04 Febrero 2022
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Foreign Policy
Globedia
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El acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó al país y al mundo del borde de la cesación de pagos, lo que podría haber amenazado la estabilidad del sistema financiero internacional. Como con cualquier acuerdo negociado, no era ideal. Pero fue un acuerdo sin precedentes, ambas partes entendieron claramente los peligros de caer en el abismo de lo desconocido: ¿Qué pasaría si no se llegara a un acuerdo? Lo que es más importante, el FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. El acuerdo brinda a Argentina espacio para continuar con su recuperación económica.
El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández enfrenta arduas adversidades producto de una enorme carga de deuda y otras restricciones heredadas del acuerdo con el FMI de 2018 realizado por el gobierno anterior de Mauricio Macri. También está lidiando con el flagelo del COVID-19. Pero el país logró una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento el año pasado, cuando los economistas habían pronosticado una recuperación mucho más tibia. Con una economía en crecimiento, lograron reducir su déficit fiscal primario en un 3,5 por ciento del PIB en 2021. Argentina simplemente quería la capacidad de continuar con su recuperación — sin las condiciones dañinas que tan a menudo se han incluido en programas anteriores del FMI.
La mayoría de los economistas reconocen la importancia de que los gobiernos brinden apoyo fiscal a las economías que hoy se están desacelerando en medio de la pandemia y sus impactos económicos y de salud. Eso es lo que han hecho las administraciones de Trump y Biden en Estados Unidos. Eso es todo lo que Argentina había estado pidiendo para sí, dentro de los límites de sus propios recursos. Y logró una balanza comercial favorable. Argentina no estaba pidiendo una nueva entrada de fondos; el gobierno solo necesitaba evitar condiciones que sofocarían la recuperación económica o perjudicarían a los pobres y gente trabajadora.
La ironía aquí es que la misión principal del FMI es proporcionar préstamos en moneda fuerte a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos. Pero los gigantescos pagos de la deuda al FMI se han convertido en el principal riesgo para la balanza de pagos de Argentina.
Lo que hace que este acuerdo sea tan importante es que puede sentar un precedente para hacer frente a la reestructuración de la deuda y las crisis financieras que podrían surgir tras la pandemia. Los niveles de deuda han aumentado alrededor del mundo. Los países de altos ingresos como Estados Unidos pueden manejarlos, pero muchos países en desarrollo y mercados emergentes estarán estresados hasta el límite. El acuerdo les da la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso.
Un poco de historia
Un poco de historia explica cómo Argentina se metió en este lío. Su acuerdo con el FMI de 2018 requería que el gobierno ajustara su presupuesto en un 4,4 por ciento del PIB entre 2018 y 2020 para “restaurar la confianza del mercado”. Tuvo el efecto contrario, y la economía se contrajo. El FMI duplicó la apuesta y optó por un ajuste fiscal y monetario aún mayor. El FMI había proyectado resultados positivos crecimiento de 0,4 por ciento para 2018 y 1,5 por ciento para 2019 bajo su programa; en cambio, hubo recesión, con un crecimiento del PIB de -2,6 por ciento para 2018 y -2 por ciento para 2019. La pobreza aumentó en 50 por ciento.
Cuando llegó la pandemia, la situación empeoró mucho, con una caída del PIB del 9,9% en 2020. Una evaluación interna del FMI publicada en diciembre de 2021 expresó una crítica sin precedentes a su contrato de préstamo 2018 y condiciones. El informe señaló que “el programa terminó con una postura de política procíclica y, se puede decir, empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, y que sus colegas debían haber previsto, basándose en investigaciones anteriores del FMI, que un ajuste presupuestario de esta magnitud podría ser un “autogol”.
Los miles de millones de dólares que prestó el FMI, sin imponer controles de capital, permitieron a los ricos y bien conectados sacar su dinero de Argentina a un tipo de cambio más favorable — dejando al país sin nada que mostrar por los US$ 44 mil millones, salvo un enorme agujero en su balance.
En febrero de 2020, el FMI concluyó que la deuda de Argentina era insostenible. Esto ayudó al nuevo gobierno a negociar con éxito una reestructuración de la deuda soberana con acreedores privados en 2020. Esta reestructuración no tuvo precedentes en algunos aspectos importantes. Permitió la recuperación económica, con un aumento del empleo de alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo. Según el gobierno cifras, la inversión también aumentó en un 35 por ciento.
