US Foreign Policy

Política exterior de EE. UU.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Lo que la OEA le hizo a Bolivia
The Guardian In English Bolivia vive una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente electo de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre. Ese mes fue “el segundo mes más mortífero, en términos de muertes de civiles cometidas por fuerzas estatales, desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años”, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) publicado hace un mes. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, el país que tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera desproporcionada a los indígenas bolivianos. El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes racistas, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005. La naturaleza racista de la violencia estatal se subraya en el informe de HLS & UNHR, incluyendo testimonios de testigos presenciales que relataron cómo las fuerzas de seguridad utilizaron “lenguaje racista y anti-indígena” cuando atacaron a los manifestantes; y también deja claro que el total de víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe fueron indígenas. Lo que ha recibido aún menos atención, pero es igualmente importante para comprender cómo la democracia de Bolivia fue destruida el pasado noviembre, es el papel de la Organización de los Estados Americanos en este terrible crimen. Como informó finalmente el New York Times el 7 de junio, el análisis "defectuoso" de la OEA inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre "alimentó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Como señaló el Times, el análisis de la organización "planteó dudas sobre fraude electoral — y ayudó a derrocar a un presidente...”. De hecho, las acusaciones de la OEA fueron el principal fundamento político del golpe de Estado acontecido tres semanas después de las elecciones del 20 de octubre. Y las acusaciones continuaron durante muchos meses después del golpe. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un conteo preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras los votos son contabilizados. Cuando se contó el 84% de los votos en este conteo preliminar, Morales tenía el 45,7 por ciento de los votos y tenía una ventaja en votos de 7,9 puntos porcentuales por sobre el candidato en el segundo lugar. Luego, la información en este conteo no oficial y no vinculante se interrumpió durante 23 horas, y cuando se retomó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos porcentuales. Al final del recuento oficial fue del 10,5 por ciento. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40 por ciento de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin la necesidad de una segunda vuelta. La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencias para respaldar estas acusaciones, pues no había ninguna. Esto ha sido comprobado y verificado desde entonces, y en repetidas ocasiones, por una gran cantidad de estudios estadísticos especializados, incluido el que le dio los fundamentos al artículo del New York Times del 7 de junio. Como sucede a veces cuando las cifras se convierten en un tema de controversia política, los estudios estadísticos fueron necesarios principalmente para refutar otros — a menudo falsos— análisis estadísticos. Pero la verdad fue bastante clara y fácil de ver a través de los datos disponibles en línea inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), del que soy codirector, hizo uso de esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA un día después de que fueran vertidas; y continuó elaborando una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluyendo un amplio documento rebatiendo el informe final de auditoría de la OEA.  No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que reportaron más tarde sus votos eran más pro-Morales que las que reportaron antes, y esto debido a varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal y como había ido aumentando durante el conteo preliminar. Este es un fenómeno bastante común en las elecciones en todo el mundo. Pero después de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas que reportaron posteriormente sus votos tuvieran una tendencia política distinta que aquellas cuyos votos llegaron antes. Esto en sí mismo es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que de hecho sabían que sus acusaciones eran falsas. No nos cabe en la cabeza que esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se le ocurriese a los expertos electorales en los meses que duró la investigación. El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA “que se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones”. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por la congresista Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA en la que formularon 11 preguntas elementales sobre el análisis de la OEA. Una se refería a si habían considerado la posibilidad de que las áreas que informaron sus votos al final fueran “diferentes de alguna manera que las hiciera más propensas a votar por Evo Morales — por un margen más amplio — en comparación con los votantes en los recintos típicos del primer 84% de los votos reportados?” Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido. En julio el Congreso de Estados Unidos celebró sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA y los confrontó a algunas de las mismas preguntas; y no hubo ninguna respuesta sustantiva. Con las alegaciones originales — y políticamente decisivas — de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener su asalto a la legitimidad del proceso electoral. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, se desmoronaron ante el escrutinio. La OEA parece empeñada en justificar sus acusaciones iniciales — y claramente falsas — de irregularidades que impulsaron el golpe. Mientras tanto, Bolivia tiene a una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas. En enero advirtió a los votantes en contra de “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, en aparente referencia a la herencia indígena de Morales y de muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces. Las ruedas de la justicia avanzan demasiado despacio tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo del gobierno de Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa de “fraude”, y su declaración orwelliana después del derrocamiento de Morales elogió el golpe: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”. El senador Marco Rubio es uno de los personajes más influyentes en la política del gobierno de Trump hacia América Latina. En este caso se involucró en el asunto antes del primer comunicado de prensa de la OEA: “En #Bolivia todos los indicios creíbles señalan que Evo Morales no logró asegurar el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, escribió al día siguiente de la votación, y había “cierta preocupación de que alteraría los resultados o el proceso para evitar esto”. Según Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de las elecciones para que reporte un fraude generalizado, y presionó al gobierno de Trump para que apoye la expulsión de Morales”. Esta semana, los representantes estadounidenses Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García pidieron al Congreso de EEUU que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y se asegure de que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos". Este sería un buen comienzo. Traducción de Francesca Emanuele.

