US Foreign Policy

Política exterior de EE. UU.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

Política exterior de EE. UU.El Mundo A salvo del precipicio: Argentina y el FMI negocian un mejor acuerdo
Perfil Foreign Policy Globedia Ver artículo en el sitio original In English El acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó al país y al mundo del borde de la cesación de pagos, lo que podría haber amenazado la estabilidad del sistema financiero internacional. Como con cualquier acuerdo negociado, no era ideal. Pero fue un acuerdo sin precedentes, ambas partes entendieron claramente los peligros de caer en el abismo de lo desconocido: ¿Qué pasaría si no se llegara a un acuerdo? Lo que es más importante, el FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. El acuerdo brinda a Argentina espacio para continuar con su recuperación económica. El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández enfrenta arduas adversidades producto de una enorme carga de deuda y otras restricciones heredadas del acuerdo con el FMI de 2018 realizado por el gobierno anterior de Mauricio Macri. También está lidiando con el flagelo del COVID-19. Pero el país logró una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento el año pasado, cuando los economistas habían pronosticado una recuperación mucho más tibia. Con una economía en crecimiento, lograron reducir su déficit fiscal primario en un 3,5 por ciento del PIB en 2021. Argentina simplemente quería la capacidad de continuar con su recuperación — sin las condiciones dañinas que tan a menudo se han incluido en programas anteriores del FMI. La mayoría de los economistas reconocen la importancia de que los gobiernos brinden apoyo fiscal a las economías que hoy se están desacelerando en medio de la pandemia y sus impactos económicos y de salud. Eso es lo que han hecho las administraciones de Trump y Biden en Estados Unidos. Eso es todo lo que Argentina había estado pidiendo para sí, dentro de los límites de sus propios recursos. Y logró una balanza comercial favorable. Argentina no estaba pidiendo una nueva entrada de fondos; el gobierno solo necesitaba evitar condiciones que sofocarían la recuperación económica o perjudicarían a los pobres y gente trabajadora. La ironía aquí es que la misión principal del FMI es proporcionar préstamos en moneda fuerte a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos. Pero los gigantescos pagos de la deuda al FMI se han convertido en el principal riesgo para la balanza de pagos de Argentina. Lo que hace que este acuerdo sea tan importante es que puede sentar un precedente para hacer frente a la reestructuración de la deuda y las crisis financieras que podrían surgir tras la pandemia. Los niveles de deuda han aumentado alrededor del mundo. Los países de altos ingresos como Estados Unidos pueden manejarlos, pero muchos países en desarrollo y mercados emergentes estarán estresados hasta el límite. El acuerdo les da la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso. Un poco de historia Un poco de historia explica cómo Argentina se metió en este lío. Su acuerdo con el FMI de 2018 requería que el gobierno ajustara su presupuesto en un 4,4 por ciento del PIB entre 2018 y 2020 para “restaurar la confianza del mercado”. Tuvo el efecto contrario, y la economía se contrajo. El FMI duplicó la apuesta y optó por un ajuste fiscal y monetario aún mayor. El FMI había proyectado resultados positivos crecimiento de 0,4 por ciento para 2018 y 1,5 por ciento para 2019 bajo su programa; en cambio, hubo recesión, con un crecimiento del PIB de -2,6 por ciento para 2018 y -2 por ciento para 2019. La pobreza aumentó en 50 por ciento. Cuando llegó la pandemia, la situación empeoró mucho, con una caída del PIB del 9,9% en 2020. Una evaluación interna del FMI publicada en diciembre de 2021 expresó una crítica sin precedentes a su contrato de préstamo 2018 y condiciones. El informe señaló que “el programa terminó con una postura de política procíclica y, se puede decir, empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, y que sus colegas debían haber previsto, basándose en investigaciones anteriores del FMI, que un ajuste presupuestario de esta magnitud podría ser un “autogol”. Los miles de millones de dólares que prestó el FMI, sin imponer controles de capital, permitieron a los ricos y bien conectados sacar su dinero de Argentina a un tipo de cambio más favorable — dejando al país sin nada que mostrar por los US$ 44 mil millones, salvo un enorme agujero en su balance. En febrero de 2020, el FMI concluyó que la deuda de Argentina era insostenible. Esto ayudó al nuevo gobierno a negociar con éxito una reestructuración de la deuda soberana con acreedores privados en 2020. Esta reestructuración no tuvo precedentes en algunos aspectos importantes. Permitió