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América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo La campaña “Paren el robo” de la candidata derrotada del Perú debe terminar
MarketWatch ALAI, 1 de julio de 2021  In English Perú se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en Estados Unidos en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elección fue robada. Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su régimen y promete liberarlo de la prisión si es elegida. Él fue condenado por corrupción y por su papel en brutales violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupción que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucción de la justicia. Acusaciones sin fundamento Las autoridades electorales del Perú, los observadores electorales nacionales e internacionales y otros expertos coinciden en que no hay fundamento para las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, y que sus impugnaciones al recuento de votos no pueden cambiar los resultados. Pero —al igual que Trump y sus partidarios de la insurrección del 6 de enero— ella no se rinde. Y cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los medios de comunicación del Perú, incluidos los noticieros de televisión. Cientos de militares retirados ya han llamado a un golpe de Estado si su oponente, Pedro Castillo, un maestro de izquierda de escuela rural, es confirmado como presidente. Su última jugada en curso es tratar de convencer al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, de invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una "auditoría" de las elecciones. Esta es una jugada peligrosa, como saben quienes han seguido la historia reciente de la OEA, especialmente bajo el actual secretario general Luis Almagro. En octubre de 2019, la OEA tuvo un papel fundamental en volcar los resultados de una elección presidencial democrática en Bolivia, que había sido ganada por el actual presidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país con el mayor porcentaje de indígenas en las Américas. La OEA, que había enviado observadores a las elecciones, emitió un comunicado al día siguiente expresando “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”.  Un golpe de Estado en Bolivia respaldado por Trump Pero no existió tal cosa, y como informaría más tarde el New York Times, la declaración "errónea" de la OEA "aumentó las dudas sobre la imparcialidad del voto y alimentó una cadena de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Esto se refiere al golpe militar respaldado por Trump que reemplazó al Gobierno de Morales por uno que cometió dos masacres de indígenas a la semana de tomar el poder. Era fácil demostrar que las acusaciones de la OEA eran falsas, y esto se hizo de inmediato. No hubo un “cambio drástico o difícil de explicar en la tendencia” de este recuento de votos preliminar, como admitiría en privado un alto funcionario electoral de la OEA apenas un día después. Lo único que sucedió fue que los votos que se reportaron al final del conteo, provinieron de áreas más favorables al presidente y su partido. Este fenómeno —diferencias políticas entre áreas que informan en diferentes momentos; por ejemplo, rural versus urbano, o con mayor pobreza versus con mayores ingresos— es conocido para cualquiera que haya visto en el televisor los resultados de cualquier elección. El hecho de que la OEA —respaldada por el Gobierno de Trump— produjera varias declaraciones e informes sobre la elección de Bolivia sin siquiera abordar esta obvia explicación indica que sus repetidas declaraciones falsas no fueron errores técnicos sino mentiras deliberadas. Legisladores del Congreso de Estados Unidos —que proporciona la mayor parte de los fondos de la OEA— han planteado repetidamente estas mismas preguntas a los funcionarios de la OEA —incluido Almagro— durante más de un año y medio. No han recibido respuestas sustanciales y han exigido una investigación. Lo más probable es que eventualmente obtengan una. Mientras tanto, Perú no puede permitirse una “auditoría” de la OEA como la que hicieron para Bolivia en 2019 (también completamente desacreditada). Tácticas de dilación Las autoridades electorales del Perú han determinado que Pedro Castillo obtuvo 44 000 votos más que Keiko Fujimori. Sin embargo, aún no lo han declarado presidente electo, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de Keiko Fujimori a los resultados electorales. Este es un problema grave porque, a mayor espera, más tiempo tiene Fujimori —con la ayuda de la mayoría de los medios— para sembrar dudas sobre la legitimidad de la elección y seguir diversas estrategias, posiblemente incluso un golpe militar, para revertirla. Una estrategia de la derecha es retrasar la proclamación oficial del presidente electo mas allá del 28 de julio, cuando se supone que debería asumir el poder. De suceder así, el presidente del Congreso podría asumir el cargo, aumentando la probabilidad de que haya más caos y desestabilización. Las autoridades electorales están evaluando los recursos de Fujimori. Sin embargo, es claro que esto no puede continuar indefinidamente. En cuanto a la OEA, su Misión de Observación Electoral en el Perú para esta elección ha coincidido hasta ahora con las autoridades electorales peruanas en que la elección fue limpia. Mantengámoslo así.

Mark Weisbrot / 30 Junio 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

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