Mark Weisbrot / 18 Septiembre 2020

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU. Exportación de COVID-19: Inmigración estadounidense realizó vuelos de deportación a 11 países de América Latina, según datos aéreos
Un análisis de CEPR revela que es probable que hubo 232 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a países de América Latina y el Caribe entre el 3 de febrero y el 24 de abril de 2020. [video width="1950" height="1390" mp4="https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/04/ice3.mp4"][/video] En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 267.258 personas, de las cuales el 96% eran de América Latina y el Caribe. A pesar de que la mayoría de los medios se han enfocado en México (49,7% del total), Guatemala, Honduras y El Salvador (que juntas suman 45,1% del total), ICE deportó al menos a una persona a cada país de América Latina en 2019. Diez países de la región aceptaron vuelos de deportación regulares realizados por las operaciones aéreas de ICE –conocidas como “ICE Air”– el año pasado. A pesar de que la mayoría de las deportaciones hacia México se realizan por tierra, ICE Air gestiona anualmente vuelos para decenas de miles de personas a todo el país y al mundo. En plena pandemia, que ha generado la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras de países, ICE Air continúa deportando a miles de inmigrantes retenidos en centros de detención de todo el país; instalaciones que se han convertido en epicentros de brotes de COVID-19. Esto significa que Estados Unidos está ahora exportando el virus a toda la región. Más allá de la recurrencia de los vuelos de deportación de ICE Air, y el grave riesgo que representa su continuación para la salud pública durante la pandemia, poco se sabe de la frecuencia y los destinos. Sin embargo, un nuevo análisis de datos de rastreos de vuelos arroja luces sobre el alcance de los vuelos de ICE Air y el impacto de estas deportaciones sobre los países de América Latina y el Caribe. Desde que la administración Trump declaró una emergencia nacional el 13 de marzo, una de los contratistas de ICE Air ha realizado al menos 72 presuntos vuelos de deportación a 11 naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil y Ecuador, países que están sufriendo los peores brotes de COVID-19 en la región y que han experimentado un incremento de vuelos de este tipo durante la gestión del actual gobierno estadounidense. Todo parece indicar que, del 15 de marzo al 24 de abril, ICE Air realizó 21 vuelos de deportación a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador; seis a Brasil; tres a Nicaragua, Ecuador, Haití y la República Dominicana respectivamente; uno a Colombia y uno a Jamaica. Se pueden observar todos los posibles vuelos de deportación de ICE Air desde febrero en el siguiente mapa interactivo. var divElement = document.getElementById('viz1588089737632'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='700px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); En 2019, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) obtuvieron los registros de vuelos de 2010 a 2018 por medio de una solicitud amparada en la Ley de Libertad de la Información. El análisis del UWCHR es el análisis más completo del alcance de las operaciones de ICE Air y el conjunto de datos completos puede ser consultado aquí. El informe también reveló que dos compañías de chárter privadas –Swift Air y Western Atlantic Airlines– fueron subcontratadas para realizar la mayoría de los vuelos de deportación de ICE Air. La data analizada para la presente publicación fue tomada de Flight Aware, una base de datos pública de rastreo de vuelos. Debido a que tanto Swift como Western realizan servicios de chárter regulares, no todos sus vuelos corresponden al sistema de deportación de ICE. Sin embargo, los vuelos incluidos en este análisis coinciden con vuelos de deportación conocidos, parten además de aeropuertos conocidos por realizar vuelos de deportación y siguen rutas conocidas por transportar detenidos de ICE. Es posible que algunos de los vuelos aquí incluidos no sean de deportación, pero es mucho más probable que estos cálculos