28 Noviembre 2007
Mark Weisbrot
New Statesman, 21 de noviembre, 2007
Vea el artículo original aquí.
El 2 de diciembre los venezolanos votarán una serie de enmiendas a su constitución, y si usted ha oído algo al respecto, seguramente han sido noticias desalentadoras. La prensa más influyente abandona por lo general las singulares nociones de equilibrio y objetividad cuando maneja información sobre Venezuela. Curiosamente, esta filosofía posmoderna con frecuencia se extiende a los periódicos de izquierda que normalmente no acatan el liderazgo de la administración Bush cuando informan sobre otros países petroleros donde se busca un cambio de régimen (Irán) o donde eso está en proceso (Irak).
La agitación más grande del momento parece ser la enmienda para eliminar los límites al número de periodos que puede servir un presidente. Es posible que debido a que soy de Chicago y que sólo conocí a un alcalde desde que nací hasta que me gradué de la universidad, que me resulta imposible ver esto como el comienzo de una dictadura. Esto sin mencionar que si Hillary Clinton es elegida el año próximo, habremos tenido a los Bush y a los Clinton como jefes de estado durante 24 años consecutivos, y posiblemente 28.
El presidente Lula da Silva de Brasil salió en defensa de Venezuela la semana pasada, preguntando porqué “la gente no se quejó cuando Margaret Thatcher pasó tantos años en el poder”. Y agregó: “Usted puede inventar lo que quiera para criticar a Chávez, pero no por falta de democracia”. Lula ha defendido al gobierno de Venezuela al definirlo como democrático en repetidas ocasiones, pero este tipo de comentarios nunca son difundidos en la prensa de lengua inglesa.
Chávez también es castigado por su propuesta de deshacerse de la independencia del banco central, un postulado que está inscrito en la constitución de 1999. Esto es presentado ante el público simplemente como otra forma de apropiarse inescrupulosamente de más poder. Sin embargo, existen razones económicas sólidas para esta enmienda. Los bancos centrales que no tienen que rendir cuentas a los gobiernos que los eligieron no son tan “independientes” pues tienen la tendencia a representar los intereses del sector financiero.
Ante la disyuntiva entre optar por favorecer el crecimiento con empleo o bien el control a la inflación, el sector financiero siempre optará por controlar la inflación, aunque ello se traduzca en estancamiento y desempleo.
La creciente independencia de los bancos centrales, y las resultantes medidas de excesiva astringencia monetaria son, muy probablemente, una de las principales causas del fracaso sin precedentes en términos del crecimiento económico de largo plazo en América Latina durante los últimos 25 años.
Está también una enmienda que proporcionaría pensiones de Seguridad Social a los trabajadores del sector informal, lo cual sería una importante medida en contra de la pobreza, si se toma en cuenta que ello incluye a un 41 por ciento de la fuerza de trabajo. Otra de las enmiendas reduciría la semana laboral a 36 horas. Esto es difundido por los medios masivos como 6 horas al día, aunque es mucho más posible que sea interpretado como cuatro jornadas laborales de ocho horas más cuatro horas el viernes. También hay enmiendas que erradicarían la discriminación basada en la orientación sexual o en la salud física; fomentar la paridad de género en los partidos políticos; garantizar educación universitaria gratuita; hacer más difícil que los dueños de casa pierdan sus hogares en caso de sufrir bancarrota. Resulta difícil argumentar que estas medidas son punitivas o represivas.
Otra de las enmiendas revertiría la provisión constitucional que protege la propiedad intelectual. Lo que no llevaría a la abolición de patentes ni de derechos de autor, sino que daría mayor flexibilidad al gobierno para enfrentar enormes ineficiencias económicas causadas por monopolios bajo la protección del estado. Un ejemplo de ello sería el área de medicamentos farmacéuticos patentados. Entonces resulta difícil rebatir esto con argumentos económicos.
Existen otras enmiendas que son más controvertidas, pero la mayoría de ellas no fueron añadidas por Chávez sino por la Asamblea Nacional (Chávez no puede vetar enmiendas añadidas por la Asamblea porque éstas tienen que ser sometidas a la voluntad de los votantes). Por ejemplo, una enmienda permitiría que el gobierno suspendiera el “derecho a la información” (pero no el derecho a ser juzgado conforme a la ley, como difunden los medios masivos internacionales) durante una situación de emergencia nacional. Otra le permitiría al presidente y a la Asamblea Nacional crear nuevos distritos federales y provincias.
Algunas de estas obligaciones han generado oposición incluso entre los simpatizantes de Chávez. Si son aprobadas, ello será posible debido a que la mayoría de los votantes confían en que Chávez y el gobierno no abusarán de sus poderes. Y también existe cierto fundamento para esta confianza: la Asamblea Nacional, previamente este año, le dio a Chávez poder durante 18 meses para promulgar algunas leyes mediante una orden ejecutiva. Los opositores gritaron a los cuatro vientos que Chávez estaba “gobernando por decreto”, pero la realidad es que este poder casi no ha sido utilizado, con excepción de los asuntos a tratar con las corporaciones extranjeras.
En todo caso son los votantes los que decidirán – con una prensa de oposición mucho más fuerte que la que existe en Estados Unidos haciendo proselitismo en contra del gobierno. Los venezolanos no han perdido sus libertades civiles en la forma en que la gente de Estados Unidos (e incluso de Gran Bretaña) la ha perdido en años recientes, y los ciudadanos comunes siguen teniendo más influencia sobre su gobierno, y reciben una porción más grande de la riqueza petrolera, nunca antes vista. El referéndum dudosamente revertirá estos cambios, independientemente del resultado.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research—CEPR) en Washington, D.C.
