Resumen ejecutivo

Las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre se celebraron en un entorno político profundamente polarizado, caracterizado por debilidades institucionales, deficiencias técnicas, una significativa injerencia extranjera —particularmente de Estados Unidos — y una crisis de confianza en los resultados electorales.

Si bien la actual estructura partidaria de las instituciones electorales de Honduras representa una mejora respecto al marco institucional previo a 2021, también contribuyó a una parálisis en procesos clave de toma de decisiones, lo que generó retrasos en la contratación de servicios y en el establecimiento de aspectos procedimentales, logísticos y normativos del proceso electoral. 

Las deficiencias técnicas debilitaron aún más la integridad de las elecciones. El sistema de transmisión de resultados preliminares sufrió interrupciones reiteradas y presentó una baja precisión en el reconocimiento óptico de caracteres, lo que produjo un volumen considerable de datos irregulares. Las inconsistencias en los datos, junto con las disputas internas dentro de las instituciones electorales, alimentaron narrativas de fraude a lo largo del espectro político y dieron lugar a un proceso de escrutinio especial particularmente controvertido que no llegó a completarse, lo que erosionó aún más la confianza en los resultados.¹ 

El proceso electoral también se vio afectado por una injerencia extranjera abierta, particularmente por parte de figuras políticas de Estados Unidos, incluidas figuras como el presidente Donald Trump, cuyas declaraciones públicas y acciones —como apoyos políticos, amenazas y el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández— ejercieron una presión indebida sobre el electorado y pudieron haber influido en el comportamiento de los votantes. 

El Center for Economic and Policy Research (CEPR) desplegó una misión de observación electoral de tres integrantes en Tegucigalpa del 27 de noviembre al 11 de diciembre. La misión, centrada principalmente en la elección presidencial, visitó centros de votación el día de los comicios y se reunió con diversos actores, entre ellos autoridades electorales, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales, con el fin de recoger sus perspectivas y preocupaciones respecto del proceso electoral. Asimismo, la misión llevó a cabo un análisis estadístico de los datos electorales disponibles y no encontró evidencia que respalde las denuncias de fraude en la elección presidencial. No obstante, la misión no pudo evaluar el posible impacto de las irregularidades reportadas en los datos electorales sobre los resultados finales, dado que dicho análisis requeriría recursos considerables y acceso a información de la que CEPR no dispone.

El candidato Nasry Asfura fue declarado ganador el 24 de diciembre por un estrecho margen de 27.000 votos sobre el segundo lugar, antes de que la autoridad electoral hubiera concluido la revisión de las actas impugnadas. Su victoria marca el retorno al poder del Partido Nacional, que gobernó Honduras durante la mayor parte de los 12 años posteriores al golpe de Estado de 2009 —un periodo caracterizado por serios escándalos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos y altos niveles de impunidad. Cabe destacar que el expresidente Hernández (2014–2022) y otros altos funcionarios fueron extraditados y condenados en Estados Unidos en 2024 por cargos de narcotráfico. Diversos sectores de la sociedad civil hondureña han expresado preocupación ante la posibilidad de que la Administración de Asfura propicie un resurgimiento del autoritarismo y de redes de corrupción violenta que consolidaron una influencia significativa tras el golpe. En las últimas semanas, los partidos Nacional y Liberal en el Congreso han llevado a cabo controvertidos procesos de juicio político contra varios funcionarios electorales vinculados a LIBRE, destituyéndolos de sus cargos “de forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y en un contexto de alta polarización institucional,” según organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

1. Introducción

El 30 de noviembre, los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un nuevo presidente, a los 128 miembros del Congreso y a todas las autoridades electas a nivel local (alcaldes, diputados y regidores municipales) en los 298 municipios del país. En términos generales, las elecciones plantearon a los votantes la disyuntiva entre respaldar la continuidad de la agenda social y económica de orientación izquierdista de la presidenta Xiomara Castro mediante el voto por los candidatos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), u optar por una agenda más conservadora votando por candidatos del Partido Liberal o del Partido Nacional. 

El proceso electoral se desarrolló en un clima altamente polarizado, marcado además por una significativa injerencia estadounidense —incluidas intervenciones del presidente Donald Trump y de legisladores republicanos—, junto con acusaciones  generalizadas, formuladas por simpatizantes de los tres candidatos, sobre supuestos planes para manipular la votación o subvertir un resultado electoral legítimo. En algunos casos, aspectos clave del proceso electoral, incluidos aspectos regulatorios y plataformas tecnológicas, no fueron definidos hasta pocas horas antes de la elección. Aunque surgieron preocupantes denuncias de intimidación a votantes, los problemas técnicos más significativos parecen haberse producido durante la validación de los resultados preliminares, en parte debido a importantes deficiencias en el software de reconocimiento óptico de caracteres utilizado para escanear las actas.

Las reformas constitucionales de 2019 y la nueva ley electoral implementada en 2021 rediseñaron las instituciones electorales de Honduras. Estas reformas fueron, en parte, una respuesta a las elecciones de 2017, que muchos consideraron marcadas por un fraude que benefició al entonces gobernante Partido Nacional.² Bajo el sistema anterior, un único organismo —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— estaba encargado tanto de organizar las elecciones como de resolver las controversias electorales. Debido a que sus tres magistrados eran designados por un Congreso históricamente dominado por los Partidos Nacional y Liberal, el tribunal carecía de una independencia efectiva. Las reformas abolieron el TSE y dividieron sus funciones entre dos organismos electorales. Cada uno está integrado por representantes de los tres principales partidos políticos, lo que permite un mayor grado de representación política y un espacio más amplio para impugnar decisiones electorales.

Este diseño “en términos generales ofreció condiciones para elecciones democráticas” en 2021, como señaló ese año la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea; sin embargo, en las elecciones de 2025, el diseño institucional generó un alto nivel de confrontación dentro de los organismos electorales, lo que produjo marcadas divisiones partidarias.³ Estas divisiones provocaron retrasos en la implementación de elementos clave del proceso electoral, y contribuyeron a graves problemas en la revisión y verificación de los resultados, así como en la divulgación y comunicación de los resultados oficiales. En conjunto, estas divisiones y retrasos profundizaron la desconfianza pública tanto hacia las propias autoridades como hacia el proceso electoral en general.

En el periodo previo a las elecciones, la oposición conformada por los Partidos Nacional y Liberal acusó a LIBRE de utilizar su influencia sobre el gobierno para perseguir a funcionarios electorales alineados con la oposición y de planear utilizar su liderazgo del Congreso hondureño para intentar alterar los resultados. Por su parte, LIBRE alegó que la oposición —que contaba con una ventaja de dos a uno dentro de los organismos electorales y con el respaldo de poderosos aliados en sectores económicos influyentes— pretendía orquestar un fraude en el proceso de votación. LIBRE también expresó preocupación ante la posibilidad de que las autoridades electorales declararan prematuramente un ganador sin contar con resultados concluyentes.

La noche de las elecciones, la autoridad electoral hondureña, el Consejo Nacional Electoral (CNE), reportó los resultados iniciales del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Estos indicaban que el partido oficialista LIBRE había perdido la elección presidencial por un margen amplio e irreversible, mientras que los dos partidos de oposición se encontraban en un empate técnico, con una ventaja muy estrecha para el Partido Nacional. Esa misma noche, junto con la primera publicación de los resultados preliminares, la candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció irregularidades en los datos de votación y afirmó que LIBRE exigiría una revisión completa de todas las papeletas electorales. Semanas después, el CNE —integrado por representantes de cada uno de los tres partidos políticos principales— declaró oficialmente como presidente electo a Nasry “Tito” Asfura el 24 de diciembre, sin la participación del consejero afiliado a LIBRE y antes de completar plenamente un proceso de escrutinio especial de actas con irregularidades que previamente el propio CNE había acordado por unanimidad llevar a cabo.

Misión de observación electoral del CEPR

En Tegucigalpa, el CEPR desplegó una misión de observación electoral acreditada de tres integrantes: Francesca Emanuele, asociada sénior de política internacional del CEPR; Pedro Labayen Herrera, investigador asociado del CEPR; y Annie Bird, reconocida experta en Honduras y defensora de derechos humanos. El equipo permaneció en el país entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre y centró sus esfuerzos de observación principalmente en la elección presidencial. En los días previos a la jornada electoral, la misión se reunió con diversos actores —entre ellos organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos; periodistas; analistas; otras misiones de observación electoral; altos dirigentes de los partidos LIBRE, Partido Nacional y Partido Liberal; dos de los tres consejeros del CNE y otras autoridades electorales; así como ministros de la Administración Castro— con el objetivo de comprender mejor el contexto y las preocupaciones de los actores involucrados. 

