15 Junio 2022
El presente informe analiza algunos de los temas cruciales en juego de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 19 de junio. Numerosos analistas consideran que la votación es histórica, en gran medida porque es la primera vez que un candidato progresista tiene una posibilidad real de ganar la presidencia.
El candidato progresista, Gustavo Petro, obtuvo una amplia ventaja en la primera vuelta electoral con el 40.3 por ciento de los votos, frente al 28.2 por ciento de Rodolfo Hernández, quien llega al ballotage en segundo lugar. Hernández, un exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, es generalmente descrito como un populista de derecha con un atractivo antisistema dirigido a los votantes hartos de lo que ven como décadas de gobiernos profundamente corruptos e ineficaces. Actualmente es a menudo comparado con Donald Trump.1
El movimiento político de Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es relativamente desconocido y existe gran especulación sobre lo que representa realmente. Por el contrario, Petro y su coalición, el Pacto Histórico, son ampliamente conocidos.
Colombia atraviesa severos problemas socioeconómicos de larga data que podrían ser la base de esta rebelión en las urnas que llevó a dos candidatos “antisistema” a la segunda vuelta del 19 de junio. El PIB per cápita del país era de $15 424 en 2019, antes de la pandemia. Si bien el PIB de Colombia se ubica en la mitad de la distribución de los PIB de los países de América Latina, es llamativo que Colombia tenga peores niveles de pobreza y desigualdad que gran parte de la región –y bajo algunas medidas de desigualdad, los peores de toda la región (ver la tabla 3 a continuación).
Estos problemas fueron especialmente pronunciados en 2020, cuando se desencadenó la pandemia y la consiguiente recesión mundial. A pesar de tener el mismo PIB per cápita que Brasil, los dos países tenían niveles muy diferentes de pobreza extrema ese año. La pobreza extrema es definida por el Banco Mundial como un ingreso de menos de $1.90 por día.2 Como se puede ver en la tabla 1, esta diferencia en las tasas de pobreza extrema era tan grande que Colombia tenía muchas más personas viviendo en pobreza extrema en 2020 que Brasil, a pesar de que Brasil tiene una población cuatro veces mayor.
Si se analiza esta comparación en un periodo más amplio, se vuelve a identificar una diferencia muy grande entre Colombia y Brasil en las tasas de pobreza extrema. La tasa promedio anual de pobreza extrema para los años 2008-2020 fue de 6.4 por ciento para Colombia y 4.1 por ciento en Brasil. Esto significa que, de tener un nivel de pobreza extrema igual al de Brasil, Colombia hubiese tenido un 56 por ciento menos de personas (lo que equivale a 1.17 millones de seres humanos) en la extrema pobreza.
Y al comparar a Colombia con países con características más similares, tales como Perú y Ecuador, hallamos que Colombia también presenta tasas de pobreza extrema sustancialmente más altas (y eso que el PIB de Perú y Ecuador es significativamente más bajo que el de Colombia).
Asimismo, Colombia tiene niveles muy elevados de pobreza de acuerdo a otra medida de pobreza monetaria de menor severidad que la mencionada en el párrafo anterior. Cuando tomamos la medida de pobreza con un umbral de ingresos por debajo de $5.50 por día, Colombia presenta también datos alarmantes. En 2020, el 38 por ciento de los colombianos estuvo por debajo de este umbral. Esto equivale al triple de la tasa de Brasil (13.1 por ciento), y es también sustancialmente mayor que la de Perú (32.9 por ciento) y Ecuador (30.6 por ciento), a pesar de que estos dos países tienen un PIB menor.
Los altísimos niveles de desigualdad de ingresos de Colombia contribuyen a su elevada tasa de pobreza y a otros problemas socioeconómicos. Medida por el coeficiente de Gini, la desigualdad por ingresos del país es la peor de América Latina. Esto se puede ver en la tabla 3. Tanto para 2010 como para 2020 (el último dato disponible), la desigualdad de Colombia es la peor de una región que padece, además, de una de las distribuciones de ingresos más desiguales del planeta. En 2020 fue de 54.6, y prácticamente no varió desde 2010, cuando era de 54.2.