sean muy por debajo del alcance real de las operaciones de ICE Air. El Servicio de Inmigración estadounidense también es conocido por utilizar aerolíneas comerciales para deportaciones y es posible que esté contratando los servicios de otras compañías de chárter. Durante el año fiscal 2017, más de 85% de las deportaciones de ICE Air se realizaron a través de servicios de chárter, según el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Deportaciones de ICE continúan, pero frecuencia disminuye En los primeros tres meses del 2020, ICE deportó a cerca de 20.833 personas por mes, una cifra que auguraba un número similar que en 2019. En contraste, el Washington Post reportó que durante los 11 primeros días del mes de abril de 2020, ICE deportó a 2.985 personas, lo que equivale a menos de la mitad del promedio anual. Ciertamente, los datos del rastreo de vuelos aquí analizados muestran una reducción en los vuelos de deportación, comenzando el 13 de marzo aproximadamente, como se puede apreciar en la tabla a continuación. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight: bold; } table td { padding: 3px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Presuntos vuelos de deportación de ICE Air, por semana Semana El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Brasil Ecuador México Colombia Jamaica Haití República Dominicana Cuba Total Semana 1 (2/3 – 2/9) 3 1 13 5 1 2 2 0 0 1 1 0 29 Semana 2 (2/10 – 2/16) 3 0 11 6 1 1 2 0 0 0 0 0 24 Semana 3 (2/17 – 2/23) 3 1 11 6 1 2 2 0 0 1 1 0 28 Semana 4 (2/24 – 3/1) 3 0 10 7 0 1 2 1 1 0 0 1 26 Semana 5 (3/2 – 3/8) 4 1 9 5 2 3 3 0 0 1 1 0 29 Semana 6 (3/9 – 3/15 4 0 11 7 0 1 2 0 0 0 0 0 25 Semana 7 (3/16 – 3/22) 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 12 Semana 8 (3/23 – 3/29) 2 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14 Semana 9 (3/30 – 4/5) 2 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 14 Semana 10 (4/5 – 4/12) 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 8 Semana 11 (4/13 – 4/19) 2 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Semana 12 (4/20 – 4/26) 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 10 TOTAL 32 6 86 54 11 12 14 2 2 6 6 1 232 TOTAL DESDE EL 13 DE MARZO 12 3 21 18 6 3 1 1 1 3 3 0 72 Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. La caída que se puede apreciar en la tabla anterior parece ser el resultado de la interrupción de los vuelos chárter internacionales de Western Atlantic el 13 de marzo, cuando Estados Unidos declaró una emergencia nacional. El otro subcontratista de ICE Air, Swift Air, ha continuado los vuelos. A pesar de las restricciones de tráfico aéreo internacional, Swift mantuvo en marzo casi el mismo número de vuelos de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe que en febrero, aunque esa cifra se ha reducido ligeramente en abril (en meses recientes, los aviones de Swift han realizado viajes a un número adicional de países en la región, incluyendo Cuba, Surinam, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago, Aruba, Belice y Granada, sin embargo, estos no coinciden con los vuelos de deportación conocidos y han sido excluidos del análisis). A pesar de que se ha prestado mucha atención a los recientes vuelos de deportación con destino a Guatemala y Haití –ambos países han informado casos confirmados de COVID-19 entre esos deportados–, los datos revelan que probablemente muchos otros países están experimentando el mismo fenómeno. En 2019, la administración Trump comenzó las deportaciones de ICE Air a Brasil, país que anteriormente había bloqueado dichos vuelos. Estados Unidos se apoya en los gobiernos extranjeros que aprueban los vuelos de deportación y, bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, Brasil ha accedido. Los datos aéreos indican que dichos vuelos han continuado durante la pandemia. Desde el 13 de marzo, ha habido seis vuelos operados por Swift Air a Belo Horizonte, Brasil, que ya ha sido destino previo de estos vuelos de deportación. Actualmente, Brasil está viviendo el mayor brote de COVID-19 en la región. Algunos de los vuelos de Swift Air a Brasil han hecho escala en la ciudad portuaria de