El CEPR obtuvo acceso a los resultados preliminares a medida que estos se hacían disponibles a través del repositorio central de actas y datos del CNE, habilitado para las misiones de observación electoral y periodistas. Este acceso permitió que la misión contara con el apoyo del economista del CEPR David Rosnick, quien posee amplia experiencia en el análisis de datos electorales para el seguimiento de resultados y la elaboración de proyecciones internas. Sin embargo, el CEPR enfrentó dificultades para obtener acceso oportuno a los datos. Aunque la autorización ya había sido concedida, la interfaz del repositorio central no fue activada hasta pocas horas antes del inicio de la jornada electoral, lo que evidenció la demora del CNE en establecer procedimientos claros y oportunos para la divulgación de información.

Según el consejero del CNE Marlon Ochoa, estas fueron las elecciones más observadas en la historia de Honduras.⁴ Además del CEPR, hubo al menos 43 misiones nacionales y 24 misiones internacionales de observación electoral acreditadas.⁵ Entre ellas se encontraban delegaciones de la Organización de Estados Americanos⁶ (OEA) y de la Unión Europea (UE),⁷ integradas por más de 100 y 80 observadores, respectivamente. La Red por la Defensa de la Democracia —una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluidas la Asociación para una Sociedad más Justa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el Consejo Nacional Anticorrupción— desplegó más de 12,000 observadores nacionales e internacionales en todo el país.⁸ Asimismo, en una misión conjunta aparte,⁹ el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Global Exchange y la Honduran Solidarity Network desplegaron 96 observadores nacionales y 44 internacionales.¹⁰

Evaluación de las elecciones generales de Honduras de 2025

Como parte del apoyo a la misión de observación del CEPR, personal del CEPR llevó a cabo un análisis estadístico de los resultados de la elección presidencial basado en miles de simulaciones de Monte Carlo realizadas a partir de los datos electorales disponibles para la misión a través del repositorio central de imágenes de actas y reportes de datos del CNE. Este análisis no encontró evidencias que respaldaran las denuncias de fraude electoral en la elección presidencial. Al mismo tiempo, es importante subrayar que los márgenes fueron extremadamente estrechos y que las limitaciones de los datos disponibles afectaron la capacidad de la simulación de Monte Carlo para predecir con certeza al posible ganador. 

La revisión realizada por el CEPR al repositorio central de datos del CNE encontró que la calidad de los datos generados por el sistema TREP —a través del software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) utilizado por el operador contratado para administrar el TREP y las posteriores correcciones humanas— parecía ser excepcionalmente deficiente. La frecuencia y magnitud de las discrepancias entre las imágenes de las actas y los datos generados por el OCR parecían inusualmente altas, y estas discrepancias estuvieron acompañadas de reportes en medios de comunicación sobre irregularidades no esclarecidas. En algunos casos, cuando funcionarios electorales ingresaban los resultados de las actas para su transmisión al repositorio central, las cifras se desplazaban automáticamente de la casilla en la que habían sido ingresadas hacia casillas correspondientes a otros candidatos.¹¹ El CEPR no pudo verificar plenamente las irregularidades reportadas ni determinar en qué medida estos problemas en los datos fueron corregidos mediante los procesos establecidos de verificación o de escrutinio especial. Tampoco pudo evaluar el posible impacto de estas irregularidades sobre los resultados electorales, debido a los considerables recursos que requeriría un estudio de esa naturaleza.

Asimismo, el CEPR recibió un informe de Smartmatic —la empresa contratada por el CNE para proporcionar el sistema biométrico de identificación de votantes— en el que se detallaba el número de personas que el sistema biométrico registró como votantes en las elecciones de 2025. Las cifras provenientes de los informes de datos de las actas generados mediante OCR por el sistema TREP mostraban de manera consistente un número de votantes superior al registrado en los datos biométricos de Smartmatic, aunque la misión del CEPR reconoce que el sistema biométrico de identificación de votantes pudo haber sido omitido por razones aparentemente legítimas, entre ellas fallas del sistema o de los dispositivos.

Diversos factores adicionales contribuyeron a debilitar la confianza de los votantes en la legitimidad del proceso electoral. Entre ellos se encuentran los retrasos en la publicación de resultados, las modificaciones de último minuto a las reglas electorales por parte del CNE, la decisión de algunos miembros del CNE de no efectuar una revisión integral de las actas, la falta de culminación plena de los procesos de escrutinio especial y la ausencia de una estrategia de comunicación unificada y coherente por parte de la autoridad electoral.

La composición partidaria tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también permitió que los representantes de los partidos Nacional y Liberal superaran sistemáticamente en votaciones a los representantes de LIBRE en determinaciones procedimentales y logísticas que correspondía resolver a las autoridades electorales —incluidas las decisiones relacionadas con contratos con proveedores de servicios electorales, cronogramas, fechas clave y procesos postelectorales. Esto contribuyó a decisiones contradictorias, contraproducentes y, en algunos casos, potencialmente ilegales, adoptadas sobre la base de intereses políticos.

Todo el proceso electoral estuvo también marcado por graves actos de injerencia extranjera, particularmente por parte de actores políticos de Estados Unidos. Varios legisladores republicanos estadounidenses, entre ellos los representantes de Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez, así como el presidente Trump, instaron públicamente a los hondureños a no votar por la candidata de LIBRE, Rixi Moncada. El presidente Trump respaldó públicamente al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y amenazó con imponer consecuencias económicas si Moncada o el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ganaban las elecciones. Tales amenazas adquieren un peso particular en Honduras, cuya economía depende en gran medida tanto de su relación comercial¹² con Estados Unidos como de las remesas enviadas por migrantes hondureños, las cuales representan aproximadamente una cuarta parte del producto interno bruto del país.¹³

Trump también concedió un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. A pesar de su condena y encarcelamiento, Hernández continúa siendo considerado una de las principales figuras del Partido Nacional de Asfura. En 2017, Hernández fue declarado reelecto para un segundo mandato presidencial en unas elecciones que la OEA pidió repetir.¹⁴

2. Instituciones electorales de Honduras

Las elecciones en Honduras son supervisadas, organizadas y certificadas por el CNE, un órgano independiente integrado por tres consejeros designados por los principales partidos políticos.¹⁵ Los consejeros que integraron el CNE durante las elecciones de 2025 fueron la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal; la consejera Cossette López, del Partido Nacional; y el consejero Marlon Ochoa, del Partido LIBRE.

El segundo órgano electoral independiente de Honduras, el TJE, tiene la función de resolver las controversias electorales.¹⁶ Al igual que el CNE, está conformado por un representante de cada uno de los tres principales partidos políticos. Los magistrados que integraron el TJE durante el proceso electoral de 2025 fueron el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, del Partido Nacional; la magistrada Miriam Barahona, del Partido Liberal; y el magistrado Mario Morazán, del Partido LIBRE.

Ambos organismos electorales han sido cuestionados por falta de independencia e imparcialidad.¹⁷ Su estructura tripartita, en la que cada cargo corresponde a uno de los principales partidos políticos y en la que las decisiones suelen adoptarse por mayoría y no por consenso, los hace particularmente susceptibles a presiones partidarias y permite que dos partidos impongan sistemáticamente su mayoría sobre el tercero. 

Como resultado, ambos organismos se vieron fuertemente politizados y protagonizaron frecuentes enfrentamientos en torno a aspectos clave del proceso electoral. En el caso del CNE, estas disputas generaron retrasos y desacuerdos sobre el diseño y adjudicación del contrato del TREP, el contrato para el transporte del material electoral, la adquisición de servicios de internet satelital y antenas para zonas rurales, el procedimiento para corregir errores del sistema OCR y otros componentes esenciales del proceso electoral. En el TJE, las divisiones se hicieron particularmente evidentes cuando los dos magistrados vinculados a la oposición emitieron una resolución sobre la elegibilidad de un candidato —que había perdido en las elecciones primarias presidenciales de marzo— para postular a un escaño legislativo sin la participación del tercer magistrado afiliado a LIBRE. Esta decisión desencadenó un proceso de destitución impulsado por el Ministerio Público, alineado con LIBRE, contra los dos magistrados, lo que la oposición interpretó como parte de un patrón más amplio de persecución judicial promovido por dicho partido.¹⁸

3. Aspectos operativos y técnicos del proceso electoral

Marco legal

La Ley Electoral de Honduras de 2021 (Decreto 35-2021) regula la organización del proceso electoral, incluyendo la estructura de los organismos encargados de supervisar y administrar las elecciones, la regulación de los partidos políticos y las candidaturas, las actividades y el financiamiento de campaña, los procedimientos detallados de votación y conteo inicial en las juntas receptoras de votos, la producción y el transporte del material electoral, así como otros aspectos relacionados con las elecciones.¹⁹

Sin embargo, la Ley Electoral establece únicamente disposiciones muy generales sobre la gestión de la información electoral digital, limitándose esencialmente a mencionar medidas de seguridad informática para el cálculo, la transmisión y la publicación de datos electorales electrónicos. La ley prácticamente no establece parámetros para esta etapa fundamental del proceso electoral, que resultó ser la más controvertida durante las elecciones de 2025.