la recuperación económica, con un aumento del empleo de alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo. Según el gobierno cifras, la inversión también aumentó en un 35 por ciento. Algunos de los mismos debates económicos ocurrieron en los meses previos al acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el FMI. El gobierno argentino, con sus economistas bien formados, insistió en que la austeridad es contractiva, algo que debería parecer obvio para cualquiera que tenga hecho un curso elemental de macroeconomía. Pero en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que sostiene que las políticas contractivas pueden ser expansivas; fue este punto de vista el que predominó en el préstamo de Macri de 2018. No funcionó entonces: no hay sorpresa. Prácticamente nunca ha funcionado. El “razonamiento” (si podemos dignificarlo con esa palabra) es que el compromiso por la austeridad devolverá la confianza, la confianza dará lugar a entradas de inversión, y estas entradas compensarán con creces las reducciones del gasto público. Lo que pasó en Argentina es lo que suele suceder: la recesión económica erosionó la confianza; la inversión cayó; y los bancos resultaron perjudicados, recortando los préstamos en un círculo vicioso descendente. Los peligros de que esto suceda en Argentina, de haberse impuesto la austeridad, serían especialmente grandes. Dadas las circunstancias de Argentina y la probabilidad de un aumento de las tasas de interés internacionales — probablemente habría poco en términos de flujos de capital o inversión extranjera. La idea de que recortar el gasto público restauraría mágicamente la confianza, lo que conduciría a una afluencia de dinero y compensar la pérdida de apoyo fiscal, es pura fantasía. Los defensores de la austeridad han criticado al gobierno actual por no reducir la tasa de inflación más rápido. La inflación fue otro legado adverso que el gobierno de Fernández heredó de Macri. Aunque la inflación ahora es un poco menor que antes de que asumiera el gobierno, ha habido pocos avances para reducirla. Pero si uno sopesa los costos y los beneficios de hacer más, el gobierno se ha inclinado por el lado correcto. Por lo general, hay tres preocupaciones acerca de la inflación: primero, que se vuelva desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, que destruya el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021, superando las secuelas de COVID-19. Y finalmente, que la inflación pueda aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El gobierno ha incrementado los programas antipobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema. El aumento del empleo en alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo debido a la recuperación de 2021 ha sacado a muchas personas de la pobreza. La pregunta relevante es, por lo tanto, contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno pusiera la reducción de la inflación, en lugar del crecimiento y la reducción de la pobreza, en el centro de su agenda? Es casi seguro que el crecimiento y el empleo habrían sido mucho menores y la pobreza mucho mayor. Ninguno de los críticos de las políticas de Argentina ha presentado una agenda económica creíble, dado el desbarajuste que heredó el gobierno y las realidades del COVID-19, por las cuales hubiera habido una mayor reducción de la inflación sin efectos desfavorables sobre la pobreza y el crecimiento. El gobierno de Macri demostró que se podía hacer mucho peor: obtener una alta inflación incluso con un crecimiento negativo y aumentos masivos de la pobreza. Sería hipócrita que quienes viven en países de altos ingresos defiendan lo que hicieron para enfrentar el desafío de la COVID-19 y luego exijan que Argentina haga exactamente lo contrario: una práctica familiar hecha sobre las políticas del FMI durante años. Habría habido una reacción política violenta y un rechazo generalizado de tales políticas económicamente destructivas en todo el mundo. Y dado que Estados Unidos es el único país con poder de veto del FMI, así como su influencia predominante en ese espacio, se habría culpado a Washington. Con toda la agitación que está pasando en el mundo, la administración Biden y sus aliados no necesitan otra crisis. En cambio, la admininstración Biden ha demostrado las ventajas de la cooperación global, asegurando que los expertos, en lugar de solo grupos de intereses especiales, tomen asiento en la mesa de la toma de decisiones. Aunque podemos celebrar este importante paso adelante, estamos lejos de estar fuera de peligro. Como señalamos, es probable que haya múltiples crisis en los próximos años. Argentina ha sido capaz de recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones, en macroeconomía, reformas estructurales y reestructuración de la deuda. Muchos otros no tendrán