08 13:31:00 Noviembre 2022
El Center for Economic and Policy Research (CEPR) basado en Washington DC observa con preocupación que sectores de la oposición liderados por el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y articulados alrededor del Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista siguen recurriendo al argumento falaz de que las elecciones de 2019 Bolivia fueron fraudulentas. Investigadores del CEPR, al igual que otros expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Tulane, y la Universidad de Michigan, y otros más reportados por The New York Times, realizaron análisis estadísticos de los resultados de las elecciones de Bolivia en 2019 y concluyeron que la OEA no tenía evidencia para sustentar sus acusaciones de que un fraude había afectado el resultado electoral. Más de 130 economistas y estadísticos llegaron a la misma conclusión y las acciones de la OEA han sido denunciadas por 29 miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Sorprende, asimismo, que varios dirigentes de oposición recurran ahora al argumento de la desactualización del censo de población para restar credibilidad a las elecciones bolivianas de 2020 y al sistema electoral boliviano de modo más general, además de vehicular de forma implícita y explícita ideas racistas sobre la realidad demográfica boliviana.
Es importante recalcar que esta insistencia sobre el carácter fraudulento de las elecciones de 2019 y los intentos de deslegitimar las elecciones de 2020 y de modo más general las sucesivas victorias del MAS, a más de buscar justificar actitudes golpistas y antidemocráticas asumidas por el gobernador Camacho, entre otros, en el pasado, minan la confianza de las y los bolivianos en las instituciones electorales del Estado Plurinacional de Bolivia y debilitan la democracia en este país.
El CEPR hace un llamado al Gobierno y a las diferentes fuerzas políticas y sociales de Bolivia para que se consolide una instancia de diálogo para procesar las diferencias surgidas del actual conflicto político en el país y para que los actores políticos encuentren una solución técnica para la realización del censo de población. Los actores políticos deben deponer cualquier tipo de provocación y de llamado a la confrontación.