Proceso de votación

La Ley Electoral de 2021 establece directrices estrictas para el manejo de las papeletas y el registro de los resultados en las actas electorales. Cada acta corresponde a una Mesa Receptora de Votos (MRV) y constituye la fuente primaria de información para el repositorio digital utilizado en el cálculo de los resultados finales. En las elecciones de 2025, los votantes registrados fueron asignados a una MRV específica, cada una con un promedio aproximado de 350 electores. A nivel nacional, se instalaron 19.167 MRV.²⁰ Cada MRV contaba con tres urnas —destinadas respectivamente a las elecciones presidencial, legislativa y municipal— y recibió, en promedio, poco más de 200 votantes durante la jornada electoral.²¹ Asimismo, cada MRV estuvo a cargo de una Junta Receptora de Votos (JRV), integrada por cinco personas designadas por los tres principales partidos políticos y por el CNE.

Al llegar a la MRV, cada votante era sometido a una verificación biométrica mediante un sistema administrado por la empresa Smartmatic. Si la validación mediante huellas dactilares o reconocimiento facial fallaba, los miembros de la JRV intentaban verificar la identidad mediante el ingreso en el sistema del número del documento nacional de identidad del votante. Si esta segunda búsqueda tampoco arrojaba resultados, el sistema biométrico registraba un error y el funcionario correspondiente buscaba manualmente al votante en el padrón electoral impreso. Una vez identificado de forma manual, se escaneaban sus huellas dactilares en el sistema y se le permitía emitir su voto.

Al cierre de la jornada, las JRV asignadas a cada mesa realizaron el conteo de votos en presencia de observadores. Las JRV registraron los resultados de cada MRV mediante el llenado manual de tres actas, una por cada urna electoral. Estas actas eran luego incorporadas al sistema TREP, en el cual primero se escaneaban y posteriormente se convertían en reportes de datos mediante tecnología OCR. Tras revisar y corregir manualmente los errores detectados en dichos reportes, las JRV transmitían la información final al repositorio central de datos del CNE.

Gestión de los datos electrónicos

La Ley Electoral de 2021 contiene escasas disposiciones sobre la gestión de datos electrónicos. Aunque en agosto se aprobó un marco normativo más amplio sobre esta materia como parte de los términos de referencia para la adjudicación del contrato del TREP,²² el reglamento que establecía los procedimientos generales específicos del proceso electoral —conocido como Acuerdo 73-2025— no fue aprobado por el CNE hasta el 29 de noviembre, apenas un día antes de las elecciones.²³

El Acuerdo 73-2025 estableció procedimientos detallados para la generación de datos electrónicos por parte de las JRV, las medidas de seguridad informática, la transmisión de datos y otras disposiciones relacionadas con la gestión de la información electoral. Asimismo, definió procedimientos de transmisión de contingencia, según los cuales las imágenes de las actas que no fueran transmitidas el día de las elecciones debían enviarse al repositorio central de datos del CNE.

Mecanismos de contingencia y verificación biométrica de los votantes

El Acuerdo 73-2025 también estableció directrices específicas para la instalación y prueba de los equipos de identificación biométrica y del sistema TREP antes de las elecciones. Asimismo, incorporó mecanismos de contingencia orientados a proteger la integridad de los datos contenidos en las actas electorales, entre los que se incluían normas sobre la certificación de las firmas de las JRV, el cálculo del número total de votos consignados en las actas, los protocolos para el escaneo de actas destinadas a la transcripción mediante OCR y los procedimientos que permitían a cada JRV corregir manualmente los datos generados por el sistema OCR.

En su artículo 8, el Acuerdo 73-2025 dispuso que el sistema TREP comparara automáticamente el número de votos registrados en cada acta con el número de votantes registrados en el sistema de identificación biométrica. Asimismo, estableció que las actas cuyos totales de votantes difirieran de los registros biométricos serían igualmente consideradas en los resultados del TREP anunciados la noche de las elecciones. El texto del acuerdo señala que el consejero de LIBRE, Marlon Ochoa, manifestó su desacuerdo con estas disposiciones y sus declaraciones públicas indican que su principal objeción era que se incorporaran a los resultados del TREP actas cuyos datos no coincidían con los registros biométricos.²⁴

Verificación visual de los datos en el repositorio central

Con frecuencia se enfatiza que los resultados del TREP son preliminares y que el resultado definitivo debe determinarse mediante el escrutinio oficial. Sin embargo, es importante señalar que los datos transmitidos a través del sistema TREP al repositorio de datos del CNE corresponden a las mismas actas que posteriormente son utilizadas en el conteo oficial, aunque sujetas a procesos adicionales de verificación y validación

Con el fin de garantizar la precisión de los datos que sustentan el resultado final, los artículos 19 y 20 del Acuerdo 73-2025 establecen que toda la información del TREP debe someterse a un proceso de verificación visual, mediante el cual los equipos de trabajadores del CNE comparan cada imagen de acta con su correspondiente reporte generado por OCR. Si se detectan discrepancias, las normas disponen que los datos sean enviados a un proceso automatizado de revisión. Si este procedimiento no logra resolver la discrepancia, el CNE debe aprobar mediante votación unánime cualquier corrección manual necesaria en los datos.

4. Principales acontecimientos durante las elecciones de 2025

Periodo preelectoral

Los tres principales contendientes a la presidencia fueron la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, exministra de Finanzas (2022–2024) y de Defensa (2024–2025) durante la administración de Xiomara Castro; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se desempeñó como vicepresidente del país (2022–2024) durante la primera mitad del mandato de Castro antes de renunciar e incorporarse a la oposición; y Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa (2014–2022) y candidato del Partido Nacional.

La organización de las elecciones se vio obstaculizada por múltiples retrasos derivados de desacuerdos dentro del CNE y del TJE. Por ejemplo, las deliberaciones en torno al diseño del sistema TREP y a la adjudicación del contrato para su operación paralizaron al CNE durante casi un mes. En junio, las consejeras López y Hall aprobaron por mayoría el diseño del TREP, mientras que el consejero Ochoa se opuso al considerar que permitir correcciones manuales en los datos de las actas generados mediante escaneo OCR en el centro de procesamiento del CNE podía facilitar la manipulación de los resultados.²⁵ Durante julio, el consejero Ochoa dejó de asistir a varias de las reuniones en las que el CNE debía finalizar los términos de referencia del proceso de licitación del TREP, que contemplaba el controvertido procedimiento de corrección manual.²⁶

Finalmente, los consejeros alcanzaron un acuerdo unánime sobre una versión modificada del diseño del TREP y de los términos de referencia el 4 de agosto, varios días después del plazo límite del 29 de julio para adjudicar el contrato.²⁷ Según el diseño revisado, cualquier reporte de datos generado por el sistema OCR que presentara inconsistencias respecto de las imágenes de las actas sería igualmente publicado, pero quedaría excluido del conteo preliminar.²⁸  El acuerdo también establecía que, al día siguiente de las elecciones, el 100 % de los reportes de datos generados mediante OCR iniciaría un proceso de verificación manual y visual. En caso de que se detectaran discrepancias entre las imágenes de las actas y los datos generados por OCR, su corrección debía ser aprobada por unanimidad por los consejeros del CNE. Estas disposiciones fueron implementadas formalmente mediante la emisión del Acuerdo 73-2025 el 29 de noviembre.