estas ventajas. El mundo necesita mejores mecanismos para asegurar que los intereses de todos los países — y especialmente los pobres dentro ellos — están representados en organizaciones que se supone que son multilaterales y se preocupan por todos los ciudadanos. En el FMI, Estados Unidos y sus aliados de altos ingresos tienen alrededor del 60 por ciento del poder de voto y, por lo tanto, toman casi todas las decisiones que afectan a sus 190 países miembros, a veces de manera bastante dramática, como en el acuerdo de préstamo argentino de 2018. Y cualquier programa como éste implica la vigilancia del FMI de las políticas de Argentina en los próximos años. Habrá una serie de eventos imprevistos e imprevisibles, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de Argentina como entre Argentina y el FMI. Con suerte, en los próximos años, ambas partes cumplirán con el espíritu de cooperación y compromiso con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza que marca a este acuerdo. Al final, es la voz de los ciudadanos de un país la que debe escucharse con más fuerza en una democracia. Por más mal diseño el acuerdo del FMI con el gobierno de Macri, por más mala implementación de dicho, es el gobierno actual y los ciudadanos argentinos los que han tenido que asumir las consecuencias. El gobierno, trabajando junto con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas ocasionadas por el COVID-19 y por las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto.

Joseph StiglitzMark Weisbrot / 04 Febrero 2022

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo La campaña “Paren el robo” de la candidata derrotada del Perú debe terminar
MarketWatch ALAI, 1 de julio de 2021  In English Perú se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en Estados Unidos en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elección fue robada. Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su régimen y promete liberarlo de la prisión si es elegida. Él fue condenado por corrupción y por su papel en brutales violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupción que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucción de la justicia. Acusaciones sin fundamento Las autoridades electorales del Perú, los observadores electorales nacionales e internacionales y otros expertos coinciden en que no hay fundamento para las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, y que sus impugnaciones al recuento de votos no pueden cambiar los resultados. Pero —al igual que Trump y sus partidarios de la insurrección del 6 de enero— ella no se rinde. Y cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los medios de comunicación del Perú, incluidos los noticieros de televisión. Cientos de militares retirados ya han llamado a un golpe de Estado si su oponente, Pedro Castillo, un maestro de izquierda de escuela rural, es confirmado como presidente. Su última jugada en curso es tratar de convencer al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, de invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una "auditoría" de las elecciones. Esta es una jugada peligrosa, como saben quienes han seguido la historia reciente de la OEA, especialmente bajo el actual secretario general Luis Almagro. En octubre de 2019, la OEA tuvo un papel fundamental en volcar los resultados de una elección presidencial democrática en Bolivia, que había sido ganada por el actual presidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país con el mayor porcentaje de indígenas en las Américas. La OEA, que había enviado observadores a las elecciones, emitió un comunicado al día siguiente expresando “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”.  Un golpe de Estado en Bolivia respaldado por Trump Pero no existió tal cosa, y como informaría más tarde el New York Times, la declaración "errónea" de la OEA "aumentó las dudas sobre la imparcialidad del voto y alimentó una cadena de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Esto se refiere al golpe militar respaldado por Trump que reemplazó al Gobierno de Morales por uno que cometió dos masacres de indígenas a la semana de tomar el poder. Era fácil demostrar que las acusaciones de la OEA eran falsas, y esto se hizo de inmediato. No hubo un “cambio drástico o difícil de explicar en la tendencia” de este recuento de votos preliminar, como admitiría en privado un alto funcionario electoral de la OEA apenas un día después. Lo único que sucedió fue que los votos que se reportaron al final del conteo, provinieron de áreas más favorables al presidente y su partido. Este fenómeno —diferencias políticas entre áreas que informan en diferentes momentos; por ejemplo, rural versus urbano, o con mayor pobreza versus con mayores ingresos— es conocido para cualquiera que haya visto en el