23 Julio 2009
Mark Weisbrot
23 de julio, 2009, Los Angeles Times
En inglés
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Poderosos intereses especiales han mostrado su poderío y confrontado al presidente Obama en relación a las prioridades legislativas más importantes de su agenda nacional. Pero este tipo de “politiqueo por influencias” no se queda allí no más. Y en la política exterior, las consecuencias pueden ser más inmediatas, violentas y mortales.
Conozca a Lanny Davis, un abogado y cabildero en Washington, ex consejero legal del presidente Clinton y ávido promotor de la campaña presidencial de Hillary Rodham Clinton. También ha sido contratado por una coalición de intereses empresariales latinoamericanos para representar a la dictadura que derrocó al presidente Manuel Zelaya de Honduras en un golpe militar que lo removió a Costa Rica el 28 de junio.
Davis está trabajando junto con Bennett Ratcliff, otro cabildero con una cercana relación a Hillary Clinton y quien fue ejecutivo de alto rango para una de las compañías de relaciones políticas y públicas más influyentes en Washington. En los esfuerzos actuales de mediación por el presidente costarricense Óscar Arias, el gobierno que se instaló a través del golpe no dio ningún paso sin antes consultarle a Ratcliff, según le informó una fuente anónima al New York Times.
Davis y Ratcliff han hecho un asombroso trabajo de relaciones públicas hasta el momento. Los estadounidenses, quienes dependen de los informes de prensa para recibir información sobre Honduras, probablemente creerán que Zelaya fue derrocado porque intentó utilizar un referendo para extender su mandato presidencial. Esto es falso.
El referendo de Zelaya, planeado para el día en que ocurrió el golpe, era una encuesta no vinculante. Solamente le preguntaba a los votantes si efectivamente querían tener un referendo para reformar la constitución del país durante las elecciones de noviembre. Aún si Zelaya hubiera obtenido todo lo que buscaba, en esas mismas elecciones de noviembre se hubiera elegido a un nuevo presidente. Así que Zelaya hubiera dejado la presidencia en enero, sin importar qué pasos se habrían tomado para una reforma constitucional. Es más, Zelaya ha dicho en repetidas ocasiones que si se reformara la constitución, no buscaría su reelección.
Si agregamos a los poderosos cabilderos del bando de Clinton, a los miembros del partido republicano en el congreso estadounidense y a los conservadores en el Departamento de Estado, el gobierno golpista tiene bastante apoyo de Washington.
De esta manera, queda a la voluntad de Obama hacer lo correcto. El presidente podría ordenarle al Departamento del Tesoro de EE.UU. que congele las cuentas bancarias personales de los líderes del golpe y los activos de estos líderes y sus partidarios, así como negarles visas para entrar a EE.UU. Podría también implementar sanciones comerciales – el 70% de las exportaciones hondureñas van al mercado estadounidense. Obama tendría apoyo mundial para tomar estas acciones: ambas, la Organización de Estados Americanos y la Asamblea General de la ONU, han votado de manera unánime para demandar la restitución inmediata e incondicional de Zelaya.
Casi todos los gobiernos latinoamericanos – que son de centroizquierda en su mayoría – también simpatizan con Zelaya porque él es un presidente reformista que está luchando en contra de una oligarquía corrupta. En uno de los países más pobres del hemisferio, Zelaya subió el salario mínimo en un 60% y aumentó los salarios de los maestros y las pensiones públicas, así como el acceso a la educación.
Lo que sucedió en Honduras es un golpe de Estado latinoamericano clásico en otro sentido: el General Romeo Vásquez, quien lo lideró, es ex alumno de la Escuela de las Américas de Estados Unidos (que ahora se llama el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad). La escuela es mejor conocida por producir oficiales latinoamericanos que han cometido grandes abusos a los derechos humanos, incluyendo golpes militares.
El ejército ha disparado en contra de manifestantes pacíficos, matando a uno, según grupos de derechos humanos y además, el gobierno ha cerrado estaciones de radio y televisión y arrestado a periodistas. Dos activistas políticos han sido asesinados.
Durante los años ochenta, la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. entrenó a un escuadrón de la muerte – el infame Batallón 316 – el cual torturó y asesinó a cientos de activistas políticos hondureños. La embajada estadounidense se hizo de la vista gorda y el Departamento de Estado manipuló sus informes de derechos humanos para omitir estos crímenes.
Hasta el momento, Obama se ha mantenido en silencio en relación a la violencia y censura del gobierno golpista. Este silencio es muy lamentable y difícil de explicar. Es posible que la represión empeore si, como es de esperarse, los esfuerzos de mediación de Arias fracasan y Zelaya cumple con su promesa de regresar a Honduras.
Obama debe demostrar que EE.UU. no seguirá las políticas del pasado al apoyar el retorno de Zelaya con acciones y no solamente con palabras. Cualquier otra cosa que sea más débil que esto se verá como un acto de complicidad ante los ojos del mundo, especialmente dados los amigos del gobierno golpistas en altos puestos.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