El 29 de agosto, el CNE adjudicó por unanimidad el contrato del TREP al Grupo ASD, una empresa colombiana,²⁹ y el 9 de noviembre se realizó una simulación del sistema TREP. El consejero Ochoa afirmó que durante la prueba se detectaron graves deficiencias en el sistema y precisó que solo se había logrado transmitir el 35,7 % de las actas, además de presentarse importantes problemas de conectividad.³⁰ También indicó que estas fallas persistieron en simulaciones posteriores realizadas en fechas más cercanas a la jornada electoral.³¹ En respuesta a estas presuntas deficiencias, la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que su partido no reconocería los resultados preliminares del TREP y que esperaría a que concluyeran todos los procesos de revisión de votos antes de aceptar un resultado final.³²

La licitación para el contrato de provisión de internet satelital para centros de votación en zonas remotas también sufrió retrasos. La consejera López acusó al consejero Ochoa de presionarla para adjudicar el contrato a la empresa Smartmatic,³³ mientras que Ochoa alegó que las otras consejeras buscaban otorgarlo a empresas fachada que, según él, habían participado en el fraude electoral de 2017.³⁴ Finalmente, el contrato fue adjudicado por unanimidad a un consorcio integrado por Reytel y Ufinet,³⁵ luego de que Smartmatic retirara su propuesta.³⁶ Smartmatic ya había obtenido previamente el contrato para administrar el sistema biométrico de identificación de votantes.³⁷

Nuevos retrasos agravaron estas dificultades y postergaron otros hitos críticos del calendario electoral. Por ejemplo, el contrato para el transporte del material electoral debía adjudicarse originalmente el 15 de octubre. Sin embargo, los retrasos previos, las deudas pendientes del CNE con las empresas que participaron en el transporte de las elecciones primarias³⁸, y el retiro de algunas empresas debido a los plazos ajustados³⁹ terminaron por retrasar la adjudicación hasta el 16 de noviembre.⁴⁰

El periodo preelectoral también estuvo marcado por diversas controversias. A fines de octubre, la Ministerio Público  inició una investigación sobre unas supuestas grabaciones de audio⁴¹ que presuntamente mostraban a la consejera López conspirando para cometer fraude e interferir en las elecciones.⁴² La oposición sostuvo⁴³ que los audios habían sido generados mediante inteligencia artificial y acusó al fiscal general —y, en términos más amplios, a LIBRE— de promover una persecución judicial.⁴⁴ Otra controversia giró en torno a una acusación formal contra dos magistrados del TJE afines a la oposición, que dio lugar a un proceso de destitución. Ambos fueron acusados de abuso de autoridad por emitir una resolución sin convocar al tercer magistrado afiliado a LIBRE.⁴⁵

Analistas, políticos, organizaciones de observación electoral y la propia presidenta del CNE,⁴⁶ Ana Paola Hall, también cuestionaron⁴⁷ la actuación de las Fuerzas Armadas hondureñas antes de las elecciones. Las críticas se intensificaron luego de que el jefe militar —percibido como cercano a LIBRE— solicitara al CNE la entrega de actas electorales el día de la votación para realizar un conteo independiente.⁴⁸ El CNE sostuvo que dicha solicitud excedía el mandato electoral asignado a las Fuerzas Armadas por la Constitución.⁴⁹ La petición nunca fue aprobada y los militares no recibieron ni efectuaron ningún conteo independiente de los votos.

Además, las elecciones se llevaron a cabo bajo un estado de excepción parcial, lo que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos respecto de su posible impacto en la integridad del proceso electoral.⁵⁰ El gobierno sostuvo que el estado de excepción estaba limitado a determinadas regiones afectadas por problemas de seguridad y que no restringía los derechos políticos de la ciudadanía.

Jornada electoral

A lo largo de la jornada electoral, el CEPR estuvo presente en cuatro centros de votación en Tegucigalpa. La misión pudo observar libremente aspectos clave del proceso, entre ellos la ceremonia oficial de apertura organizada por el CNE, la apertura de los centros de votación, el uso de los dispositivos biométricos, la emisión de los votos, el cierre de las mesas y el llenado de las actas por parte de los miembros de las JRV. El CEPR observó una alta participación electoral y largas filas en los centros de votación.

La misión no registró irregularidades, salvo fallas parciales en los dispositivos biométricos utilizados para verificar la identidad de los votantes. Cuando estos problemas ocurrían, los miembros de mesa verificaban manualmente la identidad de los electores. En un caso, uno de los dispositivos biométricos resultó inoperable, por lo que los votantes asignados a esa mesa utilizaron el dispositivo de una mesa contigua, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa electoral. El CEPR también tomó nota de reportes⁵¹ en medios de comunicación⁵² sobre intimidación a votantes en zonas con presencia de pandillas.

Horas antes de la ceremonia oficial de apertura de la jornada electoral, la consejera del CNE por el Partido Nacional, Cossette López, anunció que no asistiría porque había recibido información según la cual grupos violentos afines a LIBRE planeaban intimidarla en el lugar del evento.⁵³ El equipo del CEPR en Honduras se encontraba en el sitio desde tempranas horas de la mañana y no observó la presencia de los grupos violentos mencionados por López en su publicación en redes sociales; la ceremonia se desarrolló con normalidad y en un ambiente de calma.

El día de las elecciones, la congresista estadounidense María Elvira Salazar publicó en español en la red social X que Honduras “o avanza con libertad, democracia y crecimiento, o retrocede con Rixi Moncada hacia el comunismo, el colapso económico y la misma oscuridad que devastó a Venezuela y Cuba”.⁵⁴ Aunque Salazar no se encontraba en el país, contaba con acreditación como observadora electoral, por lo que su declaración podría constituir una infracción a la legislación electoral hondureña, específicamente al artículo 19 del Reglamento de Observación Electoral para las Elecciones Generales de 2025 del CNE.⁵⁵  

Debido a las preocupaciones expresadas por diversos actores respecto del TREP, la misión del CEPR emitió un comunicado público a las 2:30 p.m. advirtiendo que problemas prácticos en el funcionamiento del sistema podían impedir que los resultados preliminares reflejaran plenamente los resultados finales.⁵⁶ El comunicado también instó a todos los actores a esperar la declaración oficial de los resultados por parte del CNE.

Aunque los resultados preliminares debían ser anunciados conjuntamente por los tres consejeros del CNE a las 9 p.m., el anuncio se retrasó hasta aproximadamente las 11 p.m. Con poco más del 30 % de las actas procesadas, los resultados seguían siendo demasiado parciales y ajustados como para indicar una tendencia irreversible a favor de alguno de los candidatos. En ese momento, Asfura obtenía el 40,62 % de los votos, Nasralla el 38,72 % y Moncada el 19,6 %.⁵⁷ Sin embargo, antes del anuncio oficial del CNE, el CEPR observó que diversos medios hondureños difundieron sondeos a boca de urna no autorizados durante la noche electoral.

Periodo postelectoral

El mes posterior a la jornada electoral estuvo marcado por la incertidumbre y por una creciente crisis de confianza en la integridad de los resultados. El CNE tenía plazo hasta el 30 de diciembre para declararlos oficialmente. En las semanas posteriores a la elección, el panel de resultados del CNE dejó de funcionar en varias ocasiones y el repositorio central de datos electorales dejó de actualizarse en repetidas ocasiones, en algunos casos durante varios días consecutivos. En ciertos momentos, los equipos de transmisión quedaron fuera de servicio; el caso más notable fue el de los votos emitidos en Estados Unidos, que inicialmente no pudieron ser transmitidos. Asimismo, el CEPR observó actas con diversas inconsistencias, entre ellas numerosas discrepancias entre las imágenes escaneadas de las actas y los resultados registrados en los reportes generados mediante OCR, así como totales de votación que superaban el número de electores asignados a determinadas MRV. Si bien estas inconsistencias no constituyen por sí mismas evidencia de fraude, sí contribuyeron a aumentar las dudas sobre la confiabilidad del proceso electoral. Estos problemas también fueron reconocidos por el CNE y ampliamente reportados por medios de comunicación hondureños e internacionales.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuyó estos problemas a fallas técnicas del sistema TREP,⁵⁸ así como a una suspensión no autorizada del sistema por parte de Grupo ASD —empresa encargada de operar el TREP— para realizar labores de mantenimiento.⁵⁹ Por su parte, el consejero Ochoa denunció actos deliberados de sabotaje y fraude, además de problemas en el sistema de gestión de datos desarrollado por Grupo ASD y de una decisión adoptada por las otras consejeras del CNE en vísperas de las elecciones, mediante la cual se eliminó el requisito de contrastar el número total de votantes consignado en las actas con el registrado en el sistema biométrico.⁶⁰  A su vez, observadores del CESPAD señalaron que las fallas técnicas y otros cambios de último minuto realizados por el CNE contribuyeron a los problemas del sistema, particularmente a la eliminación de ciertos mecanismos de verificación de las actas.⁶¹

Denuncias de fraude y pedidos de anulación de las elecciones

Ambos candidatos presidenciales de LIBRE y del Partido Liberal denunciaron fraude electoral y cuestionaron la legitimidad de los resultados oficiales emitidos por el CNE, que finalmente indicaban su derrota.