televisor los resultados de cualquier elección. El hecho de que la OEA —respaldada por el Gobierno de Trump— produjera varias declaraciones e informes sobre la elección de Bolivia sin siquiera abordar esta obvia explicación indica que sus repetidas declaraciones falsas no fueron errores técnicos sino mentiras deliberadas. Legisladores del Congreso de Estados Unidos —que proporciona la mayor parte de los fondos de la OEA— han planteado repetidamente estas mismas preguntas a los funcionarios de la OEA —incluido Almagro— durante más de un año y medio. No han recibido respuestas sustanciales y han exigido una investigación. Lo más probable es que eventualmente obtengan una. Mientras tanto, Perú no puede permitirse una “auditoría” de la OEA como la que hicieron para Bolivia en 2019 (también completamente desacreditada). Tácticas de dilación Las autoridades electorales del Perú han determinado que Pedro Castillo obtuvo 44 000 votos más que Keiko Fujimori. Sin embargo, aún no lo han declarado presidente electo, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de Keiko Fujimori a los resultados electorales. Este es un problema grave porque, a mayor espera, más tiempo tiene Fujimori —con la ayuda de la mayoría de los medios— para sembrar dudas sobre la legitimidad de la elección y seguir diversas estrategias, posiblemente incluso un golpe militar, para revertirla. Una estrategia de la derecha es retrasar la proclamación oficial del presidente electo mas allá del 28 de julio, cuando se supone que debería asumir el poder. De suceder así, el presidente del Congreso podría asumir el cargo, aumentando la probabilidad de que haya más caos y desestabilización. Las autoridades electorales están evaluando los recursos de Fujimori. Sin embargo, es claro que esto no puede continuar indefinidamente. En cuanto a la OEA, su Misión de Observación Electoral en el Perú para esta elección ha coincidido hasta ahora con las autoridades electorales peruanas en que la elección fue limpia. Mantengámoslo así.

Mark Weisbrot / 30 Junio 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Lo que la OEA le hizo a Bolivia
The Guardian In English Bolivia vive una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente electo de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre. Ese mes fue “el segundo mes más mortífero, en términos de muertes de civiles cometidas por fuerzas estatales, desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años”, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) publicado hace un mes. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, el país que tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera desproporcionada a los indígenas bolivianos. El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes racistas, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005. La naturaleza racista de la violencia estatal se subraya en el informe de HLS & UNHR, incluyendo testimonios de testigos presenciales que relataron cómo las fuerzas de seguridad utilizaron “lenguaje racista y anti-indígena” cuando atacaron a los manifestantes; y también deja claro que el total de víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe fueron indígenas. Lo que ha recibido aún menos atención, pero es igualmente importante para comprender cómo la democracia de Bolivia fue destruida el pasado noviembre, es el papel de la Organización de los Estados Americanos en este terrible crimen. Como informó finalmente el New York Times el 7 de junio, el análisis "defectuoso" de la OEA inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre "alimentó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Como señaló el Times, el análisis de la organización "planteó dudas sobre fraude electoral — y ayudó a derrocar a un presidente...”. De hecho, las acusaciones de la OEA fueron el principal fundamento político del golpe de Estado acontecido tres semanas después de las elecciones del 20 de octubre. Y las acusaciones continuaron durante muchos meses después del golpe. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un conteo preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras los votos son contabilizados. Cuando se contó el 84% de los votos en este conteo preliminar, Morales tenía el 45,7 por ciento de los votos y tenía una ventaja en votos de 7,9 puntos porcentuales por sobre el candidato en el segundo lugar. Luego, la información en este conteo no oficial y no vinculante se interrumpió durante 23 horas, y cuando se retomó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos porcentuales. Al final del recuento oficial fue del 10,5 por ciento. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40 por ciento de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin la necesidad de una segunda vuelta. La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencias para respaldar estas acusaciones, pues no había ninguna. Esto ha sido comprobado y verificado desde entonces, y en repetidas ocasiones, por una gran cantidad de estudios estadísticos especializados, incluido el que le dio los fundamentos al artículo del New York Times del 7 de junio. Como sucede a veces cuando las cifras se convierten en un tema de controversia política, los estudios estadísticos fueron necesarios principalmente para refutar otros — a menudo falsos— análisis estadísticos. Pero la verdad fue bastante clara y fácil de ver a través de los datos disponibles en línea inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), del que soy codirector, hizo uso de esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA un día después de que fueran vertidas; y continuó elaborando una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluyendo un amplio documento rebatiendo el informe final de auditoría de la OEA.  No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que reportaron más tarde sus votos eran más pro-Morales que las que reportaron antes, y esto debido a varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal y como había ido aumentando durante el conteo preliminar. Este es un fenómeno bastante común en las elecciones en todo el mundo. Pero después de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas que reportaron posteriormente sus votos tuvieran una tendencia política distinta que aquellas cuyos votos llegaron antes. Esto en sí mismo es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que de hecho sabían que sus acusaciones eran falsas. No nos cabe en la cabeza que esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se le ocurriese a los expertos electorales en los meses que duró la investigación. El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA “que se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones”. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por la congresista Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA en la que formularon 11 preguntas elementales sobre el análisis de la OEA. Una se refería a si habían considerado la posibilidad de que las áreas que informaron sus votos al final fueran “diferentes de alguna manera que las hiciera más propensas a votar por Evo Morales — por un margen más amplio — en comparación con los votantes en los recintos típicos del primer 84% de los votos reportados?” Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido. En julio el Congreso de Estados Unidos celebró sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA y los confrontó a algunas de las mismas preguntas; y no hubo ninguna respuesta sustantiva. Con las alegaciones originales — y políticamente decisivas — de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener su asalto a la legitimidad del proceso electoral. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, se desmoronaron ante el escrutinio. La OEA parece empeñada en justificar sus acusaciones iniciales — y claramente falsas — de irregularidades que impulsaron el golpe. Mientras tanto, Bolivia tiene a una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas. En enero advirtió a los votantes en contra de “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, en aparente referencia a la herencia indígena de Morales y de muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces. Las ruedas de la justicia avanzan demasiado despacio tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo del gobierno de Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa de “fraude”, y su declaración orwelliana después del derrocamiento de Morales elogió el golpe: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”. El senador Marco Rubio es uno de los personajes más influyentes en la política del gobierno de Trump hacia América Latina. En este caso se involucró en el asunto antes del primer comunicado de prensa de la OEA: “En #Bolivia todos los indicios creíbles señalan que Evo Morales no logró asegurar el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, escribió al día siguiente de la votación, y había “cierta preocupación de que alteraría los resultados o el proceso para evitar esto”. Según Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de las elecciones para que reporte un fraude generalizado, y presionó al gobierno de Trump para que apoye la expulsión de Morales”. Esta semana, los representantes estadounidenses Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García pidieron al Congreso de EEUU que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y se asegure de que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos". Este sería un buen comienzo. Traducción de Francesca Emanuele.

Mark Weisbrot / 18 Septiembre 2020

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