En Colombia confluyen además otras problemáticas que van en aumento y están interrelacionadas: la consolidación del poder de los grupos armados, el incremento de la tasa de homicidios, una mayor producción y tráfico de narcóticos, la persistencia de la minería ilegal y otras actividades y flujos ilícitos. Activistas ambientales y líderes comunitarios son masacrados; hubo 96 masacres que acabaron con la vida de 338 personas en 2021, según la organización de derechos humanos Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz). La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 145 activistas fueron asesinados en 2021. La ONG Global Witness ha clasificado a Colombia como el país más mortífero del mundo para los activistas ambientales.
Existen señales manifiestas de que algunas de las peores prácticas de las fuerzas armadas aún no han sido erradicadas. En marzo, un grupo de periodistas de Vorágine, El Espectador y Cambio reportaron un nuevo caso de “falsos positivos” en el departamento de Putumayo. La denominación “falsos positivos” se refiere a la práctica de ejecutar civiles que luego son disfrazados de guerrilleros y se presentan como combatientes muertos en batalla para aumentar la cifra reportada de muertos. Se desconoce el número exacto de falsos positivos, pero organizaciones de derechos humanos han afirmado que más de 3 000 civiles han sido ejecutados de esta manera. En 2018, un nuevo estudio, con la coautoría de un ex coronel de la Policía, afirmó que entre 2002 y 2008 se produjeron alrededor de 10 000 falsos positivos.
El mayor obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz de 2016 ha sido la falta de compromiso del gobierno de Duque con su implementación.
Lo que haga o deje de hacer el gobierno entrante para avanzar en el proceso de paz es, por lo tanto, crucial. Los dos candidatos a la presidencia actuales, a diferencia de su predecesor, se comprometen a apoyar el proceso de paz. Petro propone un plan de democratización de la propiedad de la tierra y programas de seguridad alimentaria, así como apoyar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (conocidos como PDET) y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y los Planes Integrales Comunitario y Municipal de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo, fundamentales para la sustitución de cultivos ilícitos y la reorientación de las comunidades campesinas hacia nuevas prácticas agrícolas y actividades económicas alternativas. Petro también ha dicho que respalda firmemente a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la justicia transicional de Colombia. Finalmente, Petro también anunció que relanzaría el diálogo con el ELN que fue interrumpido en 2018-2019.
Hernández también ha defendido el proceso de paz durante la campaña. Sin embargo, como en otras áreas de la campaña, Hernández ha entrado en bastante menos detalle sobre lo que significa exactamente su plan de paz. De hecho, su programa sólo incluye un párrafo sobre la implementación del proceso de paz.
Pero incluso si ambos candidatos fueran honestos en sus intenciones, parece haber grandes diferencias en su capacidad para ponerlas en práctica. Hernández no cuenta con una organización política seria, ni una base consolidada en el Congreso a partir de la cual construir acuerdos legislativos, y prácticamente carece de legisladores leales que trabajen para conseguir el apoyo de sus colegas a sus propuestas gubernamentales. Por tanto, es mucho más probable que Hernández se alinee con las fuerzas conservadoras en el Congreso a diferencia de Petro, quien tiene al menos una cuarta parte de las fuerzas legislativas de su lado como punto de partida.
El panorama es similar en lo que respecta a abordar las problemáticas de pobreza, desigualdad, salud, educación o cualquiera de los otros temas económicos y sociales en los que ambos candidatos dicen querer avanzar. Además, Petro tiene una larga trayectoria política abogando por estas prioridades sociales. Quizás igual de importante sea que el Pacto Histórico, su coalición de 17 partidos de centro-izquierda, comparte estos objetivos. Petro también podría contar con el apoyo de otras organizaciones políticas de base como MAIS, brazo político de la histórica ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia). Este es el grupo indígena más grande y antiguo de Colombia. La base de Petro está mucho más comprometida con el programa de reformas sociales que la de Hernández.
Colombia sufre niveles intolerablemente altos de pobreza y desigualdad, incluso tomando en cuenta cualquier comparación razonable con los países de su entorno, lo que, a su vez, dificulta el avance en la resolución de los problemas políticos, incluida la violencia política y del narcotráfico.
No tiene que ser así. Una Colombia estable, libre de violencia e injusticia sistémicas, le permitiría dedicar más recursos para desarrollar su economía e invertir en educación y salud pública, así como en la protección del medio ambiente. Una Colombia más pacífica, menos desigual y más cohesionada abriría oportunidades que no solo podrían mejorar el nivel de vida y el desarrollo humano del país, sino también ayudar a la segunda nación más poblada de Sudamérica a contribuir a un renovado progreso en la región.
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