Moncada, la presidenta Castro y otros dirigentes de LIBRE alegaron que las elecciones habían sido fraudulentas y pidieron su anulación, señalando las reiteradas interrupciones del sistema TREP, la gran cantidad de inconsistencias en las actas, los problemas en el sistema de verificación biométrica y la injerencia de Estados Unidos.⁶²  La comisión permanente del Congreso, integrada por nueve miembros, —encargada de las funciones administrativas mientras el pleno no se encuentra en sesión y controlada por LIBRE y sus aliados— también afirmó que se estaba gestando un “golpe electoral” y anunció que no aceptaría los resultados.⁶³ El consejero del CNE por LIBRE, Marlon Ochoa, sostuvo que más de 17.000 actas⁶⁴ presentaban inconsistencias y solicitó un recuento total de votos.⁶⁵ Según Ochoa y el gobierno de Castro, 14.000 de esas actas contenían discrepancias entre el número de votantes registrados en las propias actas y el registrado por el sistema biométrico,⁶⁶ lo que representaría una diferencia de 982.142 votos.⁶⁷

Miembros del partido LIBRE señalaron a la misión del CEPR que sus denuncias de fraude estaban marcadas por la experiencia del partido durante las elecciones de 2017. En aquel entonces, la OEA pidió repetir los comicios por considerar que el proceso carecía de “calidad democrática y garantías”, debido a irregularidades y deficiencias, incluidas “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”.⁶⁸ Integrantes de LIBRE afirmaron que los pedidos de recuento impulsados por el consejero Ochoa formaban parte de un esfuerzo por evitar un resultado cuestionable. Asimismo, sostuvieron que sus ausencias durante ciertas votaciones sobre procedimientos electorales, antes y después de las elecciones —incluido el enfrentamiento de julio en torno al contrato del TREP—, constituían un uso legítimo de las reglas electorales para asegurar garantías contra el fraude, dado el requisito de unanimidad exigido para determinadas decisiones dentro del CNE.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también denunció que hubo un “fraude monumental” y pidió la revisión de todas las actas.⁶⁹ Según afirmó, todas las actas presentaban inconsistencias y los datos transmitidos por el TREP no coincidían con las actas recopiladas por su partido.⁷⁰ Al igual que LIBRE, Nasralla también hizo referencia al presunto fraude ocurrido en 2017.⁷¹

Tanto el consejero de LIBRE, Marlon Ochoa,⁷² como Nasralla exigieron un recuento voto por voto para garantizar la credibilidad de las elecciones,⁷³ una solicitud que la candidata vicepresidencial del Partido Nacionalista, María Antonieta Mejía, también dijo estar dispuesta a respaldar.⁷⁴ No obstante, el CNE terminó aprobando únicamente la revisión de 2.792 actas, proceso que no llegó a completarse en su totalidad.

El 4 de diciembre, simpatizantes y activistas de LIBRE protestaron frente a la embajada de Estados Unidos contra la injerencia de Washington en las elecciones y la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández.⁷⁵ Posteriormente, se realizaron nuevas manifestaciones relacionadas con las denuncias de fraude: el 9 de diciembre, simpatizantes de LIBRE se congregaron cerca del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP),⁷⁶ centro logístico del CNE en el que se almacenaba el material electoral y, el 15 de diciembre, simpatizantes de los partidos LIBRE y Liberal protestaron frente al INFOP en distintos momentos.⁷⁷

Problemas en torno a la verificación visual

Tal como lo establecía el Acuerdo 73-2025, el proceso de verificación visual comenzó el 1 de diciembre, un día después de las elecciones. Sin embargo, dos días más tarde, la verificación visual fue suspendida cuando el sistema de gestión de datos quedó fuera de servicio. Trabajadores electorales señalaron que los resultados de la verificación incompleta no debían utilizarse hasta que el proceso concluyera en su totalidad. Hacia mediados de diciembre, el CEPR no pudo confirmar si se había realizado la verificación visual obligatoria de todos los reportes de datos de las actas, aunque el informe⁷⁸ de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló que el proceso concluyó el 13 de diciembre.⁷⁹

El 21 de diciembre, el CNE celebró una sesión especial convocada con carácter extraordinario, en la que las consejeras Hall y López votaron a favor de modificar el Acuerdo 73-2025 para permitir que las correcciones a los datos electorales identificadas durante la verificación visual⁸⁰ pudieran ser autorizadas por mayoría simple de los consejeros, en lugar del requisito previo de aprobación unánime. La consejera López justificó la medida señalando lo que describió como retrasos injustificados por parte del personal del CNE afiliado a LIBRE en la aprobación de dichas correcciones. Por su parte, el consejero Ochoa explicó que su equipo no podía autorizar modificaciones si el memorando que solicitaba el cambio no incluía documentación específica, como la imagen del acta, una identificación clara del error y la corrección propuesta.

Proceso de escrutinio especial

El 11 de diciembre, el CNE aprobó por unanimidad que 2.792 actas que presentaban inconsistencias⁸¹ — dificultades de legibilidad,⁸² errores en el total de votos, discrepancias entre el número de votantes y los registros correspondientes, así como otras irregularidades— fueran sometidas a un proceso de escrutinio especial.⁸³ Esta revisión no comenzó hasta el 19 de diciembre⁸⁴ debido a desacuerdos entre los partidos Nacional y Liberal, relacionados, según diversos reportes, con la cantidad de actas que debían revisarse.⁸⁵ Para destrabar el proceso, ambos partidos habrían alcanzado un acuerdo para respaldar también la revisión de 7.795 actas adicionales.⁸⁶ Durante este periodo, las consejeras Hall y López emitieron⁸⁷ además un memorando en el que rechazaban la solicitud de LIBRE de realizar un recuento voto por voto por considerar que no tenía sustento legal.⁸⁸

Una vez iniciado, el escrutinio especial enfrentó nuevos retrasos,⁸⁹ debido a desacuerdos entre los tres principales partidos políticos sobre la manera en que debían registrarse las irregularidades en la transmisión de datos de las actas.⁹⁰ El consejero Ochoa⁹¹ y el candidato liberal Salvador Nasralla también rechazaron la decisión adoptada el 21 de diciembre por las consejeras Hall y López de modificar las reglas de verificación visual aplicables a 691 reportes de datos correspondientes a urnas pendientes de revisión.⁹² Esta medida redujo de 2.792 a 2.101 el número de urnas sujetas al proceso de escrutinio especial. Hall sostuvo que la decisión respondía a las recomendaciones de una auditoría externa, según la cual las inconsistencias presentes en ese grupo de actas podían corregirse mediante los procedimientos ordinarios de verificación visual y no requerían ser sometidas a un proceso completo de escrutinio especial.⁹³

Declaratoria oficial de los resultados electorales

La noche del 23 de diciembre, las consejeras Hall y López, junto con el consejero suplente Carlos Enrique Cardona —quien actuó en reemplazo de Ochoa—, votaron a favor de que el CNE emitiera una declaratoria oficial de resultados “con la información disponible hasta ese momento”,⁹⁴ pese a que alrededor de 395 actas⁹⁵ y varias impugnaciones legales seguían pendientes de revisión.⁹⁶ La declaratoria fue emitida al día siguiente y proclamó como ganador a Nasry Asfura con el 40,27 % de los votos, con una ventaja de poco más de 27.000 votos sobre Nasralla. Cardona representa al Partido Salvador de Honduras, fundado por Nasralla en el año 2020.⁹⁷ Al igual que todos los consejeros suplentes del CNE, fue designado por el Congreso hondureño para un mandato de cinco años. Hall y López lo convocaron para participar en la sesión, dado que anteriormente ya había sustituido a Ochoa.