Algunos de los mismos debates económicos ocurrieron en los meses previos al acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el FMI. El gobierno argentino, con sus economistas bien formados, insistió en que la austeridad es contractiva, algo que debería parecer obvio para cualquiera que tenga hecho un curso elemental de macroeconomía. Pero en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que sostiene que las políticas contractivas pueden ser expansivas; fue este punto de vista el que predominó en el préstamo de Macri de 2018. No funcionó entonces: no hay sorpresa. Prácticamente nunca ha funcionado. El “razonamiento” (si podemos dignificarlo con esa palabra) es que el compromiso por la austeridad devolverá la confianza, la confianza dará lugar a entradas de inversión, y estas entradas compensarán con creces las reducciones del gasto público. Lo que pasó en Argentina es lo que suele suceder: la recesión económica erosionó la confianza; la inversión cayó; y los bancos resultaron perjudicados, recortando los préstamos en un círculo vicioso descendente.
Los peligros de que esto suceda en Argentina, de haberse impuesto la austeridad, serían especialmente grandes. Dadas las circunstancias de Argentina y la probabilidad de un aumento de las tasas de interés internacionales — probablemente habría poco en términos de flujos de capital o inversión extranjera. La idea de que recortar el gasto público restauraría mágicamente la confianza, lo que conduciría a una afluencia de dinero y compensar la pérdida de apoyo fiscal, es pura fantasía.
Los defensores de la austeridad han criticado al gobierno actual por no reducir la tasa de inflación más rápido. La inflación fue otro legado adverso que el gobierno de Fernández heredó de Macri. Aunque la inflación ahora es un poco menor que antes de que asumiera el gobierno, ha habido pocos avances para reducirla. Pero si uno sopesa los costos y los beneficios de hacer más, el gobierno se ha inclinado por el lado correcto. Por lo general, hay tres preocupaciones acerca de la inflación: primero, que se vuelva desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, que destruya el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021, superando las secuelas de COVID-19. Y finalmente, que la inflación pueda aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El gobierno ha incrementado los programas antipobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema. El aumento del empleo en alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo debido a la recuperación de 2021 ha sacado a muchas personas de la pobreza.
La pregunta relevante es, por lo tanto, contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno pusiera la reducción de la inflación, en lugar del crecimiento y la reducción de la pobreza, en el centro de su agenda? Es casi seguro que el crecimiento y el empleo habrían sido mucho menores y la pobreza mucho mayor. Ninguno de los críticos de las políticas de Argentina ha presentado una agenda económica creíble, dado el desbarajuste que heredó el gobierno y las realidades del COVID-19, por las cuales hubiera habido una mayor reducción de la inflación sin efectos desfavorables sobre la pobreza y el crecimiento. El gobierno de Macri demostró que se podía hacer mucho peor: obtener una alta inflación incluso con un crecimiento negativo y aumentos masivos de la pobreza.
Sería hipócrita que quienes viven en países de altos ingresos defiendan lo que hicieron para enfrentar el desafío de la COVID-19 y luego exijan que Argentina haga exactamente lo contrario: una práctica familiar hecha sobre las políticas del FMI durante años. Habría habido una reacción política violenta y un rechazo generalizado de tales políticas económicamente destructivas en todo el mundo.
Y dado que Estados Unidos es el único país con poder de veto del FMI, así como su influencia predominante en ese espacio, se habría culpado a Washington. Con toda la agitación que está pasando en el mundo, la administración Biden y sus aliados no necesitan otra crisis.
En cambio, la admininstración Biden ha demostrado las ventajas de la cooperación global, asegurando que los expertos, en lugar de solo grupos de intereses especiales, tomen asiento en la mesa de la toma de decisiones.
Aunque podemos celebrar este importante paso adelante, estamos lejos de estar fuera de peligro. Como señalamos, es probable que haya múltiples crisis en los próximos años. Argentina ha sido capaz de recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones, en macroeconomía, reformas estructurales y reestructuración de la deuda. Muchos otros no tendrán estas ventajas. El mundo necesita mejores mecanismos para asegurar que los intereses de todos los países — y especialmente los pobres dentro ellos — están representados en organizaciones que se supone que son multilaterales y se preocupan por todos los ciudadanos. En el FMI, Estados Unidos y sus aliados de altos ingresos tienen alrededor del 60 por ciento del poder de voto y, por lo tanto, toman casi todas las decisiones que afectan a sus 190 países miembros, a veces de manera bastante dramática, como en el acuerdo de préstamo argentino de 2018.
Y cualquier programa como éste implica la vigilancia del FMI de las políticas de Argentina en los próximos años. Habrá una serie de eventos imprevistos e imprevisibles, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de Argentina como entre Argentina y el FMI. Con suerte, en los próximos años, ambas partes cumplirán con el espíritu de cooperación y compromiso con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza que marca a este acuerdo.
Al final, es la voz de los ciudadanos de un país la que debe escucharse con más fuerza en una democracia. Por más mal diseño el acuerdo del FMI con el gobierno de Macri, por más mala implementación de dicho, es el gobierno actual y los ciudadanos argentinos los que han tenido que asumir las consecuencias. El gobierno, trabajando junto con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas ocasionadas por el COVID-19 y por las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto.