Guayaquil, quizás el epicentro del brote más mortal de COVID-19 en el mundo. Las deportaciones a Ecuador se incrementaron en un 78% en 2019, comparado al año anterior, debido a que, similar al gobierno brasileño, el país ha buscado fortalecer las relaciones con la administración de Trump. Como se puede notar en la tabla anterior, los presuntos vuelos de deportación a Ecuador se han reducido desde el surgimiento de la pandemia. Sin embargo, ha habido tres desde marzo, incluyendo uno el 17 de abril a Quito con al menos 70 personas, según abogados de inmigración. De manera interesante, a pesar de que las deportaciones hacia México han continuado –un deportado reciente dio positivo para COVID-19 y contagió al menos a 13 personas–, los vuelos regulares de ICE Air desde San Diego y el área de Phoenix con destino a Guadalajara parecen haberse detenido desde el 16 de marzo. Dichos vuelos han formado parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos para deportar personas hacia el interior del país. En la última semana, Swift Air ha operado 11 presuntos vuelos de deportación a siete países diferentes: Brasil, Haití, República Dominicana y Jamaica, así como a los centroamericanos de siempre, Guatemala, Honduras y El Salvador. ICE Air es una amenaza interna y externa La mayoría de los vuelos analizados salieron de dos aeropuertos conocidos por ser puntos de deportación de ICE: Brownsville, Texas; y Alexandria, Louisiana. Las instalaciones de ICE de Alexandria, manejadas por la compañía privada de prisiones GEO Group, se han visto severamente afectadas por casos de COVID-19, con al menos 11 empleados que han dado positivo. El avión que llevó un estimado de 40 casos confirmados de COVID-19 a Guatemala la semana pasada salió del aeropuerto de Alexandria. En total, el gobierno guatemalteco estima que 20% de los casos confirmados de COVID-19 en el país son inmigrantes que regresaron recientemente. Tabla 2. Presuntos vuelos de deportación de ICE después del 13 de marzo, por aeropuerto de salida Aeropuerto de salida Número de vuelos Porcentaje total Bownsville, Texas 18 27,3% Alexadria, Lousiana 17 25,8% El Paso, Texas 12 18,2% Houston, Texas 8 12,1% Phoenix, Arizona 3 4,5% San Antonio, Texas 2 3,0% Laredo, Texas 2 3,0% San Diego, California 1 1,5% Dallas, Texas 1 1,5% Miami, Florida 1 1,5% Harlingen, Texas 1 1,5% TOTAL 66 100,0% Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. Nota: el número total de vuelos de esta tabla no coincide con el número total de vuelos después del 13 de marzo porque algunos viajes incluyeron múltiples paradas. A pesar de las obvias preocupaciones sanitarias, hasta el momento ICE se ha rehusado a realizar pruebas a los detenidos previo a su deportación, aunque funcionarios han indicado recientemente que comenzarían a hacer al menos pruebas parciales. El Washington Post reportó que “es poco probable que [ICE] aplique pruebas a cada deportado a menos que los gobiernos extranjeros lo exijan como condición para regresar a las personas”. La realidad es que en el oscuro mundo de ICE Air, existe poca información sobre el verdadero alcance del transporte de detenidos, y no solo internacionalmente, sino también a nivel nacional. ProPublica informó el mes pasado que un detenido fue transportado nueve veces dentro de Estados Unidos en un período de 10 días. Y no es el único caso. Expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de ICE representan un serio riesgo sanitario para los internos, así como para los empleados y las comunidades aledañas. Debido a que los detenidos viajan frecuentemente por todo el país y son retenidos en espacios confinados cerrados, es prácticamente imposible aislar de manera adecuada a quienes han contraído COVID-19 o asegurar que esos deportados no hayan estado expuestos al virus. Algunas municipalidades estadounidenses han tomado medidas para librarse del problema de las deportaciones de ICE. En 2019, el Condado de King en Washington prohibió al Servicio de Inmigración estadounidense realizar vuelos de deportación desde su aeropuerto local, aunque el gobierno de Trump demandó posteriormente a las autoridades locales. Sin embargo, al parecer varias