar que está en lo cierto una vez más. Repsol, la compañía petrolera española que actualmente es dueño del 57 por ciento de YPF de Argentina, no ha producido lo suficiente para mantenerse al nivel de crecimiento rápido de la economía de Argentina. De 2004 a 2011, la producción de petróleo de Argentina disminuyó casi un 20 por ciento y el gas un 13 por ciento, con YPF responsable por mucho de este. Y las reservas probadas de la compañía de petróleo y gas también han disminuido sustancialmente en los últimos años.
El retraso en la producción no es solamente un problema en términos de satisfacer las necesidades de los consumidores y las empresas, también es un serio problema macroeconómico.
El déficit en la producción de petróleo y gas ha llevado a un aumento rápido en las importaciones. En 2011 éstas se duplicaron con respecto al año anterior a US $9,4 mil millones, de este modo anulando una gran parte del superávit comercial de Argentina. Una balanza comercial favorable ha sido muy importante para Argentina desde su falta de pago en el año 2001. Debido a que el gobierno está en su mayoría excluido de los préstamos de los mercados financieros internacionales, tiene que tener cuidado con tener las divisas suficientes para evitar una crisis de balanza de pagos. Esta es otra razón por la que ya no puede correr el riesgo de dejar la producción y gestión de energía para el sector privado.
¿Por qué la indignación contra la decisión de Argentina de tomar – a través de una compra forzada – una participación de control en lo que por la mayor parte de la historia de la empresa fue la compañía petrolera nacional? México nacionalizó su petróleo en 1938, y – al igual que una serie de países de la OPEP – aún no permite la inversión extranjera en petróleo. La mayoría de los productores de petróleo y gas en el mundo – desde Arabia Saudita a Noruega – tienen las empresas estatalizadas. Las privatizaciones de gas y petróleo en la década de los años 90 fueron una aberración – el neoliberalismo vuelto loco. Aun cuando Brasil privatizó $100 mil millones de las empresas estatales en la década de los años 90, el gobierno mantuvo el control mayoritario de Petrobras.
Mientras América Latina ha logrado su “segunda independencia” en la última década y media, el control soberano sobre los recursos energéticos ha sido una parte importante de la recuperación económica de la región. Bolivia re-nacionalizó su industria de hidrocarburos en 2006, y los ingresos de los hidrocarburos aumentaron de menos del 10 por ciento a más del 20 por ciento del PIB (la diferencia sería alrededor de dos tercios de los ingresos actuales del gobierno de Estados Unidos). Ecuador bajo Rafael Correa en gran medida aumentó su control del petróleo y su participación en la producción de las empresas privadas.
Por eso Argentina está poniéndose al día con sus vecinos y el mundo y revocando los errores del pasado en esta área. En cuanto a sus detractores, están en una posición débil para estar tirando piedras. Las agencias de calificación amenazan bajar la calificación de Argentina. ¿Debería alguien tomarlas en serio después de que dieron unas calificaciónes AAA a basura sin valor que estaban respaldado por hipoteca durante la burbuja de la vivienda y luego fingieron que el gobierno de Estados Unidos podría realmente no pagar su deuda? Y en cuanto a las amenazas de la Unión Europea y el gobierno derechista de España, ¿qué han hecho bien últimamente, con Europa atrapada en su segunda recesión en tres años, casi a la mitad de una década perdida, y con un desempleo del 24 por ciento en España?
Es interesante que Argentina ha tenido un notable éxito económico en los últimos nueve años, mientras recibe muy poca inversión extranjera directa y es en su mayor parte rechazada por los mercados financieros internacionales. Según la mayoría de la prensa de negocios, estos son los dos grupos más importantes que cualquier gobierno debe complacer. Sin embargo, el gobierno argentino ha tenido otras prioridades. Tal vez esa sea otra razón por la cual Argentina recibe tanta lluvia de críticas.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.