A modo de respuesta, Nasralla exigió un recuento voto por voto y solicitó que el CNE ampliara el plazo para emitir la declaratoria hasta el 10 de enero, además de señalar que la decisión del Consejo podía haber sido ilegal.⁹⁸ Por su parte, el consejero Ochoa argumentó que la decisión carecía de validez, ya que se había retirado de la sesión plenaria antes de la votación, por lo que el órgano no contaba con el quórum de tres miembros requerido para sesionar.⁹⁹ Ochoa también anunció que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que el escrutinio especial debía completarse antes de que los resultados pudieran anunciarse oficialmente.¹⁰⁰ Sobre este punto, la declaratoria emitida por el CNE el 24 de diciembre sostuvo que, si bien el escrutinio especial se “reconoce como un mecanismo de revisión y control”, no debía “paralizar la expresión de la voluntad soberana del electorado”.¹⁰¹

Tras la declaratoria de los resultados presidenciales, el CNE anunció el inicio de un escrutinio especial para las elecciones municipales y legislativas. Las consejeras Hall y López —nuevamente acompañadas por el consejero suplente Cardona en reemplazo de Ochoa— declararon los resultados de estas elecciones el 30 de diciembre, a pesar de que el CNE aún no había concluido la revisión de todas las actas observadas en este segundo escrutinio especial.¹⁰² En su declaratoria, el CNE afirmó que el escrutinio especial no pudo completarse plenamente debido a lo que describió como obstáculos de “fuerza mayor”, actos de sabotaje y amenazas provenientes de partidos y sectores políticos. El organismo reconoció que solo se había procesado el 86,59 % de las actas correspondientes al nivel legislativo y el 90,35 % de las correspondientes al nivel municipal, y que 430 actas y 66 impugnaciones legales en el ámbito municipal tendrían que ser revisadas por el TJE.¹⁰³ Horas antes de emitirse la declaratoria, el consejero Ochoa había solicitado a las otras dos consejeras aprobar una ampliación del plazo del 30 de diciembre con el fin de revisar todas las inconsistencias pendientes.¹⁰⁴

La declaratoria certificó formalmente los resultados de varias elecciones locales cuyos resultados fueron especialmente ajustados. En Tegucigalpa, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, fue declarado ganador de la alcaldía por menos de 900 votos de diferencia frente al candidato de LIBRE, Jorge Aldana.¹⁰⁵ Aldana impugnó el resultado ante el TJE, alegando que el escrutinio especial había concluido mientras al menos 435 actas —equivalentes a aproximadamente 100.000 votos— seguían pendientes de revisión.¹⁰⁶ El TJE rechazó su apelación.¹⁰⁷

Como exige la ley, ni la declaratoria presidencial ni las declaratorias municipales y legislativas fueron remitidas por el CNE a La Gaceta —diario oficial del Estado— para su publicación. En su lugar, fueron difundidas únicamente a través del sitio web del CNE. Al respecto, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, afirmó que los resultados no fueron publicados en La Gaceta debido a la “negativa continuada de las instancias estatales correspondientes”, aunque sostuvo que la declaratoria había sido debidamente difundida mediante el portal del CNE y la cobertura mediática.¹⁰⁸ Diversos reportes indican que el CNE intentó remitir la declaratoria para su publicación en dos ocasiones —el 24 y el 31 de diciembre—, pero no había personal en las oficinas de La Gaceta para recibirla debido a los feriados.¹⁰⁹

La falta de culminación de un recuento completo de votos por parte de las autoridades electorales, junto con las denuncias de fraude y de injerencia estadounidense, llevó a la comisión permanente del Congreso hondureño a convocar una sesión plenaria extraordinaria el 9 de enero. Durante dicha sesión, legisladores de LIBRE —incluidos suplentes—, junto con tres congresistas de otros partidos, aprobaron un decreto que ordenaba al CNE realizar un recuento completo de las actas de las elecciones del 30 de noviembre.¹¹⁰ El decreto también instruyó al Ministerio Público a determinar si los consejeros del CNE podían incurrir en responsabilidad penal por no haber contabilizado todos los votos y por otras irregularidades relacionadas con el proceso electoral. El texto citó el artículo 205 de la Constitución hondureña, que autoriza al Congreso a realizar recuentos cuando las autoridades electorales no pueden declarar oficialmente una elección, y argumentó que la declaratoria del CNE carecía de validez legal. La presidenta Castro promulgó el decreto, que adquirió rango de ley tras su publicación en La Gaceta.¹¹¹

La oposición hondureña boicoteó la votación del decreto¹¹² y condenó la medida, calificándola como una amenaza a la democracia y un intento de revertir los resultados electorales.¹¹³ En lugar de participar en la votación, los legisladores opositores convocaron una sesión paralela del Congreso¹¹⁴ y aprobaron una moción para solicitar que las Fuerzas Armadas detuvieran a Luis Redondo, presidente del Congreso. Argumentaron que el decreto era inválido porque no reconocían la autoridad de la comisión permanente. Asimismo, sostuvieron que había sido aprobado sin el quórum correspondiente, ya que suplentes de LIBRE votaron en reemplazo de legisladores opositores ausentes, lo que, según afirmaron, contraviene el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, defendió la declaratoria del organismo señalando que el CNE es la única autoridad legalmente facultada para certificar resultados electorales y sostuvo que no fue posible completar un recuento total debido a problemas de personal, amenazas e intimidaciones.¹¹⁵

El decreto del Congreso fue impugnado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, legisladores, alcaldes y el presidente Asfura recibieron sus credenciales y asumieron sus cargos el 27 de enero, antes de que la Corte emitiera un fallo y sin que se hubiera llevado a cabo el controvertido recuento ordenado por la comisión permanente del Congreso.¹¹⁶

A lo largo del proceso de conteo y certificación de votos, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA instó reiteradamente a una pronta certificación de los resultados. El 6 de diciembre, la misión exhortó al CNE “agilizar escrutinios y a esperar la finalización del conteo”, y añadió que “considera imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso”.¹¹⁷ Tras oficializarse el proceso de escrutinio especial, la OEA realizó el 15 de diciembre un “llamado urgente” al CNE para que “inicie de inmediato el escrutinio especial y adopte decisiones expeditas que permitan obtener resultados oficiales en el menor tiempo posible”.¹¹⁸  El 22 de diciembre, la organización reiteró en una publicación en español en redes sociales que el proceso debía concluir “lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales”.¹¹⁹  Finalmente, una vez emitida la declaratoria oficial del CNE el 24 de diciembre, la OEA señaló que “toma nota” de los resultados y afirmó “que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas”, al tiempo que pidió “terminar con los procedimientos restantes en curso”.¹²⁰

5. Injerencia de Estados Unidos en las elecciones

Actores políticos estadounidenses intervinieron repetidamente en las elecciones hondureñas de 2025, en un claro intento de desacreditar una candidatura presidencial y favorecer a otra.

A cuatro días de las elecciones, el 26 de noviembre, el presidente Trump intervino directamente en la contienda electoral al expresar públicamente su respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en una publicación en redes sociales en la que presentó a la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, como comunista y calificó al candidato liberal Salvador Nasralla como un “comunista encubierto”.¹²¹ La declaración constituyó una injerencia sin precedentes en una elección hondureña a pocos días de la votación. El posicionamiento de Trump también contrastó con el apoyo que, durante los meses anteriores, diversos legisladores republicanos estadounidenses habían expresado hacia el candidato Nasralla. 

El 28 de noviembre, Trump volvió a expresar públicamente su apoyo a Asfura y advirtió que retiraría el financiamiento estadounidense a Honduras si los votantes elegían a otro candidato.¹²² También anunció un indulto para el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, quien cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Hernández fue liberado el 1 de diciembre.¹²³ Dicho respaldo de Trump fue emitido durante el período de “silencio electoral” en Honduras, que, conforme a la legislación hondureña, prohíbe la propaganda electoral y cualquier actividad proselitista durante los cinco días previos a las elecciones. No obstante, Asfura,¹²⁴ el Partido Nacional¹²⁵ y algunos de sus miembros difundieron públicamente el respaldo,¹²⁶ lo que podría haber constituido una infracción de la ley.¹²⁷

Semanas previas a la jornada electoral, diversos legisladores republicanos estadounidenses, incluidos¹²⁸ los representantes por Florida María Elvira Salazar¹²⁹ y Carlos Giménez,¹³⁰ así como la cuenta en la red social X de la mayoría republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtieron que LIBRE podría cometer fraude electoral y sugirieron que tanto el gobierno de Castro como la candidata Moncada pretendían conducir a Honduras por una senda antidemocrática.¹³¹ No se presentó evidencia alguna que respaldara estas acusaciones.

