Common Dreams Ver artículo original en inglés Imaginemos un país en desarrollo donde un economista de 43 años con un doctorado de la Universidad de Illinois, relativamente desconocido como político, se postula para presidente y gana. A pesar de las décadas anteriores de corrupción y podredumbre institucional, forma un gobierno competente y aplica la política económica correcta. Las cifras cuentan gran parte de la historia: en los 10 años de su presidencia, la pobreza cayó un 41 por ciento; el ingreso por persona creció a más del doble de la tasa de los 25 años anteriores; y el porcentaje de la economía destinado a la inversión pública y el gasto gubernamental en servicios de salud se duplicó.  Estos y otros avances (por ejemplo, en educación) estuvieron acompañados de niveles sin precedentes de estabilidad política, y Ecuador fue uno de los países más seguros de América del Sur. Bienvenidos al Ecuador en el siglo XXI. Esa fue la primera parte de la historia, que comenzó cuando Rafael Correa asumió el cargo en 2007. Pero luego dejó el cargo en 2017 y las cosas se fueron al diablo rápidamente durante los últimos seis años. El primer presidente de este período fue Lenín Moreno, quien provenía del partido de Correa pero que a los pocos meses se volvió contra él. Purgó el partido de personas leales a su misión progresista original, dejando al movimiento político más grande del país sin partido político. Después purgó el poder judicial y lo utilizó para perseguir a sus oponentes. Esto incluyó al propio Correa, quien enfrentaría una sentencia de ocho años de prisión si regresase a casa. Los cargos y el juicio a Correa fueron una farsa, con una corte que concluyó que él usó “influencia psíquica” sobre otros para cometer delitos. Debido a que se trataba de un caso tan evidente de persecución política, se le concedió asilo político en Bélgica y puede viajar libremente a casi cualquier lugar que no sea Ecuador sin temor a la extradición. Guillermo Lasso, el actual presidente y una de las personas más ricas de Ecuador, fue electo en 2021. En mayo disolvió la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones. Se enfrentaba a un juicio político y, muy probablemente, a su destitución por graves acusaciones de corrupción.  Los resultados de estos seis años de destrucción del Estado de derecho, y de cambios de políticas, no fueron agradables. La pobreza alcanzó su nivel más alto en una década, justo antes de la pandemia. Los datos más recientes muestran una tasa de pobreza un 17 por ciento más alta que hace seis años. La recuperación de Ecuador de la pandemia es hoy la peor en América del Sur, en términos de ingreso real per cápita. Y el país también tuvo una de las peores tasas de mortalidad per cápita del mundo debido a la pandemia de COVID. Más aterrador ahora es la espiral de violencia. Bajo Correa, la tasa de homicidios de Ecuador había disminuido de 18 a solo 5,8 por 100.000 (2016), una de las más bajas de América Latina, pero desde entonces se ha disparado a una cifra proyectada de 40 por 100.000 para 2023, una de las más altas del hemisferio. Y esto incluye una violencia política sin precedentes, que incluye el asesinato de un candidato presidencial que había desafiado al crimen organizado, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto.  Esta historia reciente es de particular importancia en este momento. Ecuador tiene elecciones presidenciales en menos de una semana y los candidatos representan lados opuestos de las decisiones políticas, objetivos, valores e intereses que provocaron los resultados marcadamente contrastantes de los dos períodos anteriores.  Por un lado, del mismo estrato de riqueza que Lasso (patrimonio neto de al menos cientos de millones) está Daniel Noboa. Es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, la persona más rica de Ecuador. Daniel Noboa fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2021 y es ampliamente considerado como un representante del statu quo. Esto incluye sus conexiones tanto con Lasso como con el crimen organizado, por ejemplo, a través del ministro de Agricultura de Lasso, Bernardo Manzano, ex alto directivo del Grupo Noboa, quien renunció como ministro en medio de un escándalo de corrupción en febrero. Y hoy, el periódico más grande de Brasil, Folha de São Paulo, informó que Noboa es propietario de al menos dos empresas fantasma panameñas. Esto se mostró en documentos de las filtraciones de los Pandora Papers. Según la ley ecuatoriana, las personas con este tipo de participaciones en paraísos fiscales, incluido Panamá, tienen prohibido ocupar o postularse a cargos electos. Del otro lado está Luisa González, exministra del gobierno de Correa y exrepresentante en la Asamblea Nacional. Ella se compromete a revertir el daño de los últimos seis años intensificando la lucha contra el crimen y la corrupción, así como aumentando la inversión pública en infraestructura, salud y educación. La mayor parte de su programa se basa en una continuación de lo que ella considera políticas exitosas del gobierno de Correa, con esfuerzos adicionales, por ejemplo, en seguridad pública, para arreglar algunas de las grandes cosas que se han quebrado desde entonces. La opción parecería evidente en sí misma. Pero, como hemos aprendido quienes vivimos en Estados Unidos, especialmente desde 2016, mucho puede depender de la información que consume gran parte del electorado. La mayoría de los ecuatorianos probablemente no hayan escuchado los hechos más importantes descritos aquí. Las últimas encuestas muestran que las elecciones del domingo están demasiado reñidas como para tener un claro ganador.  La destrucción del Estado de derecho en Ecuador ha destruido gran parte de los cimientos de la democracia, incluso en las áreas de derechos humanos básicos y elecciones libres. Los periodistas tienen miedo de escribir sobre las conexiones mafiosas de los políticos más ricos y poderosos y de los presidentes; se enfrentan a amenazas de muerte si lo hacen. También pueden enfrentarse a dichas amenazas los testigos clave en casos criminales importantes, como se vio la semana pasada: siete hombres arrestados en el asesinato de Villavicencio fueron asesinados mientras estaban en prisión. Ya no contarán ninguna historia sobre quién los reclutó o les pagó. La experiencia de otros países ha demostrado que el tipo de gobernanza que se ha estado desarrollando en Ecuador durante los últimos seis años (una amalgama de oligarcas, crimen organizado y violencia, corrupción y falta de rendición de cuentas) puede ser extremadamente difícil de reformar cuando se arraiga. Las elecciones del domingo podrían tener un impacto profundo y, posiblemente, perdurable en el futuro del país.