comunidades intentan seguir este ejemplo en medio de la pandemia global. Líderes locales en El Paso manifestaron recientemente su preocupación por los continuos vuelos de deportación después de que un vuelo de ICE con un pasajero confirmado de COVID-19 pasara por el aeropuerto de la municipalidad. Pero ICE Air es también un gran negocio; de 2010 a 2017, el Servicio de Inmigración estadounidense gastó aproximadamente mil millones de dólares en su programa de deportaciones. En 2017, la administración Trump otorgó un nuevo contrato a Classic Air Charters, la misma compañía utilizada como parte del programa de centros clandestinos de detención de la CIA, conocidos como black sites o “lugares negros”, durante la administración Bush. El contrato de la CIA tiene un valor estimado de más de 300 millones de dólares, de los cuales 90 millones ya han sido desembolsados en el 2020 por parte de ICE. Debido a que tanto Swift Air como Western Atlantic operan como subcontratistas, no existe información pública del valor de los contratos firmados con el gobierno federal. El New York Times informó en 2017 que Swift recibió del gobierno cerca de 15 millones de dólares al año. Los contratistas de ICE Air cobran cerca de 8 mil dólares por hora de vuelo, independientemente del número de pasajeros. En 2019, iAero Group y Blackstone –una de las empresas privadas de capital de riesgo más grandes del mundo– compró Swift Air, aunque continúa operando con el mismo nombre. Rastreo de la flota aérea de ICE En las últimas 12 semanas, aparentemente ICE ha utilizado 22 aviones chárter únicos para realizar 232 presuntos vuelos de deportación. De esos aviones, 15 participaron en vuelos de deportación confirmados de ICE entre octubre de 2018 y mayo de 2019, según los datos más recientes compilados por el UNCHR. Anteriormente, un software de rastreo de vuelos permitía a usuarios ver todos los vuelos identificados con la sigla “RPN”, de “repatriación”, sin embargo, ya no se puede acceder al servicio y los vuelos de deportación actuales de ICE ya no usan la designación RPN. Una lista completa de los presuntos vuelos de deportación desde principios de febrero está disponible en este link (la información será actualizada regularmente). Los datos incluyen números de matrículas de 22 aviones identificados en un esfuerzo por suscitar la conciencia pública sobre los vuelos de deportación en curso. Por supuesto, es factible que alguno de estos vuelos sean servicios de chárter regulares y no de deportaciones de ICE. La semana pasada el Miami Herald informó, con base a declaraciones de un funcionario aeroportuario local, que se realizaron dos vuelos de deportación de Swift Air a Honduras y Brasil. Sin embargo, el funcionario posteriormente dijo haberse “equivocado” y declaró al Herald que los aviones habían sido operados por Royal Caribbean. Si Usted tiene información sobrevuelos en esta lista que no fueron vuelos de deportación de ICE, o si sabe de algún vuelo de deportación que no está incluido en la lista, por favor contáctese con el autor de este artículo ([email protected]). [Actualización de datos: desde la recolección de datos para el presente análisis, se han agregado a la base de datos dos vuelos con posibles deportados de ICE, los cuales permiten ilustrar lo útil que puede ser la data en la identificación del avance de estos vuelos. El lunes 27 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Pedro Sula, Honduras. Este es el quinto lunes consecutivo que un vuelo de esta aerolínea viaja a San Pedro Sula. El martes 28 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Salvador, El Salvador. Este es el sexto martes consecutivo que Swift Air vuela a San Salvador. Por otro lado, el 27 de abril un avión de Swift Air voló a Guatemala, pero utilizó un número de vuelo no asociado previamente con los vuelos de deportación conocidos y fue excluido del conjunto de datos]. Mapas y visualizaciones creados por Kevin Cashman.

Jake Johnston / 05 Mayo 2020

Keep up with our latest news

Suscríbase a las últimas noticias

Expertos en Política exterior de EE. UU. US Foreign Policy Experts

To book an expert on this topic, contact our media team.