El 20 de noviembre —diez días antes de la jornada electoral— el mencionado Comité de Asuntos Exteriores celebró una audiencia titulada “Democracy in Peril: The Fight for Free Elections in Honduras” (“Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”), en la que la representante Salazar elogió el golpe de Estado de 2009 que derrocó al esposo de la presidenta Castro, el expresidente Manuel Zelaya.¹³² También calificó a Moncada de “comunista” y afirmó: “No les estoy diciendo por quién votar.¹³³ Lo único que digo es que no elijan a una comunista”. Durante la audiencia, el representante Joaquín Castro, de Texas, señaló los conflictos de interés relacionados con uno de los testigos, Carlos Trujillo —exembajador del presidente Trump ante la OEA y lobista cuya firma representó anteriormente a varias empresas hondureñas, entre ellas Próspera, que actualmente mantiene una demanda contra el gobierno hondureño.¹³⁴ En su testimonio, Trujillo afirmó categóricamente, sin aportar evidencias, que LIBRE estaba intentando manipular las elecciones.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, estuvo presente en la audiencia. Aunque medios hondureños informaron que comparecería como testigo, finalmente no lo hizo.¹³⁵ En los meses previos a las elecciones, Nasralla viajó¹³⁶ en varias ocasiones a Washington para reunirse con miembros del Congreso estadounidense,¹³⁷ al igual que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.¹³⁸ La representante Salazar expresó reiteradamente su respaldo a Nasralla tras el anuncio de su candidatura en 2024.¹³⁹ En octubre de ese mismo año, ella y el legislador Giménez ofrecieron una conferencia de prensa junto a Nasralla, en la que ambos legisladores acusaron a la administración de LIBRE de atentar contra la democracia.¹⁴⁰

El 22 de noviembre, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, expresó preocupación por las elecciones tras reunirse con miembros no identificados de la comunidad empresarial hondureña.¹⁴¹ Asimismo, reiteró las acusaciones de la oposición según las cuales legisladores de LIBRE en el Congreso intentarían escoger al próximo presidente.

El día de las elecciones, la representante Salazar publicó en español en redes sociales que Honduras “o avanza con libertad, democracia y crecimiento, o retrocede con Rixi Moncada hacia el comunismo, el colapso económico y la misma oscuridad que ha devastado a Venezuela y a Cuba”.¹⁴² Aunque no se encontraba en el país, había sido acreditada como observadora electoral, por lo que su declaración podría constituir una infracción a la legislación electoral hondureña, específicamente al artículo 19 del Reglamento de Observación Electoral del CNE para las Elecciones Generales de 2025.¹⁴³

Días después de las elecciones, cuando los resultados definitivos aún no estaban claros, Trump recurrió nuevamente a las redes sociales para acusar, sin pruebas, a las autoridades electorales hondureñas de intentar “cambiar el resultado” de la elección, advirtiendo que habría “graves consecuencias” si eso ocurría.¹⁴⁴ Mientras el conteo de votos continuaba los días 8 y 9 de diciembre, la representante Salazar también desestimó públicamente las preocupaciones expresadas por LIBRE respecto del proceso electoral y de la injerencia estadounidense,¹⁴⁵ y acusó al partido de intentar robar las elecciones.¹⁴⁶

Además, el 19 de diciembre, Estados Unidos impuso restricciones de visa al consejero del CNE Marlon Ochoa y al magistrado del TJE Mario Morazán, ambos afiliados a LIBRE, alegando que estaban obstaculizando el conteo de votos.¹⁴⁷ Esta medida pareció orientada a presionar a Ochoa y Morazán para que desistieran de sus objeciones y críticas públicas frente a decisiones adoptadas por autoridades electorales vinculadas a otros partidos. Asimismo, contribuyó a proyectar una imagen aún más negativa de LIBRE, pese a que los principales obstáculos para iniciar el escrutinio especial en ese momento provenían de desacuerdos entre los partidos Nacional y Liberal.¹⁴⁸ En este contexto, las restricciones de visado podrían interpretarse como una forma adicional de injerencia directa por parte de Estados Unidos en el proceso electoral hondureño, y un intento de influir desde el extranjero sobre autoridades e instituciones del país mientras persistía una disputa aún no resuelta sobre los resultados electorales

A pesar de las reiteradas interrupciones del sistema, de un reporte sobre la vulneración de la seguridad de los datos y de las dificultades en la organización del escrutinio especial descritas previamente, la Administración Trump presionó públicamente al CNE para que emitiera rápidamente una declaratoria oficial de resultados.¹⁴⁹ Inicialmente, el 1 de diciembre, el Departamento de Estado instó a mantener “paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del CNE”.¹⁵⁰ Sin embargo, el 17 de diciembre sostuvo que el CNE “debía iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales”.¹⁵¹

6. Sesgo mediático

La misión de observación electoral monitoreó principalmente medios de comunicación públicos y privados con presencia digital. El equipo del CEPR observó que medios estatales, como la Televisión Nacional de Honduras (TNH), brindaron una cobertura desproporcionada y predominantemente favorable a la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, así como a las actuaciones de las autoridades electorales vinculadas a dicho partido. Asimismo, TNH difundió ampliamente contenidos relacionados con la plataforma política de LIBRE, las críticas dirigidas contra los partidos Liberal y Nacional¹⁵² y las denuncias de LIBRE sobre el proceso electoral,¹⁵³ mientras dejaba de lado las preocupaciones de la oposición y las críticas a la campaña de Moncada.¹⁵⁴ En algunos casos, la cobertura de TNH¹⁵⁵ reproducía casi textualmente las declaraciones de la candidata.¹⁵⁶ Este mismo patrón se observó en gran medida en UNE TV.

No obstante, encuestas realizadas por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), organización afiliada a la orden jesuita de la Iglesia católica, muestran que los medios privados dominan el panorama mediático y concentran la mayor parte de la audiencia del país. Según la encuesta más reciente de ERIC correspondiente a 2025, medios privados como La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, HCH y Canal 5 cuentan con una audiencia considerablemente mayor que los medios estatales.¹⁵⁷

Aunque los medios privados ofrecieron una cobertura más amplia a los tres principales candidatos presidenciales, en términos generales mantuvieron un tono negativo hacia la campaña de LIBRE, mientras brindaban una cobertura neutral o favorable a los candidatos de oposición. En particular, estos medios describieron con frecuencia las acciones de funcionarios electorales de LIBRE, como el consejero Marlon Ochoa, como una amenaza para el proceso electoral. Por ejemplo, el Heraldo difundió recurrentemente comentarios críticos y opiniones de figuras opositoras sobre la campaña de LIBRE, funcionarios del gobierno y el propio Ochoa, tanto en notas informativas como en publicaciones independientes; en contraste, rara vez dio el mismo tratamiento a los demás partidos.¹⁵⁸ Del mismo modo, Proceso Digital difundió de manera desproporcionada comentarios críticos y negativos sobre el partido oficialista, mientras que medios independientes, como Criterio, ofrecieron una cobertura más equilibrada que la de los medios tradicionales.

7. Violencia política

La misión del CEPR en Honduras identificó varios incidentes preocupantes de violencia política durante y después de la campaña electoral. A continuación, se presentan algunos de estos casos.

El 17 de noviembre, hombres armados mataron a un niño de cinco años e hirieron a una adolescente de 14 años al abrir fuego contra una caravana de simpatizantes de LIBRE que salía de un acto de campaña.¹⁵⁹ El 24 de noviembre, las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, indígenas y ambientales, fueron objeto de un ataque armado.¹⁶⁰ El ataque ocurrió en Intibucá mientras integrantes de la organización trabajaban en el lugar. Otro hecho se registró el 22 de enero en Choluteca, cuando Reina Margarita Carrasco —defensora de derechos humanos y candidata legislativa en las elecciones de 2022— fue asesinada poco después de participar en Tegucigalpa en una protesta a favor de un conteo total de votos.¹⁶¹

Asimismo, la organización de derechos humanos Cristosal publicó un informe que documenta casos de violencia política ocurridos entre septiembre de 2024 y los días previos a las elecciones.¹⁶² La organización identificó 67 casos “representativos” de violencia política, seleccionados por su “relevancia, impacto social y área geográfica”. Estos incidentes incluyeron asesinatos, agresiones físicas, violencia de género, amenazas y otras formas de violencia. Las víctimas fueron principalmente candidatos, funcionarios públicos y activistas de los tres principales partidos políticos. El informe señala que se registraron siete asesinatos en total: seis de las víctimas eran candidatos o autoridades electas, mientras que la séptima fue el niño de cinco años mencionado previamente. 

Además, el medio estadounidense The Intercept¹⁶³ y Miroslava Cerpas,¹⁶⁴ directora del sistema de emergencias 911 de Honduras, denunciaron que pandillas y grupos del crimen organizado intimidaron a ciudadanos para obligarlos a votar por determinados candidatos.

8. Preocupaciones de la sociedad civil sobre las nuevas autoridades electas

Las organizaciones hondureñas de derechos humanos con las que se reunió el CEPR expresaron preocupación por las posibles consecuencias que podría tener la elección de Asfura para la situación de los derechos humanos en Honduras. Entre sus principales inquietudes figura el riesgo de un aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y activistas comunitarios. Estas organizaciones temen que la nueva administración debilite las instituciones de protección de derechos humanos y que —como ocurrió durante anteriores gobiernos del Partido Nacional— sus políticas de seguridad permitan que las pandillas, los grupos del crimen organizado y los grupos paramilitares operen con mayor libertad en un contexto de creciente corrupción. Asimismo, advirtieron que, pese a las preocupaciones en materia de derechos humanos asociadas al prolongado estado de excepción implementado por el gobierno de Castro en algunas regiones del país, las fuerzas armadas y la policía podrían enfrentar aún menos controles, lo que podría agravar los abusos. Según estas organizaciones, dichas dinámicas podrían agravar la ya crítica situación de los derechos humanos en Honduras.

Asimismo, las organizaciones de derechos humanos temen un posible aumento tanto de los desplazamientos violentos e ilegales de comunidades campesinas como de aquellos realizados bajo una aparente cobertura legal mediante el uso abusivo de desalojos preventivos. Tal como se aplican actualmente, estos desalojos permiten que grandes empresas agroindustriales —muchas veces poseedoras de títulos de propiedad cuestionados por presunto fraude— lleven a cabo desalojos sin el debido proceso, lo que impide que otros reclamantes de derechos a la tierra puedan defender efectivamente sus reclamos ante los tribunales. Estas preocupaciones son particularmente graves en conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas, pequeños agricultores y cooperativas de reforma agraria, así como en los hechos de violencia contra defensores del derecho a la tierra asociados a dichos conflictos.

Además, varios de los grupos con los que se reunió el CEPR advirtieron que la profundización de estos problemas podría ir acompañada de una restricción del espacio cívico. Señalaron que ello podría traducirse en nuevos requisitos de registro, auditorías más frecuentes  y procesos de persecución judicial, medidas que, a su juicio, podrían utilizarse para reprimir la oposición a las políticas gubernamentales y las demandas de justicia y rendición de cuentas.

Las organizaciones de la sociedad civil también expresaron preocupación por la posibilidad de que la nueva administración revierta los esfuerzos del gobierno de Castro para limitar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Las ZEDE son controvertidas zonas económicas semiautónomas en las que empresas privadas operan con una supervisión estatal mínima y cuentan con sus propios tribunales, marcos normativos, sistemas tributarios y fuerzas policiales privadas. En 2021, las Naciones Unidas manifestó una profunda preocupación por las ZEDE hondureñas y señaló que podrían representar una amenaza para los derechos humanos en el país.¹⁶⁵ Las organizaciones consultadas por el CEPR temen que el gobierno de Asfura impulse la expansión o el fortalecimiento de estas zonas con el fin de estrechar vínculos con la administración Trump, en cuyo entorno figuran actores como Peter Thiel, inversionista en la ZEDE Próspera.

Desde su llegada al poder, el Partido Nacional de Asfura y sus aliados en el Congreso han removido de sus cargos a funcionarios vinculados o afines a LIBRE. En un proceso que se desarrolló en apenas tres días, el 25 de marzo, los partidos Nacional y Liberal destituyeron al fiscal general Johel Zelaya.¹⁶⁶ Ese mismo día, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia en medio de versiones sobre una inminente destitución en su contra.¹⁶⁷ Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos —entre ellas el Center for Justice and International Law, la Washington Office on Latin America, la Due Process of Law Foundation y COPINH— manifestaron su preocupación mediante un pronunciamiento conjunto y advirtieron que las destituciones se estaban “realizando de forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y en un contexto de alta polarización institucional”.¹⁶⁸

Menos de un mes después, el 16 de abril, los partidos Nacional y Liberal destituyeron en un solo día a cuatro autoridades electorales: el consejero del CNE vinculado a LIBRE, Marlon Ochoa; el magistrado del TJE Mario Morazán, también afiliado a LIBRE; y los magistrados suplentes del TJE Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.¹⁶⁹ La consejera suplente del CNE Karen Rodríguez también había renunciado el 9 de abril, después de que su nombre comenzara a mencionarse en relación con una posible destitución.¹⁷⁰ Todos estos funcionarios, junto con Zelaya, fueron removidos de sus cargos bajo acusaciones de haber interferido u obstaculizado las elecciones generales. No obstante, los funcionarios afectados y el partido LIBRE sostienen que están siendo objeto de represalias y persecución política.

9. Recomendaciones

1. El Congreso hondureño debería considerar modificar la Ley Electoral de 2021 con el fin de:

(a) establecer disposiciones claras y detalladas para la gestión de los datos electorales digitales durante el escrutinio final a fin de prevenir disputas como las observadas en estas elecciones;

(b) definir requisitos específicos para la adjudicación y operación del sistema TREP, incluidos estándares mínimos de desempeño —como niveles de precisión en el OCR—, con el fin de reducir el riesgo de parálisis institucional y mejorar la confiabilidad de los resultados preliminares;

(c) establecer un cronograma más amplio para la adjudicación de contratos relacionados con las elecciones, así como iniciar con mayor anticipación el proceso de contratación del TREP en comparación con elecciones anteriores y realizar auditorías preelectorales más frecuentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema;

(d) prohibir modificaciones de último minuto a las reglas y procedimientos electorales, salvo en circunstancias excepcionales claramente definidas, y exigir que cualquier cambio de este tipo sea aprobado por unanimidad y sea debidamente fundamentado públicamente;

(e) promover que las autoridades electorales, particularmente el CNE, adopten una estrategia de comunicación coherente, unificada y oportuna, fortaleciendo así la transparencia mediante explicaciones claras sobre los procedimientos y decisiones adoptadas, y garantizando un mensaje público consistente;

(f) exigir que el CNE concluya plenamente cualquier proceso de escrutinio especial o recuento que decida emprender, así como que permita prórrogas razonables en el proceso de certificación cuando ello sea necesario; y

(g) establecer expresamente que la voluntad del electorado no puede darse por definida hasta que se haya realizado un conteo completo y confiable de los votos.

2. Las autoridades electorales hondureñas deberían imponer sanciones efectivas a actores políticos hondureños que, durante el período de silencio electoral, difundan públicamente respaldos o declaraciones de funcionarios extranjeros favorables o contrarios a determinados candidatos.

3. El Congreso de Estados Unidos debería investigar posibles actos indebidos de injerencia por parte de autoridades estadounidenses en las elecciones hondureñas, con el objetivo de:

(a) determinar si las declaraciones emitidas por el presidente de Estados Unidos en relación con las elecciones hondureñas vulneran la Carta de la OEA, que prohíbe expresamente la injerencia externa en los asuntos políticos de otro Estado; y

(b) evaluar el impacto y la pertinencia de sanciones estadounidenses —como la revocación de visas— impuestas a funcionarios electorales durante cualquier etapa del proceso electoral. 

4. Frente al creciente uso de presiones políticas, económicas y diplomáticas por parte de gobiernos extranjeros —particularmente de Estados Unidos— en procesos electorales de América Latina, la OEA, las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales deberían documentar y condenar de manera clara y oportuna cualquier forma de injerencia externa que pueda afectar la libre determinación democrática de los Estados miembros. Asimismo, es necesario fortalecer sus mecanismos de monitoreo, investigación y denuncia frente a sanciones, amenazas, campañas de desinformación o declaraciones de altos funcionarios extranjeros dirigidas a influir en el comportamiento del electorado o en las decisiones de las autoridades electorales. La Carta de la OEA establece en sus Artículos 1, 2, 3 y 19 principios fundamentales relacionados con la soberanía, la no intervención y el derecho de los Estados a elegir libremente su sistema político sin injerencias externas, mientras que la Carta de las Naciones Unidas reconoce en su Artículo 2 los principios de igualdad soberana de los Estados y la prohibición de intervenir en asuntos que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de otros Estados. Asimismo, el Artículo 3 del Título I de la Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea exige el estricto respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas en las relaciones exteriores de la Unión. En tanto instituciones creadas para resguardar principios como la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y la integridad democrática, la ausencia de respuestas firmes frente a este tipo de prácticas corre el riesgo de contribuir a su normalización y de debilitar progresivamente la confianza pública en los procesos democráticos de la región.

5. Atendiendo al incremento de las amenazas e intervenciones extranjeras en procesos electorales latinoamericanos, y a su función fundamental de contribuir a garantizar la integridad, transparencia y legitimidad de las elecciones, las misiones nacionales e internacionales de observación electoral, independientemente de su proveniencia, deberían incorporar de manera consistente el análisis de posibles formas de injerencia extranjera en sus evaluaciones. Asimismo, documentar y denunciar oportunamente declaraciones, sanciones, amenazas o acciones de gobiernos extranjeros dirigidas a influir en el comportamiento del electorado, desacreditar candidaturas o presionar a autoridades electorales durante cualquier etapa del proceso electoral.

Referencias

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